-¿Cómo se hace para introducir competencia en los mercados de comercio minorista, combustibles y telecomunicaciones, cuando en cada uno de ellos existen empresas claramente dominantes?
-La respuesta es simple: derrumbando las barreras a la entrada, ya sea legales o creadas por las prácticas de algunas empresas. Lamentablemente, al momento de las privatizaciones, la calidad competitiva de los mercados de servicios públicos no fue una de las preocupaciones de la anterior administración. A pesar de los avances evidentes en la prestación de los servicios, resulta innegable que durante los últimos años la competitividad de nuestra economía se vio seriamente afectada por no haber puesto el acento en favorecer la libre competencia. Es por eso que este gobierno estableció como uno de sus objetivos prioritarios la introducción de competencia en todos aquellos mercados donde sea posible. Queda mucho por hacer, pero ya podemos exhibir resultados concretos en varios frentes.
-¿Cuáles son los principales logros en esta materia?
-Por ejemplo, en el sector de combustibles líquidos, la publicación de los lineamientos para que Repsol-YPF, en cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, se desprenda de una serie de activos. En el sector eléctrico, con la elaboración del dictamen por el cual recomendamos al ente regulador prohibir a Endesa que participe en dos empresas distribuidoras de energía eléctrica potencialmente competidoras entre sí (Edenor y Edesur). El dictamen se basó en que no sólo se estaba violando el marco regulatorio vigente, sino que dadas las características del sector también se estaba limitando la posibilidad de introducir competencia por comparación.
-¿Y en telecomunicaciones?
-Nuestra Secretaría viene teniendo una activa participación en la desregulación de las telecomunicaciones, lo que permitirá que, en un futuro muy próximo, los argentinos contemos con más opciones y mejores precios en el servicio.
-En la Argentina es frecuente que, ante cualquier intento de regulación, las empresas involucradas hablen de inseguridad jurídica y amenacen con cancelar inversiones. ¿Cómo afecta esto el clima de negociación?
-La defensa de la competencia sólo puede ser efectiva si se lleva adelante con rigor y con respeto por la seguridad jurídica. Para eso, hay que garantizar la vigencia de las leyes y, en nuestro caso, la de defensa de la competencia. Es decir, siempre que defendamos la competencia, estaremos contribuyendo a fortalecer la seguridad jurídica en nuestro país y, por lo tanto, estaremos incentivando las inversiones.
-Pero, en estos casos, ¿hay o no negociaciones con las empresas?
-Hay diálogos, porque son los principales actores. El Estado no debe determinar precios ni estrategias, pero debe tomar la responsabilidad de generar un marco regulatorio en el que pueda expresarse la mayor diversidad de estrategias empresarias. Por ejemplo, en el caso de Endesa, alguien podría decir que cambiamos las reglas, pero, en realidad, lo que hacemos es afirmar la seguridad jurídica, al aclarar que existen reglas que deben ser cumplidas por todos los actores.
-Hace unos meses, Carlos Richter, presidente de Carrefour, decía que no iba a firmar el código de buenas prácticas con los proveedores porque, sin denuncias concretas, no se podría medir la efectividad del acuerdo en el futuro. Sin embargo, Carrefour finalmente lo firmó, días después de que usted viajara a Francia, donde, según se dijo, se reunió con la plana mayor de la casa matriz.
-Esta Secretaría tiene las puertas abiertas para discutir y aprender de la actividad empresaria. En este caso, los cambios de actitud de algunos empresarios, están dentro de las posibilidades y no voy a hacer un análisis particular de estos comportamientos. Cuando los cambios son beneficiosos para el sector, deben ser bienvenidos y creo que en este caso se debe destacar que las empresas se reunieron para someterse a un proceso intenso de negociación, y constituyeron un mecanismo sin precedentes en la Argentina, que intenta resolver mediante la autorregulación tensiones comerciales que llevan más de 20 años.
-¿Esta Secretaría elaborará un nuevo marco jurídico para la defensa del consumidor?
-Por ahora no lo tenemos planeado. Creemos que el desafío que se nos presenta es, por el contrario, usar la normativa vigente de manera más proactiva, eliminando asimetrías en la información, previniendo abusos, y promoviendo la oferta responsable y competitiva. En otras palabras, creemos que los múltiples abusos a los que han estado expuestos los consumidores, en particular durante la última década, se deben más a una deficiente aplicación de la legislación vigente que a sus limitaciones. Cambiar leyes es relativamente fácil. Hacerlas cumplir y respetarlas, no tanto. La historia argentina es elocuente al respecto. De todas maneras, estamos trabajando activamente para mejorar las actuales regulaciones vinculadas con la defensa del consumidor. En ese sentido, hemos elaborado un proyecto de ley en el que se prevé que la defensa de los intereses de los consumidores presentes y futuros y la promoción de competencia, pasen a ser el objetivo principal de los reguladores de servicios públicos. La experiencia de países como el Reino Unido, donde ya se llevó a cabo esa redefinición en los objetivos de los reguladores, nos demuestra la necesidad de que la defensa del consumidor y de la competencia no sea simplemente uno más de los tantos objetivos que los reguladores deben perseguir.
-Teniendo en cuenta los casos de Repsol-YPF, Telefónica con los canales Telefé y Azul, y la fusión Carrefour-Promodès, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la Ley de Defensa de la Competencia aprobada por el Congreso el año pasado?
-En mi opinión, la principal debilidad de la defensa de la competencia en la Argentina no se vincula tanto con la legislación vigente (que, por cierto, no es perfecta, pero tampoco es mala). En ese sentido, creo que el mayor obstáculo que enfrentó la defensa de la competencia en nuestro país es la ausencia, o debilidad, de las instituciones encargadas de aplicarla. Mientras que en países como Estados Unidos llevan más de cien años preocupándose por la calidad competitiva de los mercados, en la Argentina, recién empezamos a ocuparnos de la cuestión hace cinco años y, seriamente, hace ocho meses. Las políticas de defensa de la competencia deben ser aplicadas con sumo cuidado, minimizando el potencial de oportunismo, tanto de los políticos como de los privados, y procurando no imponer obstáculos injustificados a la realización de negocios. De otro modo, la política antitrust puede terminar impidiendo, más que propiciando, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. Próximamente, se constituirá el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDC) que será un ente autárquico independiente. Sus miembros serán designados por concurso y sus decisiones serán vinculantes. Junto con el control previo de fusiones y adquisiciones, éstos son los mayores avances introducidos por la nueva ley.
Con respecto al control, hoy estamos trabajando en la formulación de procedimientos más ágiles que los actualmente vigentes. Nuestro propósito, en este sentido, es encontrar aquellos mecanismos que permitan garantizar que la estructura de los mercados no devenga anticompetitiva y que no se pongan obstáculos injustificados para la realización de negocios. En esta nueva coyuntura, el papel de la Secretaría será el de actuar como fiscales de la competencia, iniciando casos de oficio cada vez que tengamos la presunción de comportamientos anticompetitivos, contradictorios con el interés económico general. Con ese objetivo, la Secretaría ya ha comenzado a realizar un seguimiento regular de la organización de diversos mercados.
La existencia de dos organismos distintos la Secretaría y el Tribunal encargados de velar por la libre competencia en los mercados, desde lugares y con papeles diferentes, dará lugar a un sistema de doble agencia. Como se verifica en otros países con un diseño institucional similar Canadá, Chile, España, Reino Unido, entre otros ese sistema se ofrece como alternativa para limitar la discrecionalidad de una única agencia; introducir un mecanismo de frenos y contrapesos en el procedimiento, permitir que quien presenta e impulsa la denuncia sea alguien diferente de quien juzga; minimizar el riesgo de captura por parte de grupos de interés; y promover cierta competencia entre las dos agencias con beneficios para el sistema en general.