Un modelo a medida para el país

“Durante las últimas cuatro décadas, la política científica de los estados ha ido cediendo protagonismo ante la política de innovación”, señala Jesús Rodríguez Cortezo, director general del Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, de Madrid.

“Durante las décadas de 1950 y 1960 se creía firmemente que el conocimiento acumulado a través del esfuerzo en investigación básica repercutiría automáticamente, de una forma natural, en el desarrollo de tecnología aplicada y, en definitiva, en utilización industrial. Pero estas políticas son muy costosas. No se trata sólo de que las barreras de entrada sean altas ­que lo son­ sino que la continuidad del esfuerzo resulta prohibitiva para las economías de buena parte de las sociedades”, explica Rodríguez Cortezo.

“La competitividad adquiere, así, el protagonismo que le corresponde en las fases recesivas. La competencia se hace cada vez más dura y la tecnología, el conocimiento aplicado, se convierte en un factor clave. Comienzan a instrumentarse, entonces, ayudas económicas directas para las empresas industriales en sus actividades de investigación y desarrollo.”

Ante los previsibles cuestionamientos a la idea de que se otorgue ayuda pública para la financiación de los esfuerzos privados en el campo de la innovación, el experto español responde que, “por una parte, es preciso admitir que los resultados de las actividades de I&D no son enteramente apropiados por la empresa que las desarrolló. En mayor o menor medida, se transmiten al resto de la sociedad. Pero, además, hay una razón de fondo para brindar apoyo público: todos los países lo hacen. De modo que quien renuncie a estas prácticas se encontrará en una situación desventajosa”.

Gastar mejor

Rodríguez Cortezo, quien conversó con MERCADO durante una reciente visita a Buenos Aires, es uno de los expertos internacionales convocados para desempeñar un papel central en la difusión del programa regional de promoción y apoyo a las iniciativas de prospectiva tecnológica en América latina, que ha lanzado la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) en cooperación con el Centro Internacional para la Ciencia y la Alta Tecnología.

El programa ­que se pondrá en marcha próximamente en la Argentina­ apunta a crear y conducir planes de colaboración entre los protagonistas del desarrollo industrial: gobierno, instituciones públicas, entidades regionales y privadas.

Aunque el concepto es poco conocido en estas latitudes, la prospectiva tecnológica es una práctica extensamente probada en el mundo desarrollado, a partir del caso pionero de Japón en la década de 1970. Se trata de un ejercicio colectivo de análisis y comunicación para identificar los componentes probables de escenarios futuros: las proyecciones tecnológicas, sus efectos sociales y económicos, los obstáculos y las fuerzas que operan a favor.

“La cuestión no es que un país gaste más en tecnología, sino que gaste mejor”, explica Rodríguez Cortezo.

Continuidad y largo aliento

Los horizontes habituales de los ejercicios de prospectiva tecnológica suelen abarcar más de una década, y en ocasiones se extienden a 15 o 20 años. Como se requiere una estructura permanente que asegure la continuidad de las actividades, la dirección suele ser asumida por un organismo gubernamental.

Aunque admite que la alternancia de partidos (y aun de personas) en los gobiernos puede plantear dificultades para mantener el enfoque de una iniciativa de tan largo aliento, Rodríguez Cortezo afirma que “la política tecnológica ya es vista como algo que supera los vaivenes de los gobiernos, y empieza a ser considerada como una política de estado”. El caso español, señala, es un buen ejemplo de ello: a pesar de los fragores de la política, el esfuerzo viene desarrollándose sin interrupciones desde hace 15 años.

Las herramientas

“La prospectiva tecnológica es un instrumento de diseño de políticas ampliamente usado en casi todos los países de la Ocde. Es un examen sistemático y consensuado por todos los sectores de la sociedad, de los objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo que pueden tener impacto en la prosperidad y el progreso de un país”, indica un reciente documento de la Onudi.

La piedra fundacional de una iniciativa de este tipo es, además de la voluntad política de llevarla a cabo, una extensa investigación a través de la denominada metodología Delphi: cuestionarios donde aparecen relacionadas hipótesis elaboradas por expertos, analizadas a partir de distintas variables (cuándo se materializarán esas hipótesis, cómo incidirán en la industria, en el empleo, en la calidad de vida, etc.). Una vez preparados, los cuestionarios se envían a un amplio universo de personas calificadas, que representan a diversos sectores. Los resultados son luego comparados con la primera visión de los expertos, quienes tienen la oportunidad de modificar su posición para reflejar la visión colectiva.

La realización de la encuesta es, en sí misma, un factor de movilización, en tanto pone el tema en el centro de la escena y, al mismo tiempo, contribuye a reducir la incertidumbre en un contexto de cambio acelerado.

Sin embargo, advierte Rodríguez Cortezo, las revisiones periódicas son aconsejables y necesarias: “El largo plazo no es lo mismo en la informática que en la siderurgia, u otras industrias”, señala.

La metodología apunta, por otra parte, a evitar el riesgo de que la moda de las nuevas tecnologías se imponga en el diseño de una política nacional, sin considerar las verdaderas fortalezas y oportunidades que ofrece la base productiva de un país.

En España, por ejemplo, se tomaron como puntos de referencia del estudio los sectores que, según explica, Rodríguez Cortezo “forman el tejido industrial básico del país: transporte, actividades manufactureras tradicionales (como muebles, calzado, textiles), química, energía, alimentos”. Lo que se requiere en esta área, afirma, es “una aproximación muy realista. Hay que manejarse con hipótesis no sólo tecnológicas, sino económicas y sociales”.