La decisión del gobierno de acelerar los trámites para privatizar el servicio de correo, actualmente en manos de Encotesa, movilizó a las empresas que operan en el sector, preocupadas por la forma en que se llevará a cabo el traspaso. En el fondo de sus reclamos está el temor a quedar relegadas de la
nueva conducción. El decreto 1187/93 establece que el Estado retendrá la mayoría (51%) del capital y al personal corresponderá 14%. El resto (35%) pasará a manos de un operador privado que se hará cargo del management, pero la norma establece expresamente que debe ser un integrante de la
Unión Postal Universal, lo que en la práctica significa que se reserva la conducción de Encotesa a un correo oficial de otro país. Los inversores privados internacionales también están facultados para acceder a la conducción de Encotesa.
Armando Víctor Escaba, titular de CEPAC (Cámara de Empresas Privadas Autorizadas de Correo), que agrupa a doce empresas que en conjunto manejan cerca de 10% de la correspondencia global, sostiene que los lineamientos de la licitación deberían pasar por el Congreso, donde tendría que analizarse detenidamente la prohibición que hoy afecta a las empresas privadas locales de correos y a cualquier inversor nacional para presentarse en la licitación.
Escaba también cuestiona la forma en que el gobierno está intentando colocar a Encotesa en condiciones económicas y financieras atractivas para su privatización. Sostiene que la estrategia comercial de la empresa se está llevando a cabo mediante una competencia desleal, basada en la
posibilidad de fijar precios que no responden a sus costos reales. De esa política, agrega, surgen los déficit de Encotesa. Oficialmente no se conocen, porque la empresa no publica balances, pero, según la Auditoría General de la Nación, en 1993 alcanzaron a $ 80 millones.
Debido a la desregulación, sostiene Escaba, los correos privados más antiguos se encuentran hoy en medio de una tenaza. Por un lado, se ubican las empresas nuevas que operan con costos estructurales inferiores, debido a que no tuvieron que acceder en su momento a todas las exigencias que imponía Encotel, y las que actúan al margen de las disposiciones vigentes. Por el otro lado, está Encotesa, con su política de precios bajos, orientada a recuperar mercados perdidos.
CERCA DEL DUMPING.
“Con esa política, que yo calificaría como muy cercana al dumping”, afirma Escaba, “Encotesa trata de recuperar clientes que hoy las empresas privadas tienen en sus carteras, sin tener en cuenta que una parte significativa de su pérdida de mercado se origina en la decisión de distintos entes municipales y
provinciales, y de diversos organismos descentralizados, de realizar la distribución de su propia correspondencia, como una forma de mejorar la retribución de sus agentes”.
La reglamentación de la actividad de las empresas que actúen en el sector representa otro de los problemas que, según Escaba, resultará vital para lograr un mercado transparente, librado a una auténtica competencia, sin interferencia del Estado. La Comisión Reguladora, cuyas funciones y marco regulatorio también tendrían que ser aprobados por el Congreso, asumiría la doble
responsabilidad de otorgar certidumbre jurídica a quienes inviertan para mejorar la infraestructura de las empresas y de brindar igualdad de trato a todos los prestadores, teniendo siempre como meta principal el mejoramiento del servicio.
En la actualidad eso no ocurre, opina Escaba. Tanto Encotesa como la CNCT (Comisión Nacional de Correos y Telégrafos) dependen del mismo ministerio : “Los equipos y las personas pasan de integrar la sociedad controlada a la entidad controladora sin solución de continuidad”, sostiene. “Este régimen hace que el organismo de control carezca de independencia y objetividad y no cumpla con los fines que fundamentaron su creación.” Para Escaba, las normas regulatorias deben ser dictadas por consenso, para que la CNCT signifique para todas las empresas una especie de camino señalado y no una traba para el desarrollo del sector.