La precaria tregua pactada para amortiguar el impacto de la salida de Domingo Cavallo estalló en mil pedazos, y en ese proceso de pulverización la opinión pública parece un testigo atónito de los sucesivos episodios de acusaciones y denuncias cruzadas.
Además de sus ribetes teatrales, la cuestión abunda en paradojas significativas. El presidente Carlos Menem y Cavallo disputaron, larga y amargamente, sobre la paternidad del modelo económico. Lo que tenía sentido cuando todavía no había aparecido, como uno de sus frutos amargos, el elevado nivel de desempleo. Puesto en escena este dramático problema -irresoluble a corto plazo-, Cavallo mostró su rapidez de reflejos, dejó de interesarse por la paternidad y descubrió la necesidad de combatir a las “mafias enquistadas en el poder”. Había que separar los costos políticos de los costos sociales y económicos
Como es sabido, el conflicto ha ido creciendo en tamaño y virulencia en los últimos días, y los distintos núcleos de poder de la Argentina y del exterior comienzan a interrogarse, con creciente preocupación, sobre las posibles consecuencias de esta incesante confrontación. Saben que, en algún momento, el conflicto debería tender a diluirse. Pero están cada vez más preocupados por las derivaciones que podrían observarse en la economía si esa tendencia no se manifiesta rápidamente.
La marcha de la economía
El temor apunta, básicamente, a que puedan desmoronarse los -tibios en algunos casos y más firmes en otros- indicios de una evolución positiva del nivel de actividad.
La cuestión acerca de la sustentabilidad de la actual fase de recuperación de la producción industrial y de la actividad en general no constituye un aspecto menor; en especial, porque de su buen desempeño depende, entre otras cosas, que mejoren la situación fiscal, la tasa de desempleo y, consecuentemente, la imagen del gobierno y de sus políticas frente a la opinión pública.
En términos generales, esta mejora en el nivel de producción y ventas se origina no sólo en una buena situación de precios internacionales. En el caso de la industria, al amparo de un ligero aumento en la disponibilidad de crédito, se estaría produciendo una cierta recomposición de stocks.
Por otra parte, no puede soslayarse que algunos de los comportamientos del mercado financiero local proveen algún soporte a esa mayor actividad (el pronóstico para todo el año es de un crecimiento de 2,5% a 3% del PBI, magnitud que se corresponde con la estimada a fines de 1995). Así, el volumen total de depósitos privados era, a fines de septiembre, $ 4.000 millones más alto que el existente al momento de desencadenarse el tequila. Aunque esos mayores recursos se han canalizado, preferentemente, a financiar los desequilibrios del sector público, una parte se ha traducido en crédito al sector privado.
En este marco, y frente a los acontecimientos de índole política que ocuparon el centro de la escena durante las últimas semanas, no pueden ignorarse los peligros que esa situación puede provocar sobre los síntomas de reactivación. El aumento de la incertidumbre puede afectar negativamente el nivel de actividad a través de múltiples mecanismos -incremento del riesgo-país o salida de capitales, entre otros- y, con ello, deteriorar un cuadro fiscal que, de por sí, no se muestra demasiado sólido para 1997, a pesar de las medidas de ajuste. En otras palabras, esta posibilidad puede introducir complicaciones en las relaciones con el FMI (cuyas exigencias parecen cada vez más duras), una pérdida de confianza por parte de los inversionistas locales e internacionales y, consecuentemente, conducir a un debilitamiento de la situación fiscal. Lo que a su vez podría plantear la necesidad de introducir nuevos ajustes y paquetes que no sólo deteriorarían la imagen del gobierno sino que también incidirían negativamente en el nivel de actividad.
Los debates en curso
Aunque inevitablemente impregnadas por el ánimo colectivo predominante, las recientes deliberaciones en el foro anual de Idea permitieron reintroducir en el debate público, siquiera por unos días, la discusión sobre ciertos aspectos de la política económica. En especial se destacó el contrapunto, en torno de la existencia o no de una política industrial, que protagonizaron Francisco Macri y el secretario de Industria y Comercio, Alieto Guadagni.
A juicio de Macri, una de las principales falencias del modelo es la ausencia de una activa política industrial y de comercio, en particular con respecto a Brasil. Señaló, además, que la secretaría del ramo “tiene desprecio por la reconversión que encaran las industrias…”. La réplica vino por dos lados. El ministro Roque Fernández dijo que “se terminó en el país la época de las políticas sectoriales”, aunque admitió que posiblemente “algunos derechos adquiridos se conserven”. Y Guadagni destacó que, precisamente, el sector automotor (a diferencia de lo que ocurre con la industria textil o los productores de bienes de capital) es el más beneficiado en ese terreno. Luego desgranó su conocida propuesta: “Tenemos que lograr una política industrial congruente con el fortalecimiento fiscal del Estado, sobre la base de mejorar la infraestructura de comunicaciones, la investigación científico-técnica y la educación, todas orientadas hacia las empresas”.En este punto, vale la penar tener en cuenta algunas cuestiones básicas. En un régimen de convertibilidad monetaria, las autoridades no pueden apelar a la política cambiaria como uno de los instrumentos orientados a inducir cambios en los precios relativos. A su vez, la política monetaria deviene en exógena y la capacidad de influir en las decisiones de gasto y acumulación depende, de manera crucial, de los resultados de la cuenta capital de la balanza de pagos. Esto es, si hay aumento de las reservas, la economía se monetiza, y con ello se eleva la capacidad de crear crédito.
Queda, entonces, la herramienta fiscal para encarar una política activa. Pero ello requiere que se cumpla con una condición: si el gobierno no está dispuesto a incrementar el endeudamiento para llevar a cabo acciones activas en el sector industrial, se necesita que las cuentas fiscales arrojen superávit. Y es sabido que, desde mediados de 1994, los resultados financieros del sector público son deficitarios.
De ahí que el propio Guadagni condicione la formulación de una política industrial a la presencia de un fortalecimiento fiscal del Estado. Pero las decisiones presupuestarias que ha adoptado la conducción económica ponen de relieve que la preocupación por la situación actual y futura de la industria no constituye un tema prioritario de su agenda. En el proyecto de presupuesto para 1997, los créditos asignados a la industria se reducen en 42% con respecto a las erogaciones probables acumuladas al cierre fiscal de 1996. Más aún, programas específicos destinados a la formulación de políticas, investigación industrial, control aduanero, etc., padecen recortes de importancia.