* Según los expertos, en un plazo de dos años se
reducirá en no menos de un tercio la cantidad de empresas que
operan en el negocio de los seguros patrimoniales.
* Las grandes firmas multinacionales interesadas en el mercado
argentino esperan una solución definitiva del problema del
Inder y la sanción de normas estructurales mucho más
estrictas.
* En los próximos meses el mercado podría ingresar
en una etapa de ventas, fusiones y absorciones.
* El volumen de primas totales previsto para este año
llega a $ 5.400 millones, lo que significará un incremento de
10% con respecto a los $ 4.900 millones alcanzados en 1996. Los
seguros personales (vida y retiro) serían los rubros
más activos.
* La apertura del mercado asoma como un hecho inexorable, pero no
indiscriminado ni inmediato.
* La calificación obligatoria podría entrar en
vigencia a partir de 1999.
El panorama del mercado asegurador continúa exhibiendo
fuertes pérdidas técnicas, provocadas por la guerra de
precios en el sector. A esto se agrega una estructura de gastos,
tanto en el área comercial como en la administrativa, que
tarda en acomodarse a las severas condiciones en las que se
desenvuelve el negocio.
Claudio Moroni, titular de la Superintendencia de Seguros,
sostiene que los gastos administrativos y comerciales absorben en
conjunto más de la mitad del valor de las primas, un nivel muy
superior al vigente en los países avanzados, en los que la
gravitación difícilmente supera 25%, como ya ocurre en
la Argentina con las ART, a pesar de que estas empresas
“todavía se encuentran absorbiendo los gastos de asesoramiento
vinculados con la prevención de siniestros. Si no fuera por
esto, estarían operando con un nivel de gastos inferior a
20%”.
Moroni encuentra más justificable la existencia de
gastos elevados en las compañías de seguro de vida y de
retiro, debido a que se trata de emprendimientos nuevos que exigen
mayores gastos de difusión.
“Si bien algunas compañías que operan en el
sector de patrimoniales ya comenzaron a realizar estudios serios para
bajar los gastos, esto todavía no se refleja en los balances”,
señala Moroni. “La evolución será progresiva, a
lo largo de dos o tres años, y para concretar este objetivo
las empresas deberán intensificar sus inversiones en
tecnología y en nuevos sistemas de comercialización.”
Para tener una idea de lo que esta distorsión
representa en los costos del sector, vale la pena tener en cuenta
que, sobre un total de $ 5.400 millones en concepto de primas
previsto para este año, los gastos de administración y
comercialización absorben aproximadamente $ 2.900 millones. En
un mercado bien administrado, la suma no debería superar los $
1.400 millones. La diferencia de $ 1.500 millones podría ser
destinada por las empresas a recomponer su estructura patrimonial
mediante la obtención de ganancias que, en la mayoría
de los casos, no requerirían aumentar el valor de las primas.
Moroni opina que la consolidación del sector se logrará
mediante una complementación de estos dos elementos: baja de
costos y aumento de las primas.
El titular de la Asociación Argentina de
Compañías de Seguros, Roberto Sollitto, no es tan
optimista. “En el mejor de los casos”, sostiene, “los gastos
podrían disminuir a 40% del valor de la prima. En la Argentina
las empresas deben asumir diversas cargas impuestas por el Estado que
nada tienen que ver con su actividad. Las compañías son
agentes de información, de retención, de
percepción y otras funciones que contribuyen a dar una
estructura muy rígida a los gastos administrativos”.
Dónde se crece
Los $ 5.400 millones previstos para este año en
concepto de primas totales significarán un incremento de 10%
con respecto a los $ 4.900 millones alcanzados en 1996. Los seguros
personales (vida y retiro) serían los más activos.
Uno de los sectores más conflictivos continúa
siendo el automotor, donde la agresividad comercial de las empresas
obliga a fijar niveles de primas que en muchos casos no llegan a
cubrir las reservas técnicas. Este sector es también el
que mayores primas retiene (80%), de manera que sólo
transfiere 20% a las empresas reaseguradoras.
La puesta en vigencia del régimen de las ART fue otro
factor generador de déficit para las compañías
que operaban en el ramo de accidentes de trabajo, que ya no reciben
ingresos por esa actividad, pero deben continuar haciendo frente a
los siniestros derivados de su anterior cartera en el rubro. Como en
muchos casos las reservas previstas no eran las adecuadas, la
diferencia con respecto a los importes reales del siniestro debe ser
imputada directamente a pérdidas.
El acuerdo con el Instituto Nacional de Reaseguros (Inder)
puede ser otra fuente de quebrantos para las empresas. Si sus cifras
no coinciden con las que finalmente adopte como válidas el
organismo para abonar sus deudas pendientes, las
compañías soportarán las pérdidas
resultantes de esa diferencia.
Las empresas que se resistan a aceptar las cifras del Inder
y opten por continuar presentando batalla en la instancia judicial
deberán absorber un quebranto contable mayor, por lo menos
hasta que se expida la Justicia. En tales casos deberán
amortizar totalmente los importes que reclaman al Inder, lo que
debilitará aun más el precario estado patrimonial de
algunas firmas y las obligará a incorporar nuevos capitales
para adecuar sus estructuras a las exigencias sobre capitales
mínimos requeridas por la Superintendencia de Seguros.
Todo indica que, por esta causa, el conflicto con el Inder
entra definitivamente en la recta final, siempre y cuando la
conciliación con las empresas que voluntariamente acepten el
acuerdo se realice en forma ágil y rápida. De lo
contrario, las compañías continuarán sin
resolver sus agudos problemas financieros. Las tratativas, en estos
casos, no deberían superar los tres meses.
Las empresas que decidan acordar con el Inder se comprometen
a no efectuar en el futuro ningún reclamo judicial. De esta
manera se intenta dar un corte definitivo al conflicto, que
quedaría limitado a las empresas que optaron por insistir en
la vía judicial.
Más requerimientos
En el actual ejercicio (julio 1997/junio 1998) las
compañías deberán hacer frente también a
las nuevas exigencias impuestas por la Superintendencia de Seguros
relacionadas con el sector automotor.
La norma en cuestión tiende a cubrir las falencias que
caracterizaban a la anterior, que no guardaba relación con las
reglamentaciones vigentes en los países más avanzados,
especialmente en lo relacionado con la constitución de
reservas vinculadas con los siniestros ya denunciados pero que la
empresa no refleja en la contabilidad por desconocer la clase de
indemnización requerida.
La medida rige a partir de los balances anuales cerrados el
30 de junio último, pero como su impacto en los resultados
pudo ser diferido, recién se reflejará en toda su
intensidad en el ejercicio en curso.
La Superintendencia de Seguros dispuso que el importe
resultante de la actualización de las reservas relacionadas
con los contratos anteriores puede ser amortizado en 20 trimestres,
pero en las pólizas nuevas las reservas tienen que calcularse
en base a las normas actualizadas, lo que contribuirá a que
las empresas sean más prudentes en la determinación de
los niveles de las primas. Por lo tanto, las que acostumbraban a
operar con precios por debajo de los niveles técnicos
deberán compensar la diferencia con nuevos capitales.
En venta
Las mayores pérdidas que por estas razones
presentarán los balances que cierran el 30 de junio
próximo contribuirán a generar un clima de inquietud
entre los accionistas de las empresas afectadas por crónicas
deficiencias financieras y patrimoniales. En definitiva,
deberán decidir entre incorporar nuevos capitales, vender sus
tenencias accionarias o buscar socios que aporten los recursos
faltantes.
Parece bastante probable, por lo tanto, que en los
próximos meses el mercado ingrese en una etapa de venta masiva
de paquetes accionarios, de fusiones y de absorciones que desde hace
mucho tiempo se viene anunciando pero que por diversas razones -la
mayoría de ellas vinculadas con la falta de solución al
problema del Inder- se venía demorando.
Las empresas que por su crítica situación no
sean recuperables deberán entrar en liquidación
forzada, lo que generará problemas a sus clientes, que de esta
forma estarán obligados a absorber con su propio patrimonio la
indemnización por los siniestros que los activos de la empresa
aseguradora en liquidación no estén en condiciones de
cubrir.
Entre enero y septiembre sumaron seis (ver cuadro) las
empresas a las que la Superintendencia de Seguros les revocó
la autorización para operar.
El proceso de reestructuración del sector
obligará a incrementar el respaldo promedio de las
compañías que continúen en actividad, lo que
brindará al mercado mayor solidez. A fines de marzo el
patrimonio neto promedio por compañía alcanzaba un
monto muy exiguo: $ 3 millones.
Sobre este punto, Moroni sostiene que la solvencia de una
empresa aseguradora no surge de la envergadura de su patrimonio sino
de la calidad de sus reservas y de los activos, que deben estar
relacionados con los riesgos asumidos.
El proceso que se avecina acentuará la
concentración del mercado, algo que en la práctica se
vino manifestando lentamente en los últimos años: las
20 empresas más importantes cubren 48,9% de los negocios.
Cuando este reacomodamiento del sector se consolide, las
normas que rigen la actividad se tornarán, inevitablemente,
mucho más restrictivas para todos los sectores y
tenderán a acercarse a los estándares internacionales.
Los analistas de la actividad sostienen, por otra parte, que
el proceso también debería ir acompañado por un
mayor esfuerzo promocional de las compañías y del
gobierno para generar conciencia aseguradora entre la
población. Las falencias actuales son, en ese sentido,
notorias. Las encuestas muestran que una apreciable proporción
de personas aseguradas desconocen cuál es la
compañía que les brinda la cobertura. A ello hay que
sumar la generalizada tendencia a optar por las primas más
económicas, sin prestar atención al grado de
protección que se contrata y al respaldo patrimonial de la
compañía.
El nuevo mercado asegurador exigirá también la
modificación de las dos leyes que actualmente lo regulan
(20.091 y 17.418), para lo cual ya existe una comisión que ha
encarado un estudio sobre el tema con financiación del Banco
Mundial.
Más productos
José B. Herrera, ex titular de la Superintendencia de
Seguros y actual director del estudio Proeco, opina que el mercado se
encamina a una mayor especialización, lo que ya se observa en
el sector de los seguros de vida y de retiro. El de los seguros
patrimoniales también se orientará en ese sentido, no
solamente por la definición de los negocios por parte de las
empresas, sino también por la incorporación de nuevos
productos, como la cobertura de los créditos hipotecarios,
para cuya explotación seguramente se constituirán
compañías especializadas. La Superintendencia ya
estableció los capitales mínimos ($ 3 millones) de los
que deberán disponer estas empresas, y al cierre de esta
edición estaba dando los últimos retoques al
régimen relacionado con las reservas que deberán
cumplimentar y con el nivel de inversiones que estarán
obligadas a mantener.
La consolidación del sector permitirá,
según Moroni, que alcancen una mayor difusión rubros
tales como los seguros de crédito comercial y los de
garantía extendida. (A través de estos últimos,
una compañía aseguradora asume el compromiso de brindar
el servicio de garantía postventa de un producto.) La
tendencia también favorecería la cobertura de riesgos
del sector agrícolo-ganadero (sequía,
inundación, temporales), que actualmente alcanzan un nivel
anual de primas de $ 50 millones, concentrado fundamentalmente en el
rubro granizo.
Los seguros que cubren los riesgos de incendio de la
vivienda familiar son otro de los rubros que, en opinión de
Moroni, debería alcanzar un mayor desarrollo, considerando que
“es muy barato en relación con los montos asegurados”.
Apertura y nuevas reglas
Con respecto a la apertura del mercado, Herrera sostiene que,
cuando se produzca, no será indiscriminada. “Habrá un
proceso gradual y racional, que comenzará a fines del
año próximo o comienzos de 1999. Primero se
daría por unidad de negocios y después por operaciones
que el mercado requiera. Los pasos iniciales en este sentido
podrían pasar por los seguros de vida y de retiro.”
Esta es una de las razones, afirma Herrera, por las que las
empresas que no están en condiciones de competir con las
grandes compañías del exterior analizan en la
actualidad la conveniencia de vender sus participaciones accionarias.
El motivo es fácil de comprender: a medida que se avecine la
apertura del mercado, el valor-llave de las empresas irá
retrocediendo, y en plena apertura puede ser prácticamente
nulo. En un mercado abierto las nuevas compañías
preferirán instalarse directamente con sus propias estructuras
y marcas.
Moroni afirma que existe la intención de comenzar a
resolver la cuestión de la apertura a partir del año
próximo, mediante la fijación de capitales
mínimos diferenciales para las nuevas empresas, “otorgando un
plazo razonable de adecuación a las nuevas normas para las
compañías que ya se encuentren operando”.
Sollitto, por su parte, acepta la apertura del mercado, pero
advierte sobre la necesidad de brindar a las empresas actuales un
plazo razonable para adecuarse. Según su apreciación,
la apertura no debe concretarse antes del 2000, aunque el cronograma
“tendría que darse a conocer cuanto antes, para que las
compañías adopten las medidas que consideren
convenientes. Es preciso tener en cuenta que durante la
Convertibilidad el sector soportó un quebranto superior a $
1.000 millones, cuya absorción no resultará
fácil”.
A esto hay que agregar, afirma, las complicaciones financieras
adicionales a las que deberán hacer frente las empresas que
acuerden con el Inder. Los aproximadamente $ 700 millones reclamados
a ese organismo corresponden a siniestros que tendrán
sentencia judicial en un plazo estimado de dos o tres años.
Como las empresas percibirán lo reclamado al Inder en un plazo
de ocho años con amortizaciones semestrales desde octubre del
año que viene, tendrán que hacer frente a ese desfasaje
financiero, “salvo que puedan descontar en una entidad bancaria y a
un costo razonable los títulos otorgados por el Inder, que
serán nominados en pesos”.
Si la incorporación de empresas del exterior se
acelera, el mercado ganará en transparencia y será
mucho más estable. Continuará siendo tanto o más
competitivo que ahora, pero las líderes del sector
evitarán entrar en una guerra de tarifas, como ocurre
actualmente en algunos rubros, donde los precios todavía
siguen sin respetar los principios técnicos mínimos.
Herrera se inclina a pensar que en un plazo de dos
años la cantidad de empresas que operan en el sector de los
seguros patrimoniales podría reducirse en más de 30%.
Los que vienen y los que están
Según reconocen los analistas del sector, numerosas
compañías extranjeras estudian con interés la
evolución del mercado, pero las decisiones de intervenir
están condicionadas a la definitiva solución del
problema del Inder y a la sanción de normas estructurales
mucho más estrictas. Estas expectativas se observan
también en los grupos locales importantes, que analizan
constantemente la conveniencia de permanecer en el negocio.
Otros consorcios nacionales toman posiciones en empresas de
menor envergadura con la única finalidad de lograr un volumen
de negocios suficientemente amplio como para facilitar su posterior
venta en bloque a operadores del exterior.
Por su parte, los holdings más importantes del
país (Perez Companc, Bunge y Born y Comercial del Plata)
tomaron la decisión de salir o negociar su salida del mercado
asegurador, pero en estos casos el motivo es muy distinto: concentrar
todos sus esfuerzos en el core business. En una situación
similar se encontraría el grupo Pescarmona.
A calificar
Para mejorar la transparencia del mercado, Herrera sostiene
que a partir del año que viene debería implantarse la
calificación obligatoria de las compañías. Esto
permitiría, afirma, “que la gente pueda determinar por
sí misma la solvencia de una empresa y no necesite consultar
permanentemente a la Superintendencia o a los brokers sobre las
cualidades patrimoniales de una determinada compañía”.
Moroni señala, por su parte, que la
calificación obligatoria es uno de los objetivos a mediano
plazo de la Superintendencia, de lo que se deduce que su
implantación difícilmente se concrete antes de 1999.
Para Herrera, la calificación obligatoria
acelerará el proceso de transformación y será un
factor muy importante para la depuración del mercado, que
deberá quedar constituido solamente por las empresas
más sólidas.
Claro que, en un mercado depurado, la Superintendencia que
fiscaliza a las empresas “debería estar dotada de mayores
recursos para realizar los controles en términos reales,
adecuándolos a los nuevos marcos estructurales”, razona uno de
los analistas consultados.
Sobre este aspecto, Herrera sostiene que el organismo de
control debe también presentar en plazos razonables las
estadísticas del sector. Con este elemento “las
compañías se encontrarán en condiciones de
planificar y realizar una mejor gestión de sus actividades”.
Esto no ocurre actualmente; la información sobre la
participación en el mercado de las empresas se procesa con
notable demora, como lo prueba el hecho de que en la primera semana
de octubre aún no se había dado a conocer la
participación en el mercado de cada empresa durante el primer
trimestre del año.
Nuevos gerentes, nuevas sociedades
Los analistas consultados por MERCADO coinciden
también en que la depuración del sector deberá
traer aparejado, inevitablemente, un cambio sustantivo en el
management de las compañías. Directivos que
evolucionaron en un mercado totalmente regulado, como era el de 10 o
15 años atrás, difícilmente cuenten con la
experiencia adecuada para desenvolverse en una plaza abierta y
transparente como la que se avecina.
El mercado enfrenta también la transformación
en sociedades anónimas de las empresas que actúan como
cooperativas, cuyas características especiales dificultan la
transferencia del control accionario o la fusión con otras
empresas. Sobre este aspecto, Moroni señala que la
Superintendencia está analizando la posibilidad de instaurar
un sistema similar al aplicado por el Banco Central para facilitar la
transformación de las entidades financieras de esas
características.
Con esa finalidad, se permitiría que las cooperativas
que lo deseen puedan habilitar una sociedad anónima que se
haría cargo de todos los activos y pasivos de la empresa, cuyo
control accionario quedaría a cargo de la cooperativa.
Cada compañía sería objeto de un
estudio particular, pero Moroni adelanta que “ya hay tres que se
mostraron interesadas en el tema”.
Mercoseguros
Con respecto a la constitución del Mercoseguros,
Sollitto señala que las negociaciones avanzan a un ritmo
razonable, aunque todavía falta salvar el problema del
reaseguro (en Brasil es oficial) y el de la transformación de
las cooperativas en sociedades anónimas (las
compañías brasileñas actúan solamente
bajo esta última estructura jurídica).
Estos inconvenientes serían superados antes del 2000;
por lo tanto, a partir de entonces las compañías
podrían instalarse sin problemas en cualquiera de los
países integrantes del Mercosur, “aunque para el seguro
extrafronteras todavía hay que superar numerosas
asimetrías existentes entre los dos países”, explica
Sollitto.
Los inconvenientes que impiden que una empresa argentina
pueda asegurar directamente desde su casa matriz (y viceversa) en
cualquier lugar del Mercosur se relacionan principalmente con la
carga fiscal que grava las primas. En la Argentina alcanza a 30%, en
tanto que en Brasil apenas llega a 4,5%.
Empresas a las que se revocó la autorización para
operar
Unión Panaderil (12.12.96)
Inca (2.7.97)
Libertad (1.8.97)
Alpes (14.3.97)
Tranquilidad (19.5.97)
Conosud (14.7.97)
Guía de lectura
Para la interpretación técnica de los balances, la
Superintendencia utiliza distintos indicadores que reflejan la real
capacidad de las compañías para hacer frente a sus
compromisos.
Uno de esos índices es el de solvencia frente a los
asegurados. Revela la posición financiera de la empresa en el
corto plazo, al relacionar los activos de amplia liquidez
(disponibilidades e inversiones de rápida realización)
con las deudas ciertas.
En este caso el desenvolvimiento financiero de la empresa
está en relación directa con la mayor relación
entre ambos importes.
Para los técnicos de la Superintendencia, el
índice es aceptable cuando los activos de fácil
realización cubren, como mínimo, 80% de las
obligaciones. Si la relación se reduce hasta 65%, las
posibilidades de la empresa de cumplir con todas sus obligaciones es
sensiblemente menor y el desmejoramiento se acentúa a medida
que el coeficiente se aleja de esta proporción.
El índice que revela la capacidad para hacer frente a
las obligaciones totales es el más representativo.
Además de reflejar la capacidad de pago de las obligaciones en
firme, incluye las obligaciones potenciales, resultantes de aplicar
las relaciones técnicas a las pólizas. Por lo tanto, es
el que se utiliza para analizar la capacidad de pago de la empresa en
el largo plazo. Toma en consideración todos los activos,
incluyendo los inmuebles y otros bienes de lenta realización.
De esta forma, al comparar activos totales contra deudas
totales, es aconsejable que la relación no sea inferior a 100%
(1 x 1), con una cobertura mínima de 80%. Por debajo de este
nivel, la empresa revela una evidente incapacidad para cumplir con
todos los compromisos resultantes de la explotación del
negocio.
Muchos especialistas son más exigentes que la
Superintendencia y consideran que los activos totales deben superar
en más de 20% el monto de los compromisos totales.
Los que reforzaron su patrimonio
Para una mejor evaluación de la situación actual
de las empresas, es importante analizar los aportes de capital que
efectuaron con posterioridad al 31 de marzo, fecha de cierre de los
últimos balances trimestrales dados a publicidad por la
Superintendencia de Seguros.
Los refuerzos de capital efectuados permiten observar los
esfuerzos realizados por los directivos para adecuar a las empresas a
las nuevas normas sobre capitales mínimos y reservas
dispuestas por el organismo de control. Por lo tanto, constituyen un
importante complemento de los distintos cuadros sobre la
situación financiera y patrimonial de las
compañías.
Estos aportes de capital incluyen los efectuados hasta
mediados de septiembre. En conjunto suman $ 116 millones y reflejan
la urgente necesidad de las empresas de consolidar su
situación patrimonial en un mercado donde la solvencia
pasará a constituir un factor fundamental de permanencia y un
elemento de persuasión esencial para conseguir nuevos
negocios.
Empresas que hicieron aportes de capital después del 31
de marzo
(Importes mínimos de $ 1 millón)
Compañía | Mes del | Importe |
Juncal Autos y | Mayo | 40.0 |
ING Insurance
| Abril | 13.5 |
Sud América | Abril, mayo y | 11.0 |
Juncal | Mayo | 8.5 |
Mapfre | Junio | 4.1 |
Generali Arg.
| Abril | 3.0 |
República | Junio | 2.0 |
Aetna Vida | Junio | 1.9 |
San | Abril, mayo,
julio y | 1.7 |
Juncal Vida | Mayo | 1.5 |
Cénit | Mayo | 1.4 |
Chubb | Junio | 1.4 |
Consolidar | Junio | 1.2 |
Generación | Abril | 1.2 |
Itt-Hartford | Mayo y junio | 1.2 |
Buenos Aires | Agosto | 1.0 |
Holando | Abril | 1.0 |
Metropol | Julio | 1.0 |
Otros | | 19.4 |
Total | |
|
Seguros de vida y de retiro
Mucho lugar para crecer
* El seguro previsional, que contratan las AFJP, sumará
este año negocios por $ 235 millones, que en 1998 se
elevarían entre 15% y 20%.
* Actualmente, en la Argentina suman 150.000 las personas que
contrataron algún tipo de seguro de vida. Las expectativas
elevan a 500.000 esa cifra para el año 2000, cuando el negocio
ya debería rondar los $ 500 millones anuales.
Este año el sector de los seguros de vida (individual,
colectivo, de retiro y previsional) experimentará una nueva
expansión. Sumará negocios por más de $ 1.500
millones, frente a los $ 1.250 millones registrados el año
pasado. La mejora abarcó a todos los rubros, aunque los
relacionados con el seguro de vida individual y de retiro son los que
se mostraron más dinámicos.
“Esta tendencia podría mantenerse en los
próximos años, debido a la creciente propensión
al ahorro que se observa en la población”,
señaló a MERCADO Francisco M. Astelarra, director
ejecutivo de Avira, la cámara que agrupa a estas entidades.
A ello se agrega el hecho, sostiene Astelarra, de que los
contratos tienen un plazo de vigencia mínimo de 20
años, lo que hace que el nivel anual de las primas percibidas
exhiba un sostenido crecimiento.
Oscar A. Schmidt, presidente de Metropolian Life,
señala que el nivel de actividad del sector se encuentra
estrechamente relacionado con el desarrollo de la fuerza de ventas.
“Hoy, cada una de las principales compañías del sector
dispone como mínimo de 400 vendedores exclusivos, que elevan a
más de 1.500 los que se encuentran desarrollando tareas en
esta área”, sin contar los vendedores de los bancos que
participan activamente en este negocio, especialmente el Galicia y el
Río.
Esta importante fuerza de ventas contrasta con el contingente
de 600 profesionales que ejercían esas funciones en 1966, el
primer año en que el sector organizó un sistema de
comercialización estable. En 1995 las principales
compañías que operaban en seguro de vida individual
aún se encontraban en la etapa de selección e
instrucción del personal para esta área.
A pesar del vigoroso crecimiento de la actividad, el seguro
de vida individual moviliza en la actualidad una suma que equivale a
menos de 20% del mercado del seguro de vida colectivo ($ 130 millones
contra $ 780 millones). Este es otro de los factores que avalan el
pronóstico de que el sector seguirá
expandiéndose a buen ritmo. En los países avanzados,
especialmente en Estados Unidos, la relación es inversa: el
seguro individual triplica al colectivo (US$ 70.000 millones contra
US$ 25.000 millones).
Actualmente, en la Argentina suman 150.000 las personas que
contrataron algún tipo de seguro de vida. Las expectativas
elevan a 500.000 esa cifra para el año 2000, cuando el negocio
ya debería rondar los $ 500 millones anuales.
Si se compara esa estimación con las previsiones para
este año ($ 130 millones) y para 1998 ($ 170 a 200 millones)
se observa la fuerte expansión que los directivos pronostican
para los próximos años, aunque a partir de esa meta la
incorporación de nuevos asegurados dependerá
fundamentalmente del grado de bancarización de la clase media
baja. Sin ese requisito, sostiene Schmidt, “podríamos vender,
pero se haría muy difícil la cobranza. El sistema basa
su funcionamiento en la posibilidad de realizar el débito
automático del importe de la prima, teniendo en cuenta que las
cuotas son mensuales y en los sectores de menores recursos alcanzan
montos pequeños”.
Las excelentes perspectivas que los operadores perciben en el
mercado se reflejan en la incorporación al negocio de empresas
internacionales. Por otra parte, compañías que contaban
con la autorización para operar desde 1994 o 1995
recién ahora están operando en forma activa. Entre las
que comenzaron a actuar con gran dinamismo en el mercado se
encuentran ING Insurance, Mony y Mass Mutual, estas dos
últimas de Estados Unidos.
Se espera, además, que muy pronto comiencen a
participar en el negocio los bancos europeos que compraron posiciones
mayoritarias en los bancos privados nacionales.
Blanco y negro
En el sector de los seguros de vida colectivos la
situación es totalmente distinta, debido, sobre todo, a que
las grandes empresas ya tienen contratado este tipo de cobertura, a
lo que se agrega una mayor agresividad comercial de las que operan,
lo que provoca mermas importantes en el nivel de las primas
concertadas.
Por ello, se pronostica para este rubro un crecimiento futuro
muy moderado, con tasas que oscilarán en torno de 5% anual.
En cuanto al seguro de retiro voluntario, su expansión
está fuertemente atada al desarrollo del sistema de
jubilación privada. A medida que las AFJP aumenten los
beneficios que otorgan y los afiliados se inclinen por contratar una
póliza de retiro previsional, los recursos de este sector
registrarán un fuerte impulso, que con el tiempo podría
alcanzar suficiente magnitud como para que las empresas del ramo
estén en condiciones de administrar una cartera similar a la
de las AFJP.
Por su parte, el seguro previsional, que contratan anualmente
las AFJP para cubrir los riesgos de enfermedad o muerte de sus
afiliados, exhibirá un crecimiento parejo con la
evolución del sistema previsional. Este año el rubro
sumará negocios por $ 235 millones, que en 1998 se
elevarían entre 15% y 20%.
Todas las compañías que intervienen en el
mercado de los seguros de vida administran una cartera de $ 1.500
millones, que para fines de año se elevaría a $ 1.700
millones, con la posibilidad cierta de que en el 2000 se acerque a $
3.000 millones, integrados fundamentalmente por instrumentos de renta
fija (títulos públicos y depósitos a plazo fijo
en los bancos), teniendo en cuenta que por exigencia oficial las
pólizas de seguro de vida garantizan a los asegurados una
renta anual mínima de 4%.
Las ventas offshore
El mercado de los seguros de vida continúa afectado por
las ventas de pólizas offshore, que, aunque disminuyeron algo
con respecto a las épocas anteriores a la estabilidad,
aún tienen una gravitación estimada en $ 250 millones
anuales en concepto de primas volcadas al exterior, que no pagan
ninguna clase de impuestos. La cartera de seguros en estas
condiciones se calcula en US$ 1.700 millones, que corresponde en su
totalidad a personas con ingresos superiores a $ 5.000 mensuales, que
muchas veces, sostiene Schmidt, desconocen que se trata de una
operación ilegal. Si se presenta algún problema,
afirma, las acciones judiciales deben encararse en el país
donde tiene su sede social la empresa aseguradora, que en la
mayoría de los casos están radicadas en los denominados
paraísos fiscales.
El ranking de los auditores
Pistrelli, Díaz y Asociados continúa
ostentando el liderazgo absoluto en materia de estudios de
auditoría en el mercado asegurador.
De las 30 empresas que ocupan posiciones destacadas en el sector,
Pistrelli audita a la mitad (50%), una participación muy
superior a la que exhibía hace un año (MERCADO de
noviembre de 1996), cuando ostentaba un share de 40% (sobre 25
firmas, auditaba a 10).
Las 30 compañías incluidas en el actual
análisis controlan más del 58% del mercado total.
El segundo lugar en este ranking corresponde al estudio
Arnaiz, Ruiz, Carreto y Asoc., con cuatro compañías
auditadas, lo que le otorga una participación de 13,3%.
En rigor, dos estudios cubren casi las dos terceras partes de
la clientela entre las empresas aseguradoras. Si se incluye a los
tres estudios que auditaban a más de una empresa (Harteneck,
López, Henry Martin y Jorge Comas) se desprende que entre los
cinco principales cubren más de 80% del mercado. Resulta
interesante destacar que estudios de la envergadura de Price &
Waterhouse, Deloitte y Touche y KPMG carecen prácticamente de
gravitación dentro del sector.
El ejemplo más notorio es el de Price Waterhouse, que
en este rubro carece de significación, a pesar de que en las
empresas industriales y comerciales mantiene una peleada paridad con
Pistrelli Díaz por el liderazgo.
Principales empresas del mercado
Compañía | Auditor |
Caja Seguros Vida | Harteneck, López y Cía. |
Omega | Héctor DAngiola |
Caja Seguros | Pistrelli Díaz y Asoc. |
Buenos Aires | Pistrelli Díaz y Asoc. |
San Cristóbal | Carlos Benítez |
Siembra Retiro | Pistrelli Díaz y Asoc. |
Segunda, Coop. | Jorge Comas |
Federación Patrimonial | Amigo, Valentini y Cía. |
Sancor | Jorge Comas |
Provincia Seguros | Pistrelli Díaz y Asoc. |
Mapfre Aconcagua | Pistrelli Díaz y Asoc. |
Bernardino Rivadavia | Arnaiz, Ruiz, Carretto |
LUA | Carlos Berra |
Patagonia | Pistrelli Díaz y Asoc. |
Bs. As.- N. York Vida | Pistrelli Díaz y Asoc. |
República | Harteneck, López y Cía. |
Zurich Iguazú | Pistrelli Díaz y Asoc. |
Sur Vida | Pistrelli Díaz y Asoc. |
Estrella Retiro | Henry Martin y Asoc. |
Sud América T. y M. | Pistrelli Díaz y Asoc. |
Provincia ART | Pistrelli Díaz y Asoc. |
Mercantil Andina | Arnaiz, Ruiz, Carretto |
Omega ART | Pistrelli Díaz y Asoc. |
Juncal | Henry Martin y Asoc. |
ITT-Hartford Vida | Pistrelli Díaz y Asoc. |
Visión | Arnaiz, Ruiz, Carretto |
Meridional | Arnaiz, Ruiz, Carretto |
Asociart ART | Pistrelli Díaz y Asoc. |
Federación Agraria | Osvaldo Ilundai |
Caja ART | Pistrelli Díaz y Asoc. |
Ranking por cantidad de empresas auditadas
Pistrelli Díaz y Asoc. (13)
Caja Seguros
Buenos Aires
Siembra Retiro
Provincia Seguros
Mapfre Aconcagua
Patagonia
Bs. As.- N. York Vida
Zurich-Iguazú
Sur Vida
Sud América T. y M.
Provincia ART
Omega ART
ITT-Hartford Vida
Asociart ART
Caja ART
Arnaiz, Ruiz, Carretto y Cía. (4)
Bernardino Rivadavia
Mercantil Andina
Visión
Meridional
Henry Martin y Asoc. (2)
Estrella Retiro
Juncal
Harteneck, López y Cía. (2)
Caja Seguros Vida
República
Jorge Comas (2)
Segunda, Coop.
Sancor
Las nuevas alternativas
Una de las transferencias accionarias más importantes
registradas durante el año en el sector asegurador tuvo como
protagonista a la empresa Boston, cuyo control accionario
compartían la compañía estadounidense Cigna
(31%) y el grupo local Bracht, de servicios y consultoría
(27%). El resto se repartía entre algunos miembros del
directorio y accionistas minoritarios que adquirieron sus tenencias
en la Bolsa.
En agosto se anunció oficialmente que la
corporación Unum, de Estados Unidos, había adquirido
72% del capital, que pocas semanas después se elevó a
98% como consecuencia del ofrecimiento a los inversores minoritarios
de adquirir todas sus tenencias a un precio similar al que
habían pagado por las acciones integrantes del paquete
mayoritario.
Unum es una corporación mundial que negocia sus
acciones en la Bolsa de Nueva York con ingresos anuales por US$ 4.000
millones y activos totales por US$ 15.500 millones. Su especialidad
es la cobertura de accidentes personales de cualquier naturaleza,
rubro en el que es líder a nivel mundial.
Según el presidente de Boston, Horacio A.
Sánchez Granel, la compra del paquete accionario por parte de
Unum permitirá incursionar en un mercado que en la Argentina
es muy limitado, con un campo de acción muy amplio entre
ejecutivos y personas que realizan actividades por cuenta propia.
Este tipo de cobertura está destinado a compensar
económicamente (en forma total o parcial) a la persona que
debido a un accidente no se encuentra capacitada para continuar
obteniendo sus ingresos habituales.
Estos nuevos rubros, señala Sánchez Granel,
estarían en el mercado a mediados del año
próximo, pero esto no significa que la empresa deje de operar
en los renglones tradicionales. Por el contrario, “nuestra
intención es acentuar la participación en estos
sectores”.
Aproximadamente 70% de los ingresos habituales de Boston se
origina en el sector corporativo, que en los tres últimos
años se caracterizó por una competencia “muy agresiva,
reflejada en los valores de las primas, que descendieron entre 50 y
70%”.
Esto explica, según Sánchez Granel, la
necesidad de la empresa de incursionar en rubros más rentables
para mejorar los resultados operativos, que “a pesar de todo
mostraron cifras en negro”.
En el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1996 obtuvo
beneficios por $ 1,4 millón que en el finalizado recientemente
se redujeron a sólo $ 123.000.
Computando los ingresos de las subsidiarias que operan en el
rubro vida y en accidentes de trabajo, las ventas totales del grupo
Boston alcanzaron en el ejercicio recién finalizado a $ 37
millones, que Sánchez Granel espera duplicar con holgura en un
plazo de tres años.
Para entonces, los seguros patrimoniales participarían
con 40% de las ventas totales. El 60% restante sería aportado
en porciones bastante similares por los seguros de vida, accidentes
de trabajo y los nuevos contratos derivados del rubro incapacidades
generales.
Este último renglón lo comercializará a
través de productores independientes y brokers, asesorados
directamente por la empresa.