ANÁLISIS | Perspectiva
Fabián Repetto
Foto: Gabriel Reig
Las tendencias en la materia comienzan a avanzar hacia dos nuevos consensos: se empieza a reconocer que la política social es bastante más que acciones dirigidas exclusivamente a la población en situación de pobreza; pero además se va tomando mayor conciencia de que, en tanto una de las claves fundamentales para mejorar la situación social está relacionada con lo que acontezca con el mercado de trabajo, es importante incorporar esta dimensión como parte relevante de las preocupaciones estatales en lo social. Justamente la protección social emerge con fuerza en el cruce de ambos consensos en construcción.
Sobre estos temas, y lo que debería encarar en la materia un futuro Gobierno versa esta entrevista a Fabián Repetto, director del Programa de Protección Social de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
–¿Cuáles son los principales desafíos de la protección social en la Argentina 2010?
–El primer desafío que hay en esta materia es que los actores con capacidad de decisión –no solamente la clase política sino la clase dirigente en general– acuerden el concepto sobre qué se entiende por protección social, cuáles son los elementos básicos que como sociedad estamos dispuestos a que el Estado proteja en todos los ciudadanos.
En ese sentido, creo que el primer desafío es de índole conceptual, pero con influencia en definir políticamente qué se entiende por protección social.
Definido eso, el otro reto importante es cómo combinar un modelo que atienda al conjunto de los argentinos, incluyendo una perspectiva de ciclo de vida, porque la problemática de protección social para los niños es diferente a la de los ancianos y a la de los adultos que no tienen trabajo. Ahí hay un tema de perspectiva de ciclo de vida en la protección social que hay que definir de un modo más articulado y mejor, y eso implica retos de coordinación de política social que la Argentina tiene como asignatura pendiente.
Un elemento crítico de todo el sistema de protección social es el factor del financiamiento y, en ese aspecto, el reto que enfrenta la sociedad y la política argentina es encontrar un acuerdo, siempre complicado y complejo, entre cuánto de eso se va a hacer con contribución de los propios actores, de los propios individuos –por ejemplo, con la seguridad social contributiva– y cuánto de la protección social va a salir de impuestos generales (por ende, no contributivo).
–¿Cuáles son los temas pendientes fundamentales de la política social argentina?
–Definitivamente, hay un tema de cobertura para ciertas problemáticas. La Argentina ha hecho avances importantes en ampliar, por ejemplo, la cobertura en seguridad social a los ancianos, a las personas de la tercera edad; y ha habido importantes avances con la asignación universal por hijo.
Pero quedan retos relevantes en dos planos. Uno es avanzar en una mejor política de cuidado en su conjunto, de cuidado a los niños, a las personas con discapacidad, a los ancianos. Y, en ese sentido, la Argentina tiene una deuda en materia de esa dimensión de la protección social, que podría denominarse organización social del cuidado. Otro reto importante es la perspectiva más de coordinación integral de los diversos actores estatales y no estatales que tienen que ver con la protección social. Hay retos de gestión social que la Argentina tiene que afrontar y que tenemos todavía con asignaturas pendientes.
Por otro lado, creo que el tercer reto es cómo definir en el mediano y largo plazo las fuentes de financiamiento de la protección social. En este sentido, un punto para agregar como desafío relevante es no solamente la cobertura o acceso a ciertos bienes y servicios de carácter social, sino a definir la calidad de ellos. Y me parece que en este aspecto, una pregunta crítica que tiene la protección social en el país es en qué medida las clases medias van a ser usuarias de la protección social.
Mi argumento es que en la medida en que el Estado brinde servicios sociales de calidad, las clases medias van a volver a considerar el uso de esos servicios y, por ende, van a darle un mayor respaldo político y tributario a esos esfuerzos estatales respecto de la protección social. Mientras las clases medias no usen la educación pública, la salud pública y los mecanismos que el Estado tiene para proteger, definitivamente la clase media se va a despreocupar de la suerte política y fiscal de la protección social.
–¿Qué tres medidas concretas le recomendaría al próximo Presidente para adoptar en su primer año de gobierno?
–Lo primero es tener una perspectiva política, estratégica, de qué se va a entender en el próximo Gobierno por protección social. En este sentido, el paso siguiente es redefinir las funciones y tareas de los principales actores y organismos estatales que tienen que ver con la protección social y, la tercera medida, redefinir los programas sociales y las políticas sociales acordes con esa visión de la protección social.
Mi argumento es que no hay que recomendar medidas que sean de carácter programático exclusivamente. Creo que empezar por los programas es una mala idea. Hay que empezar por definir el rumbo estratégico de carácter político acorde a la estructura social de la Argentina. Hay que redefinir las instituciones y los actores que van a estar involucrados en este esfuerzo y, recién ahí, viene como tercera medida importante hacer lo que en la jerga se llama una reingeniería de programa.
–¿Considera necesario aumentar la eficacia y extender la cobertura de los sistemas de seguridad social?
–Hay un tema de seguridad social que involucra a las personas de la tercera edad. En ese sentido, la cobertura que se ha logrado en los últimos años, sobre todo con la moratoria jubilatoria, es muy amplia, y ahí hay esfuerzos marginales que hay que hacer, pero no hay un problema de cobertura en la tercera edad.
Sí, si se entiende el concepto de seguridad social en su dimensión contributiva. El esfuerzo por la asignación universal me parece que también ha avanzado en la cuestión de la cobertura. En ese sentido, los problemas son más de eficiencia en el uso de los recursos, cómo gastar mejor o invertir mejor esos recursos que son importantes. Y, en ese sentido, me parece que la Argentina tiene que pensar a futuro en el campo de la seguridad social una pregunta crítica que no tiene tanto que ver con cobertura o eficiencia sino con el foco de la seguridad social. Tiene que ver con las características del mercado laboral y con los cambios demográficos en la Argentina.
La pregunta que uno podría hacerse es si tenemos la seguridad social acorde en el mediano y largo plazo a los cambios demográficos que está teniendo la sociedad argentina y a los cambios en el mercado de trabajo, que efectivamente lo que están mostrando es que la cantidad de contribuyentes activos son cada vez menos cuando el aumento en los pasivos es cada vez más. Eso obliga a una perspectiva crítica en términos de los derechos de las personas de tercera edad, de qué capacidad tenemos en el mediano y largo plazo de darle sostenibilidad para no tener recurrentemente crisis previsionales como la Argentina ha tenido históricamente. El caso puntual de 82% móvil es un buen ejemplo de preguntas y asignaturas pendientes.
–¿Cree que la asimetría entre las provincias argentinas dificulta la atención de los problemas sociales en el país?
–Definitivamente. Hay múltiples “Argentinas”. No solamente a escala de las 24 jurisdicciones subnacionales sino de los más de 2.000 municipios. Entonces, en la medida en que la protección social tenga que involucrar no solamente a distintos sectores del Estado nacional sino también a distintos niveles de gobierno, esa asimetría, en términos fiscales, de lógica de cultura política, de capacidades de gestión, genera efectos muy perversos en materia de gestión de la protección social.
Un ciudadano que vive en una provincia, por ejemplo, con buena capacidad fiscal propia, con buena capacidad de gestión y con una cultura política de inclusión y de democratización, seguramente será un ciudadano de primera, por decirlo de alguna manera. Mientras que un ciudadano que vive en una provincia que no tiene esas características, que tiene dependencia fiscal importante, que no tiene buena capacidad de gestión, será un ciudadano de segunda o de tercera. Y ahí, me parece que es crítico pensar cuál es el rol del Estado nacional para resolver esas asimetrías propias del federalismo argentino.
–¿Considera que la discusión entre priorizar a los adultos o a los niños es válida o una falsa dicotomía?
–Es una falsa dicotomía porque la pregunta del millón es si hay que fomentar, de algún modo, el conflicto de vulnerables contra vulnerables o de pobres contra pobres. Y efectivamente, me parece que el reto no es si hay que sacarle a las personas de la tercera edad, que tienen problemas importantes de ingreso, para darle a los niños, que también tienen en sus hogares importantes problemas de ingresos; sino que el conflicto está entre los que tienen más capacidad contributiva y, por ende, más responsabilidad en construir una sociedad más equitativa y los que menos tienen.
Lo que es un tema crítico de la protección social es que el Estado siempre tiene que fijar prioridades y que ninguna prioridad es fácil de resolver. Mi argumento es que el dilema no es niños o viejos, sino atender de un modo más progresivo, por ejemplo con una reforma fiscal, políticas de inclusión social que permitan atender a las personas de tercera edad que tienen problemas y a los niños que también tienen problemas, que no son sólo problemas de ingreso sino un conjunto de dimensiones del bienestar que habitualmente se ven afectados como son el tema de la vivienda, del cuidado, de la salud y de la educación.
–¿Cree posible crear un sistema de protección social integrado y orientado a promover la inserción al mercado laboral?
–Sí es posible construir en la Argentina, dados sus recursos fiscales, sus recursos burocráticos, sus acuerdos de voluntad política, la posibilidad de avanzar en un sistema más integral, que por supuesto tiene que ser además un sistema federal. El reto importante es reconocer como punto crítico que no necesariamente el factor único de integración social es el mercado de trabajo.
La Argentina muestra cabalmente que aun con un mercado de trabajo que genera empleo, como ha sido el caso entre 2003 y 2007, tiene problemas importantes para que ese sea el gran factor de integración social.
Hay que hacer un sistema integral de protección social que permita generar condiciones para que cuando el mercado de trabajo genere demandas, haya trabajadores en condiciones de incorporarse de un modo virtuoso en el mercado de trabajo. Pero también hay que pensar que parte de ese sistema de protección social deberá atender a aquellas personas que aun haciendo esfuerzos, aun teniendo la voluntad, no consiguen trabajos dignos en el mercado de trabajo argentino y que tienen problemas que son más de estructura que de coyuntura.
