– Las compañías podrían sumar, este año, $ 4.700 millones en primas, con lo que habrán registrado un saludable crecimiento de 17% con respecto al año pasado.
Pero la bonanza no es para todos, y abundan los casos críticos. Una de las tribulaciones más notorias del sector es la lentitud del proceso de liquidación del Inder, cuyas deudas pendientes de cancelación (evaluadas entre $ 1.800 y 2.500 millones) amenazan con estrangular financieramente a varias empresas.
También hay dificultades originadas en la propia resistencia de muchos operadores a someterse a una disciplina de eficiencia. Los costos (y particularmente las comisiones) siguen situándose en niveles excesivos si se los compara con los de otros mercados de similar tamaño –
Este año, el mercado asegurador alcanzará un nivel récord de operaciones. Hasta el 31 de agosto el valor total de las primas de seguros generales alcanzó a $ 2.982 millones, con una proyección de $ 4.700 millones para todo el año, que superaría en 17% la suma alcanzada en 1993 ($ 3.996 millones).
El salto podría repetirse en 1995, cuando los negocios totales se acercarían a $ 5.500 millones, y colocarían al mercado local en segundo lugar dentro de Latinoamérica, precedido sólo por Brasil, donde los negocios del sector suman alrededor de US$ 7.000 millones anuales.
El seguro de vida es uno de los que ofrece mayores posibilidades de crecimiento, tanto por la incorporación al mercado de las AFJP´s, como por la reactivación que muestran las pólizas individuales.
Además el seguro de crédito y el de alquileres muestran perspectivas de crecimiento interesantes, especialmente el primero, tanto por la expansión de la financiación que las empresas acuerdan a los clientes como por los altos costos de la securitización, que obligan a las empresas a volcarse a los
seguros para cubrir los riesgos de la cartera.
Sin embargo, la situación de las compañías de sector dista de ser cómoda, como consecuencia de la aguda competencia, que las obliga a operar por debajo de los valores técnicos de las primas. Muchas de ellas cerraron su último ejercicio con fuertes pérdidas, aunque esta situación, según el superintendente de Seguros de la Nación, Alberto Fernández, tiende a corregirse.
La mayoría de la empresas, sostiene Fernández, ya modificaron su política comercial, actualizando el valor de las primas, aunque ello afecte transitoriamente su participación en el mercado. Pero es la única forma, advierte, de lograr una plaza más transparente y consolidada. Un ejemplo, según Fernández, es el de Sud América Seguros, que desde hace seis meses aplica una política de estas características, con repercusiones muy positivas para el sector. Otras empresas siguieron su ejemplo, y hoy el promedio de las primas refleja una mejora.
El optimismo no es compartido, sin embargo, por el presidente de Inca, Eugenio P. Marinaro, quien señala que los agudos problemas financieros de muchas empresas y la creciente competencia hacen que la actualización de los valores de las primas se realice en forma muy lenta. Según su opinión, en
algunos rubros (como automóviles) el nivel promedio de las primas todavía se ubica entre 40 y 50% por debajo de los valores que deberían tener.
El rubro incendios -en otras épocas uno de los más rentables del sistema- se encuentra ahora en un punto de precario equilibrio. La reducción de los valores de las primas fue muy pronunciada en este caso: más de 60%. Este proceso se debió a la aguda competencia y a la decisión del gobierno militar de ordenar mediante una simple resolución, una reducción de 40% en las primas, que
posteriormente, por las razones conocidas, resultó imposible recuperar.
Raíces de la Crisis.
Para Agustín de Vedia, presidente de la compañía Aseguradores de Cauciones y titular de la asociación que nuclea a las empresas del sector, el mercado soporta todavía las consecuencias de la profunda crisis de los años anteriores a la vigencia del plan de convertibilidad. Sigue arrastrando, sostiene, elevados niveles de siniestralidad, especialmente en el rubro accidentes de trabajo, aunque, desde la entrada en vigencia de la nueva ley en la materia, se ha reducido notablemente el volumen de litigios.
A pesar de ello, el sector de accidentes de trabajo continúa acaparando la atención permanente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS). El motivo: el proyecto oficial destinado a establecer un novedoso sistema de protección al trabajador, que contempla la creación de nuevas
entidades (Administradoras de Riesgos del Trabajo), que a su vez serían supervisadas por una entidad que en determinadas áreas podría superponer sus funciones con la actual Superintendencia de Seguros. La Asociación se opone al establecimiento de un seguro obligatorio de estas características
y se inclina por el mantenimiento de la Ley 24.028, con algunas modificaciones. Si se opta finalmente por la creación de las Administradoras de Riesgo del Trabajo (ART), opina De Vedia, estas entidades deberían competir con las compañías de seguros, con la particularidad de que las ART puedan ser administradas por las empresas aseguradoras.
En las fuertes pérdidas de algunas empresas influyeron también los elevados costos operativos, entre los que se destacan las comisiones abonadas a los promotores. Al cierre del último ejercicio, la gravitación promedio de este rubro se situaba entre 23 y 24% del monto de las primas. Se advierte aquí una moderada reducción frente a los niveles de 25 y 26% que se registraban el año pasado, pero los nuevos valores todavía están alejados de los que podrían considerarse normales para un país como la Argentina, que, según Fernández, no deberían superar 18%.
Sobre la base de una facturación anual de $ 4.700 millones, las comisiones abonadas por encima de este nivel (entre 5 y 6%) representarían en promedio $ 250 millones.
Marinaro entiende que el problema se solucionará recién cuando el Instituto Nacional de Reaseguros (Inder) cancele totalmente sus deudas con las empresas. En las condiciones actuales, algunas compañías con serios problemas económicos y financieros siguen presionando sobre sus promotores
para que vendan más y para ello los incentivan con mejoras en su retribución. Mientras esta situación persista, la solución al problema de las elevadas comisiones no está cercana, afirma Marinaro.
Las deudas de Inder con el mercado todavía son un enigma; los cálculos más recientes las hacen oscilar entre $ 1.800 y $ 2.300 millones. Según las fuentes de que dispone De Vedia, la cifra sería algo mayor: $ 2.500 millones, que tardaría más de 10 años en saldarse con los recursos actuales de la entidad.
De esa suma, serían exigibles más de $ 500 millones. Los $ 2.000 millones restantes corresponderían a siniestros declarados pero que todavía no disponen de fallo judicial y, por lo tanto, aún no tienen fecha de vencimiento.
La Asociación viene estudiando desde hace tiempo los elevados costos operativos de las empresas, y para intentar reducirlos, considera de fundamental importancia iniciar una campaña de prevención de los siniestros. Con esa finalidad, constituyó una entidad civil, Prevención Vial Argentina, que
cuenta con el asesoramiento de una firma de características similares de Francia (Routier).
Con respecto a los inconvenientes que acarrea a las empresas operar por debajo de los niveles técnicos, De Vedia entiende que, en parte, esto obedece a la falta de valores de referencia adecuados.
Para reparar esa omisión, la Asociación trabaja en un programa estadístico, que en una primera etapa estará destinado al sector automotor, que, por su envergadura, absorbe prácticamente la mitad del mercado asegurador total. El trabajo tiene por objeto demostrar al mercado la experiencia global real. Sobre la base de la estadística, se podrán calcular tarifas de referencia, que no serán mínimas de mercado. Por lo tanto, las empresas no estarán obligadas a utilizarlas, pero serán una indicación técnica seria para determinar el nivel en el que deberían moverse las primas.
En cuanto a los elevados costos de explotación de las empresas, De Vedia estima que superan en alrededor de 40% los considerados normales en un país de características similares a la Argentina, como podría ser México. Según el directivo, la comercialización masiva podría influir en la reducción de los costos operativos, sin que ello afecte la actividad de los productores-asesores. Una de las mayores posibilidades de este sistema está en el rubro automotor: actualmente sólo se encuentra asegurada la mitad del parque, a pesar de la existencia de la norma que exige como mínimo el seguro de responsabilidad civil.
El Horizonte.
Las perspectivas del sector se consideran, en general, promisorias, aunque para José R. Herrera, un economista especializado en seguros que asesora a firmas de la actividad, la política de desregulación encarada desde el gobierno debió haber sido acompañada por una profundización en las estructuras de los balances, tanto en lo que hace a la contabilización de los activos como de los
pasivos.
Fernández no comparte esta apreciación; en su opinión, los balances reflejan con bastante aproximación la realidad, salvo en lo relativo al IBNR (siniestros ocurridos pero todavía no declarados). Actualmente hay un mecanismo para estimar esos siniestros, afirma Fernández, pero se requieren algunos ajustes para que refleje con mayor exactitud la realidad.
Según Herrera, en el conjunto de normas dictadas por la Superintendencia, faltó la sanción de un régimen que posibilite a las empresas una salida programada del mercado. Sería un retiro voluntario del sector, pero implementado con toda transparencia. De esta forma, se evitaría el actual régimen de liquidación, que deja a los asegurados en una situación de incertidumbre. Se fijaría una fecha
determinada a partir de la cual la empresa dejaría de operar. A partir de ahí, el grupo mayoritario debería presentar un plan -supervisado por el organismo de control- que contemple el pago de los siniestros pendientes, sin la intervención de terceros.
Fernández adelantó a MERCADO que un sistema como el mencionado se encuentra en vías de implementación, pero con limitaciones. Las empresas deberían mostrar un razonable equilibrio entre el patrimonio y las obligaciones; en el supuesto de que exista un desfasaje importante entre ambos rubros, la autoliquidación no sería practicable.
En esferas del gobierno se consideró que los problemas financieros que padece el sector podrían paliarse mediante la venta de las carteras de seguro de vida y de fallecimiento. Este proceso no dio los frutos esperados, por dos razones fundamentales: los montos que obtuvieron las compañías por
la venta de esas carteras no fueron tan grandes como se había estimado y en muchos casos, esos fondos no fueron incorporados al giro de los negocios de la empresa, al ser canalizados hacia otros fines.
Algo parecido puede ocurrir si finalmente se decide aplicar el mismo sistema con las carteras de accidentes de trabajo.
Si las autoridades deciden mantener la actual reserva de mercado (no permitiendo la incorporación de nuevas empresas) lo aconsejable, afirma Herrera, es que quien desee incorporarse a la plaza lo haga comprando directamente una compañía y no solamente una determinada cartera. De esta
forma se aseguraría el ingreso de capitales genuinos al sector.
Fernández señala que la Superintendencia se encuentra estudiando desde hace tiempo la liberación del mercado, pero no habría una libertad irrestricta para entrar. Una de las limitaciones que podría imponerse sería la relativa al capital mínimo. Ello no solamente evitaría el ingreso de “operadores no genuinos” afirma Fernández, sino que también contribuiría a brindar mayor solidez al sistema.
Marinaro no está de acuerdo con la apertura, aun imponiendo elevados capitales iniciales. Antes de pensar en abrir el mercado, afirma, deben saldarse totalmente las deudas del Inder con las empresas.
El seguro de salud, hoy atendido básicamente por las compañías de medicina prepaga y las obras sociales, parece ofrecer notables posibilidades de desarrollo. Ya existen en el mercado, sostiene De Vedia, compañías organizadas para explotar el rubro salud: “La única diferencia entre las compañías de seguros y las entidades que actualmente brindan el servicio está en la estructura empresaria; las compañías de seguros están obligadas a cumplir con estrictas exigencias sobre reservas técnicas.
Creo que la expansión de esta actividad vendrá por el lado del sector asegurador, que coexistirá sin problemas con las entidades que hoy prestan el servicio”.
Hacia los 15.000 Millones.
De Vedia afirma que en un plazo de cinco o seis años el sector asegurador podría generar negocios por más de $ 15.000 millones anuales, lo que representaría una expansión anual acumulada superior a 23% hasta fin del siglo. “Es una estimación bastante conservadora”, sostiene, “y si se confirma
colocará a la actividad en una posición muy relevante dentro del mercado de capitales argentino”.
Sobre la posibilidad de que ese mercado sea atendido por las empresas que hoy operan, De Vedia considera que la actual prohibición de incorporar nuevas empresas no podrá dilatarse indefinidamente y debería “solucionarse en un plazo razonable de dos años”. Después de que las empresas solucionen sus problemas de arrastre, el mercado debería caracterizarse, para el titular de
la Asociación, como de “fácil acceso para cualquier operador, pero de difícil permanencia”. Esto último marca el nivel de eficiencia que deben exhibir los operadores para mantenerse en un mercado muy competitivo y con elevadas exigencias técnicas y patrimoniales.
Fernández, por su parte, insiste en la incorporación de nuevos operadores, aunque por el momento se concrete a través de la compra o participación en empresas ya existentes. Con esa finalidad, impulsó el reciente evento auspiciado por el International Insurance Council, a través del cual más de
20 compañías de Estados Unidos analizaron el mercado argentino y estudiaron la posibilidad de incorporarse a la plaza mediante su asociación con una empresa local o directamente comprando paquetes mayoritarios de compañías.
La intervención de firmas extranjeras en la plaza local se hizo muy evidente desde fines del año pasado. Se estima que su gravitación actual está entre 30 y 40%.
La incorporación de nuevos operadores estará favorecida por la implementación del nuevo sistema de jubilaciones y pensiones, que obliga a las AFJP´s a contratar los riesgos de fallecimiento e invalidez con nuevas entidades de Seguro de Vida Previsional.
Esto permite que se incorporen a la plaza nuevas variantes de seguros, como universal life (ahorro y vida) y whole life (ahorro y capitalización), a las que se sumarán próximamente otras de mayor sofisticación. El rubro seguros de vida absorbe 16% del mercado total ($ 800 millones), que el año próximo puede elevarse casi al doble debido a la gravitación de los contratos de origen previsional, que absorberán entre $ 700 y $ 800 millones.
En el futuro, según la mayoría de los analistas, habrá que tener muy en cuenta, para una razonable depuración del sector, la calificación de las compañías por parte de las empresas especializadas en realizar esa tarea y que actualmente es obligatoria para todas las que recurran al mercado de capitales.
En el actual contexto, sin embargo, esto podría provocar fuertes cimbronazos en el mercado. Por esta razón, Fernández se inclina por una primera etapa optativa, en la que las empresas adopten esa actitud por propia iniciativa, con excepción de las de seguro de vida previsional, que deberán calificarse obligatoriamente.
A fines de marzo, según surge de los cuadros incluidos en esta nota, había dos empresas que exhibían patrimonio neto negativo, es decir, que las pérdidas que soportaron en los últimos años absorbieron totalmente el capital propio y las reservas. Tanto en lo que respecta a La Franco como a La Rectora, al 30 de junio la situación había sido solucionada, según Fernández. En el caso de la
primera, se fusionó con Acuario, formando La Franco Acuario, que además incorporó capitales de Conning & Company y de Penncorp, manteniendo cada una 25% del capital. La Franco Acuario explotará el sector seguros generales, mientras que con la cartera de seguros de vida de La Franco se formó una nueva empresa, La Franco Penn Life, en la que la compañía americana posee 60% del capital. En lo que respecta a La Rectora, el nuevo grupo mayoritario local habría aportado fondos que colocaron a la empresa en una situación ajustada a las disposiciones en vigencia.