Si se hiciera el listado de apoyos entusiastas -por parte de personas e instituciones- que ha tenido el “súper” decreto desregulador, harían falta no menos de dos páginas de esta revista.
Si se optara por reproducir las declaraciones favorables, no alcanzaría con esta edición completa.
¿Cómo es posible que la decisión no se haya tomado antes, si tanto es el apoyo genuino que ha merecido la medida?.
Podría argumentarse que la conversión entusiasta de la sociedad argentina a la apertura económica, el libre juego del mercado y la reforma profunda de la economía son muy recientes.
Lo extraordinario es que la ola transformadora es de tal magnitud que, excepto por algunas voces aisladas, nadie quiere morir ahogado y se prefiere un discreto silencio o una retirada táctica. Porque, de lo contrario, habría que suponer que no hay ningún interés afectado.
En verdad las únicas objeciones importantes -y valederas- están referidas al procedimiento elegido.
Un decreto no puede anular o modificar leyes, y al mismo tiempo inspirar confianza en el ordenamiento jurídico.
Pero el argumento efectista del Poder Ejecutivo en el Congreso no hubiera salido nunca se corresponde con dos realidades: una, la gente cree, mayoritariamente, que los legisladores son ineficientes: la otra. el mismo Parlamento ha abdicado a su capacidad de iniciativa en la rama ejecutiva y no encuentra el espacio y el papel que le corresponderían en el proceso de afianzamiento de la democracia.
El elevado nivel de aceptación pública logrado en pocas horas -según lo revelaron los sondeos inmediatos- decidió a la Casa Rosada a perfeccionar la jugada: un proyecto de ley -de dos artículos- ratificatorio del decreto ómnibus ingresó al Poder Legislativo. La pelota quedaba otra vez en el campo parlamentario, pero el gobierno se siente con las manos libres para seguir actuando.
Si se otorgara el “premio al marketing político”, sin duda este año lo ganaría la brillante maniobra conjunta de Economía y la Presidencia. Como lo revelan todas las encuestas -incluso la encomendada especialmente por MERCADO , los niveles de aceptación son muy altos. Es cierto que, a poco que se ahonda, se verifica que la misma gente que apoya con entusiasmo tiene poca o ninguna idea de lo que trata el famoso decreto o sobre la significación que pueda tener.
EL RIESGO DE LA SOLUCION MAGICA.
Este hecho es un serio riesgo. Si bien algún alborozado colaborador del Presidente deslizó que “no importa si no entienden; lo que vale es que están de acuerdo”, lo cierto es que lo mismo que se exhibe como fortaleza, mañana puede ser debilidad.
Si, como es previsible, en algún momento el proceso se traba o tiene dificultades, con la misma facilidad e intensidad con que llegó, el apoyo puede esfumarse y, peor aún, convertirse en oposición abierta. Lo fundamental es un debate a fondo, racional, de perspectiva, sobre las propuestas y consecuencias que tendrá el contenido del proyecto, si de verdad interesa un apoyo efectivo, convencido, permanente. La discusión que debería producirse en el Parlamento tendría que cumplir esta función.
Sería lamentable que una iniciativa con la que en líneas generales coincide la mayoría de la población se convierta -como ha ocurrido en otras oportunidades- en una especie de fetiche, una ilusión de la que se esperen resultados mágicos.
ARGENTINA, El OTRO MODELO.
La liberalización total de la economía argentina dispuesta por el decreto 2284 convierte al país en el laboratorio de un nuevo experimento que será seguido con suma atención por los organismos multinacionales de crédito y en todo el mundo industrializado. donde la noticia fue recibida con satisfacción y curiosidad.
Más allá del conflicto constitucional que pueda plantearse -por decreto se derogan 19 leyes y se modifican otras 17-, el proceso será seguido con atención en las usinas teóricas, los medios académicos y la gran prensa internacional. La apertura irrestricta -a cambio de algunas ventajas evidentes y que serán bien aceptadas por la población argentina- promete una transformación sustancial de la economía aunque en el camino se afecte a parte de la industria local y aunque en el corto plazo pueda aumentar la desocupación.
No importa tanto que Menem, representante de un partido de fuerte tradición populista, nacionalista y estatizante, haga todo lo contrario a la doctrina de quienes lo llevaron al poder en 1989. Al fin y al cabo, los que lo votaron en setiembre pasado sabían de qué se trataba. Lo preocupante es la creencia de algunos ultramontanos que suponen que desregulación significa ausencia total de regulación.
En el fondo, lo que está en juego es la concepción del papel del Estado. Una cosa es desembarazarlo de lo que no sabe hacer con eficiencia, y otra muy distinta es desmantelarlo al punto que no pueda cumplir las funciones básicas que justifican su existencia.
Precisamente lo que comienza ahora -y se trata de un largo proceso que puede llevar años- es la re-regulación. O, dicho de otro modo, la reglamentación de cada una de las materias contenidas en el famoso decreto. Sería lamentable que a lo largo de esa etapa estuvieran ausentes las voces de la ciudadanía a través de sus representantes parlamentarios, institucionales y sectoriales.
Los que se han agazapado esperando que pase la ola buscarán su momento. El gobierno necesitará todo el apoyo disponible para que en la nueva arquitectura primen la racionalidad y los intereses generales, y para que no puedan resucitar antiguos privilegios corporativos.
Miguel Angel Diez.
Encuesta exclusiva.
ELOGIOS EN LAS SOMBRAS.
Una medición encargada por MERCADO indica que siete de cada diez consultados desconocen cuáles son las medidas concretas establecidas por el decreto de desregulación. Sin embargo, un porcentaje similar las considera beneficiosas.
En ocasiones, la realización de una encuesta puede parecer un esfuerzo innecesario, sobre todo cuando el estado de la opinión pública acerca de un tema se manifiesta con tanta contundencia como lo hizo en torno del decreto de la desregulación.
El riesgo de incurrir en una mera confirmación de lo obvio estuvo, por lo tanto, implícito en la iniciativa de MERCADO de encomendar la siguiente investigación al Departamento de Opinión Pública del Taller Escuela Agencia (TEA). Los resultados, sin embargo, revelaron una interesante suma de paradojas.
La primera de ellas es que, a pesar de que 72% de los consultados no recuerda espontáneamente ninguna medida específica del decreto de desregulación económica, 69% confía en que éste tendrá efectos beneficiosos.
El desconocimiento se agudiza a medida que baja el nivel socioeconómico de los entrevistados (hasta llegar a 91% en los sectores de menores ingresos).
Entre las medidas más recordadas -aunque con muy bajos niveles de menciones- figura, en primer lugar, la autorización a los supermercados para expender medicamentos de venta libre (9%); le siguen la liberación de los horarios de funcionamiento para el comercio (8%) y la disolución de algunos organismos públicos de contralor, como la Junta de Carnes (6%). La libertad para pactar sin restricciones los honorarios profesionales recibió sólo 5% de menciones.
En el segmento mayoritario (69%) de la población que considera que las medidas son, en general, beneficiosas, se destaca la presencia de los hombres (76%) y de los votantes por el justicialismo y el liberalismo. También se observa que el apoyo a la desregulación desciende a medida que baja el nivel socioeconómico de los consultados (76% en el sector más elevado, frente a 64% en el de menores ingresos). Entre quienes manifiestan su oposición predominan los votantes del radicalismo, del socialismo y del movimiento liderado por Aldo Rico (Modin).
Al indagar en las razones de la adhesión a la iniciativa desreguladora, 21% de la muestra señala que “habrá mayor libertad económica”. Esta opinión proviene, sobre todo, de los niveles socioeconómicos altos y medios. El motivo expuesto en segundo término es más impreciso: “(las medidas) son convenientes/es bueno para el pueblo/van a mejorar las cosas”.
Curiosamente, sólo 11% menciona que “habrá más competencia” y una proporción aún más escasa (6%) afirma que con las nuevas medidas “bajarán los precios”, dos de los argumentos esgrimidos con mayor insistencia por la propaganda oficial a favor de la desregulación.
Al examinar en forma guiada algunas de las medidas más conocidas por la población, se observa que las dos que recogen un mayor nivel de adhesión son la reducción de gravámenes a ciertos productos de consumo masivo, como la yerba y el azúcar (78% de apoyo) y la liberalización de los horarios de atención al público en los comercios (71%).
En cambio, provoca rechazo la autorización a los supermercados para vender medicamentos (casi la mitad de la población se opone), y cuatro de cada diez entrevistados cuestionan que el gobierno maneje los fondos de las obras sociales y que aumenten los despidos en la administración pública.
BUENO, PERO NO PARA TODOS.
La segunda y notable paradoja es que, a pesar del mayoritario respaldo a la desregulación, sólo 14% opina que las medidas beneficiarán a toda la sociedad. Más de un tercio afirma, en cambio, que el decreto favorece a “los ricos los poderosos/los empresarios”.
Quienes sostienen que el nuevo ordenamiento mejorará la situación de los más necesitados (“el pueblo/los pobres/los trabajadores”) representan apenas 11% de la muestra.
Coincidentemente, una cuarta parte de la población (26%) opina que la desregulación perjudicará a “los trabajadores” y otro 15% señala que afectará a los “carenciados / humildes / pobres”. De lo que surge que, para 41% de los entrevistados, las medidas no contribuirán, precisamente. a paliar las desigualdades sociales, sino todo lo contrario.
Sólo 9% afirma que la desregulación no perjudicará a nadie, en tanto que 7% afirma que las medidas lesionarán los intereses de “los grandes capitalistas/los monopolios”. Quienes creen que los principales afectados serán los “coberos / corruptos / espectadores” suman 6%, y una proporción similar corresponde a quienes consideran que los más desfavorecidos se encuentran entre “la clase media/ las pequeñas y medianas empresas”.
Casi una cuarta parte (23%) de los consultados no tiene opinión formada acerca de quiénes podrían ser los perjudicados por las medidas, y este desconocimiento crece a medida que baja el nivel socioeconómico (de 5% en el nivel más alto a 36% en el más bajo).
Con respecto al método adoptado por el gobierno para llevar adelante la desregulación, la mitad de la población rechaza que las medidas se hayan sancionado por decreto. Esta opinión prevalece en los niveles sociales más altos (61%) y entre los votantes al radicalismo y al socialismo. Los que se manifiestan de acuerdo con la vía elegida por el Ejecutivo representan 37%, y son, en su mayoría, simpatizantes del justicialismo y el liberalismo.
FICHA TÉCNICA.
Producción: Departamento de Opinión Pública del Taller Escuela Agencia (TEA).
Dirección de la investigación: Lic. Alberto Guilis.
Procesamiento: Estudio M. Maizlisz.
Coordinación de campo: Lic. Liliana Findlin.
Metodología: Domiciliaria, con sorteo de puntos muestra y cuotas por edad y sexo.
Tamaño de la muestra: 400 casos.
Alcance: Población general, mayor de 18 años, en Capital Federal y los 19 partidos del Gran Buenos Aires.
Margen de error: +/- 5%.
Cuestionario: Preguntas cerradas y abiertas.
Fecha de campo: 11 al 18 de noviembre de 1991.
Supervisión: 20% de la producción con cuestionario en blanco.
La matriz de datos se encuentra a disposición de los interesados consultarla en las oficinas de MERCADO (tel.30-0639/7826).