A pesar de las múltiples y costosas campañas de marketing y publicidad, y del fuerte impulso que recibieron hace dos años cuando las empresas fueron obligadas a pagar salarios a través de cajas de ahorro, los bancos que operan en la plaza local no logran incorporar a nuevos sectores sociales y resignan, por lo tanto, un mercado latente que sólo en préstamos para consumo puede movilizar algo más de $ 40.000 millones por año.
El diagnóstico surge de un profundo examen de la nueva realidad que enfrenta el sistema financiero a casi cinco años de iniciada su reestructuración, luego de la traumática experiencia del efecto tequila. El trabajo, presentado por Miguel Arrigoni, socio gerente de Deloitte & Touche-Corporate Finance, en la última reunión anual de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), expone las limitaciones del actual modelo de sistema bancario para brindar servicios a un amplio sector de la población, que queda así confinado a la marginalidad financiera, con el agravante de los altos sobrecostos que esa situación impone.
Arrigoni afirma que 9,6 millones de argentinos que forman parte de la población económicamente activa (PEA) y perciben en conjunto algo más de US$ 4.500 millones mensuales, están condenados al mercado de la informalidad.
En este grupo se encuentra la mitad de los casi dos millones de trabajadores encuadrados en el segmento socioeconómico C3 (con ingresos promedio de $ 790 mensuales), 90% de los más de siete millones del sector D (con $ 410 de ingresos) y los 600.000 que integran el sector E (salarios de $170).
El dato más revelador es, en definitiva, que casi dos tercios (63%) de la población económica activa no recibe atención por parte de las 118 entidades (93 bancos y 25 compañías financieras) formalmente constituidas y reguladas por el Banco Central.
La vía paralela
Claro que abundan, por otra parte, los interesados en aprovechar la oportunidad de atender semejante demanda insatisfecha. Según el estudio, un complejo universo formado por unas 9.800 compañías (8.300 que operan en el sector informal y otras 1.500 que directamente se encuentran al margen de la ley) pone a disposición de ese segmento de clientes potenciales una oferta de crédito que supera los $ 23.000 millones, una cifra que equivale a 31% de los 74.400 millones que registra el sistema bancario.
“Pero, si del stock de préstamos otorgados por los bancos, se deducen los destinados a empresas medianas y grandes (es decir, los que superan el millón de pesos) el monto total de los créditos restantes que se pueden considerar oferta a Pymes, comercios y particulares, se reducen a US$ 32.000 millones, con lo que la diferencia entre los que ofrecen los informales y los formales a idénticos actores se reduce significativamente y queda revelada de manera mucho más contundente la existencia de un sistema financiero paralelo”, explica Arrigoni.
Hay, incluso, áreas en las que la influencia de los nuevos jugadores pasó a ser dominante. El caso arquetípico es el de los denominados plásticos no bancarios, que ya lograron 56% de penetración en el sistema general de tarjetas de crédito (el negocio de US$ 1.300 millones anuales que manejaban las 300 empresas existentes en 1997 creció a US$ 2.000 millones, con el ingreso de otros 100 jugadores).
Un trabajo de campo realizado por los investigadores de D&T en una zona del partido bonaerense de La Matanza mostró resultados particularmente sugetivos. El relevamiento de 93 comercios minoristas de venta de indumentaria informal y deportiva, calzado, marroquinería y artículos para el hogar ubicados en el centro comercial de San Justo indicó que allí operan 22 tarjetas. Encuestados los consumidores zonales, entre los diez plásticos más utilizados y conocidos reconocieron a cinco no bancarios e igual cantidad de las marcas tradicionales (Visa, Mastercard, American, etc). Pero las dos más usadas resultaron las locales Credi-Al y Consumor, muy por encima de sus afamadas competidoras.
Una investigación similar en el centro comercial de la localidad de Ramos Mejía mostró la ruptura. Allí, Visa y Mastercard recuperan el reinado y la presencia de plásticos no bancarios se reduce a 30% (frente a 92% en San Justo).
Más flexibles y caros
Para entender el grado de penetración que lograron estos heterogéneos agentes (entre los que se cuentan prestamistas individuales, escribanías que colocan créditos hipotecarios, mutuales, cooperativas y sociedades diversas) hay que reparar en el grado de flexibilidad que les permite amoldarse mucho más fácilmente al tipo de demanda que presentan estos clientes sin poner en riesgo la rentabilidad de sus emprendimientos.
Para Arrigoni, “la clave para entender este fenómeno es tener en claro el esquema de normas restrictivas que puso en marcha el BCRA tras el tequila: los que están dentro del sistema tienden a cumplir formalidades y trámites que impone el regulador; los que están afuera verifican realidades y actúan de acuerdo con ellas”.
Mientras la banca formal opera mediante sucursales, teléfonos e Internet; los agentes financieros informales abren puestos de atención y locales en centros de consumo eminentemente populares.
Sin embargo, la desigualdad resulta también evidente cuando se examinan condiciones vigentes en uno y otro mostrador. Los bancos, por lo general, dan créditos para consumo de hasta 36 cuotas o liberan fondos automáticamente, pero por un monto máximo de hasta dos sueldos, con tasas de interés mensuales que van de 2,6 a 3,5% y cuyo pago debitan de cuentas o pagan en sucursales que sólo funcionan en horario bancario.
Las financieras truchas son más restrictivas: su oferta no suele superar el plazo de las 12 cuotas y por montos de hasta 1,5 sueldos (o un total de $ 2.000). Sus tasas son, por otra parte más elevadas (de 6 a 10% mensual). Pero para cobrar las cuotas mandan gestores a domicilio, o atienden en sus sucursales en la amplitud de los horarios comerciales, sábados incluidos. Y son, por cierto, mucho más laxas al establecer los requisitos que demandan a sus clientes para acceder a un préstamo. Mientras la banca formal requiere no menos de uno o dos años de antigüedad en el empleo para asignar un crédito o una tarjeta (especialmente desde la promulgación de la última ley que regula la actividad y le fija topes a las tasas de financiamiento), reclama un ingreso mínimo promedio de $ 1.000 y requiere un certificado del empleador y constancias de aportes previsionales; al sector informal le alcanza con tener constancia de seis meses en el empleo, ingresos entre $ 300 y 400 y referencias tales como el teléfono del empleador, en caso de que su cliente trabaje en negro.
Claro que, por enfrentar este mayor riesgo, operan con mayores costos: lo que a los bancos formales les cuesta en promedio 11,5%, a los informales les sale 17,3%. La explicación radica en que, mientras los que están dentro del sistema se manejan con una tasa de incobrabilidad promedio de 3,5%, los otros deben hacer frente a 7%.
El otro problema es que algunos encuentran lugar para practicar la usura. La consecuencia no deseada de este fenómeno quedó al descubierto tras las últimas inspecciones que realizó el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (Inacym) tras verificarse un sugestivo aumento en las denuncias de jubilados que aseguraban haber tomado un préstamo que se debitaba luego de sus haberes aunque a un valor muy superior del que había sido pactado de buena fe. Una rastrillaje conjunto del Inacym y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansess) reveló el accionar de un número elevado de mutuales que sólo estaban organizadas para intermediar fondos como agentes encubiertos de otras financieras y cobraban su financiación a tasas de hasta 10% mensual.
Los que son y los que están
Estos abusos parecen brindar una justificación adicional a la campaña que emprendió Arrigoni para insistir en la necesidad de un cambio de actitud del Banco Central. En su breve pero explosiva exposición ante los banqueros de ABA, el consultor insistió en la necesidad de darle al sistema bancario motores para despegar “mediante un recorte en las regulaciones”. Para eso, llamó a incrementar la competencia, porque “contrariamente a lo que muchos piensan, acá no sobran bancos sino que faltan. Pero es una manera de decir, porque están, sólo que, en vez de adecuar los esquemas para ponerlos bajo el imperio de lo legal, los mantenemos al margen”, insistió.
Arrigoni reclamó que el BCRA adopte normas más flexibles para
generar otro tipo de entidades financieras que atiendan a un determinado segmento
del negocio con riesgo acotado. Recomendó aplicar fielmente los preceptos
fijados en la ley de entidades financieras (que permite la existencia de cajas
de crédito y financieras menores) para integrar a buena parte de esta
legión de banqueros informales al sistema legal; y llamó a combatir
con firmeza a la banca ilegal “que funciona en la clandestinidad, no figura
ni en los registros de propiedades y, en muchos casos, ejercita la usura bajo
la mirada extrañamente contemplativa de las autoridades”.
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