Quejas y satisfacciones


    Originariamente, la ley para transformar YPF se ocupaba del redimensionamiento
    (venta de activos no estratégicos) y la apertura del capital.
    En un contexto de mercado desregulado, la petrolera estatal tenía
    que operar en condiciones eficientes. Hoy, la conciliación
    y las concesiones para destrabar políticamente el proyecto
    determinan la sanción de una norma mucho más amplia
    que, con el propósito de conformar a muchos, dejará
    a muchos insatisfechos.


    Desde el oficialismo se dice que no quedaba otro camino. La oposición
    ha comenzado a amenazar con que revisará todo cuando vuelva
    a ser gobierno. Mala señal para potenciales inversores.
    Lo importante es que YPF no termine siendo la Cenicienta de esta
    historia. Se trata de hacerla una empresa eficiente.


    Las provincias con petróleo y gas hicieron un buen arreglo
    con el Poder Ejecutivo para sumar un alineamiento parcial a la
    sanción del proyecto de ley de transformación de
    YPF. Llegan a un acuerdo en sus créditos litigiosos por
    regalías. Los montos acordados son significativos:


    US$


    millones


    CHUBUT 404


    SANTA CRUZ 480


    NEUQUEN 614


    RIO NEGRO 295


    LA PAMPA 63


    MENDOZA 634


    JUJUY 50


    FORMOSA 6


    Según el texto de la ley, esos créditos pueden ser
    aplicados a la compra de acciones de la nueva YPF.


    A las provincias con recursos petroleros les corresponde hasta
    39% del capital. Obviamente, el mercado dará el valor de
    referencia de las acciones tras la primera colocación.
    Pero, bajo el supuesto de que estos US$ 2.535,7 millones sean
    representativos del valor de 39% del paquete accionario de la
    nueva empresa, el Gráfico I muestra cómo se repartiría
    esta porción entre los distintos estados petroleros si
    todos aplicaran el total de sus créditos a la compra de
    acciones.


    Algunas provincias también serán beneficiarias de
    un pago en efectivo. Se trata de 10% de los montos que percibiera
    el Tesoro Nacional por la venta de las áreas centrales.
    Las cifras de este arreglo son las siguientes:


    US$


    millones


    CHUBUT 17.9


    SANTA CRUZ 22.5


    NEUQUEN 28.6


    MENDOZA 16.7


    T. DEL FUEGO 14.3


    Finalmente, las provincias obtienen la propiedad (dominio eminente
    u originario) de los yacimientos de hidrocarburos. Se trata de
    una cuestión más formal que práctica (de
    hecho, las provincias ya cobran las regalías como si detentaran
    ese dominio), pero satisface una reivindicación histórica
    y retrotrae la cuestión del dominio a los principios que
    establece el Código de Minería.


    El nuevo régimen deberá respetar derechos adquiridos
    mientras la propiedad de los hidrocarburos ha sido "dominio
    inalienable e imprescriptible" del Estado nacional. Es decir,
    será efectivo sobre yacimientos no alcanzados por algún
    derecho adquirido, o los que sean revertidos al Estado nacional.
    Las provincias podrán ejecer el poder de policía,
    y diseñar sus propias políticas sectoriales.


    Algunos cuestionan la posibilidad de aplicar este principio porque
    el mapa petrolero ya está repartido. Se concede a las provincias
    la propiedad de los hidrocarburos cuando ya hay derechos adquiridos
    en todas las cuencas en explotación y en los principales
    bloques exploratorios de las cuencas a explorar.


    Esto es cierto, pero también es verdad que todos los bloques
    sobre los que existen derechos adquiridos pagan o pagarán
    (en caso de descubrimiento y explotación) royalties a las
    provincias que pasan a detentar el dominio originario. La regalía
    es lo que importa desde el punto de vista práctico.


    Cuestionamientos o Preocupación.


    Para transformarse, YPF tiene que vender activos (destilerías,
    plantas de despacho, buques, acciones de Interpetrol, etc). A
    su vez, la YPF transformada colocará acciones en los mercados
    de capitales (esquema anticipado por Carta Petrolera de enero).
    El Estado nacional poseerá por lo menos 51% de las acciones
    de la YPF transformada. El producto de la venta de activos y de
    las acciones que corresponden al Estado nacional se va a destinar
    a paliar el problema previsional. Los US$ 3.000 millones involucrados
    en este paquete permitirían a los jubilados un aumento
    de sus haberes para alcanzar el 82% móvil. Sin embargo,
    la clase pasiva teme ser nuevamente víctima del oportunismo
    político.


    Los que no están conformes con la ley de transformación
    de YPF constituyen un universo heterogéneo que incluye
    a indignados y preocupados. Los primeros tienen un rechazo ideológico
    al cambio estructural en el sector hidrocarburos y por ende a
    la transformación de la petrolera estatal.


    Conciben al petróleo como recurso estratégico y
    no aceptan que el Estado renuncie a su protagonismo en el sector.
    Según esta visión, YPF debe ser más eficiente,
    pero siempre controlada por el Estado, de cuya política
    petrolera debe ser ejecutora.


    Los preocupados, en general, aceptan el llamado proceso de desregulación
    sectorial. Subrayan la importancia de la apertura a la inversión
    y destacan la necesidad de que el mercado funcione competitivamente.
    Aquí vienen las preocupaciones sobre la propuesta de transformación
    que se lleva adelante. Algunos, que no confían en el comportamiento
    competitivo del mercado argentino, creen que una YPF totalmente
    privada tenderá a fomentar prácticas colusivas en
    desmedro de los intereses del consumidor. Hace falta una empresa
    testigo. Otros piensan en la empresa testigo como herramienta
    impulsora del desarrollo del sector. También están
    los preocupados por el tamaño relativo que seguirá
    teniendo la YPF transformada en el mercado argentino. Estos preferirían
    la alternativa de una YPF dividida en tres o cuatro subempresas
    que luego se privatizarían. Finalmente, están los
    que creen que el proyecto de transformación ha transitado
    demasiadas instancias políticas


    que lo han alejado de su objetivo original: lograr que la YPF
    transformada se convierta en una petrolera eficiente.


    Nuevo Marco Legal.


    Al modificar el régimen de propiedad de los hidrocarburos,
    la ley de transformación de YPF determina la necesidad
    de introducir cambios a la ley 17.319, vigente desde 1967. A pesar
    de su permanencia en el tiempo, la ley que ahora debe modificarse
    pocas veces fue aplicada tal como se la concibió. Diferentes
    gobiernos prefirieron llevar a cabo diferentes políticas
    petroleras sin modificar la ley. La reforma de la ley de hidrocarburos
    abre una serie de interrogantes entre los actores del mercado
    y los potenciales inversores. Todos reconocen, sin embargo, que
    el nuevo contexto petrolero argentino impone algunas adecuaciones
    de las normas vigentes.


    * Es necesario dar jerarquía legal a los decretos de desregulación
    de la industria. Los decretos 1.055, 1.212 y 1.589 de 1989 fueron
    dictados como decretos de necesidad y urgencia con las facultades
    conferidas al Ejecutivo por las leyes de emergencia. Por esta
    razón, y porque estos decretos avanzaron sobre algunas
    disposiciones de la ley 17.319, una futura modificación
    de la ley debería convalidar esta situación. Los
    puntos a modificar en este aspecto son: régimen impositivo,
    tamaño de los permisos de exploración y concesiones
    que pueden adjudicarse a una empresa y contratos transformados
    en concesiones.


    * Otro aspecto que deberá contemplar la reforma de la Ley
    es su adecuación a un escenario en el cual, luego de la
    aprobación del marco regulatorio del gas y la reforma societaria
    de YPF, no van a existir empresas estatales tal como las concibiera
    la Ley de Hidrocarburos ("elementos fundamentales en el logro
    de los objetivos de la ley"). Estos objetivos son: tender
    al autoabastecimiento y mantener e incrementar reservas que aseguren
    esa finalidad.


    En un contexto desregulado y sin empresas estatales con roles
    protagónicos, tampoco resulta coherente mantener la preferencia
    de compra de todo el gas producido en favor de Gas del Estado.


    * Mientras la producción nacional no alcance a cubrir las
    necesidades internas, debería debatirse la necesidad de
    reformar la norma que obliga a todas las refinerías locales
    a consumir el crudo nacional. Esta disposición, sumada
    a la facultad otorgada al Ejecutivo de establecer precios internos
    para los crudos nacionales cuando está vedada la exportación,
    no se compadece con la apertura e internacionalización
    que caracteriza hoy al mercado.


    * La provincialización de la propiedad de los yacimientos
    debería ser conciliada con una reforma que asegure un sistema
    legal común para regir la explotación de los hidrocarburos,
    como es el caso de la minería con el Código Nacional
    que se aplica en todas las provincias desde el siglo pasado. También
    es importante que las regulaciones vinculadas con la explotación
    de los yacimientos, como las normas de protección ambiental,
    sean también específicas y comunes para la industria,
    y de aplicación uniforme en todo el país.


    A contrapelo de las nuevas reglas de juego.


    Los turistas de la temporada invernal lo habrán advertido.
    El que cargó nafta en El Bolsón pagó casi
    la mitad de precio que quien acudió a un surtidor en Bariloche.
    Los escasos kilómetros de distancia no justifican la diferencia
    de precios, y esto no tiene nada que ver con la libre operación
    del mercado en la zona. Por arbitrio del decreto 897/92, los combustibles
    que se vendan al sur de una línea que divide a la Provincia
    de Río Negro en dos partes y que incluye el resto de las
    provincias patagónicas, han sido exentos del pago del impuesto
    a los combustibles.


    La medida (de dudosa validez constitucional) intenta promover
    el desarrollo de esa región.


    Lamentablemente, vuelve a acudirse a la herramienta del subsidio
    explícito, que tantas distorsiones generó en el
    pasado económico argentino. Aunque el gobierno lo pretenda,
    la situación será de difícil control. La
    distorsión de los precios relativos desalentará
    la sustitución de los combustibles líquidos por
    el gas natural comprimido (la diferencia de precios es poco significativa
    y desalienta las inversiones que requiere la instalación
    del GNC). Vendrán los problemas de sobre y subfacturación
    y las demandas para que el favor se extienda a otros productos
    o abarque otras regiones.


    Aunque el problema pasó inadvertido, establece un precedente
    nocivo en el funcionamiento de las nuevas reglas de juego. Por
    cierto, los habitantes patagónicos favorecidos por este
    nuevo subsidio implícito, deben creer que la magia de la
    desregulación puede generar estos beneficios. La pérdida
    fiscal, que puede estimarse en US$ 72 millones por año,
    podría utilizarse, recaudación mediante, para subvencionar
    explícitamente proyectos de inversión rentables
    que aseguren nuevas fuentes de trabajo en la región.


    Este análisis se complementa con el mapa que establece
    la nueva divisoria de aguas en lo que respecta al impuesto a los
    combustibles (GRAFICO II).


    Horizontes estratégicos.


    AGUAS ARRIBA.


    La producción de crudo en la Argentina llegará a
    alrededor de 31,5 millones de m3 en 1992. Este notable crecimiento
    de la oferta permite mantener saldos exportables en el futuro
    próximo.


    Especialistas del sector estiman que el techo de producción
    argentina, con los actuales precios del crudo -y de no mediar
    un descubrimiento significativo- se estabilizará en los
    32 millones de m3 anuales. Con este horizonte de oferta, cualquiera
    sea el escenario de crecimiento económico que se asuma,
    en los próximos diez años la demanda interna alcanzará
    la oferta doméstica de crudo, y a partir de allí
    la balanza comercial petrolera argentina pasará a ser deficitaria.
    Cuanto mayor sea el ritmo de crecimiento del PBI, más rápidamente
    se producirá el cruce de las curvas de oferta y demanda.
    Hoy, con un mercado sobreofertado, el crudo se ha negociado a
    precios que han seguido la referencia export-parity. En un mercado
    futuro sobredemandado, el negocio de oportunidad estará
    dado por la referencia import-parity.


    YPF aguarda la venta de activos que le permitan cumplir su objetivo
    de redimensionamiento. Tal vez este proceso le permita equilibrar
    mejor su relación producción / industrialización.
    Hoy compra algo de crudo en el mercado para suplir la necesidad
    de carga de sus destilerías. Esta situación lleva
    a


    algunos a preguntarse si YPF produce todo lo que necesita para
    atender su parque industrial. Desde el punto de vista estratégico,
    el interrogante está mal planteado. En el nuevo contexto
    de reglas de juego, la pregunta relevante es: produce YPF lo óptimo?


    Lo que el proceso de desregulación ha optimizado es el
    costo de los fletes marítimos para transportar crudo en
    la Argentina. Como a su tiempo lo anticipara Carta Petrolera,
    la desregulación de la industria arrastró la desregulación
    de otros mercados. La flexibilización del régimen
    laboral que


    afectaba el mercado de fletes marítimos ha permitido una
    significativa reducción de costos que se ha traducido en
    una mejora de los precios que recibe el productor de crudo.


    Mientras tanto, sigue teniendo prioridad estratégica la
    inversión en logística portuaria. La internacionalización
    del mercado, facilitada por las inversiones en infraestructura
    portuaria que reduzcan los costos de entrada y salida, opera elevando
    la paridad de exportación para el productor, y bajando
    la paridad de importación para refinadores y comercializadores
    que eventualmente


    compren en el mercado externo. La reducción de la brecha
    que separa las cotas paridad de importación y paridad de
    exportación que rigen el negocio de oportunidad trasunta
    la mayor competitividad del mercado interno con respecto al mercado
    internacional. El gran beneficiario es el consumidor.


    Los productores de crudo se quejan de que la exportación
    de petróleo tiene en la Argentina protección negativa.
    Si bien ya no rige el Derecho de Estadística de 3%, la
    producción de crudo requiere insumos que se deben importar
    pagando un arancel de 22%.


    AGUAS ABAJO.


    Los movimientos estratégicos en el área de comercialización
    siguen generando discusiones. YPF, con su plan para otorgar ahora
    ocho franquicias regionales y preservar con control directo el
    mercado de Capital y Gran Buenos Aires, continúa cediendo
    posiciones a manos de la competencia. El crecimiento más
    espectacular en el segmento de comercialización lo ha exhibido
    Astra, cuya


    participación en el mercado de las naftas pasó de
    1% a 3,7%. Si el crecimiento se produce fundamentalmente a expensas
    de YPF, será cuestión de articular estrategias.
    Astra comercializa nafta que le vende YPF.


    INDICE DE COSTOS PETROLEROS


    MES/AÑO INDICE INDICE


    PERFORACION PRODUCCION


    Marzo 91 391.52 296.39


    Noviembre 91 353.74 286.92


    Febrero 92 351.47 275.84


    Mayo 92 345.18 262.96


    La batalla por la nafta ecológica fue una estrategia bien
    montada por YPF y Shell. La publicidad sigue convenciendo al público
    consumidor de las ventajas para el automotor y para el medio ambiente
    del uso de combustible sin tetraetilo de plomo. Lo que el gran
    público ignora es la necesidad de una estrategia oficial
    sobre el tema. He aquí uno de los temas estratégicos
    que impone el nuevo rol de la Secretaría de Hidrocarburos
    (ver Carta Petrolera de junio). En realidad, debería establecerse
    un sendero de reducciones paulatinas del contenido de plomo en
    todas las naftas. Podría comenzarse con una cota máxima
    de 0,6 gramos de plomo por litro e ir reduciendo con un cronograma


    predeterminado esta cota exigible a todas las naftas. Se podría
    premiar impositivamente a aquellas naftas que se vendan con niveles
    de plomo que estén por debajo de la exigencia requerida.
    El estímulo impositivo serviría para financiar parte
    de la inversión en reconversión de refinerías.


    El esquema actual permite que el contenido de plomo que se reduce
    en la nafta ecológica aumente el contenido de plomo de
    la nafta que se expende sin esa especificación. La falta
    de régimen lo permite. Mientras esto suceda, el consumo
    de nafta ecológica puede ser bueno para el automotor, pero
    desde el punto de vista ambiental el efecto es nulo.


    La estadística inhallable.


    Esta segunda entrega de los índices de costos de perforación
    y producción (Ver cuadro y gráfico en pagina anterior)
    refleja que, con respecto a los niveles de marzo de 1991, se mantiene
    la tendencia a una leve deflación. En el caso de la industria
    petrolera, la deflación de costos está inducida
    fundamentalmente por la competencia de los insumos importados,
    mientras persiste la estabilidad


    en los costos laborales.


    Las numerosas consultas recibidas sobre la estimación del
    costo de producción promedio por barril en la Argentina
    hacen necesario ofrecer, en esta edición, el cálculo
    del análisis realizado por Carta Petrolera. El costo promedio
    por barril, según estimaciones propias, está entre
    US$ 12 y 14.