La parte variable de la cobertura de seguros de riesgos laborales
se fijará según el nivel de prevención de accidentes de
cadaempresa. Algunas ya comenzaron a realizar un autodiagnóstico
de su seguridad e higiene para mejorar su calificación
antes de contratar a una ART.
La nueva ley de riesgos de trabajo se orienta a que prevenir
resulte más económico que curar. La norma busca, ante todo,
reducir los siniestros en el ámbito laboral a través de la
prevención. Por esta razón, las condiciones de higiene y
seguridad
de los establecimientos incidirán en forma directa en el costo
de la cobertura.
El decreto 170/96 establece cuatro niveles según el grado de
cumplimiento por parte de las compañías de la normativa de
seguridad. En el primero o insuficiente se hallan quienes no
satisfacen las pautas básicas. Para adecuarse a la ley tendrán
un
lapso de doce meses. En el segundo escalón están los que
cumplen sólo con la fase primaria de prevención. Las ART les
darán un plazo máximo de dos años para encuadrarse plenamente
en el marco legal. Las empresas que responden de
manera integral a la normativa se ubican en el tercer estadio. Y
las que alcanzan valores superiores a los exigidos
conforman el cuarto nivel, de excelencia.
Aunque no se han definido aún los aspectos reglamentarios, se
sabe que cada aseguradora de riesgo fijará —en base a
parámetros comunes— el precio del servicio. Cotizarán su
costo por actividad y dispondrán quitas o plus de acuerdo con el
nivel en que se encuentre el cliente.
La alícuota de esta póliza se compone de una parte fija y otra
variable, que se determina según la categoría de seguridad
alcanzada por la firma. Así, una gran empresa puede equipararse
con una pequeña por este factor donde se combina la
prevención.
Cuestión de Actitud
“No es necesario invertir enormes sumas para la puesta en
marcha de los sistemas de seguridad. La actitud es gratis y hace
que
las cosas cambien”, sostiene Carlos Kaplan, director de la
consultora A&C.
El secreto del éxito de una ART está en la concientización de
los directivos de la compañía y de los trabajadores. Por eso,
la idea es que los ingenieros de seguridad e higiene de las
aseguradoras de riesgo actúen como asesores, más que como
simples inspectores.
“La falta de conciencia en este tema es bastante notoria.
Existió todo un régimen que llevó a no ver la prevención como
una parte más de la producción”, destaca Jorge Barral,
vicepresidente del Consejo Argentino de Seguridad. “Saber
que un
accidente origina una pérdida promedio estimada entre $ 7.000 y
8.000 puede poner en marcha el motor de los grandes
cambios.”
¿Cuántos elementos para evitar siniestros o enfermedades
profesionales se pueden adquirir con esos $ 7.000? Es posible
comprar, por ejemplo, 7.000 protectores auditivos o respiratorios
(los más baratos cuestan $ 1). Un disyuntor eléctrico
cuesta entre $ 40 y 50 y una célula fotoeléctrica, para
desactivar una máquina ante el primer peligro, $ 100.
Para determinar en qué nivel de seguridad se encuentra, cada
empresa deberá completar un formulario de
autodiagnóstico y otro de medidas anexas que fijará en forma
conjunta con la ART. “Algunos empresarios con buen criterio
ya se preparan para mejorar su categorización”, indica
Kaplan.
No se determinaron aún qué factores se analizarán en el
autoanálisis. Se sabe, no obstante, que abarcará algunos
aspectos
básicos del ámbito laboral, como los siguientes:
*Orden y limpieza de los espacios donde se desarrolla el trabajo.
*Identificación de residuos según su destino y compatibilidad
de almacenaje.
*Protección de salientes de máquinas e instalaciones.
*Manipulación y traslado de objetos.
*Control de incendios.
*Almacenaje de productos y sustancias peligrosas.
*Instalaciones eléctricas.
*Equipos y elementos de protección personal para operarios
expuestos a agresores físicos, químicos o biológicos.
*Condiciones de ruido e iluminación.
*Manejo de productos contaminantes.
*Infraestructura edilicia.
*Montacargas y ascensores.
Los inspectores de las aseguradoras verificarán que lo declarado
en el autodiagnóstico responda a la realidad. “Varias
firmas contrataron a expertos para evaluar sus plantas por medio
de una check list que responde a lo que se espera que
contendrá el formulario de autoevaluación”, comenta
Marcelo Zwiebel, director de la consultora Coniseht.
“Reconocen así
en qué categoría están y tratan, al mismo tiempo, de detectar
las modificaciones que les permitan avanzar en su
calificación.”
Los pedidos de asesoramiento proceden, mayoritariamente, de
empresas que emplean a más de 500 personas. Estas
compañías podrán negociar de forma directa con la aseguradora
de riesgo el costo de la cobertura.
“No podemos afirmar que con recetas sencillas es posible, en
todos los casos, resolver los problemas de prevención”,
advierte Zwiebel. “Se pueden aplicar métodos primarios como
las fotocélulas que paran la máquina cuando un individuo
acerca su mano a una parte peligrosa. Pero no hay duda de que
ciertos arreglos requieren inversiones considerables.”
Es obvio que en esta materia las plantas más modernas correrán
con ventaja frente a instalaciones fabriles tradicionales,
que fueron diseñadas con otros criterios de prevención.
“Un ejecutivo me preguntó qué hacía si lo obligaban a
cambiar toda
la instalación eléctrica de su planta”, recuerda Rubén
Gueler, director de Coniseht. “La cuestión no es tan así.
Se busca que
las instalaciones estén en buen estado como para encuadrarse en
las normas actuales. Pueden solicitarle a ese directivo, por
ejemplo, que coloque más disyuntores o seccione más el
sistema.”
La ART colaborará con el cliente en el diseño del plan de
perfeccionamiento para adecuar las estructuras a las reglas
actuales.
En el caso de que los empresarios no quieran realizar la
adecuación deberán pagar una multa de hasta $ 30.000. Las
firmas que no cumplan con el plan de mejoras entran en una
situación ilegal. Y en caso de suscitarse un siniestro pueden
ser procesadas por dolo, negligencia, impericia o estragos
culposos.
La aseguradora de riesgo está obligada a auditar el desarrollo
del proceso de readecuación de las instalaciones. “El mayor
plazo de ese acondicionamiento es de dos años a partir de la
firma del plan”, apunta Gueler. “No obstante, una
empresa
relativamente ordenada, moderna y con un buen staff ejecutivo
puede ejecutarlo en sólo tres meses.”