El cepo de los juicios

Se calcula en 1.800 millones de dólares el valor de las demandas judiciales contra las aseguradoras y el INdeR. Se pagarán en Bonex ´89.
La palabra corrupción que periódicamente sacude a la sociedad argentina, se ha instalado profundamente en el lenguaje de los aseguradores. Existe corrupción en ciertos empresarios que le reclaman al Instituto Nacional de Reaseguros (INdeR) siniestros inexistentes o “inflados”, como se ocupó de denunciar el superintendente Alberto Fernández. También existe corrupción en el accionar de algunos “enviados” que pululan por las compañías solicitando “pagos sustanciales” (como decía el embajador Todman) para agilizar trámites varios, entre ellos las deudas que el INdeR tiene con el sector privado. Finalmente (o principalmente) existe un sofisticado mecanismo de corruptela judicial, también denunciado oficialmente, mediante el cual abogados, jueces y sindicalistas pasan de un soplo a integrar la clase de los nuevos ricos.
Atrapados en la crisis de un negocio que se acabó, los aseguradores luchan ahora para que la justicia no los envíe a la quiebra a través de sentencias exageradas que no responden a ningún otro parámetro que no sea la subjetividad de un juez. Para colmo, como el INdeR demora el pago de
siniestros, las compañías deben liquidar esas indemnizaciones de inmediato sin recibir la parte que como reasegurador le corresponde pagar al Instituto. Un verdadero agujero financiero que opera como un balde de nafta sobre un incendio.
Según estimaciones de la Superintendencia, existen 130.000 demandas judiciales contra las companías que significan algo así como 1.800 millones de dólares por responsabilidad civil y accidentes laborales. Contra lo que puede suponerse, la mayoría de estos juicios no se han entablado porque la aseguradora se niega a pagar sino porque los demandantes, muy bien asesorados por estudios especializados de abogacía, reclaman montos increíbles. Estas indemnizaciones, por lo general, no producen un enriquecimiento exagerado del damnificado -demandante, sino de los
abogados y peritos. Se conocen casos de indemnizaciones por 20 mil dólares y honorarios por tres millones de la misma moneda.
La cuestión que puede llevar fácilmente a la quiebra a numerosas compañías, bien podría transformarse en un escándalo, pero el estilo de los aseguradores, con su “bajo perfil de ruido” y su cultura del silencio, ha logrado algo casi increíble: hacer que el tema pase sin pena ni gloria, emitiendo cada tanto una queja a puertas cerradas, pero sin gritar a los cuatro vientos que toda la
sociedad, a través del estatal INdeR, paga las “exageraciones” que enriquecen rápidamente a abogados, peritos y sindicalistas. Claro, esto siempre que el INdeR le pague a las aseguradoras, cosa que no hace según los empresarios.
Según la Superintendencia de Seguros de la Nación hay alrededor de cien empresas de la actividad que operan con un capital mínimo de sólo 300 mil dólares. A cualquiera de ellas que la alcance un par de juicios por la muerte de una persona, se funde.
Muchas veces los reclamos son inventados por los abogados y también existen demandas por enfermedades profesionales insólitas, como las que se hicieron por “tristeza” en Córdoba. En algúnas provincias los honorarios se regulan de acuerdo al monto demandado y no a la sentencia, resultando
el abogado el único beneficiario por la indemnización.
En un histórico informe reservado, el ex interventor del INdeR, Jorge Furlan, mencionaba varios de estos casos judiciales que bombardean hoy a las companías de seguros. Recordaba un pleito ventilado en los tribunales de Dolores y que luego de varias instancias recibió un fallo definitivo de la
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de tres damnificados por la colisión de un auto con un camión que demandan a la aseguradora de este último por “dano moral” (no por muertes ni lesiones sino por daño moral). Luego de varias instancias, el caso llega a la Corte, cuyo fallo establece que la indemnización debe ser actualizada desde la fecha del siniestro (mayo de 1981) a abril del ´90. Resultado: los damnificados por dano moral reciben dos millones y medio de dólares.
La Asociación Argentina de Compañías de Seguros y otras cámaras empresarias del sector tamblen han reclamado sobre la cuestión, pero no denunciando los hechos de corruptela evidente sino pidiendo liquidar los pasivos con Bonex, es decir atacando las consecuencias y no las causas.