Después de recibir de golpe un bombardeo de mensajes publicitarios que apelan a la solidez de grupos económicos, y aluviones de folletos y charlas explicativas, más de 5 millones de argentinos empezaron a plantearse cómo imaginan su jubilación para el momento en que les toque cobrarla.
En esta primera etapa, los grandes sindicatos, las empresas con mejor organización de sus recursos humanos y los principales bancos están produciendo las primeras afiliaciones masivas al régimen de capitalización privado, encarnado por las administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP).
En julio (ya que se estiró el plazo legal) tendrá que quedar definido el resto del padrón: los indecisos irán llenando la ficha a medida que se acerque el cierre, ya sea porque la legión de promotores que ganaron la calle lograron convencerlos, o porque se sumaron a la elección de la mayoría de sus
compañeros de empresa. Con el devenir de los meses determinarán si les conviene seguir al rebaño (como decían en el comercial de una cerveza) o si emigran en busca de horizontes más promisorios.
Hay otra categoría, la de los desinformados, que optará transitoriamente en muchos casos por el sistema estatal, ya que la ley permite que después puedan pasarse al privado si lo desean (y no a la inversa).
SEGUNDA VUELTA.
José Herrera, asesor de la consultora Proeco, especializada en AFJP´s, pronostica un ballotage a toda orquesta para principios del año que viene.
El actuario José Mazzara recuerda el cronograma: “En mayo empezó el período de afiliación. Al principio será masiva, porque prácticamente las fichas iniciales son las cautivas, luego irá cayendo hacia fin de mes porque en ese lapso se concretarán los primeros frutos de las promociones; los indecisos son muchos aún y los restantes se definirán al final, que se estiró un mes más, hasta julio”.
El consultor Herrera agrega que “los aportantes podrán hacer, a partir de ese momento, el monitoreo del servicio, las comisiones y la rentabilidad de su cuenta individual y controlarla cada cuatro meses verificando si están acreditados los aportes y rentabilidad correspondientes”. Herrera recomienda
seguir con atención los siguientes puntos:
1) El valor de las cuotas-parte de cada uno de los fondos que administran;
2) El 2 de mayo debe quedar definido el aporte del encaje en el Banco Central más la Superintendencia, en función de los activos líquidos e invertidos en entidades financieras (títulos- valores), además de saber dónde se guardan.
3) Los manuales de organización, control interno, folletería y demás información para los afiliados y promotores;
4) Información acerca de las comisiones. El promedio se calcula en 3,25%, que incluye entre 2,2 y 2,5% de seguro para cubrir fallecimiento o invalidez, el que irá bajando (como sucedió en Chile).
PUNTOS OSCUROS.
Entre las dudas no resueltas está la cobertura por fallecimiento e invalidez, ya que en el país no existe experiencia siniestral al respecto y, por lo tanto, no es posible analizar el costo del seguro. En Chile, las comisiones médicas en 1981 eran de 3% y en 1994, de 0,8%.
Las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales indican un descenso de los registros por invalidez del 16 al 14%.
La cuestión asume trascendencia porque los fraudes inciden en las comisiones médicas, lo cual hace subir el costo de la prima y al mismo tiempo resta renta a la capitalización y oportunidades para que personas de más edad puedan elegir el sistema previsional de capitalización en lugar de verse obligados a quedarse en el de reparto.
Herrera advierte que la referencia para establecer el valor era lo que venía cobrando la Caja de Ahorro y Seguro por las coberturas, que hegemonizaba ampliamente. Pero ahora que está privatizada, ¿conservará esos rangos?.
Una vez cumplida esta barrida inicial de afiliaciones podrá saberse cuán cerca o lejos estuvieron las 21 entidades autorizadas del target propuesto. La medida estará dada por las adhesiones que vayan al Estado, ya que la suma de las estimaciones presentadas por las administradoras a la Superintendencia excede la cantidad de cabezas en juego.
La duda consiste en que, pasado junio, las AFJP quedarán con una planta de 20 mil promotores que firmaron contrato de locación de obra y el régimen vigente le otorga un plazo de 90 días para inscribirlos en la Superintendencia. Pero como muchas de ellas, sobre todo las que no disponían de sucursales para abarcar más posiciones físicas en el poco tiempo que les dejó la ley, tuvieron que reforzar las dotaciones, ahora están gestionando una prórroga de 90 días más para definir quiénes quedan. En un año, aproximadamente, permanecerá en planilla 35% de la cantidad actual.
MOMENTOS CRUCIALES.
La fecha clave siguiente del régimen implementado será el 15 de noviembre próximo, cuando los afiliados al sistema de capitalización podrán cambiarse por primera vez de AFJP. La batalla allí será por las fichas entre los promotores privados, que esgrimirán beneficios y atención de sus compañías para captar a los clientes de otras.
Herrera advierte que podría ocurrir que en dos meses se produzcan los primeros movimientos de fichas, y existe la duda sobre las limitaciones que se impondrán a los promotores para que trasladen cartera de una administradora a otra produciendo migraciones masivas. Las comisiones por ficha se acreditan cada cuatro meses.
El registro definitivo de promotores, donde constará el examen y reconocimiento de idoneidad, deberá hacerse en mayo de 1995.
El otro momento crucial llegará el 15 de enero de 1995, cuando los que decidieron permanecer en el Estado podrán mudarse a una AFJP sin resignar el proporcional del aporte que realizaron durante los primeros seis meses en que escogieron el sistema público.
Allí, todos los privados asaltarán el fichero estatal para convencer a los afiliados de que se pasen a la privada.
Parece que en un primer momento, a las AFJP´s no les interesa demasiado afiliar a personas que están cerca de la edad de jubilarse, aunque el Estado sí las recoge porque generarían más aportes, considerando que perciben remuneraciones mayores al promedio. Al salir del circuito disminuyen el
índice medio ponderado, mientras que si van al sistema privado lo suben. El Estado paga menos por esa medida ya que, a pesar de que junta más recursos no aumenta los beneficios. La prestación básica única se fijó en dos veces y media el promedio (AMPO).
Las AFJP´s tienen por lo menos seis o siete años de números en rojo hasta llegar al punto de equilibrio. En ese lapso, tienen que aportar permanentemente capital si es que no deciden retirarse del negocio. La compra del edificio, la conformación de equipos, la publicidad y el encaje del 2% de los fondos que administra constituyen una inversión que tarda en amortizarse.
LAS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS.
Para las oficinas de personal, el nuevo sistema jubilatorio no implicará necesariamente más tareas burocráticas, aunque sí un contacto fluido con la gente en las primeras etapas de dudas y consultas.
Deberán llenar la misma cantidad de formularios y efectuar los depósitos, igual que antes, aunque los empleados estarán más preocupados, a medida que vayan viendo cómo funciona el régimen, de verificar que sus empleadores no incurran en incumplimientos.
La consultora Proeco preparó un resumen de las obligaciones que tendrá que cumplir la empresa:
-No podrán condicionar o limitar la libertad de elección de una administradora, aunque si un empleado omite seleccionarla automáticamente lo incluirá donde esté la mayoría del personal;
-Tendrán que otorgar certificados de servicios prestados, remuneraciones y retenciones a los afiliados y beneficiarios, cuando éstos lo soliciten;
-Al comenzar la relación laboral, deberán requerir del trabajador una declaración jurada escrita que detalle si es beneficiario del sistema y con qué organismo;
-Descontar el 11% de las remuneraciones y aportar el 16% hasta un tope de $3.780, para efectuar el depósito a la orden del SUSS;
-Inscribirse como empleador y comunicar a la Superintendencia de AFJP toda modificación a su situación como tal en los plazos y con las modalidades que se establezcan;
-Dar cuenta a la autoridad de aplicación de las bajas que se produzcan en el personal;
-Remitir a la Superintendencia las planillas de sueldo y aportes del personal;
-Suministrar todo informe y exhibir comprobantes que le sean requeridos por la autoridad de aplicación;
-Los empleados podrán canalizar reclamos a su AFJP por la solicitud de incorporación, por identificación, por el vínculo jurídico, por la remuneración sujeta a descuentos, por irregularidades en la recaudación y por traspasos;
-Denunciar a la Superintendencia todo hecho o circunstancia concerniente a los empleados que afecte o pueda afectar el cumplimiento de las leyes nacionales de previsión.
LA EXPERIENCIA CHILENA.
Hace más de 12 años que funciona en Chile el régimen previsional privado, que a pesar de ser optativo congrega a 90% de los trabajadores en actividad.
Para los que estaban en el Estado y querían pasarse a las administradoras privadas existía un incentivo, que consistía en rebajar las cargas que gravitaban sobre los salarios, incorporando parte de esos descuentos a los sueldos líquidos, lo cual significó incrementos reales de 10 a 15%.
Después de todo este tiempo, cada año uno de cada cuatro afiliados cambia de administradora de fondos de pensión. Por obra de la competencia, las comisiones descendieron fuertemente: en este momento, el nivel se sitúa en cerca de 2,64% incluido el seguro por invalidez.
El sistema mueve US$ 17.000 millones al año, y el patrimonio contable de las 21 entidades que operan actualmente asciende a US$ 250 millones.
En las cuentas individuales de los afiliados que entraron al principio 40% corresponde a aportes y el resto a intereses, lo que equivale a una rentabilidad promedio anual de 14%. El mínimo estipulado era de 4%, pero hubo rendimientos de 29,7% en 1991 y de 3% en 1992.
La calidad en la atención se diferencia por detalles como la consignación de los saldos al día en cajeros automáticos, la información telefónica de las cuentas y el profuso material que se pone a disposición de los usuarios.
ACLARACIONES.
El Banco Europeo para América Latina (BEAL) hizo llegar a MERCADO una carta en la que señala que un cuadro publicado en la pág. 30 de la edición de marzo consigna erróneamente que el BEAL “ha sufrido en el año 1993 pérdidas por un valor de $ 6,2 millones”.
En realidad, la cifra incluida en el cuadro es correcta, y corresponde al balance cerrado el 31 de diciembre de 1992. Como tal, apareció en el último ranking de la banca de MERCADO (edición de octubre). En la nueva versión de la radiografía de los bancos que se ofrece en este número se reflejan los resultados del BEAL incluidos en el balance al 31 de diciembre de 1993: una ganancia de $ 300.000.
ISO 9000.
Con respecto a la nota “La ISO 9000 y cómo lograrla”, publicada en marzo, la compañía Shell hace saber que su refinería de Dock Sud y su planta de lubricantes ubicada en Barracas cuentan con sendas certificaciones ISO 9002, otorgadas por Veritas Quality International en 1993, y por Lloyd´s Register
Quality Company, en 1992, respectivamente.
“También en 1993, el laboratorio de refinería superó con éxito las pruebas a que fue sometido por la National Acreditation Measurement Service (NAMAS), un organismo del Reino Unido de reconocimiento internacional que audita y otorga certificados de calidad exclusivamente a laboratorios. En la práctica, una acreditación de NAMAS excede los requerimientos, para los laboratorios, de una certificación ISO 9002”, señala la compañía Shell.