La jubilación privada nació en 1981 en Chile y en los
últimos cinco años se extendió rápidamente
por la región. Cómo funciona en Chile, Perú, Colombia,
Uruguay, El Salvador, México y Bolivia. Y por qué pronto
funcionará en Venezuela, Brasil y Estados Unidos, mientras Europa
comienza a prestarle atención.
Las administradoras de fondos de pensión marcan a su modo el
ritmo de la globalización. Nacidas en Chile hace más de tres
lustros, en los últimos cinco años, sin embargo, se instalaron
en Perú, Colombia, la Argentina, Uruguay, El Salvador, México
y Bolivia, y Brasil, Estados Unidos y Venezuela, entre otros países,
estudian la implementación del sistema, que pronto cruzará
las fronteras continentales, ya que también en Europa, sobre todo
en la región oriental, se lo ve con buenos ojos.
El caso chileno
Chile fue el punto de partida de las AFP (administradoras de fondos
de pensiones; el nombre varía según el país), que
vieron la luz en 1981. La segunda fase del sistema comenzó en esta
década. De ahí en más, la jubilación privada
brotó con rasgos particulares en América latina. Sin duda,
las crisis previsionales de la región impulsaron su difusión.
Factores demográficos, económicos, políticos y sociales
pusieron contra las cuerdas al régimen de reparto. Por eso, se precisaba
un modelo de seguridad acorde al siglo XXI.
El prototipo chileno surgió así como una alternativa viable.
Sin embargo, los sistemas de segunda generación poseen una diferencia
muy marcada con el arquetipo: son regímenes mixtos. Conviven, de
modo armónico, lo estatal y lo privado.
Las primeras AFP chilenas conformaron un sistema de capitalización
pura. No obstante, los trabajadores que se encontraban en algún
instituto previsional optaron entre continuar en el viejo régimen
o incorporarse al entonces nuevo. El balance de las AFP es más que
bueno: cuentan con 5.738.994 afiliados cuyo sueldo mensual promedio es
de US$ 616 y otorgaron 257.018 beneficios, según datos de la Superintendencia
chilena.
Las administradoras tienen acumulados activos equivalentes a US$ 31.001
millones. Este monto representa 41,21% del PBI chileno, 5,37% del ahorro
bruto y 6,74% del ahorro bruto nacional. Del total de clientes, 56% aporta
regularmente. Este bajo nivel de contribuciones no surge de la evasión
previsional; más bien, es producto de que muchas personas &endash;sobre
todo mujeres&endash; se retiraron de la fuerza laboral. Pero las AFP
manejan sus fondos hasta la edad de retiro.
Los traspasos son el punto débil del sistema. La tasa anual rondó
26% hasta septiembre de 1997. El crecimiento del número de pases
fue vertiginoso en el último año. Pasó de las 300.000
rotaciones de 1988 a 1,5 millón en 1997. Este aumento implica un
incremento medio anual de 20%. Según informaciones periodísticas,
los traspasos fraudulentos provocaron pérdidas del orden de US$
40 millones al año.
Para atacar ese problema, las autoridades chilenas adoptaron recientemente
una disposición muy similar a la primera modificación dictada
en la Argentina al régimen original: ahora, las fichas de traspasos
deben estar acompañadas por la cartola (resumen de cuenta) y una
fotocopia del documento de identidad del afiliado. Además, instauraron
la figura de una especie de veedor que controla los traspasos.
El sector presentó muchas modificaciones con el paso del tiempo.
Así fueron apareciendo unas cuantas AFP mientras otras desaparecían
o se transformaban. Todo comenzó con 12 administradoras: Alameda,
Concordia, Cuprum, El Libertador, Hábitat, Invierta, Magister, Planvital,
Provida, San Cristóbal, Santa María y Summa. En 1985 se registró
la primera fusión: fue entre Alameda y San Cristóbal, que
dieron origen a Unión (BankBoston-AIG).
Las cuatro absorciones restantes ocurrieron a partir de 1986, simultáneamente
con el surgimiento de nuevas AFP. Al mismo tiempo, tres firmas (Bannuestra,
Laboral y Genera) fueron liquidadas por no cumplir los requisitos mínimos
de patrimonio. Hoy funcionan 16 administradoras cuya rentabilidad acumulada
fue de 4,5% entre enero y noviembre de 1997. La renta promedio anual histórica
es de 11,8%, de acuerdo con datos de la SAFP chilena.
El caso peruano
Las AFP peruanas fueron el primer brote de las chilenas. Paralelamente,
Perú constituye el primer ejemplo de sana coexistencia entre lo
nuevo y lo antiguo. La reforma consistió en crear un sistema de
capitalización que funcionara simultáneamente con el de reparto.
En la actualidad, 1.724.945 peruanos destinan 8% de sus remuneraciones
a sus cuentas previsionales en una administradora. En ese país el
empleador no realiza ninguna contribución al ahorro jubilatorio
de sus empleados.
Aunque no existe límite para pasarse de AFP &endash;sólo
es preciso contar con seis aportes consecutivos en la cuenta&endash;,
la tasa de rotación es baja. Según datos de la Superintendencia
peruana, el índice de pases es de 5,12% anual. El número
de jubilados en el sistema es aún poco relevante. En cuatro años
de vigencia las administradoras otorgaron 590 beneficios por retiros, mientras
el número de pensiones por fallecimiento fue tremendamente más
alto (6.647) y el de rentas por invalidez, bastante más bajo (188).
El patrimonio de los fondos de pensiones totaliza US$ 1.105,9 millones,
que equivalen a 2,25% del PBI y 9,3% del ahorro interno de Perú.
La rentabilidad del sector en 1997 fue de 11,11% y la histórica
anualizada, de 8,02%. Igual que en Chile, desaparecieron unas cuantas de
las AFP que estuvieron en los comienzos. De las ocho iniciales quedaron
cinco, de las cuales sólo una apunta a un target específico.
El caso colombiano
Las administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFPC)
dieron forma a la jubilación privada en Colombia. Nacieron un mes
antes que sus pares argentinas y hoy poseen una cartera de casi 2,6 millones
de afiliados, que representan 16,8% de la población económicamente
activa (PEA).
Al momento de la puesta en marcha del sistema las mujeres mayores de
35 años y los hombres con más de 40 mantenían los
derechos otorgados por el viejo sistema, siempre que permanecieran en el
régimen estatal. Sucedía lo mismo con las personas con más
de 15 años de servicios.
El ´97 fue un año difícil para el régimen. La tasa
de desocupación trepó cuatro puntos porcentuales hasta abarcar
12% de la PEA. Por ello, la ratio de la relación aportantes-afiliados
oscila en 50%. “El índice de cobrabilidad de las entidades prestadoras
de salud (EPS) y de las compañías de riesgo profesional (CRP)
es más alto; ronda 80 y 78%, respectivamente”, explica Germán
Sánchez, gerente general de Colmena. Y agrega: “La población
está más sensibilizada con esas cuestiones. No comprende
aún que su aporte previsional determina su futuro. La gente está
todavía acostumbrada al viejo sistema”.
Por el momento no se vislumbra ninguna potencial fusión de AFPC.
Se espera, sin embargo, que ingrese un nuevo player. Las administradoras
poseen en conjunto un patrimonio de alrededor de US$ 2.000 millones. La
rentabilidad promedio anualizada fue de 32,74% en noviembre, mientras la
tasa de inflación era de 19%. “La crisis bursátil no afectó
el rendimiento de las AFPC”, recalca Jorge Bottero Angulo, presidente de
la Asociación del sector. Y añade: “La plaza local está
aislada y tiene poco volumen. Las colocaciones se realizan de acuerdo con
un menú de inversiones. La mayoría de las carteras del sector
son, así, conservadoras”.
El caso uruguayo
En julio de 1996 las administradoras de ahorro previsional (Afap) invadieron
Uruguay. Aunque también allí el régimen es mixto,
los menores de 40 años y quienes ingresan o reingresan al mercado
laboral deben afiliarse obligatoriamente a una Afap.
El nivel salarial crea distintos estratos jubilatorios. La PEA se dividió
en tres segmentos: el primero obtiene una pensión por solidaridad
intergeneracional y comprende a todos los empleados con asignaciones de
hasta 5.000 pesos uruguayos. Estas prestaciones se financian a través
de aportes patronales, personales y estatales.
Las remuneraciones de entre $ 5.000 y $ 15.000 conforman las jubilaciones
por ahorro individual obligatorio. Estos beneficios se cubren con los fondos
de las cuentas individuales. El último nivel incluye los sueldos
superiores a $ 15.000. Estas personas pueden acceder al régimen
de capitalización en forma voluntaria.
Existe además un tope imponible fijado en $ 15.000. Los trabajadores
aportan 15% del salario y los empleadores lo hacen de acuerdo con la actividad
que realizan. Así, las empresas del sector privado contribuyen con
12,5%, las públicas con 24,5%, la Administración Central
y la Intendencia de Montevideo con 19,5% y los municipios del interior
con 16,5%.
El balance del primer año del sistema no es positivo: sólo
movilizaron algo más de US$ 200 millones. Y un informe del Banco
de Previsión Social (BPS) señaló que pierden US$ 500
millones al año por evasión previsional. La no afiliación
y la subdeclaración serían las principales causas de semejante
quebranto. El servicio doméstico presentó el índice
más alto de evasión (77,2%). Lo siguen luego la actividad
rural (36,5%) y la industria y el comercio (31,3%). El BPS detectó
también deficiencias e irregularidades en organismos públicos.
Los casos de El Salvador y México
El Salvador comenzó a escribir su capítulo en la historia
de la capitalización privada en diciembre del ´96. La reforma no
incluyó a todos los trabajadores: los hombres mayores de 55 años
y las mujeres con más de 50 continúan en el antiguo sistema.
Los varones de entre 36 y 54, y las mujeres de entre 36 y 49 pueden optar
entre la jubilación privada y la estatal. Los menores de 36 años
deben elegir una administradora.
Las administradoras de fondos de retiro de México (Afores) nacieron
inmediatamente después de las salvadoreñas, en febrero del
´97. Contaban con un mercado potencial que oscilaba entre 9,6 y 10 millones
de afiliados y que para julio había crecido a 11,5 millones de personas
cuyo salario mensual promedio ronda los US$ 96. Según datos de la
Consar (el organismo regulador), 93% se había afiliado a fines de
noviembre.
Las Afores tenían una ventaja operativa desde el vamos: existía
una base de datos de los potenciales clientes. Este hecho se debía
a la existencia del Sistema de Ahorro para el Retiro (Sar). Esta institución
&endash;creada en 1992&endash; concentra a todos los empleados
privados y maneja US$ 5.800 millones. El período de afiliación
finalizó a mediados de septiembre. Los mexicanos que no optaron
por una Afore sufrirán el mismo proceso que los indecisos de la
Argentina.
“Esas personas integrarán una cuenta concentradora y el Estado
contratará a una o a varias entidades privadas para que la gerencie;
de ahí en más, tendrán tres años para elegir
una administradora”, explica Iván Wolf, gerente comercial de la
Afore Garante.
Dado que en México aún tienen mucho peso ciertas conductas
corporativistas, unas cuantas Afores &endash;Bancomer y Banamex, entre
otras&endash; lograron volumen con velocidad, ya que tenían
aseguradas sus masas críticas. El resultado de ese proceso son 10,7
millones de clientes en sólo nueve meses.
El lazo cliente-Afore puede ser un antídoto contra las fusiones
y absorciones, que seguramente no comenzarán a producirse con tanta
rapidez como en otros países, así como contra la posibilidad
de un elevado nivel de traspasos. De hecho, los mexicanos fijaron por ley
un límite de un pase por año.
De todos modos, aún no hay siquiera una tendencia, ya que los
primeros traspasos podrán efectuarse sólo a partir de junio
próximo. Sin embargo, muchos ejecutivos del sector ya están
desvelados por lo que pueda suceder: “Dadas sus características,
muchas administradoras no están preparadas para una virtual guerra
de cambios de afiliados, como sucedió en la Argentina”, considera
Humberto Allende, gerente general de Santander-Mexicano.
El proceso de captación comenzó en enero. Sin embargo,
los aportes llegaron a las Afores sólo en septiembre. Claro que
también recibieron alrededor de US$ 4,6 millones del fondo del Sar.
Ese monto se traspasará a las administradoras de acuerdo con un
cronograma. Se transfirió 25% el año pasado y se girará
40% durante el primer semestre del ´98 y 35% en la segunda mitad de este
año.
El volumen acumulado de aportes de junio a noviembre suma unos US$ 500
millones, que equivalen a 1,5% del PBI y a 3% del ahorro interno. Según
fuentes del sector, el Instituto Mexicano de Seguridad Social ejerce un
control estricto. La tasa de morosidad oscila alrededor de 20%. La causa
de esa baja mora es que el Instituto brinda también los servicios
de atención de la salud.
De las 17 Afores en funcionamiento, seis apuntan a un segmento especial
de la plaza: Capitaliza (GE capital), Génesis (Metropolitan Life),
Previnter (BankBoston-AIG), Siglo XXI, Tepeyac (Mapfre) y Zurich. Existen
además dos administradoras regionales: Atlántico-Promex y
BanNorte. Según datos de la Afore Previnter, la rentabilidad promedio
de la actividad rondaría 21% en pesos.
El caso boliviano
Bolivia lanzó en mayo pasado sus AFP. Este régimen es,
al mismo tiempo, previsional y de riesgo del trabajo. Para financiar a
la tercera edad, el Estado creó un bono solidario (Bonsol). Una
parte del producto de la privatización de las compañías
de comunicaciones, minería, petróleo, servicios públicos
y transporte se derivó a las administradoras. Sus dividendos se
destinarán al pago del Bosol a todos los bolivianos mayores de 65
años.
El sistema se compone de dos únicas AFP. “Del mercado potencial
de 1,1 millón de personas, las AFP afiliaron 230.000 (21%)”, describe
Jesús María de las Fuentes, director de Previsión
BBV. Las contribuciones mensuales ya suman más de US$ 17 millones.
El patrimonio del sector era de US$ 30 millones a fines de julio.
Las contribuciones son de 12% sobre el salario (2% por parte del empleado
y 10% por parte del empleador). La comisión media del régimen
es de 0,5% sobre el total ganado.
El seguro se compone de dos tipos de coberturas: por un lado está
el de vida e invalidez, con una prima media de 2%, y por otro la cobertura
de accidentes de trabajo, también de 2% pero a cargo de la empresa.
La tercera innovación son las inversiones. Las AFP deben derivar
hasta US$ 180 millones a letras del Tesoro de Bolivia. Al superar ese monto,
pueden destinar los fondos a otros instrumentos estipulados en un menú.
Las administradoras obtuvieron una rentabilidad de 8% en dólares
hasta mediados del ´97.
Los casos que vienen
Venezuela apunta a ser otra escala de la jubilación privada.
La reforma no está aún definida, pero varios proyectos guardan
sustantivas semejanzas con el sistema puesto en práctica en la Argentina,
aunque también contemplan la posibilidad de entregar un bono de
reconocimiento, al estilo chileno, por los años aportados al viejo
régimen de reparto.
La PEA venezolana ronda los 5,5 millones de personas. No obstante ello,
el mercado potencial para la jubilación privada es de casi tres
millones de trabajadores privados. Los empleados públicos no ingresarían,
al menos en los primeros tiempos. El salario mensual promedio ronda los
US$ 155.
Estados Unidos es una burbuja pronta a explotar. Las obligaciones adquiridas
con los actuales pensionados representan 42% del PBI, de acuerdo con el
estudio Pension liabilities in the seven major economies, difundido por
la Ocde. De mantenerse ese ritmo de financiación, quebrará
en el 2030 y la gente que nació en 1963 &endash;para entonces
de 67 años&endash; no cobrará su jubilación.
Esa dura realidad desató un conflicto generacional. La creación
de un panel federal para analizar el tema puso en claro que existe consenso
sobre la necesidad de solucionar la cuestión, pero no existe todavía
coincidencia en la metodología. La postura privatista es mayoritaria.
El Instituto Cato &endash;una organización laboral de Washington&endash;
constituye la vanguardia de esa tendencia. Su proyecto estipula que 12,4%
de las nóminas salariales se destinarían a cuentas individuales.
Así, los US$ 400 millones anuales que conforman el fondo fiduciario
del régimen social se redirigirían hacia los mercados financieros.
El chileno José Pineda, considerado el padre de la capitalización
individual, es una de las cabezas visibles de ese organismo, que es financiado
por AIG, American Express, Digital Equipment e IBM.
En el caso de Brasil, la proximidad de la jubilación privada
está dada por el hecho de que el déficit fiscal es el punto
débil de la economía del país, y el sistema de seguridad
social constituye el principal atizador del desequilibrio de las cuentas
públicas, como incluso lo destacó la calificadora de riesgo
Moody´s en un reciente informe.
El actual régimen jubilatorio brasileño no fija una edad
mínima para retirarse, y los montos de las pensiones ayudaron a
desbaratarlo: para 1977, por ejemplo, se garantizaba un máximo previsional
de US$ 63.900 dólares anuales. Aunque sufrió ajustes &endash;rondaba
los US$ 12.129 dólares en el ´96&endash;, es aún uno
de las más altos de las naciones en desarrollo.
Existe, por otra parte, un régimen complementario. Se compone
de 347 entidades que cubren 6,7 millones de personas y administra alrededor
de US$ 70.000 millones, equivalentes a 11% del PBI.
A principios de diciembre el presidente Fernando Henrique Cardoso comentó
que deseaba que esa reforma y la del servicio civil se aprobaran antes
de este mes. De lo contrario, las elecciones de octubre estarían
muy cerca y cualquier cuestión podría afectar su imagen.
Sistemas de capitalización en América
latina
| País | |||||
| Chile | |||||
| Perú | |||||
| Colombia | |||||
| Argentina | |||||
| Uruguay | |||||
| El Salvador | |||||
| México | |||||
| Bolivia |