Un año de prueba

Debido a la elevada dimensión de sus respectivas carteras,
las AFJP disponen de escasa fluidez operativa, lo que les impide adecuarse rápidamente
a las cambiantes condiciones de los distintos mercados. A ello hay que sumar
la existencia de una legislación destinada a preservar el patrimonio
de los afiliados aunque, en ocasiones, tal rigidez normativa puede llegar a
actuar en sentido contrario.

Una de las normas establecía que las AFJP no podían mantener
en efectivo más de 1% del valor de su cartera, lo que las privaba del
nivel de liquidez necesario para manejarse mejor en las coyunturas adversas.
Debido a la gravedad que alcanzó la crisis, a partir de septiembre, la
Superintendencia que regula al sector dispuso elevar ese índice a 3%,
lo que les otorga una mayor movilidad de operaciones.

Además, las AFJP estaban facultadas para mantener 25% de su cartera
de títulos públicos bajo el sistema de investment account
que, en los hechos, consiste en colocarlos en el freezer hasta su vencimiento.
Los títulos incluidos en esa norma no pueden ser comercializados en el
supuesto de que las administradoras decidan aprovechar una coyuntura favorable.
Asimismo, esa cartera queda eximida de ser contabilizada a los valores de mercado
para evitar los saltos diarios de las cotizaciones; esos títulos se contabilizan
al precio de adquisición más un plus mensual calculado sobre la
base de los intereses y el tiempo faltante para su expiración.

Las nuevas normas dictadas por la Superintendencia permitieron, a partir de
septiembre, que los bonos incluidos en este investment account se pudieran
elevar a 30% de la cartera de títulos públicos. De esa forma,
las AFJP se beneficiaron con la posibilidad de pasar a ese régimen títulos
adquiridos a los reducidos niveles de precios vigentes hasta algunas semanas
atrás. Muchos de ellos generaban, hasta el vencimiento, rendimientos
cercanos y aun superiores a 20% anual, lo que garantizaba a las AFJP rendimientos
más estables para el futuro. Además se las facultó para
incorporar otro 20% al sistema de investment account (llegando a 50%)
pero, en este caso, integrado únicamente por títulos cuyo vencimiento
total se produzca en un plazo inferior a los seis meses.

Variaciones sobre un tema

Hacer uso de esas opciones es una responsabilidad exclusiva de las AFJP. De
no aceptar la nueva alternativa, podrán optar por mantener la norma anterior,
para aprovechar un eventual rebote acelerado de las cotizaciones que les permita
recuperar más rápidamente los índices anteriores de rentabilidad.
Su pérdida creó serias preocupaciones entre los afiliados quienes,
por efecto de la crisis, vieron disminuir el valor de las cuotas que conforman
su fondo jubilatorio.

La pérdida fue mucho más impactante teniendo en cuenta que las
AFJP basaron su promoción en los elevados rendimientos de los primeros
años del sistema y los afiliados/inversores no estaban alertados sobre
la posibilidad de que en períodos de crisis soportarían pérdidas
de magnitud como las registradas últimamente.

Ricardo Guitart, presidente de la asociación que agrupa a las AFJP
privadas, sostiene que las pérdidas fueron solamente coyunturales y no
afectaron la calidad de la cartera, que “continuó intacta, con la particularidad
de que siguieron realizándose nuevas compras que contribuirán
en gran medida a garantizar una satisfactoria rentabilidad futura”.

El valor nominal de la cartera de títulos públicos de todas
las AFJP al 31 de octubre era de $ 13.000 millones y superaba con holgura el
valor de la cartera total que, a precios de cotización de esa fecha,
era de $ 10.761,8 millones, explica Guitart. “En los próximos años
esa diferencia se reflejará en las respectivas cuotas, sea cual fuere
el régimen de contabilización actual de esos títulos.”

Para Héctor Domeniconi, titular de la Superintendencia que fiscaliza
a las AFJP, las actuales normas sobre inversiones dejan poco margen para la
flexibilización. Tienden a no desnaturalizar el riesgo implícito
en las operaciones de este tipo y “los afiliados al sistema deben ir acostumbrándose
a las épocas buenas y malas”.

De todos modos, habrá que ver también qué actitud adoptan
las AFJP con respecto a las acciones después del fuerte retroceso que
registraron en los meses anteriores. En julio, estos valores llegaron a representar
22,3% de la cartera total; en agosto, debido a la fuerte caída bursátil,
bajaron a 17,8%, un nivel que en octubre repuntó a 19,2%, pero no por
mayores compras sino como consecuencia de la mejora de las cotizaciones. Es
de suponer que, por el momento, las AFJP se inclinarán por reforzar sus
inversiones en otras áreas menos expuestas a las corrientes especulativas
de los mercados.

No hay que olvidar tampoco que la magnitud de las inversiones que las AFJP
realizaron en acciones determinó que pasaran a constituirse en el principal
inversor institucional del mercado bursátil. A fines de octubre, el valor
conjunto de la cartera conformada únicamente por acciones se elevaba
a $ 2.064 millones y representaba aproximadamente 5% de la valuación
bursátil de todas las acciones que integran el mercado. En algunas empresas
la participación de las AFJP en el capital es importante, aunque en este
aspecto también deben someterse a las limitaciones impuestas por la Superintendencia,
para evitar los riesgos que representaría para sus afiliados que una
AFJP centralizara sus compras en una empresa. Las tenencias accionarias de una
AFJP no pueden superar 35% del valor total de la cartera. Además, en
forma individual, no deben exceder 5% del capital de una empresa y tampoco se
les permite canalizar hacia una compañía más de 2,5% de
su fondo de inversiones.

Los números cantan

En agosto, la cartera de inversiones de las AFJP ascendía a $ 9.436,5
millones, cifra que, relacionada con la existente a fines de diciembre de 1997
($ 8.827,5 millones) representa una diferencia positiva de $ 609 millones. Pero
de ella deben descontarse los $ 2.200 millones incorporados al sistema como
aportes nuevos durante los ocho meses en cuestión. El déficit
real, por lo tanto, se aproximaba a $ 1.600 millones a valores promedio, teniendo
en cuenta que la Superintendencia resolvió que, para determinar los valores
de las respectivas cuotas, se computaran los precios medios del mes de los respectivos
títulos y no los correspondientes al último día hábil
de cada período.

Sobre la base de 6,8 millones de afiliados que integraban el sistema a fines
de agosto, se desprende que durante esos ocho meses cada uno soportó
un déficit estimado de $ 235.

Durante septiembre y octubre la situación se modificó parcialmente.
A fines de octubre, la cartera de inversiones se había elevado hasta
$ 10.761,8 millones, de los cuales aproximadamente $ 550 millones correspondían
a los nuevos aportes. Sobre los $ 8,827,5 millones de fines de diciembre de
1997, el valor de la cartera de octubre exhibía un crecimiento de $ 1.934,3
millones, que todavía no alcanzaba a cubrir los aportes ($ 2.700/2.800
millones) efectuados en los 10 meses. Por lo tanto, a esta última fecha,
el déficit se situaba en más de $ 800 millones que, si bien representaba
un quebranto por afiliado inferior al de agosto ($ 116), ponía al descubierto
la necesidad ­reconocida oficialmente­ de establecer un régimen
especial para aquellos afiliados que se encuentran próximos a jubilarse.

Para una persona joven, la crisis de estos meses puede no resultar decisiva
considerando que, faltándole 20 o 30 años para acogerse a la jubilación,
tendrá tiempo suficiente para resarcirse de las pérdidas y aspirar
a rendimientos razonables en los fondos acumulados en su cuenta particular.
En cambio, el que por razones de edad debió jubilarse en plena crisis,
soportó un grave perjuicio económico que repercutirá por
el resto de su vida.

La solución del problema no resulta fácil, especialmente para
los casos imprevistos de invalidez y de fallecimiento; pero, para quienes se
encuentran próximos a la finalización de su vida activa, se estudia
la constitución de un nuevo fondo de inversiones, mucho más conservador,
al que podrán adherirse los afiliados cuando lo consideren conveniente.
Quienes se incorporen a él no estarán sujetos a los vaivenes de
las cotizaciones, aunque ello les signifique conformarse con rendimientos anuales
inferiores a los que brinda la cartera de inversiones de mayor riesgo. En la
práctica, lo que ganarán en seguridad lo perderán en rentabilidad.

Pero éste no sería un tema de resolución inmediata, según
Domeniconi, quien admite que en la Comisión creada para analizar el problema
existen opiniones encontradas, a lo que se agrega que la nueva norma debería
ser implementada por ley.

Hasta que se decida la suerte de este nuevo fondo, las personas que deben
jubilarse, en una época de crisis financiera como la actual, tienen la
alternativa de acordar con la AFJP un retiro programado (se estipula una jubilación
mensual a cuenta de los fondos acumulados por el afiliado) que puede prolongar
todo el tiempo que lo considere conveniente. Cuando la crisis se supera, y con
el valor de la cuota en cifras más satisfactorias, está en condiciones
de contratar con una compañía de seguros de retiro una renta vitalicia
previsional, que tendrá el carácter de definitiva.

Crecimiento y control

El sistema de la jubilación privada viene acrecentando ligeramente
su participación en el Sistema Unico de Seguridad Social, que en los
primeros nueve meses de este año alcanzó un promedio de ingresos
de $ 1.450 millones, superior en 16% a iguales valores de 1997.

Las AFJP obtuvieron en marzo del ´98 el pico máximo de participación
(26,1%) dentro del sistema de la seguridad social. Esto estaría relacionado
con la pequeña caída que en ese mes experimentó la recaudación
total del Sistema Unificado, mientras los aportes percibidos por las AFJP se
mantuvieron ligeramente por encima del promedio de los meses previos.

De enero a septiembre del ´98 el promedio de los ingresos brutos mensuales
percibidos por las AFJP alcanzó a $ 350 millones, con picos significativos
en los meses de enero y julio como consecuencia del pago del medio aguinaldo.

Los traspasos de afiliados de una AFJP a otra, después de las limitaciones
impuestas en 1997 por la Superintendencia, se vienen reduciendo constantemente.
En noviembre de 1997 llegaron a casi 115.000 pero desde mayo último se
mantuvieron por debajo de los 40.000 mensuales con una gravitación muy
exigua (0,05%) sobre la cantidad total de afiliados. Los traspasos concretados
en julio fueron 36.898, en agosto 35.250, en septiembre 32.445 y en octubre
32.916.

Domeniconi sostiene que este mecanismo es muy importante porque deja en libertad
de acción a los afiliados para elegir la AFJP que consideren más
conveniente a sus intereses. Las restricciones impuestas por la Superintendencia
estuvieron dirigidas a evitar maniobras de falsa afiliación que, además
de distorsionar el plantel de afiliados, aumentaban desmesuradamente los gastos
de comercialización de las entidades por la agresiva competencia que
se había desatado entre los productores para aumentar sus ingresos por
esta vía.

La Superintendencia también se encuentra trabajando activamente para
delinear el perfil de los afiliados morosos (más de 50%) y determinar
con cierta exactitud quiénes revisten ese carácter pasando a la
categoría de irregulares, y quiénes no aportan por estar desocupados
o realizar tareas transitorias de muy baja remuneración.

En este aspecto, Domeniconi piensa que muchas personas, a pesar de gozar de
una buena posición económica y financiera, no realizan los aportes
previsionales porque los asimilan a una carga fiscal más. Por eso, sostiene,
“es de fundamental importancia realizar una amplia campaña de concientización
que ponga énfasis en el concepto de que los afiliados son los únicos
dueños de los aportes que realizan en su cuenta de capitalización”.

Las maniobras realizadas en los primeros años del sistema, en materia
de afiliación y de traspasos, llevaron a la Superintendencia a crear
un sistema de prevención que entrará en vigencia en marzo próximo.
A partir de ese mes, el órgano de contralor estará en condiciones
de anticiparse a los acontecimientos y requerir a los directivos de las AFJP
la adopción de las medidas correctivas necesarias para solucionar las
anomalías antes de que éstas alcancen una dimensión mayor.

Con la nueva normativa, los directivos de las AFJP pasarán a tener
una responsabilidad mayor en todo lo relacionado con la actividad de la entidad
y, si se desvían de las normas, quedarán inhabilitados para continuar
participando en su conducción.

A esto se agrega un nuevo régimen de habilitación especial para
los promotores, quienes pasarán a revestir el carácter de profesionales
en materia previsional y quedarán ubicados en una zona de mayores responsabilidades
en todo lo relacionado con su área de influencia. *

Los que no aportan

Desde julio de 1994, cuando comenzó a operar el nuevo sistema, la cantidad
de afiliados no dejó de expandirse, en tanto que se fueron reduciendo,
año tras año, las filas de los que prefirieron seguir vinculados
al régimen de reparto.

Durante los tres primeros meses de vigencia del régimen de capitalización
(julio-septiembre de 1994) se afiliaron 2,2 millones de personas, 2,7 millones
permanecían en el ámbito estatal y 814.000 aparecían como
indecisos.

Cuatro años después, los adherentes al sistema de reparto disminuyeron
a 2,3 millones (14,7%) y los incorporados al régimen de capitalización
casi se triplicaron (pasaron a 6,8 millones). Los que no tienen aportes identificados
llegaban, en junio, a 218.000, con lo que su gravitación dentro del sistema
global descendió de 14,2 a 2,4%.

En los cuatro años de vigencia del nuevo régimen los afiliados
totales del sistema previsional (estatal y privado) pasaron de 5,7 a 9,2 millones.

En materia de pagos, los afiliados al régimen de reparto exhiben una
conducta similar a los adherentes al régimen de capitalización
individual. Cuatro años atrás, la relación entre aportantes
y afiliados era más alta que la actual (74% en el régimen de reparto
y 57,53% en el de capitalización) lo que parece reflejar el deterioro
económico que experimentó el sector de los trabajadores autónomos.
En este aspecto también gravita el índice de desempleo.

A fines de octubre, en ambos sistemas la relación era inferior a 50%
(45,77% en el de reparto y 47,64% en el de capitalización), lo que constituye
uno de los problemas más difíciles que enfrentan ambos regímenes.

La ley 24.241 establece que los afiliados ingresan a la categoría de
irregulares sin derecho cuando, en los 36 meses previos a la solicitud del beneficio,
hayan efectuado menos de 18 aportes (50%). En este caso, sólo recibirán
los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual.

Los que, dentro de igual período, realizaron entre 18 y 29 aportes,
son considerados irregulares con derecho, y pueden acceder a 71% del haber que
les correspondería si hubieran cumplido normalmente con sus obligaciones
en este ámbito.

Un año para cobrar

Uno de los principales problemas que padece el sistema jubilatorio tiene su
origen en la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) que,
ya sea por cuestiones legales o relacionadas con la verificación de los
aportes anteriores, provoca demoras de más de un año en el cobro
de las jubilaciones.

Para abreviar los tiempos entre la presentación de la documentación
respectiva y la percepción del beneficio por parte del afiliado, las
AFJP colaboran con ese organismo para lograr el objetivo de que, una vez completada
toda la tramitación por parte del afiliado, pueda percibir su jubilación
en un plazo no superior a los 60 días, que podrá acortarse aun
más a medida que transcurra el tiempo y las bases de datos del organismo
oficial alcancen los niveles de eficiencia que el sistema reclama con urgencia.

Danza de millones

Crisis mediante, la cartera total de las inversiones de las AFJP al finalizar
1998, sumaría $ 11.500 millones, algo más de 3% del PBI estimado
($ 345.000 millones). Para el 2000 se calcula que subirá a $ 20.000 millones,
computando el previsible crecimiento del número de afiliados y las ganancias
resultantes de las inversiones que, en situaciones normales, deberían
significar en promedio $ 1.000 millones anuales.

A partir de esa fecha, la expansión sería mucho más notoria.
En el 2005 el Fondo de Jubilaciones oscilará entre $ 45.000 y $ 50.000
millones, con una gravitación sobre el PBI (entre 10,5 y 11%) que triplicaría
con holgura a la de 1998.

Con una cartera de esta envergadura, las ganancias por rentas y dividendos
no serían inferiores a $ 3.000 millones anuales. Sumadas a los nuevos
aportes, elevarían a partir del 2006 los ingresos anuales a una cifra
cercana a $ 10.000 millones, de manera que en el 2010 los fondos que administrarán
estas entidades no serían inferiores a $ 100.000 millones. Esta cifra
equivaldría a la quinta parte del PBI que, para esa fecha, tendría
que rondar los $ 500.000 millones.

Evolución de los fondos de jubilaciones
(millones de $)
Entidad	31 de	30 de	31 de	30 de	30 de	31 de
	mayo	junio	julio MERCADOMercado es un medio multiplataforma fundado en 1969, que aborda en profundidad las temáticas más relevantes del mundo corporativo. Inicio Gestión Sustentable Talento y Liderazgo Ruta Digital Negocios Innovación Revistas Suscríbase Sobre nosotros Mercado N° de edición: 7.300 - 6/12/2024 www.mercado.com.ar info@mercado.com.ar Todos los derechos reservados. R.P.I.: EX-2024-134168305 Propietario y Director: Eduardo Bianco CUIT: 30-71100446-3 Avda. Coronel Díaz 2241 10° D, CABA Linkedin Instagram Twitter Quiénes somos Mercado es un medio multiplataforma fundado en 1969, que aborda en profundidad las temáticas más relevantes del mundo corporativo. Contacto Publicidad: mjourdan@mercado.com.ar Suscripciones: suscripciones@mercado.com.ar Información (whatsapp): 5411-6435-9400 © 2025 Revista Mercado. Todos los derechos reservados.