ANÁLISIS | Perspectiva
Por Mauro Maciel
En 12 meses la Argentina celebrará un nuevo proceso de elecciones que designará al próximo Presidente de la Nación por los siguientes cuatro años. A la actual administración de Cristina Fernández le resta (aún) nada menos que una cuarta parte de su período presidencial. Sin embargo, es sabido que en la agenda de 2011 prevalecerá la competencia entre las distintas fuerzas políticas para ocupar en diciembre el famoso sillón de Rivadavia.
En materia económica, el país se ha recuperado de la crisis que causó graves conflictos en diversos planos a fines de 2001 y, desde 2002-2003, ha experimentado una recuperación y un crecimiento notables, que sin duda otorgan crédito a la gestión del kirchnerismo. Un contexto internacional favorable (viento de cola) será el argumento que utilizarán, también con mucho fundamento, sus competidores en la carrera hacia la Casa Rosada, en su rol de opositores.
No obstante, la discusión principal estará concentrada en una serie de aspectos que el oficialismo no ha sabido consolidar o resolver y serán las deudas que heredará el próximo Gobierno. Sea opositor o incluso el actual partido gobernante, cuyas chances de re-reelección yacen intactas. Dicho de otro modo, ¿cuáles serán los clavos ardientes que deberá afrontar la siguiente administración nacional?
Lejos de la sorpresa, la inflación será la prioridad más urgente a resolver por quien gobierne a partir de 2012, según la opinión de destacados economistas consultados por Mercado. Es de suponer que el alza permanente de precios y salarios hará imposible sostener un crecimiento de la actividad económica, como el que rige en la actualidad. El esquema de subsidios, los incentivos a la inversión y el tipo de cambio, entre otros, conforman la paleta de colores con que las futuras autoridades políticas deberán pintar el cuadro de actividades productivas de la economía nacional.
Salarios, precios y estadísticas
La inflación será, en palabras del economista de Prefinex, Osvaldo Cado, “el nodo central de la próxima administración”. En el mundo el promedio de inflación es de 2,5-3% y sólo cinco países tienen una tasa de inflación superior a 10%: Venezuela, la Argentina, Pakistán, Emiratos Árabes e India. Pese a la falta de reconocimiento oficial, el aumento generalizado de precios es un hecho indisimulable de la coyuntura local. Aun cuando los datos procesados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) emitan valores muy por debajo de los difundidos por consultoras privadas, los últimos acuerdos en paritarias, que incluye a empleados públicos y privados, se ubicaron en promedio en torno a 25%.
Para el director de Abeceb.com, Dante Sica, será tarea del próximo Gobierno trabajar muy fuerte para montar un programa que quiebre las expectativas inflacionarias que existen en la economía. “No es sustentable crecer a una tasa de 4 ó 5% con una inflación de dos dígitos, que lesiona el crecimiento”.
Nicolás Bridger, también de Prefinex, advierte que no es recomendable pretender que una tasa de inflación de 25% se transforme mañana en 5%, pues exigiría enfrentar un proceso de recesión. En cambio, el economista sugiere la conveniencia de asegurarse una tasa de 10% en cinco años, que sería una situación creíble.
Desde Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Abel Viglione sostiene que se trata de “un impuesto no legislado, que hoy recauda cerca de tres puntos del PIB, que no se coparticipa con las provincias y que es el más regresivo de los impuestos porque recae sobre aquellas personas que tienen un ingreso fijo”.
En forma complementaria a la cuestión inflacionaria, los especialistas coinciden que regularización del Indec es un paso necesario que favorecerá al reconocimiento del alza de precios. El presidente del Centro de Análisis Social y Económico (CASE), Eduardo Curia, considera que, si bien ignorar lo que sucede en el Indec resulta una paradoja instrumental, ha gravitado en la imposibilidad del Gobierno de encuadrar la cuestión inflacionaria y es un tema que debe ser resuelto porque “no se puede abordar el tema de la inflación con seriedad si el barómetro se discute”.
Según el economista de Grupo Fénix, Aldo Ferrer, que en términos generales considera que la herencia del próximo Gobierno será una economía sólida con las cuentas ordenadas, el asunto del Indec es un problema de credibilidad que se resuelve otorgando absoluta autonomía al instituto para que nadie sospeche que los datos pueden ser manipulados. “Lo que pasó, pasó. No creo que se puedan revisar estadísticas hacia atrás, pero de aquí en adelante debe acabarse la discusión con un organismo que actúe con autonomía”.
Auxilios estatales e inversiones estratégicas
En un segundo orden de prioridades, de tipo más bien estructural, Bridger, Cado, Sica y Viglione coinciden en mencionar la necesidad de replantearse la política de subsidios, destinados especialmente al transporte y la energía. El empleo del instrumento por parte del presente Gobierno representa entre 3 y 4% del producto nacional. El titular de Abeceb.com apunta a desarmar el actual paquete de subsidios y reemplazarlo por “un período de recomposición del marco tarifario, a partir del establecimiento de pautas destinadas a focalizar subsidios a la demanda”.
Viglione resalta las áreas de transporte y energía como las principales asignaturas para la reducción de subsidios. Respecto de la primera, expresa que en tanto el precio del combustible destinado al público en general en las estaciones de servicio se encuentra en niveles similares al de Estados Unidos, por ejemplo, los boletos de transporte público es probable que figuren entre los más baratos del mundo.
“Creo que ahí habrá que buscar la solución de alguna manera distinta porque, si el ajuste de tarifas se realiza de una sola vez, podría generarse un problema social grave, dado que la gente deberá asignar una mayor parte de su presupuesto a viajar para ir a trabajar. Entonces –considera Viglione–, se podría hacer en un plazo más largo. Quizá sea posible pensar en un sistema de boleto electrónico para las personas de bajos ingresos”.
Respecto a los subsidios dirigidos al plano energético, el economista de FIEL interpreta que son más factibles de corregir a partir del mantenimiento de una tarifa social para los sectores de menores recursos, mientras que a aquellos que realicen un consumo superior se les aplique el valor que corresponda. En este último caso, tal vez sea necesario implementar “un esquema de un año o dos hasta que se normalice, porque de lo contrario no habrá electricidad, ni gas”.
Curia, por su parte, cree que la salida al esquema de subsidios debió haberse realizado hace tiempo y recomienda un manejo gradual de reducción del financiamiento del Estado. “Lo cierto –reconoce–, es que en 2008 quizá no era un momento del todo aconsejable porque empezaba a producirse la crisis internacional. Y ahora tampoco es fácil debido al contexto inflacionario, que podría generar presiones”.
Bajo una óptica diferente, Ferrer resalta que el subsidio es una herramienta legítima de la política económica para múltiples fines y actividades y que, en consecuencia, es necesario analizarlo en virtud de los objetivos perseguidos y sus resultados. “Desde el punto de vista de su incidencia en las finanzas públicas, es importante tener un cuadro general bajo control. En ese sentido, aquí no se ha llegado a un nivel de subsidios que haya producido un descalabro. Incluso ahora las finanzas producen un aumento del superávit primario porque la recaudación crece más que el gasto”.
Desde Prefinex analizan la necesidad de liberar la financiación del Estado al consumo de energía como una manera de generar inversiones de modo inevitable. “El problema de la Argentina en invierno no es que no hay gas, sino que la capacidad de transporte es baja y, por eso, cuando hay picos de consumo o demanda, a alguien se le tiene que cortar a causa de esta limitación”.
Bridger explica que “la matriz energética en la Argentina está sustentada en el gas, dado que más de 50% de la energía total creada tiene como materia prima básica al gas”. En tal sentido hay que considerar que en la actualidad, “no parece haber un programa a mediano plazo que indique que vamos a explorar para saber si hay gas, como lo hace Brasil, o que estemos pensando de qué manera reemplazar a este insumo. De todos modos, no estoy seguro de que ésta sea una discusión urgente, pero creo que sí debería surgir durante el próximo Gobierno”.
Otro problema, que revela fallas de índole estratégica, se presenta en la exploración de gas y petróleo. “En cuanto al gas, estamos al límite y nos hemos convertido en importadores netos del insumo, mientras que en el caso del petróleo, donde seguimos siendo exportadores netos, la brecha decayó demasiado”, observa Cado. Y continúa: “Hay que tener en cuenta que el proceso de exploración, búsqueda y extracción de este tipo de recursos lleva de tres a cuatros años. Es decir, que habría que comenzar a discutir hoy para saber si en 2014 habrá gas”.
La matriz productiva
Esta clase de debate forma parte de la matriz productiva que el país deberá desarrollar y profundizar, si el deseo es asegurar la producción energética que permitiría que más empresas inviertan en el país. En tal sentido, se observa que en los últimos tiempos un elevado incremento del consumo no ha sido acompañado por un nivel adecuado de la inversión.
“Esto está relacionado con el abandono de la matriz que yo denomino competitiva-productiva y que predominó durante el período 2003-2007. Hoy tenemos una expansión robusta pero la matriz se ha resentido”, señala Curia, quien en su referencia añade que aquel modelo daba ciertas señales y fijaban una orientación, de manera tal que los aumentos de inversión anual eran muy altos. “Ya en 2007 se nota una atenuación, que se agudiza en 2008 y cae en 2009. Y actualmente, si bien existe una recuperación, no es suficiente frente a tales antecedentes, para aspirar a un crecimiento sostenido”.
Para Sica existe una sensación de que los factores que convalidaron esta expansión, desde 2002 a la fecha, de alguna manera se han agotado. Su suposición se basa en la existencia de altos niveles de capacidad ociosa, salarios en dólares muy baratos y altos niveles devaluatorios. “Vamos hacia un mercado laboral que está trabajando casi a full y en niveles de la industria con alta capacidad instalada. Entonces, para adelante, el desafío es fomentar procesos de inversión que den señales para equilibrar el crecimiento del sector industrial, porque también se observa que ciertos sectores traccionan más que otros y generan cuellos de botella que acaban por repercutir en la balanza comercial”.
De acuerdo al criterio de Viglione, la inversión actual no reacciona, en parte, debido a una razón de confianza y, en parte, por la tasa de inflación, que afecta a la planificación en el mediano y largo plazo. “En el corto plazo, para poder abastecer a la demanda la industria está acudiendo a las importaciones de bienes intermedios o finales, que ingresan a través de su propia cadena de comercialización. Además, este mecanismo, en cierta manera, achica el saldo de la balanza comercial”.
También en este asunto, Aldo Ferrer se muestra en desacuerdo con sus colegas. A diferencia de aquellos, considera que nuestro país ha tenido un considerable aumento de la inversión, en buena medida gracias a un elevado nivel de ahorro (cercano a 30% del PIB) que permite sostener la tasa de inversión por encima de 25%, comparable a la de Chile y superior incluso a la de Brasil. “La cuestión es cómo se mantiene un escenario previsible de largo plazo, con espacio para la rentabilidad, que permita reciclar el ahorro y evitar la fuga de capitales. Y que la gente se convenza de que el lugar más rentable y seguro para invertir el ahorro argentino es la Argentina. Y si vienen recursos complementarios del exterior mejor. Pero esta idea neoliberal de que el inversor es lo que viene de afuera es falsa. En todos los países emergentes que se desarrollan, el ahorro interno es siempre la fuente fundamental de acumulación. Y en definitiva, cuando se depende del ahorro externo disminuyen las tasas de ahorro interno e inversión”.
Provincias, empleo y pobreza
El especialista Dante Sica identifica la relación fiscal con las provincias como una de las discusiones que deberá tratarse durante el período presidencial 2012-2016, pues considera que se trata de una asignatura pendiente de la reforma constitucional de 1994 y que no debería dilatarse aún más. “Me parece que los tiempos ya se están agotando y que las provincias están en un nivel de déficit primario estructural. Es un tema que, por lo menos, deberá comenzar a discutirse, dado que en las provincias, y en especial las más grandes, la situación deficitaria tiende a ser estructural”.
Viglione sostiene que las finanzas provinciales, como consecuencia del elevado número de empleos generados durante la primera década del corriente siglo, será un dilema para la futura gestión. Aunque se trata de un problema que quedará en manos de las provincias, el economista cree que el Gobierno nacional no podrá evitar involucrarse y asistir con dinero, mientras que deberá exigir la puesta en marcha de un plan que encuadre una solución autónoma por parte de los gobiernos provinciales. “Entre 2000 y 2009 se incrementaron en 959.000 los empleos públicos y 75% correspondió a las provincias. En medio de una política de salarios expansiva, esta situación será difícil de sostener y se terminará generando deuda, ya sea en forma de bonos o emitiendo cuasi monedas”.
En el terreno del empleo privado y su generación de puestos de trabajo, Osvaldo Cado señala las dificultades que enfrentan las Pyme, a partir de su falta de acceso al crédito, que se traduce en la imposibilidad de incorporar productividad vía maquinarias. “Las empresas más grandes de la Argentina tienen sus plantas ocupadas en los mismos niveles desde hace cinco o seis años, pero desde la última crisis fueron las Pyme las que más sufrieron el deterioro”. Cado afirma que fueron precisamente las pequeñas y medianas empresas las que impulsaron el crecimiento del empleo a partir de 2003 y que a partir de 2006 dejaron de crecer en virtud de las dificultades señaladas. “Si se pretende que el desempleo pase del actual 9-9,5% a 7,5%, que creemos se trata del nivel estructural en la Argentina, es preciso otorgar un buen impulso a las Pyme. No es posible que paguen los mismos impuestos al trabajo que las empresas multinacionales”.
Sin embargo, también en el plano laboral, la discusión se puede trasladar a la calidad de la generación de empleos. Bridger, por su parte, reconoce una potencial vulnerabilidad del Estado al aumentar el gasto primario. Pese a ello, no le parece que se trate de una situación problemática. “Tal vez, otra discusión sea por la calidad del empleo. El desafío será que el empleo precario adquiera mejores condiciones que las actuales porque de lo contrario será difícil que el salario real de este tipo de empleos pueda crecer”.
Cotización de la moneda
Por último, la cuestión cambiaria no podía quedar ausente del legado que heredará la próxima administración nacional. La incógnita está planteada en la política más adecuada que se deberá emplear para sostener la competitividad en el mercado local e internacional. ¿Será necesario adoptar un tipo de cambio fijo? ¿O es conveniente sostener la actual paridad flotante controlada?
El economista de FIEL estima que dependerá de los volúmenes de demanda y de oferta de divisas. “Hoy la oferta de dólares es muy fluida, gracias a las manufacturas de origen agropecuario y a los precios internacionales. El problema será cómo actuará la demanda, que tiene un componente simple: las importaciones, el pago de servicios de deuda y la fuga de capitales”.
Cado, de Prefinex, pese a sus críticas a la gestión de Redrado, reconoce que la estrategia del tipo de cambio flotante controlado ha sido exitosa y sostiene que “aparentemente es conveniente decir que debe mantenerse esta política cambiaria, pero no deja de ser una cuestión discutible”.
A tal interrogante también se suma Ferrer, quien se pregunta cómo el próximo Gobierno mantendrá un tipo de cambio competitivo en un contexto inflacionario como el actual. “Está claro que el tipo de cambio al mismo nivel y los precios que crecen al 20-25% llevan a una apreciación continua de tipo de cambio”.
