ANÁLISIS | Perspectiva
Por Luciana Díaz Frers (*)
Luciana Díaz Frers
Muy distintas son las cuentas ahora: tomando solo los ingresos del sistema que provienen de aportes y contribuciones laborales (de trabajadores y empleadores) y restando lo que se gasta en jubilaciones y pensiones, las cuentas del pilar contributivo no cierran. En 2010 tuvieron un déficit de 24.500 millones y en 2011 habrían superado los 30.000 millones.
No obstante, se dice que el sistema de seguridad social hoy es superavitario. Esto sucede gracias a la larga saga de reformas y contrarreformas que ha dado forma al actual sistema de seguridad social.
Esa historia es la que se resume en las próximas líneas. En los años 60, 70 y 80, se observó una evolución negativa de la pirámide poblacional, junto a una creciente informalidad laboral, ciclos de stop and go de la economía e hiperinflaciones: este conjunto de factores llevaron a que el sistema de seguridad social cerrara sus cuentas en rojo.
Por eso se tomaron de la masa coparticipable de impuestos algunas sumas no relacionadas con el pilar contributivo, tales como 20% del Impuesto a las Ganancias y 11% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es decir que lo que cobran los jubilados no proviene solamente de lo aportado por los trabajadores formales.
Aun después de estas detracciones de impuestos, el déficit persistió, por lo que se buscó una solución de largo plazo, en línea con la ideología en boga. Así se pasó a un sistema de capitalización individual entre 1993 y 1994.
El sistema de las AFJP
Si bien en el largo plazo ello solucionaría el desequilibrio de las cuentas, implicaba un altísimo costo de transición en el corto y mediano porque los aportes se ahorraban en las Administradoras Privadas de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) mientras que a los jubilados del momento se les pagaba desde las arcas públicas, nacionales y provinciales. De allí que por aquel entonces también se aumentara la edad jubilatoria y la deuda del Estado (con colocaciones en las mismas AFJP) y algunas provincias nacionalizaran su sistema o recibieran del Gobierno nacional transferencias para cubrir el déficit de sus cajas.
Luego, la crisis de 2001 y 2002 trajo nuevamente la inflación junto con la prohibición de indexación heredada de la convertibilidad. Eso rápidamente erosionó el valor de las jubilaciones, y se apilaron innumerables juicios contra el Estado. Los casos Sánchez y Badaro fueron los más resonantes. Finalmente, el Congreso resolvió la movilidad jubilatoria, garantizada en la Constitución, con la Ley 26.417 de 2008 que permite ajustar las jubilaciones en marzo y septiembre según la evolución de los salarios y los recursos del sistema de seguridad social.
Más recientemente, hubo un tímido intento de atraer a los aportantes desde el sistema privado al sistema público en 2007 que no tuvo mucho éxito, tras lo cual se reestatizó el sistema en diciembre de 2008. Así, todo lo ahorrado en las AFJP pasó a engrosar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ese atractivo fondo no debe despertar exagerado optimismo ya que 60% es deuda del Estado con el Estado. En aquellos años también se concedió una extensa moratoria, que permitió a la población mayor de edad "comprar años de aporte".
Logros y temas pendientes
Así, llegamos hoy a un sistema que despliega algunos logros. Por ejemplo, ya tiene resuelta la movilidad jubilatoria, con una jubilación mínima que hoy supera los $1.600 mensuales. También ha logrado aumentar la cobertura (cantidad de personas en edad de jubilarse que reciben beneficios) desde 57,6% en 2006 a más de 90% en la actualidad.
No obstante, aún no ha dado respuesta a otros interrogantes. Por ejemplo, hay entre 200.000 y 400.000 juicios contra el sistema previsional que cuestionan el cálculo del haber inicial o la retroactividad de las actualizaciones. Además, se ha producido un significativo achatamiento de la pirámide de las jubilaciones que aumenta la pila de juicios. Y, finalmente, este nivel de cobertura no está garantizado salvo por esporádicas y caprichosas moratorias.
Las jubilaciones se llevan la mayor porción del presupuesto nacional, ya que abarcan más de 30% del gasto público. Las propuestas de elevar las jubilaciones a 82% móvil se dieron un respiro en 2011 por ser año de elecciones pero es posible que en breve resurjan nuevas propuestas. Estas iniciativas deberían explicitar sus objetivos, como por ejemplo, garantía de la cobertura mediante una prestación universal a la vejez, y equidad en la distribución de los ingresos de la tercera edad, priorizando la mínima pero teniendo una respuesta respecto de las jubilaciones medias y altas. Pero también se debe garantizar la sustentabilidad del sistema porque, de lo contrario, se pondría rápidamente en peligro a las jubilaciones.
