El proceso de privatización de Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), el gigante obsoleto y deficitario que atiende las necesidades de 12 millones de habitantes, en una superficie de 13.800 kilómetros cuadrados, progresa con fluidez, de acuerdo con el cronograma previsto y sin las fallas y “desprolijidades” que surgieron en otras empresas gubernamentales transferidas a la actividad privada.
En la primera quincena de noviembre se realizó la preinscripción de interesados en ofertas sobre el parque de generación. A fines de diciembre concluyó la confección de los pliegos de las centrales Puerto (ex Italo) y Puerto Nuevo (Segba), que salieron a la venta en los primeros 15 días de enero. A mediados de mayo debía comenzar la transferencia de Segba a los adquirentes privados, pero ya desde el 1º de abril las empresas chilenas que se las adjudicaron están a cargo de las plantas.
La central Costanera, la tercera de las grandes usinas térmicas de Segba, ha pasado también por las etapas previstas para su privatización. Dos consorcios, ambos encabezados por empresas de Chile, resultaron preadjudicados para presentar ofertas económicas. Pero uno de ellos anunció sorpresivamente el 13 de mayo que desistía de hacerlo, en lo que se interpretó como una consecuencia de la inquietud en algunos medios gubernamentales y castrenses por el preponderante papel que iban adquiriendo las compañías chilenas en el sector energético argentino.
La restante compañía chilena, en asociación con empresas argentinas y una norteamericana, resultó adjudicataria de 60% del paquete accionario de la central Costanera, a finales de mayo.
En cuanto a la privatización de la red de distribución eléctrica, cuyos pliegos licitatorios salieron a la venta a fines de mayo, el interventor de la empresa, Carlos Mattausch, confía en que en agosto o septiembre, como máximo, se concretará la transferencia.
DIVIDIR PARA PRIVATIZAR.
La privatización de Segba ha ofrecido menos dificultades que las que se observan en el caso de Agua y Energía, la otra gran empresa estatal, creada en 1947, que actualmente suministra fluido eléctrico a 20 provincias, a través de sus 95 usinas. La razón reside sencillamente en que Segba es un complejo más integrado y con una zona de actividad mejor delimitada.
La Asamblea de Accionistas de Segba, reunida el 4 de diciembre pasado, aprobó modificaciones que el interventor Mattausch presentó como indispensables para acelerar la privatización. En primer lugar, se eliminó el artículo del Estatuto Social de Segba que subordinaba a una autorización previa, por ley del Congreso, cualquier enajenación de acciones que importara la pérdida de la proporción mayoritaria del Estado. Así se desbrozó el camino para las transferencias en las licitaciones que siguieron, de 60% de las acciones de las tres centrales de Puerto Nuevo, Nuevo Puerto y Costanera, como también de los paquetes accionarios de los sectores de la empresa aún pendientes de privatización.
La resolución más significativa fue sin duda la de subdividir Segba, a los fines de su privatización, en ocho unidades de negocios. Hasta ese momento la empresa estatal era de las denominadas “integrales”, ya que generaba, transmitía y distribuía energía.
Segba quedó escindida en las siguientes unidades: 1) Puerto (centrales Puerto Nuevo y Nuevo Puerto); 2) Central Costanera; 3) Centro Movimiento de Energía; 4) Servicios Asistenciales; 5) Sucursal La Plata; 6) y 7) Dos sociedades de distribución; 8) Sistemas.
Sobre la base de estas unidades se formarán nuevas empresas, en forma de sociedades anónimas, y se incorporará al modus operandi del sector eléctrico un nuevo agente, que es el transportista.
La primera unidad de negocio en salir a licitación fue la denominada Puerto, preadjudicada el 16 de marzo a un consorcio chileno, que ofertó 92.157.000 pesos. El grupo comprador, exponente de una fuerte corriente inversora trasandina, que se ha interesado también en otras actividades, está formado por las empresas Chilgener S.A., y Chilectra Quinta Región. Superó en la puja a otros cinco consorcios.
Las dos centrales (Puerto Nuevo y Nuevo Puerto) tienen un total de seis máquinas generadoras, con una capacidad instalada de 1.009 megawatios. Reconocen un pasivo de US$ 50 millones con Gas del Estado e YPF, que los adquirentes chilenos se comprometieron a saldar en el transcurso del año.
Los operadores chilenos obtuvieron también un contrato de compra, que les asegura la colocación de su producción de energía durante ocho años. Segba asumió esa obligación para cuando se privatice el área de distribución.
Como se hizo en el caso de Entel, el adquirente privado compró 60% de las acciones, el 30% que queda en manos del Estado será colocado en los mercados de valores en los próximos meses y el restante 10% pasará al personal.
Dos grupos de empresas encabezados, respectivamente, por las firmas chilenas Chilgener y Endesa resultaron los únicos precalificados el 8 de mayo para presentar ofertas en la licitación de la unidad Costanera, la segunda en salir a la venta.
Acompañaron a Endesa sus compatriotas Enersis SA y Distribuidora Chilectra Metropolitana, las argentinas Inversora Patagónica (grupo Pérez Companc) e Inter Rio Holding y la norteamericana Costanera Power Corporation.
Pero, dos días antes de la apertura de los sobres, el grupo encabezado por Chilgener SA comunicó que desistía de presentar oferta económica, lo que dejó al consorcio presidido por Endesa como único postulante.
La respuesta gubernamental fue anunciar que en toda otra futura privatización de centrales térmicas o hidroeléctricas regirá una cláusula especial, que impedirá que cualquier grupo sea propietario de más de 10% de la potencia instalada en el área de generación.
Un vocero de Chilgener declaró que “si ganábamos Costanera perdíamos la oportunidad de presentarnos en las licitaciones futuras, sobre todo las de distribución, que son las que más nos interesan”.
Se calcula que entre 40 y 45% de las acciones de las empresas eléctricas chilenas está en manos de las sociedades administradoras de fondos de pensión del vecino país, que movilizan un volumen de capital estimado en US$ 8.000 millones.
LOS POSTULANTES.
El próximo paso en el proceso privatizador es el sector de distribución de Segba, ahora formado por dos “unidades de negocios”, denominadas Norte y Sur. Los pliegos de licitación ya salieron a la venta y se espera que las adjudicaciones se realicen en septiembre. Se presume que habrá también en este campo una importante presencia de capitales chilenos, confirmada por las declaraciones de ejecutivos de Chilgener, aunque las nuevas disposiciones de la Secretaría de Energía introducen cierta confusión.
Anteriormente, el interventor de Segba había asegurado que los operadores de centrales de generación podrían participar en las licitaciones del sector de distribución. Sólo debían abstenerse de formular ofertas en el sector de transportes.
Finalmente, las únicas demoras en los programas de privatización de la empresa eléctrica se registran en las unidades de la Sucursal La Plata y de Servicios Asistenciales. En ambos casos faltan definir aspectos relacionados con convenios políticos con la provincia de Buenos Aires y otros organismos gubernamentales.