¿Cuánto cuestan los platos rotos?

    Un cambio de gabinete y las renuncias del vicepresidente Carlos Alvarez y de algunos funcionarios y dirigentes por él cuestionados, son los resultados más visibles de la crisis que envuelve a la coalición de gobierno tras el escándalo por presuntos sobornos en el Senado


    No es un detalle menor que todo esto ocurra en el contexto de un virtual estancamiento económico. En estas condiciones, resulta inevitable que desde la mayor parte de los sectores políticos, económicos y sociales se plantee el problema de la gobernabilidad.


    Sin embargo, desde los círculos oficiales se insiste en que los conflictos políticos sólo afectan marginalmente el desempeño económico y que, al contrario de lo que muchos creen, no está en riesgo la gobernabilidad.


    En realidad, resulta indudable, a esta altura de los hechos, que la crisis política no sólo está afectando el desempeño económico sino que, además, el impacto irá en aumento si el conflicto de poder no encuentra rápida solución.


    Muchos analistas advierten que, si no se comienza a actuar rápidamente en respuesta a una crisis severa del orden político que amenaza la continuidad de la coalición gobernante, es probable que pronto se presenten las consecuencias financieras y económicas de esa dilación.


    Por lo pronto, el primer indicador del empeoramiento de las expectativas de los agentes económicos es el nuevo crecimiento de la prima de riesgo país. El spread de un par bond local sobre un título de similares características del Tesoro de Estados Unidos pasó de 847 basic points el 4 de octubre (el día previo al anuncio de los cambios de gabinete) a 914 a mediados de ese mes. Durante ese lapso, el spread de los bonos similares de Brasil pasó de 831 a 854 basic points. Esto significa que la prima de riesgo no sólo aumentó, significativamente, hasta ubicarse en niveles superiores a los de mayo-junio sino que, además, la distancia con respecto a Brasil se ha vuelto a ensanchar.


    Tiempos de sequía


    No se trata, por cierto, de una buena noticia. En particular, si se considera que, según el último informe difundido por el Institute of International Finance, una entidad que agrupa a las más importantes compañías financieras mundiales, el flujo neto privado de capitales hacia América latina proyectado para el 2001 será casi igual al que se registraría durante este año: algo menos de US$ 80.000 millones (cuando en el bienio 1997-98 superó los 100.000 millones).


    Las perspectivas parecen aun más desalentadoras si se tiene en cuenta que, según esta fuente, el flujo neto de inversión directa privada hacia América latina mostraría, en el 2000 y 2001, una clara tendencia decreciente, y que el país más afectado por ese posible comportamiento sería la Argentina.


    Este pronóstico contradice, ciertamente, las proyecciones optimistas que emanan de la conducción económica.


    El ministro José Luis Machinea ha reiterado que el crecimiento de la economía argentina durante el año próximo se situará, como mínimo, en 4%. Aunque resulta habitual que los errores de predicción se repartan entre los funcionarios del gobierno y los consultores privados, parece llamativo que, en esta ocasión, ningún analista independiente ofrezca un claro y contundente sustento para las proyecciones oficiales.


    Poco, y con reparos


    La mayoría de las estimaciones del sector privado con respecto al crecimiento del PBI durante el próximo año oscilan entre 2% y 3%. Sin embargo, esos pronósticos se apoyan en un conjunto de supuestos acerca del comportamiento de una serie de variables de la economía internacional:

    • que las tasas de interés no registren un nuevo aumento;
    • que los precios de la mayor parte de los bienes que exporta la Argentina
      muestren una mejora;
    • que se sostenga la demanda brasileña por los productos argentinos;
    • que se frene el proceso de apreciación del dólar;
    • que la producción y el comercio mundial no reduzcan de manera brusca
      el ritmo de expansión de los últimos años; en especial,
      en Estados Unidos, que ha sido la principal locomotora del mundo.


    Los resortes del crecimiento


    Un escenario externo favorable resulta crucial para que la economía argentina pueda aumentar su ritmo de crecimiento y, de ese modo, reducir los actuales niveles de desempleo y pobreza y alcanzar las metas de déficit fiscal y endeudamiento comprometidas con el FMI.


    En esas condiciones, cualquier escenario de posible incremento de la incertidumbre en cuanto a la evolución de las variables externas determina que la actitud de los inversores se torne reticente. En especial, si un escenario externo poco propicio conduce a que la brecha fiscal y externa determine la necesidad de mayores recursos financieros internacionales.


    Pero la actitud de cautela de los inversores locales y externos reconoce, también, otros factores. Cuando se consideran las fuentes del crecimiento que durante el próximo año podrían impulsar un incremento del PBI, los analistas encuentran que los indicios son poco alentadores. Para empezar, debe tenerse en cuenta que el comportamiento reciente de las exportaciones muestra que los problemas de competitividad de la economía argentina están aún lejos de solucionarse.

    Detrás de los números

    Al comparar las exportaciones de los ocho primeros meses de este año
    con las del mismo lapso del año anterior, se advierte que, a pesar de
    que el valor total creció 13,5%, si se excluyen del cálculo las
    ventas de combustibles, la tasa se torna más modesta: 4,5%. Esto equivale
    a decir que 71% del incremento de las exportaciones proviene de las colocaciones
    de hidrocarburos en el exterior que, como se sabe, pasan por una coyuntura favorable
    en materia de precios.


    Más aun, aunque la porción restante (29%) del crecimiento de las ventas externas corresponde a las manufacturas de origen industrial, las tres cuartas partes se explican por las colocaciones de camiones y camionetas (en el mercado brasileño), el aluminio en bruto, los tubos y perfiles de acero sin soldar y los plásticos. Excepto por el primer rubro, todos estos productos exhiben un reducido margen de valor agregado.


    Si se considera el desempeño por los mercados de destino, el panorama tampoco parece alentador: 72% del incremento de las exportaciones se origina en las dirigidas al Mercosur y Chile, y 23% en los envíos al Nafta. Ahora bien, en el caso del Mercosur, el rubro que explica mayormente el crecimiento es el de los combustibles (76%), al igual que en el comercio con Chile (93%). En cuanto al Nafta, la contribución de los hidrocarburos alcanza un valor menor aunque, por cierto, también elevado: 45%.


    Inversiones y consumo


    Si a todo esto se agrega que las ventas externas representan un porcentaje modesto del total del PBI, puede concluirse que no es demasiado lo que se puede esperar de su contribución al incremento del producto durante el año próximo.


    Lo mismo puede decirse acerca de las inversiones. No sólo por los factores ya mencionados, sino también porque muchos de los proyectos planificados son de lenta maduración. Muchos de ellos dependen, incluso, de que resulten exitosas las negociaciones que encararán las autoridades económicas con las empresas involucradas. En el contexto de una crisis política que redujo los márgenes de acción del gobierno, algunos analistas consideran que el aporte final puede ser menor que el inicialmente esperado.


    Por otra parte, aun en el contexto de un proceso de modesta deflación como el que atraviesa la economía local, la situación financiera de las empresas endeudadas tiende a deteriorarse, ya que se incrementa el valor real de sus deudas. Lo mismo puede decirse acerca de los individuos; en particular, si los ingresos nominales descienden y la estabilidad de las fuentes de trabajo está amenazada. En esas condiciones, es racional que se tomen decisiones que involucran un menor nivel de gasto y, por lo tanto, influyan negativamente sobre la demanda agregada.


    Por último, tampoco puede esperarse un impulso por el lado del consumo público, puesto que las previsiones del equipo económico apuntan a continuar con la reducción del gasto primario (el que no incluye los pagos por intereses de la deuda pública). Y, menos aún, un proceso de sustitución de importaciones.

    En suma, la mayoría de los pronósticos, excepto los oficiales,
    coincide en que difícilmente se pueda alcanzar el año próximo
    la tasa de crecimiento del PBI estimada por el gobierno.

    ¿Es viable
    otro ajuste?

    Una tasa
    de crecimiento del PBI inferior a la estimada en el convenio con el FMI
    y en el presupuesto que se envió al Congreso, significa que la
    recaudación fiscal será inferior que la esperada y, por
    lo tanto, el país enfrentará mayores dificultades para cumplir
    con las metas de déficit.

    Ante este
    escenario, desde el punto de vista de los analistas más ortodoxos,
    sería inevitable un nuevo ajuste fiscal. No por el lado de un aumento
    de la presión tributaria ­que se considera inviable­
    sino a través de una nueva vuelta de tuerca en materia de reducción
    del gasto público.

    Ahora bien,
    una clasificación ad hoc de los gastos del Estado, basada en su
    grado de flexibilidad o de rigidez, pone seriamente en duda la viabilidad
    de seguir reduciendo los actuales.

    Para empezar,
    hay partidas virtualmente imposibles de reducir en el corto y mediano
    plazo. Esos gastos, que podrían ser denominados rígidos
    corresponden al pago de los intereses de la deuda pública, a las
    prestaciones de la seguridad social, a transferencias corrientes que se
    hacen a las provincias por recursos coparticipados, garantía de
    acuerdos suscritos con la Nación y por leyes especiales; cuotas
    a los organismos internacionales y becas de capacitación e investigación
    y ayuda a personas en el exterior; y transferencias de capital que por
    leyes especiales se hacen a las provincias.

    Este conjunto
    de erogaciones que en 1993 representaba 57% del gasto total, en el segundo
    trimestre de este año alcanzó a 67%. Casi la totalidad del
    aumento del gasto público rígido se explica por los
    pagos de los intereses de la deuda pública.

    Otros gastos
    pueden presentar una menor rigidez a mediano plazo, aunque no en lo inmediato:
    transferencias corrientes que se realizan al sector privado a favor de
    entidades sin fines de lucro, societarias y cooperativas, becas de estudio
    y de investigación, y ayuda a personas de bajos recursos; a las
    provincias por diversos planes y convenios; a las universidades para su
    sostenimiento; y otras transferencias de capital a las provincias que
    no están sujetas a leyes especiales.

    Este conjunto
    de gastos representaba en 1993 poco más de 13% del total, y en
    el segundo trimestre de este año alcanzó cinco puntos más.

    Por último,
    están las partidas que corresponden al denominado gasto flexible,
    integrado, entre otros rubros, por las erogaciones en salarios y en bienes
    y servicios no personales, y la inversión real directa del sector
    público. Todo esto representaba, en 1993, casi 30% del total, y
    en el segundo trimestre de este año se redujo a menos de la mitad.

    En suma,
    parece poco posible seguir reduciendo el actual nivel de gasto flexible,
    y menos aún después del recorte de salarios de mayo. Tampoco
    resulta viable disminuir el gasto rígido. Y dentro de lo que se
    dio en llamar menos rígido, el margen disponible para recortar
    en el corto plazo, sin incurrir en conflictos graves con los sectores
    afectados, no parece ser significativo.

    Resulta
    evidente, entonces, que si no se cumplen los pronósticos oficiales
    de aumento del PBI el año próximo, el gobierno se enfrentará
    a dificultades en el flanco fiscal. Si no es posible, como argumentan
    desde los núcleos ortodoxos, incrementar la presión tributaria,
    sólo queda el recurso de reducir el gasto público.

    Sin embargo,
    si, como parece evidente, la rigidez del gasto es elevada, todo intento
    por achicar el gasto recaerá, nuevamente, sobre los salarios de
    los agentes públicos, la cada vez menor inversión real directa
    del gobierno, y sobre las transferencias al sector privado, a las universidades,
    y a las provincias.

    En el contexto
    de la grave crisis política por la que atraviesa la coalición
    de gobierno, la discusión del proyecto de presupuesto, donde se
    plantean y dirimen muchos de estos conflictos sociales y regionales, amenaza
    con transformarse en un test de la capacidad del gobierno para conducir
    este proceso en un marco que, inicialmente, se presenta poco propicio.