En poco más de 20 años la industria petrolera de Estados Unidos
ha producido cinco combustibles que han hecho cada vez
más limpia su quema:
• Gasolina sin plomo.
• Gasolina que se evapora más lentamente para reducir la
niebla industrial en el verano.
• Gasolina que se quema con más limpieza para reducir las
emisiones de monóxido de carbono en el invierno.
• Fueloil con 85% menos de azufre para reducir las
partículas que transmite el aire.
• Gasolina reformulada que reduce aún más las emisiones
que ocasionan niebla industrial, para el uso en áreas con serios
problemas de contaminación en el aire.
Como resultado de estos nuevos combustibles —y de mejoras en
el diseño y tecnología del automóvil— las emisiones de
los
caños de escape se han reducido en 96% desde la década del
‘60. Y los cambios adicionales que se introducen reducirían
las
emisiones de caño de escape restantes a la mitad para el año
2000, resultando en una reducción total del 98% desde la
introducción de los primeros dispositivos de control de la
contaminación.
El proceso comenzó en la década del ‘70, cuando la EPA
(Environment Protection Agency), estableció un programa para
reducir el plomo en la gasolina a fin de proteger los nuevos
catalizadores de platino en los sistemas de control de la
contaminación en los automóviles. La producción de gasolina
sin plomo pasó de cero en 1974 a 27% de la producción
estadounidense en 1980, y de ahí al 55% en 1983. Hoy, toda la
gasolina que se vende en Estados Unidos es sin plomo.
Pero para lograr los niveles de octanaje que se necesitan, la
industria del petróleo cambió el plomo por otros productos
químicos que hacen que la gasolina se evapore más fácilmente,
lo que aumenta las emisiones contaminantes. A fines de la
década del ‘80, el sector encaró este problema cambiando
los métodos de fabricación y reduciendo los ingredientes de
alta
volatilidad, tales como el butano.
En 1990 aparece la Ley de Aire Puro (Clean Air Act). Allí no
solamente se requiere el consumo de gasolina reformulada en
ciudades con serios problemas de contaminación del aire, sino
que mediante una fórmula se fuerza el uso de etanol
elaborado a partir del maíz.
La administración Clinton fue más allá de los límites de la
ley, que requería oxigenatos, pero no especificó qué tipo. El
gobierno dictó una regla que requería que 30% fuera etanol.
Esto hizo subir el costo del combustible y aumentó las
emisiones de óxidos nítricos. La queja de los consumidores ha
determinado que en la práctica se esté dando marcha atrás
con la gasolina reformulada con oxigenatos.
Para el año 2000, la Ley del Aire Puro requiere un tipo todavía
más avanzado de gasolina reformulada. Considerados en
conjunto, los programas de la Fase I y de la Fase II requerirán
unos US$ 14.000 millones en inversiones de las compañías
petroleras. Existe el riesgo, sin embargo, de que después de que
la industria haya gastado los próximos US$ 10.000
millones, el público rechace la Gasolina Reformulada Fase II y
los políticos den marcha atrás. En ese supuesto, el sector no
podrá recuperar sus inversiones.
La experiencia norteamericana señala el camino crítico a
transitar en este rubro ambiental tan trascendente para la
calidad
de vida en las grandes urbes. No se puede ir más allá de
regulaciones que impongan la eliminación gradual del contenido
de
plomo en las naftas y el consiguiente uso de convertidores
catalíticos. A los sustitutos del plomo hay que dejarlos
librados a
criterios de economicidad y eficiencia. El uso del etanol puede
servir a los intereses de algún sector pero influye en los
costos del combustible y puede tener efectos ambientales
adversos.
Por lo tanto, es una contradicción que en la Argentina se
produzca 70% de la nafta sin plomo (paga menos impuesto a los
combustibles) y que el uso del convertidor catalítico recién
sea exigible a partir de 1999 (decreto 875/94). La combustión de
nafta SP sin el uso de catalizadores es incluso más dañina para
el medio ambiente que la de nafta con plomo. El catalizador
agrega un costo de US$ 200-300 por unidad vehicular. Encarece el
vehículo. Pero los beneficios sociales de su uso
obligatorio son muy superiores. Hace varios años que Chile
impuso la obligación de contar con convertidores catalíticos.
Brasil estableció el uso obligatorio a partir del año pasado.