Las provincias (VI)

    Entre Ríos acumuló fuertes déficit en los últimos años que se tradujeron en un proceso de acumulación de deuda cuyo stock

    habría llegado a $ 415 millones en diciembre de 1994. El año pasado, la necesidad de financiamiento de la provincia

    alcanzó a $ 70 millones y fue financiada con un deterioro de los activos provinciales y con un incremento de los pasivos en

    exceso a los necesarios para pagar las amortizaciones de la deuda.

    Obviamente, las políticas fiscales basadas en una estructura de financiamiento como ésta no pueden ser duraderas,

    debido a que la reducción de los activos encuentra límites concretos, a la vez que este proceso de empeoramiento de la

    solvencia dificulta la posibilidad de que surjan agentes económicos (bancos, gobierno) dispuestos a financiar el incremento

    en los pasivos.

    Eso fue lo que pasó en 1995. La provincia vio disminuidas las posibilidades de seguir financiándose de la misma forma

    que en años anteriores. Por lo tanto, debió recurrir al uso de recursos corrientes para hacer frente al pago de sus

    compromisos financieros.

    Entre enero y julio de este año Entre Ríos vio retenido 24% de sus ingresos por coparticipación federal. Dado que la

    coparticipación representa 51% de los ingresos de la jurisdicción, es fácil imaginar el fuerte impacto que provoca un hecho

    de este tipo sobre las finanzas provinciales. Para superar esta situación, la provincia firmó un convenio con el Ministerio del

    Interior que le permitió acceder a financiamiento del Banco Mundial destinado a reformas estructurales y a mejorar su perfil

    de endeudamiento.

    Más allá de la difícil situación por la que atraviesa Entre Ríos durante este año, es importante analizar la estructura de

    los ingresos y gastos para poner en perspectiva sus posibilidades de alcanzar un equilibrio sostenible en sus cuentas a

    mediano plazo.

    Entre Ríos forma parte del conjunto de provincias que reciben un nivel de coparticipación federal per cápita superior al

    promedio de los 24 estados provinciales. Mientras que en 1995 la coparticipación totalizaría $ 305 por habitante en todo el

    país, la proyección oficial para Entre Ríos es de $ 472.

    Con respecto a los recursos tributarios provinciales per cápita, mientras el promedio para las 24 jurisdicciones se situaría

    alrededor de $ 317 en 1995, la cifra llegaría a $ 303 para Entre Ríos y a $ 163 para la región integrada por la Mesopotamia,

    Chaco y Formosa.

    Del lado del gasto, los números son preocupantes. Las erogaciones en personal como porcentaje del gasto total son

    superiores en la provincia al promedio nacional (54,5% frente a 51,5%). Esta diferencia se explica en parte por el alto nivel

    de empleo público, que en la provincia alcanza a 40 personas cada 1.000 habitantes, en comparación con 32 por 1.000 para

    el promedio nacional.

    ESTRUCTURA DEL GASTO

    La baja incidencia de los gastos de capital en las erogaciones totales es otra muestra de una deficiente estructura del

    gasto. Este índice se situó en 1994 en 9,5% para Entre Ríos, mientras que el promedio nacional exhibió un valor de 13,3%.

    Sin embargo, 1995 mostraría una mejora en la estructura del gasto para la provincia a la vez que se verificaría un deterioro

    en el agregado de las 24 jurisdicciones. La obtención de préstamos con asignación específica a gastos de capital por parte

    del sector público provincial explica este fenómeno.

    La provincia ya ha privatizado su banco y existen acuerdos con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial

    para concretar la transferencia al sector privado de la Empresa Provincial de Energía. Por otro lado, durante 1995,

    las cuentas públicas arrojarían un déficit inferior al de 1994, que medido como porcentaje del total de erogaciones

    sería considerablemente menor que el del consolidado de las 24 jurisdicciones.

    Aunque a un ritmo lento, Entre Ríos se encaminaría hacia un ordenamiento de sus cuentas públicas. Para que ello ocurra

    deberá hacer modificaciones estructurales en el gasto público, ya que del lado de los ingresos la situación luce

    razonablemente bien, especialmente en lo que hace a la alta recaudación de tributos de origen provincial.