La minería está saliendo de la quietud que durante décadas caracterizó al sector. El primer paso en ese sentido, desde las esferas oficiales, consistió en elaborar las normas que permitieran destrabar un marco regulatorio de efectos paralizantes.
Como ejemplo de la tradicional ineficiencia de la acción gubernamental en el sector basta mencionar que hasta el año 1992 sólo estaba relevado 17% del territorio nacional, a pesar de que desde 1974 (cuando se sancionó la Ley 20.551, modificada posteriormente por la 22.095) sucesivos gobiernos
destinaron más de US$ 440 millones al fomento de la actividad, a través de distintos tipos de desgravaciones impositivas. Pero los estímulos fiscales no tuvieron ninguna repercusión positiva en la producción, que, por el contrario, experimentó un pronunciado descenso. De los $ 530 / 550 millones a que alcanzaba en 1987 descendió en 1990 a $ 400 millones. A partir de entonces se
insinuó una leve recuperación, que en 1993 llevó las cifras a $ 496 millones. Recién este año la producción podría recuperar los niveles de 1987.
Las exportaciones, constituidas básicamente por minerales no metalíferos, bórax, mármol y granito, registraron en 1993 un volumen de sólo US$ 53 millones contra importaciones que ascienden a US$ 350 millones, incluyendo las industriales de origen minero.
LUCES VERDES.
Sin embargo, con la sanción de nuevas normas promulgadas entre mayo y agosto del año pasado, se espera que la situación experimente un vuelco sustancial en los próximos años.
Una de estas leyes, la 24.196, se constituyó en la primera señal política para los inversores del exterior de que el gobierno realmente está dispuesto a fomentar el sector. Fue aprobada por unanimidad en el Congreso y apunta a lograr la estabilidad tributaria para el sector, un aspecto de fundamental importancia, debido a que la minería es una actividad de alto riesgo y de largo plazo.
Por lo tanto, la falta de seguridad en este sentido desalienta cualquier tipo de inversión.
Por esta norma se establece que durante el término de 30 años el gobierno no puede cambiar la ecuación fiscal existente en ocasión de concretarse el proyecto. Esta seguridad se avala mediante la entrega de un certificado a la empresa por el cual el Estado se compromete a reintegrarle la diferencia, en el supuesto de que por una norma provincial, municipal o de cualquier otra
naturaleza, se modifique la situación fiscal original en perjuicio de la empresa. La Argentina es el único país en el mundo que cuenta con este sistema, cuya implantación causó un gran impacto a nivel internacional. “Actualmente hay varios países que se encuentran estudiándolo para aplicarlo en su legislación”, señala el actual secretario de Minería, Eduardo Maza, quien también acompañó a Carlos Menem en ese cargo cuando era gobernador de La Rioja.
El sistema tiene, además, la ventaja de que carece de costo fiscal. La misma ley autoriza al Estado a descontar de la coparticipación federal de las provincias los importes que se vea obligado a reintegrar a las empresas por este concepto.
También dispone que la importación de maquinarias y equipos queda exenta de todo gravamen, y permite a las empresas efectuar una amortización acelerada (tres años) de las inversiones realizadas.
Por otra parte, permite deducir de las declaraciones impositivas hasta 100% de las inversiones realizadas por las empresas en prospección, exploración y en obras de infraestructura de tipo social vinculadas con el proyecto minero.
La norma posibilita también capitalizar hasta la mitad las reservas ubicadas, un factor indispensable a la hora de concurrir a los mercados internacionales para obtener financiación a largo plazo.
Otro avance significativo fue la sanción de la Ley 24.224, que modificó el Código de Minería, que data de 1889, adaptándolo a las condiciones en que se desenvuelve la actividad en la actualidad. Una de las modificaciones principales fue la implementada en el llamado canon minero, que abonan las
empresas para obtener el derecho a explotar un yacimiento. En teoría, es una concesión, pero en la práctica las empresas actúan como si se tratara de una propiedad privada.
En la legislación anterior este canon era irrelevante, lo que permitía todo tipo de especulaciones negativas para la actividad productiva. Las penalidades vigentes en el Código, a pesar de estar totalmente desactualizadas, tampoco se aplicaban. “Muchas personas pensaban que tenían minas, cuando en realidad sólo eran titulares de un trámite administrativo que se refería a un derecho
minero”, opina Maza.
Hoy, el valor del canon está relacionado, como en los principales países que explotan esta actividad, con los derechos que se adquieren.
La actualización de la legislación y la adopción de una política de divulgación en el exterior contribuyeron a que hoy operen en el país 60 empresas, entre las que se encuentran las principales del mundo.
EL MAS GRANDE DE OCCIDENTE.
La atracción que ofrece el país para las compañías mineras se justifica, según Maza, porque la Argentina posee, dentro del mundo occidental, la mayor superficie virgen y libre para captar inversiones externas. “El potencial es enorme, dado el escaso conocimiento que todavía se tiene de las posibilidades que pueden darse en materia minera”, explica el funcionario.
Esto no significa, advierte Maza, que la Argentina vaya a constituirse con el tiempo en un país minero. Pero sí que comiencen a explotarse todas las posibilidades que el país ofrece en esta materia, suficientes para elevar el potencial del sector a un nivel varias veces superior al actual. Es preciso tener en cuenta, además, que este auge tendrá un importante impacto en las economías regionales, puesto que la mayoría de los proyectos en ejecución se encuentran en zonas muy alejadas de los centros urbanos.
Sin embargo, para que la actividad desarrolle más plenamente su potencialidad todavía faltan dictar algunas normas que contribuyan a incentivar el interés de las empresas por participar en proyectos dentro del país.
Entre ellas se destaca una que prácticamente ya fue acordada con todos los sectores políticos. Es la relativa a la inclusión de la minería en la financiación del IVA, destinada a permitir a las empresas la obtención de créditos para abonar este impuesto que grava las inversiones. En la práctica actuará
como una devolución anticipada del IVA.
Como en la mayoría de los proyectos mineros los montos a invertir en infraestructura suelen alcanzar cifras muy importantes (más de US$ 100 millones), la gravitación de ese impuesto es muy significativa, y en proyectos de gran envergadura puede llegar a dificultar y aun a frustrar la operación por falta de financiación adecuada.
La sanción de una ley de protección ambiental para la minería es otra de las aspiraciones de Maza.
Los potenciales inversores necesitan conocer las exigencias del país en este aspecto, para evitar que nuevas normas obliguen a realizar inversiones adicionales, que podrían afectar la rentabilidad de las operaciones.
También se está analizando un proyecto destinado a modificar más de veinte artículos del Código de Minería, con la finalidad de que el trámite para la concesión resulte más simple, transparente y confiable. Las reformas previstas incluyen una cuestión que dará lugar a un intenso debate: la desregulación de los minerales nucleares, lo que implica eliminar el monopolio que ejerce en esta
materia la Comisión Nacional de Energía Atómica. Además, se prevé el otorgamiento de licencias exclusivas para la prospección aérea, un rubro al que Maza atribuye grandes perspectivas como polo de atracción de inversiones y de incorporación al país de tecnología de última generación.
Según las estimaciones de Maza, tras la sanción de estas disposiciones el país se encontraría en condiciones de captar inversiones en exploración por más de US$ 1.500 millones durante los próximos cinco años.
Mientras tanto, el Servicio Geológico Nacional, dependiente de la Secretaría de Minería, sigue avanzando en la confección de la carta geológica minera del país, que estaría finalizada en 1997 y para cuya realización destina US$ 15 millones anuales.
De esta forma, los distintos sectores económicos podrán analizar en detalle las posibilidades mineras del país, lo que a su vez alentará nuevos emprendimientos. Es una regla básica en minería (como en otras áreas) que los hallazgos están en relación directa con los gastos realizados en exploración.
EL GRAN SALTO ADELANTE.
Una idea de lo que se está haciendo en materia de exploración minera queda en evidencia con las cifras destinadas anualmente a estos fines. En 1991, el monto fue insignificante (US$ 1,5 millón), en 1992 se elevó a US$ 7 millones y en 1993 a US$ 15 millones. El primer gran salto se dará este año, con US$ 45 millones, y los observadores del sector auguran que en 1996 trepará a US$ 150 millones.
Una proyección similar se dará en las inversiones en proyectos productivos, que a partir de este año rondarán los US$ 300 millones anuales. Se espera que este avance se haga sentir fundamentalmente en el nivel de las exportaciones y en la disminución de las importaciones.
Las exportaciones proyectadas para 1996 alcanzan a US$ 330 millones. A partir de allí, el crecimiento estará condicionado por la concreción de nuevos proyectos y la evolución de los precios internacionales, que en los últimos años soportaron una pronunciada merma derivada de la recesión en los países industrializados.
Los principales rubros de exportación serán los de origen metalífero, particularmente oro, plata y cobre.
Luis García.
PASO A PASO.
La actividad minera se compone de cinco etapas muy definidas.
* La investigación de base, que efectúa el relevamiento geológico minero, conforma los mapas y realiza otros procesos de investigación general.
* La prospección determina la ubicación de los yacimientos en condiciones de ser explotados. La de carácter regional generalmente es realizada por el Estado, mientras que las empresas privadas se encargan de efectuarla en áreas más delimitadas.
* La exploración está destinada a evaluar la cantidad de mineral existente y cuánto cuesta ponerlo en condiciones de ser comercializado. Es la etapa más cara, porque deben realizarse inversiones de mucho riesgo.
* El desarrollo del yacimiento lo prepara para su explotación, y determina las obras de infraestructura que deben realizarse para ponerlo en condiciones operativas.
* La explotación es la última etapa del proceso, en la que el proyecto entra en la fase comercial.
UN PROYECTO DE 9.000 MILLONES.
Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, es el proyecto minero más importante del país.
La empresa que encarará la explotación es la UTE Minera Alumbrera, que surge de la asociación de dos empresas de primera línea a nivel mundial: Musto Exploration Bermuda y MIM Holdings, que mantendrán una participación accionaria de 50% cada una. Esta última actuará como operadora.
Ambas empresas firmaron un convenio con YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), titular del yacimiento, que recibirá 20% anual en concepto de regalía, una vez que las dos empresas internacionales recuperen el monto de la inversión, algo que, según el gerente del proyecto, Guillermo Jones, esperan concretar en un plazo máximo de cuatro años después de iniciada la
explotación.
Las compañías que llevarán adelante el proyecto se encuentran negociando con bancos internacionales la financiación de los equipos, mientras que la empresa especializada Fluor Daniel Wright, de Canadá, efectúa los últimos análisis sobre los costos de explotación, tarea que finalizará antes de fin de año.
A partir de ese momento, comenzará la etapa vital del proyecto: la realización de toda la infraestructura, que demandará una inversión de US$ 260 millones a concretar en un plazo máximo de 30 meses. A esa cifra hay que sumar US$ 340 millones en el equipamiento de las distintas plantas.
La inversión total, por lo tanto, se elevará a US$ 600 millones.
Cuando en enero próximo comiencen las obras civiles, se emplearán 2.000 personas en forma directa, sin contar las pertenecientes a las empresas contratistas. Los equipos deberán ser transportados por más de 100 camiones de gran porte, para lo cual la empresa pondrá a nuevo el camino de 155 kilómetros entre Andalgalá y Bajo de la Alumbrera.
El suministro de energía será aportado por una línea de 220 kilómetros a instalar desde la localidad de El Bracho, en la provincia de Tucumán, que igual que la remodelación a nuevo de la línea férrea hasta Deán Funes, en la provincia de Córdoba, será financiada con recursos de Minera Alumbrera, que
dispone de un patrimonio de US$ 250 millones.
Bajo de la Alumbrera es un proyecto destinado a la producción de oro y cobre, pero en el país sólo se producirá el mineral concentrado. Para la instalación de una planta refinadora rentable se requeriría una producción varias veces superior a la que tendrá el yacimiento.
En principio está previsto que 40% del mineral concentrado se exporte a Japón. Brasil, Bélgica y Alemania serían también países receptores, pero existe la posibilidad de que una quinta parte de la producción se derive hacia Chile, para lo cual sería necesario habilitar el paso San Francisco a través
de la cordillera.
Los trabajos realizados hasta ahora permitieron detectar reservas que permitirían obtener 550.000 toneladas anuales de material concentrado, durante un período que originalmente era de 17 años, pero estudios posteriores elevaron a 22. Este plazo podría extenderse aún más, a medida que avance
la explotación y se ubiquen vetas rentables.
Con la dimensión actual, en los 22 años previstos de explotación, los minerales ubicados determinan un valor aproximado de US$ 9.000 millones, que, a razón de US$ 400 millones anuales, serán volcados en su totalidad a la exportación.
Esta cifra, que comenzaría a concretarse a partir de 1998, tendrá efectos muy positivos sobre la balanza comercial y sobre las ciudades catamarqueñas de Andalgalá, Belén y Santa María, que a partir de ese momento tendrán una fuente de trabajo permanente para 800 personas, a las que se agregarán otras 2.000 pertenecientes a los proveedores.
Para el YMAD, cuyo capital está integrado por la provincia de Catamarca (60%) y la Universidad de Tucumán (40%), la explotación de este yacimiento representará un ingreso anual no inferior a US$ 80 millones, que surge de aplicar la regalía de 20% sobre la producción total. Este importe lo comenzaría a percibir desde el año 2002, después de que las empresas Musto y MIM recuperen la inversión. A su vez, la provincia de Catamarca recibirá a partir del momento en que se inicie la producción (1998) un canon anual de 3%, equivalente a unos US$ 12 millones.
BONANZA PARA CATAMARCA.
Otro de los proyectos en avanzado estado de ejecución es el del Salar de Hombre Muerto, ubicado también en la provincia de Catamarca, pero en este caso para la extracción de litio, que comenzará a producir comercialmente a partir de 1997.
La explotación estará a cargo de FMC, de Estados Unidos, que comparte el mercado mundial de ese mineral con otra empresa norteamericana: Cyprus Amax.
El litio se encuentra mezclado con la sal en napas subterráneas. Por esta razón, el proceso de extracción se basa en un sistema de evaporación, para lo cual la empresa ya construyó las respectivas piletas, que se complementan con una planta de producción piloto y un laboratorio, que adecuará su capacidad a la producción.
Las inversiones comprometidas en obras relacionadas con este proyecto alcanzan a US$ 50 millones.
Las reservas disponibles del mineral aseguran una explotación comercial durante 40 años.
Según las previsiones de los directivos de FMC, la planta a instalar en Catamarca podría ser similar a la mayor que posee la empresa, ubicada en Carolina del Norte.
El litio está considerado como material estratégico, a pesar de que su aplicación es muy variada: desde la producción de televisores, lubricantes y cerámicos hasta aleaciones livianas, baterías y pilas de larga duración.
De acuerdo con los directivos del proyecto, el Salar del Hombre Muerto puede constituirse en una de las fuentes del metal más productivas del mundo. Por esta razón, se desecharon otras alternativas, como los yacimientos existentes en Bolivia y Chile.