Casi la mitad de los fondos que componen el famoso operativo blindaje es dinero contante y sonante que saldrá de las entidades financieras y administradoras de fondos de pensión locales. Es decir, se trata de una millonaria suma (se estima que serán más de US$ 10.000 millones) que no estará disponible para los privados empresas o individuos porque ya tiene un comprador asignado, aunque no se sepa a qué precio.¿De dónde surge la cifra? Se trata de las renovaciones automáticas de los vencimientos de los bonos (letes, bontes, bocones, pagarés, globales y otros) que tienen en su poder los bancos y las AFJP. El acuerdo sellado indica que:
Los tres bancos que tienen más papeles de deuda pública ya aceptaron renovar íntegramente esos préstamos. Son el Galicia y los españoles Río y Francés, cada uno de los cuales estaría en condiciones de recuperar unos US$ 1.000 millones prestados por esta vía al sector público, pero que ahora deberán refinanciar.
Los otros bancos que manejan el negocio de colocar entre inversores las emisiones locales de títulos y, por lo tanto, son conocidos como creadores de mercado (además de los mencionados antes, BankBoston, Citibank, JP Morgan, Chase, Bank of America, ABN Amro, Deutsche, ING, y HSBC), ya aceptaron hacer lo propio con la deuda a vencer durante este año, al sellar un nuevo acuerdo con el Gobierno que los obliga a elevar el nivel de ofertas presentadas en cada licitación y cumplir con un piso mínimo de compras promedio superior en 50% al que regía hasta ahora. La exigencia subió de 4% de la colocación total a 6% (con lo que el nivel de la emisión asegurada, que surge de multiplicar el nuevo valor por el total de bancos market makers se eleva de 48% a 72%). Pero, además, al fijarse un nivel de presentaciones mínimo de 9% del monto de la emisión por cada uno de los 12 creadores de mercado (antes no estaba taxativamente estipulado), el Palacio de Hacienda se asegura ofertas por 98% de cada colocación, con lo que evita tomar cualquier riesgo.
Un compromiso similar rige para las AFJP, con un agregado: se busca habilitarlas para que puedan destinar hasta 60% (de 50%, que es el tope actual) de sus inversiones a bonos públicos, lo que les permitiría comprar algo más de US$ 2.000 millones adicionales.
¿Habrá para todos?
Semejante nivel de exigencias despertó dudas entre los empresarios. ¿Es compatible ese nivel de demanda pública con la recuperación de 2,5% de la economía que plantea el propio Gobierno y que el ministro José Luis Machinea califica como una estimación sumamente modesta? ¿Habrá crédito disponible para todos y a precios razonables? Porque si la economía se recupera, las empresas seguramente demandarán más financiamiento. Y si la gente comenzara a sentir que su futuro laboral y de ingresos no es tan incierto como el actual, también demandará préstamos para satisfacer los consumos e inversiones postergados en los últimos años. ¿Se avecina lo que los especialistas denominan crowding out (desplazamiento de los privados del mostrador de los créditos por parte del sector público)? Los analistas aseguran que no hay razones para entrar en pánico. “Aunque el nivel de demanda es claramente elevado, la cantidad de recursos con que se cuenta en el mercado local hará que se pueda absorber sin generar problemas al sector privado”, señala el consultor Eduardo Blasco, titular de Maxinver.com.
“Además, suponiendo que pudiera producirse un cuello de botella, queda a mano el recurso de bajar encajes para liberar fondos. Una vez que la economía haya salido del actual círculo vicioso e ingresado en otro virtuoso, es una alternativa que no supone riesgos”, apunta Pedro Rabassa, economista del Scotia Bank Quilmes.
Las cuentas claras
Los números que justifican estas conclusiones son los siguientes:
El crecimiento de la cartera de inversiones que manejan las AFJP es de aproximadamente US$ 4.500 millones anuales, de los cuales cerca de la mitad habitualmente se destina a la compra de bonos (ahora podrá ser un poco más). La tenencia actual de bonos de las AFJP es cercana a los US$ 10.000 millones y un supuesto lógico de intereses a cobrar por esa cartera de US$ 1.000 millones revela que con la mitad de lo que recauden por ambos conceptos podrán saldar el total de las renovaciones de los títulos.
Según la información oficial, del total de vencimientos en concepto de amortizaciones de bonos para el 2001 (cerca de US$ 10.000 millones), se calcula que US$ 5.600 millones están en manos de residentes locales (bancos, AFJP y fondos comunes de inversión, además de minoristas). Ello, sin incluir el stock total de Letes, que en su mayoría también están en manos de tenedores locales, por lo que puede suponerse que la mayor parte de esos recursos serán reinvertidos en bonos.
A un crecimiento del PBI de 2,5% real (3% nominal) como plantea ahora el Gobierno, le correspondería una suba de depósitos de 7 a 8%, lo que equivale a una disponibilidad de US$ 6.100 millones adicionales para los bancos.
La liquidez actual del sistema financiero (disponibilidades + fondos en la cuenta corriente del BCRA + depósitos en Nueva York) equivale actualmente a 23% de los depósitos. Cada punto que baje esa liquidez significa liberar unos US$ 815 millones. Si se redujera la liquidez del sistema financiero de manera moderada (unos 3 puntos) no tendría consecuencias negativas (durante la crisis del tequila este ratio llegó a 13%) y supondría dejar en disponibilidad para quien los demande unos US$ 2.450 millones.
Luces amarillas
Visto de esta manera, parece claro que la cifra a ser absorbida por el sistema financiero local es tolerable y no debería afectar el funcionamiento del mercado. “No implicaría sacarle financiamiento al sector privado, sobre todo si se tiene en cuenta que la reducida proyección de crecimiento representa también una apenas moderada recuperación en la demanda de crédito por parte del sector privado, aun teniendo en cuenta una mayor demanda si las empresas privadas no logran refinanciar deudas contraídas en el exterior y deben acudir al sistema financiero local”, calcula Rabassa. Pero el panorama no es tan simple. También existen algunas amenazas de que el supuesto, aunque sumamente racional, no se verifique. Especialmente si la demanda de financiamiento por parte del sector público se concentra en un breve lapso (por ejemplo, en los primeros meses del año); las empresas deciden aumentar la demanda local ante la eliminación del gravamen a los intereses; o los bancos internacionales restringen las líneas de crédito a sus pares locales por alguna situación objetiva de mercado, porque la volatilidad internacional continúa o siguen percibiendo a la situación argentina como riesgosa.
“Hay que tener en cuenta que las líneas de crédito del exterior del sistema financiero, que eran de US$ 10.600 millones a diciembre de 1999, para mayo habían caído a 7.500 millones. Si siguieran bajando, podrían sumar presión a la plaza local”, advierte Blasco.
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