Claves para entender la informalidad laboral

ANÁLISIS | Perspectiva

En el lenguaje coloquial, se lo llama “trabajo en negro”. Los académicos prefieren decirle informal. En suma, la “informalidad laboral” es un concepto genérico que se le da al trabajo asalariado no registrado, es decir, aquel por el cual no se realizan aportes a la seguridad social.
En todo caso es un problema mayúsculo para la economía argentina. Mucho se habla del tema, pero más sobre la superficie y los contornos que en profundidad. Por esta razón, Mercado incluye una investigación realizada por el Centro de Estudios Sociales y Laborales Idesa, bajo la dirección de Jorge Colina. Esta radiografía del fenómeno se complementa con la encuesta donde los empresarios dan sus impresiones sobre dimensiones y consecuencias de esta situación.

Las evidencias sobre la informalidad
Si se entiende la informalidad laboral a partir de la inexistencia de registración legal, el fenómeno presenta diferentes matices. La forma más convencional es el empleo asalariado “en negro”, es decir, un trabajador que responde a las órdenes de un dador de trabajo que no se registra legalmente en la seguridad social.
Pero también hay otras formas subrepticias, como el cuentapropismo y los trabajadores sin salario; personas que desalentadas de encontrar un buen empleo asalariado se lanzan a trabajar por su cuenta, generalmente con ingresos bajos, esporádicos y precarios; a veces con la colaboración de un familiar.
En los análisis de formalidad, la más de las veces se los desestima, pero son muchos y en 75% de los casos no registran legalmente su actividad. Los datos oficiales del Ministerio de Economía dan cuenta de que los asalariados “en negro” y los no asalariados representan prácticamente la mitad del mercado laboral. Además, no es un universo de trabajadores cuyo número se reduce automáticamente con el crecimiento económico. Entre 2004 y 2010, la Argentina creció a tasas sostenidas de 9% anual y sin embargo el número de asalariados “en negro” y no asalariados prácticamente no varió (gráfico 1).
Esta realidad confirma la percepción amplia entre los hombres de empresas que el tema tiene múltiples connotaciones negativas (éticas, económicas y sociales), además, que debe ocupar un lugar prominente en la agenda de políticas públicas (asimilable a la entidad que se le da a la inflación, la escasez de energía, los déficit de educación, salud o infraestructura) y, fundamentalmente, que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para resolver el problema de la informalidad. La riqueza del estudio cualitativo realizado para Idesa y Mercado por la consultora Oh! Panel, sigue cuando se analizan las percepciones que los hombres de empresas tienen sobres las causas de la informalidad.
A la cabeza del ranking aparecen las altas cargas sociales. La percepción encuentra fundamento en la realidad. Contratar un trabajador “en blanco” en la Argentina es muy caro. Del salario bruto, hay que restarle al trabajador 11% para la Anses, 3% para la obra social, 3% para Pami y, dependiendo de la actividad, un 2-3% para el sindicato. Sobre el salario bruto, el empleador debe pagar 17-21% a la Anses, 6% a la obra social, aproximadamente 3-4% a la ART y, dependiendo de la actividad, otro 2-3% para el sindicato. La suma de todos estos porcentajes hace que por cada $100 que el trabajador se lleva a su casa como salario de bolsillo, el empleador termina pagando como costo laboral más de $150. O sea, la carga por tener un trabajador “en blanco” supera 50%.
Con tamaño nivel de imposición, solo las empresas más grandes y productivas pueden hacer frente al costo de formalizar; las empresas medianas, chicas y las microempresas no tiene otro remedio que apelar a diferentes formas de informalidad, que van desde pagar una parte del salario “en negro” hasta eludir completamente la registración del trabajador. Los datos oficiales dan evidencias. Del total de los trabajadores asalariados “en negro” que hay en la Argentina, 56% trabaja en empresas con menos de 5 trabajadores y 19% lo hace en empresas con entre 6 y 10 trabajadores, con lo cual, 75% del empleo informal está en empresas con menos de 10 trabajadores (gráfico 2).
Con una consideración importante –aunque detrás de las cargas sociales– aparecen la ausencia de controles estatales y la cultura del incumplimiento. En cierta forma, como las reglas para formalizar terminan prácticamente obligando a las empresas chicas y microempresas a emplear en condiciones de informalidad, y este tipo de empresa es relevante en el tejido productivo argentino, la informalidad termina siendo un fenómeno muy vasto y muy difícil de controlar (por su gran número y el pequeño tamaño de los establecimientos).
De aquí que resulte casi natural percibir que hay ausencia de controles –aun cuando el Ministerio de Trabajo realizó entre los años 2003 y 2010, 768.000 inspecciones, o sea, prácticamente 100.000 fiscalizaciones por año–, o se sospeche de una inclinación cultural por incumplir. Es altamente probable que lo que esté ocurriendo es que las condiciones de base para cumplir (los costos de formalizar) son tan elevadas, que terminan diluyendo los esfuerzos de control y convalidando la cultura del incumplimiento.

Jorge Colina

Bajos niveles educativos
Hay un aspecto que en las percepciones pasa a segundo plano, pero las estadísticas lo señalan como un fenómeno relevante, y es que la informalidad está asociada con bajos niveles de educación.
Entre los trabajadores asalariados con altos niveles de calificación (educación superior a secundaria) la informalidad se presenta como un problema menor, pero a medida que se observa la realidad de los trabajadores de menores calificaciones emerge con fuerza la informalidad. Entre los trabajadores con bajos niveles de calificación (trabajadores con secundaria incompleta o inferior), la informalidad afecta a prácticamente la mitad.
Lo que sucede es que con bajos niveles de estudio es difícil conseguir empleo en empresas grandes y/o de alta productividad, por falta de preparación para las exigencias de este segmento productivo. Cerrado el camino de la formalidad por el lado de conseguir empleos en empresas de alta productividad, las personas con déficit educativos no tienen otra alternativa que conseguir empleos en las microempresas, la mayoría de las cuales son informales, o aventurarse al cuentapropismo informal. Por eso, no terminar la secundaria implica enfrentar una alta probabilidad de tener trabajos precarios, de bajos ingresos, en la informalidad.
En suma, la percepción de los ejecutivos y profesionales del mundo de las empresas es muy atinada. El problema de la informalidad es masivo, no se soluciona solo con crecimiento económico, tiene orígenes en un factor institucional (el costo de formalizar) y, además, gran parte de la fuerza laboral no tiene niveles suficientes de educación para ocupar puestos de alta productividad que permitan pagar los altos costos de formalizar. Esta base de pensamientos constituye un campo fecundo para sembrar ideas a fin de encontrar las soluciones al problema.

Propuesta de políticas
En la percepción de la gente de negocios la estrategia para reducir la informalidad debería apoyarse fundamentalmente en la simplificación de las normas laborales, la promoción de la cultura del cumplimiento, los controles y la educación de los trabajadores. Más ambigüedad hay con la idea de eliminar de manera permanente las cargas sociales; una mitad se inclina por pensar que esto ayudaría, la otra le otorga escasa o nula importancia.
Sin dudas, normas laborales simples, cultura de cumplimiento, controles y educación son los pilares para construir una sociedad con progreso económico basado en el esfuerzo, la productividad y el cumplimiento con la ley.
Estos son los principios básicos para erradicar la informalidad. Pero tomando la evidencia de que la masividad de la informalidad se evidencia con agudeza en el segmento de las micro y pequeñas empresas de bajísima productividad, que no producen niveles de ingresos suficientes por trabajador que posibilite pagar los altos costos de formalizar, toda propuesta de política debería considerar, dentro del principio de normas laborales simples, una revisión de la estructura impositiva imperante.
En esta perspectiva, la estrategia para instrumentar estos principios de normas simples, cultura de cumplimiento y educación podría organizarse en tres líneas de acción:
1- Para las empresas grandes y medianas, transformar las cargas sociales en un pago a cuenta de IVA.
2- Para las empresas pequeñas y microempresas, simplificar al máximo las regulaciones impositivas, de seguridad social, y laborales.
3- Para los trabajadores, establecer modalidades educativas a nivel de la educación secundaria, de articulación de las escuelas con empresas privadas.

Cargas sociales como pago a cuenta de IVA:
Para las empresas medianas y grandes que tributan IVA, establecer que el monto que abonan como cargas sociales se tome como créditos fiscales ante el IVA. De esta forma, no solo se elimina el costo de formalizar sino que conjuntamente se impone sobre las empresas un poderoso incentivo a cobrar IVA dado que es la forma que tienen de descargar los costos no salariales incurridos al contratar trabajadores.
Hasta podría diseñarse de una forma que minimice el riesgo de impacto fiscal estableciendo que los créditos fiscales por cargas sociales solo pueden aplicarse sobre montos de IVA superiores a los facturados al momento de la reforma. De esta manera, el fisco garantiza el “piso” de recaudación que se tenía al momento del cambio.
Para evitar el tratamiento discriminatorio entre empresas existentes y empresas nuevas puede estipularse que las empresas nuevas estén habilitadas a utilizar este mecanismo luego de tres años de operación. Lo importante es que, progresivamente, se desembocará en un escenario donde la contratación de trabajadores no estará gravada y lo recaudado por la vía de las cargas sociales será recaudado con una mayor (en mucho) recaudación de IVA.

Simplificación regulatoria para las pequeñas empresas.
Para las empresas pequeñas y microempresas se debe crear un régimen especial con tres capítulos: impositivo, seguridad social y laboral. El impositivo debería unificar en un solo impuesto los tres impuestos a las ventas vigentes que actualmente se deben pagar de manera superpuesta a la Nación (IVA), a las provincias (Ingresos Brutos) y a los municipios (tasas de industria y comercio).
El de seguridad social debería contemplar un pago unificado de suma única para la cobertura de obra social y riesgo del trabajo, y el aporte debe servir para computar los años trabajados a los efectos de la previsión social y del beneficio de maternidad.
El capítulo laboral debería reducir sustancialmente los aspectos formales de la legislación laboral general, preservando las cuestiones básicas de protección social (regulaciones sobre remuneraciones, licencias, extensión y distribución de la jornada, etc.) pero modificando la reglas de extinción del contrato de trabajo. Lo recomendable es establecer que, superado el período de prueba (los 3 primeros meses de la relación) y hasta los 12 meses de antigüedad, la indemnización por despido sea de medio mes, y recién a partir del año de antigüedad quedar en un mes completo por cada año de antigüedad, tal como es en el régimen general.
Este matiz en la indemnización por despido es necesario para viabilizar la formalización dado el carácter de baja productividad y volatilidad de ingresos del dador de trabajo, que es una pequeña o microempresa.

Articulación de las escuelas con las empresas en la educación secundaria:
En la primera parte se mostró la estrecha relación entre los bajos niveles educativos y los altos niveles de informalidad. Para los adultos que no alcanzaron la educación secundaria, la situación es difícil de revertir.
La capacitación de terminalidad educativa (una especie de secundaria para adultos) no es un buen sustituto de la educación en la escuela. De todas formas, es un paliativo y combinado con el reemplazo de las cargas sociales y la simplificación regulatoria puede aumentar las chances de que los adultos con bajos niveles de educación encuentren empleo formal. Lo central, en todo caso, es detener el flujo de nuevos jóvenes que abandonan la escuela secundaria.
El problema no es menor (por más que se hable poco de él). Según los datos oficiales del ministerio de Educación, en el año 2009 se graduó un número de alumnos que representa apenas 36% de los jóvenes que estaban matriculados en el 1° año de la secundaria entre 2004-2005. Es decir, que el restante 64% está retrasado o ha abandonado la escuela.
Según otra fuente oficial –la Encuesta Permanente de Hogares de Indec–, en el año 2009, 29% de los chicos entre 15 y 19 años declaró haber abandonado la escuela. En suma, de ambas fuentes se puede concluir que de cada tres jóvenes en edad de terminar la secundaria, uno la termina a tiempo, otro está retrasado y el tercero abandonó la escuela. Un problema grave, que debería alarmar.
Las causas de la deserción combinan dificultades propias de la adolescencia con crisis de las familias, de la escuela, de los valores, etc. Sin embargo, la política educativa puede hacer aportes a través de vincular la escuela y el mundo del trabajo.
En los países avanzados, hay modalidades en la escuela secundaria (se llaman técnico-vocacionales) donde se imparte educación general, acompañada de conocimientos específicos y prácticas en las empresas. El objetivo es desarrollar una opción para que los jóvenes, que no tengan en sus planes ir a la universidad, puedan tener la posibilidad de adquirir conocimientos, habilidades y destrezas para desempeñarse razonablemente en el mercado de trabajo, una vez terminada la secundaria. En países como Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, entre otros, más de la mitad de los jóvenes en la secundaria concurren a estas modalidades.
En la Argentina, en cambio, son escasos y de insuficiente pertinencia los conocimientos que la secundaria imparte para el mundo del trabajo. Por el contrario, la secundaria está pensada casi exclusivamente para el acceso a la universidad.
Hasta las “escuelas técnicas” tienen esta particularidad. Divorciadas del mundo del trabajo están pensadas como otro mecanismo de facilitación de acceso a la universidad con la única diferencia de que prepara para carreras tecnológicas (ingenierías y arquitectura). Pero es para la universidad, no para el trabajo.
De esta forma, para las familias con hijos adolescentes en situación de vulnerabilidad social, la educación secundaria no brinda un horizonte realista. La universidad no siempre es una propuesta atractiva o viable para los sectores de menores recursos.
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Indec, entre los jóvenes de 20 a 25 años, 24% va a la universidad, pero entre los jóvenes de los hogares que pertenecen al 20% de mayores ingresos, 42% va a la universidad, mientras que entre los que pertenecen al 20% más pobre apenas 12% va a la universidad.
Lo que sucede es que los pobres mayoritariamente abandonan la secundaria, posiblemente porque no se les ofrece otra alternativa que prepararlo para la universidad cuando la necesidad entre los hogares más pobres obliga a priorizar la generación de ingresos más que los estudios académicos.
Es fundamental replantear la organización de la educación media en la Argentina. La recomendación es incorporar en las escuelas secundarias modalidades con orientación vocacional, donde se impartan contenidos generales en el ámbito de la escuela y contenidos técnicos-específicos en el ámbito de las empresas con prácticas en los lugares de trabajo.
Las enseñanzas técnico-vocacionales deberían ser impartidas por personal de las empresas con experiencia en las ocupaciones cuyos conocimientos se imparten. No se trata de recrear la antigua educación técnica, sino innovar con vínculos de largo plazo entre las escuelas y las empresas. Para ello, el financiamiento que se decida destinar a la educación para el trabajo debería canalizarse a las empresas que asuman estas responsabilidades formativas, en la misma lógica que los subsidios que el Estado otorga a las escuelas privadas que impartan educación general. Obviamente que son centrales los mecanismos de monitoreo de los niveles de calidad, la pertinencia de la formación y los resultados en términos de inserción laboral.

En conclusión, una sociedad que aspire al desarrollo social de todos sus habitantes debe combatir la informalidad, pero sin excesos discursivos ni persecuciones banales, sino con políticas sensibles que apunten al nudo del problema, que es, la imposibilidad de costear los altos costos de formalizarse. Los principios rectores –como apuntan los hombres de negocios– debe ser los de regulaciones simples, la cultura del cumplimiento, los controles y la educación. Un plan de acción inmediato puede comenzar con estas tres líneas directrices de acción: cargas sociales a cuenta de IVA, simplicidad normativa para las empresas más chicas y educación para el trabajo para los futuros trabajadores.
IDESA www.idesa.org