El año electoral aceleró notablemente un alza de los precios
al consumidor que ya venía con presiones vía el sector externo.
De todos modos, las perspectivas para 2008 son optimistas, previendo una desaceleración
de entre 3 y 4 puntos.
El presente análisis busca ir más allá del IPC que emite
el intervenido Indec. No hay dudas de que hay inflación, y que la misma
superó holgadamente 15% en 2007. Buscaremos explicar los elementos que
subyacen detrás de dicho guarismo y, en función de ello, describir
las perspectivas para el presente año.
Inflación de demanda
Se da cuando los gastos de la economía superan su capacidad de producción.
Fueron muchos los elementos que fogonearon la demanda en 2007.
En primera instancia, los esfuerzos del sector público por mantener congelados
los precios de peajes y naftas y los subsidios destinados a mantener sin cambios
los precios de los servicios y el transporte público (contabilizados
en $20.000 millones para 2007), representó un incremento en el poder
adquisitivo real de la clase media. En un contexto de tasas de interés
reales negativas, estos fondos se volcaron al mercado vía demanda de
otros bienes y servicios.
Esto se observa en la evolución, entre otros, de precios tales como:
• Muebles y accesorios decorativos, 23,6% anual.
• Otros servicios de esparcimiento, 22,3% anual.
• Servicios cuidado personal, 23,7% anual.
• Servicios varios, 23% anual.
• Funcionamiento y mantenimiento de vehículos, 16,1%.
Todos estos rubros, asociados a la canasta de consumo de los estratos medios,
tienen además la característica de no poder ser alcanzados por
los controles oficiales y son probablemente los menos “retocados”
por la poca importancia que tienen desde un punto de vista social.
Además, no hay que perder de vista que la política cambiaria llevada
a cabo por el BCRA beneficia al sector bancario, el cuál viene mostrando
abultados resultados positivos desde 2004. Esto último, sumado a la excelente
coyuntura macroeconómica y una alta propensión a consumir, hacen
del crédito al consumo la mejor opción de negocios para las entidades
financieras a la hora de asignar recursos ociosos en créditos, ya que
tienen un mix riesgo-retorno muy atractivo. Estos créditos crecieron
en 2007 $12.500 millones (+51% anual).
En segundo lugar, de 2006 a 2007 el superávit primario pasó de
3,6% a 2,4% del PIB, lo que significó inyectar al mercado otros $10.000
millones. Estos fondos se destinaron principalmente a jubilaciones, pensiones
y sueldos.
De este modo, el consumo público y privado creció en 2007 a un
ritmo de 9% anual, 0,4 puntos más que el ritmo de crecimiento de la oferta
local, provocando presión sobre los precios.
Inflación de costos
Surge de tensiones inflacionarias en los costos de las empresas (laborales,
bienes y servicios intermedios, impuestos y costos financieros). Éstos
son muy flexibles al alza, pero inelásticos a la baja. Se pueden distinguir
tres casos:
• Subas en el precio de la energía, 21,4% anual. Al no haber ajustado
las tarifas de la energía residencial, el sector productor cargó
con todo el incremento necesario para que la cadena energética continúe
teniendo un nivel de rentabilidad “razonable”. No está de
más aclarar que este aumento anual mencionado no incluye el aumento en
los costos derivados del alquiler de grupos electrógenos y compras de
gasoil para morigerar la escasez de energía por los canales públicos.
• Las subas en los mercados mundiales del trigo (47% anual), el girasol
(77% anual) y la soja (64% anual) impactaron directamente en el precio de sus
derivados. Esto se reflejó en la inflación minorista registrada
en los rubros “productos de panificación, cereales y pastas”
(16,1%) y “aceites y grasas” (23,2%).
• En 2007 el peso se depreció 23% contra el real brasileño
y 13% contra el euro, los principales socios comerciales de la Argentina. Si
armamos una canasta de monedas ponderada por comercio que incluya a Brasil,
Europa y EE.UU., el Tipo de Cambio Nominal se depreció 13,2%, 4,5 puntos
más que en 2006.
Inflación estructural
Se observa cuando surgen desequilibrios en determinados sectores de la economía.
En este caso específico, las distorsiones en los precios relativos y
la imprevisibilidad de la economía al mediano plazo impidieron que se
lleven a cabo inversiones en algunos sectores de la economía para hacer
frente a una demanda creciente y altamente estimulada. Veamos algunos ejemplos:
• Los precios de los productos lácteos registraron un alza de 15%
anual, con incrementos en el sector mayorista de 40% anual.
• El valor de los alquileres subió 20% anual.
• El sector energético, con precios regulados, genera límites
en la oferta de este bien necesario e insustituible.
Finalmente, la Argentina presenta un déficit de infraestructura elevado.
La poca estabilidad de las reglas de juego y la todavía irregular situación
con la comunidad internacional mantuvo alejada a la Inversión Extranjera
Directa, notándose en la ausencia de proyectos de envergadura. Esta inversión
está muy relacionada con aquellos servicios y sectores altamente regulados
(comunicaciones y energía).
Perspectivas 2008
Teniendo en cuenta los últimos eventos en la economía local e
internacional, estimamos que en el presente año cederán las presiones
inflacionarias. Las razones son:
• El sector público llevaría el superávit primario
de 2,4% del PIB a 3,5% en 2008, retirando del mercado casi $11.000 millones.
• Parte de esta mejora del perfil fiscal se logrará vía
un reajuste de precios del transporte público y es probable que en los
próximos meses se instrumenten subas en las tarifas de energía
residencial. Paralelamente, las naftas experimentaron alzas de entre 10/30%.
Estos elementos deberían desacelerar el consumo privado, llevándolo
a una dinámica menos vertiginosa.
• En función de una probable desaceleración de EE.UU. a
un nivel en torno a 1,8% anual, esperamos que el mundo crezca 0,5 puntos porcentuales
menos que en 2007. Esto tendería a estabilizar los precios de los commodities
en niveles levemente superiores a los actuales, teniendo un impacto inflacionario
menor en relación a 2007.
• El tipo de cambio respecto a los principales socios comerciales registraría
una devaluación de aproximadamente 6/7% anual, casi la mitad que en 2007.
Esto significa una menor inflación vía el tipo de cambio por el
lado de los bienes comerciables.
En este sentido, creemos que la inflación en 2008 podría ser de
hasta 4 puntos menos que en 2007, ubicándose en torno a 14%. Este valor
es muy sensible a las renegociaciones salariales que se llevarán a cabo
a partir de marzo, las cuales esperamos lleguen a buen puerto.
Restricciones y medidas
Las tarifas jaquean la matriz energética
Desde el Gobierno se negó en todo momento la existencia de una crisis,
atribuyendo los problemas a una combinación de un invierno con temperaturas
bajas récord, la falta de inversión de las empresas públicas
y el elevado crecimiento económico. Las restricciones en el consumo energético
(gas, electricidad) lo obligaron a tomar una serie de medidas.
Éstas incluyeron:
• Racionamiento del consumo eléctrico de la industria, procurando
que el consumo residencial no sufriera cortes.
• Racionamiento del consumo de gas natural.
• Racionamiento del consumo de GNC.
• Importación de electricidad y gas natural.
• Reducción en las exportaciones de gas natural.
Se produjo un quiebre a fines de año cuando en diciembre se aprobó
un nuevo plan de ahorro energético que comprendió:
• Adelantamiento de la hora.
• Uso de bombitas de luz de bajo consumo.
• Intensificación de las restricciones en el uso de energía
en los edificios públicos.
En este sentido, uno de los principales desafíos de cara al futuro es
brindar certidumbre sobre el aprovisionamiento energético en el mediano
plazo. Esto es necesario en primer lugar para maximizar los niveles actuales
de producción. En segundo término, impacta en los futuros niveles
de producción dado que siendo la energía un insumo básico
de producción, la ausencia de certidumbre impacta negativamente en la
inversión.
Es posible dividir las principales causas de las restricciones energéticas
en factores estructurales y en la política de precios adoptada desde
2002. A continuación describiremos ambos factores centrando el análisis
en el mercado del gas natural, por ser el principal recurso en la matriz energética
argentina y del cual se derivan los otros problemas existentes (provisión
de electricidad). Por su parte, merece destacarse que el invierno de 2007, fue
particularmente frío, lo cual agravó la situación aunque
no modifica el diagnóstico ni la gravedad del problema.
Factores estructurales
La Argentina presenta un sendero de uso de energía insostenible dada
la dinámica de consumo y de exploración. La elevada intensidad
en el uso del gas natural en la producción energética está
disociada con la caída que se observa en el ratio reservas/producción,
que superó la barrera estratégica de los 15 años en 2002
y actualmente se ubica en 8,5 años.
Entre 1970 y hoy, el gas se ha convertido en el principal insumo energético
del país. La mayor intensidad en el uso del gas comenzó en la
industria, siguió en el sector eléctrico, continuó en el
sector de transporte y en los 90 se sumó el mercado externo como demandante
de este producto. La demanda incremental más importante responde al sector
eléctrico, favorecido por la competencia y las reglas de juego impuestas
por las reformas durante los 90. El descubrimiento de importantes reservas incentivó
una generación de electricidad intensiva en gas y, por ende, con bajos
requerimientos de capital.
La oferta acompañó el crecimiento de la demanda, exhibiendo un
comportamiento creciente desde 1970 y una suba de más de 150% en los
últimos 15 años. Desde 2002, la producción se incrementó
27% y por lo tanto resulta difícil culpar a la falta de dinamismo de
la oferta de la actual escasez de energía. La caída en la relación
de reservas responde a una inversión en exploración insuficiente
que tiene que ver con: a) bajo atractivo geológico de los yacimientos
en la Argentina y b) marco regulatorio inestable y disociado a la escasez relativa
del bien y a los precios internacionales desde 2002.
Problema de precios relativos
En 2002, cuando se superó la barrera de los 15 años de reservas
de gas, se produjo un quiebre en el marco regulatorio del sector y se adoptó
un sistema de precios disociado de la evolución del precio del producto
en los mercados internacionales. Se mantuvo congelado el precio en boca de pozo
hasta 2004, cuando durante el caluroso y seco verano aparecieron las primeras
señales de faltantes de gas.
Este sistema de precios incentivó un uso intensivo tanto de gas como
de electricidad. En este sentido el consumo residencial de gas y electricidad
por unidad de producto se incrementó más de 24% desde 1998 (anterior
pico de producto), mientras que este mismo guarismo por unidad de producto industrial
creció 20%.
Si bien el precio en el mercado interno en dólares se duplicó
desde ese entonces, aún resulta un tercio del valor del gas en los mercados
internacionales y sigue sin incentivar la inversión en exploración.
Este manejo discrecional y heterodoxo del precio del gas natural tiene algunas
particularidades llamativas:
• El Gobierno importó gas desde Bolivia a un precio tres veces
superior al que reciben los productores domésticos por el gas.
• Las clases sociales más bajas no tienen acceso a gas por redes,
por lo cual tienen que comprar garrafas de gas. El precio de gas por garrafas
es más caro que el gas por redes con lo cual no se explica bien cuál
es la motivación detrás del congelamiento de las tarifas de gas
residencial.
Perspectivas
El parque energético en el presente año seguirá operando
al límite, manteniendo la vulnerabilidad ante picos de consumo con lo
cual será difícil evitar racionamientos similares a los de 2007.
Estamos a tiempo para revertir la tendencia decreciente del principal producto
energético del país en el mediano plazo, pero el margen de maniobra
cada vez es menor. La aprobación del nuevo plan energético implica
un giro en la política del Gobierno frente al problema. Si bien su impacto
es limitado, significa un reconocimiento explícito por parte del Gobierno
de la existencia de un problema, lo cual es siempre un primer paso para alcanzar
una resolución satisfactoria.
Sin embargo, no constituye una respuesta suficiente y definitiva. Es necesaria
una modificación del marco regulatorio de forma tal de generar un sistema
de precios que incentive un consumo racional acorde a la escasez relativa del
bien y promueva la inversión en exploración. Bajo un sistema capitalista,
el único mecanismo eficaz para alinear los incentivos es el sistema de
precios, seguir insistiendo en la responsabilidad social de los empresarios
y consumidores como solución última no llevará a buen puerto.
La intervención en el Indec
¿Cómo se deja al país sin mapa de ruta?
La intervención de la estadística oficial desde principios de
2007 ha dado origen a una suerte de incertidumbre generalizada en torno, primero,
de la evolución de los precios, y luego de las tasas de indigencia, pobreza
y desempleo, para culminar en una desconfianza masiva en torno a todos los indicadores
del Indec.
Es de público conocimiento que desde enero de 2007, el Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (Indec) ha sido objeto de una intervención,
cada vez mayor, por parte de las autoridades gubernamentales. A partir de que
se hicieran públicos los mecanismos de manipulación del Índice
de Precios al Consumidor y de que los reclamos de los técnicos recibieran
apoyo de la sociedad en general, quedó en claro que esta intervención
no sólo significa una pérdida en términos estadísticos,
por la alteración de las bases, sino que acarrea un inconveniente mayor
en términos institucionales como lo es la pérdida de confianza
en las estadísticas oficiales de un país, termómetro de
la situación socioeconómica de toda nación.
Los índices cuestionados
A continuación, realizaremos un recorrido por los índices cuestionados
intentando ratificar o rectificar los rumores que más han corrido por
los pasillos de la estadística oficial y de los medios de comunicación.
De esta forma, buscaremos señalar qué índices todavía
se encuentran en condiciones de ser buenas brújulas del rumbo económico
del país.
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
La intervención al Índice de Precios al Consumidor (IPC) comenzó
en el mes de enero cuando se observaron modificaciones en las estimaciones de
los rubros Turismo, Salud y Alimentos.
En el caso de Turismo, se consideraron los incrementos de precios estimados
por la Secretaría de Turismo de la Nación, realizados con base
en el universo de hoteles que había acordado con el Gobierno. No obstante,
no se hizo una presentación formal de los datos de cada uno de los hoteles
a los efectos de incorporarlos en las bases del índice no alterando la
rigurosidad del índice.
En cuanto al rubro Salud, es de dominio público que en vez de incorporarse
los incrementos de los planes de medicina prepaga se computaron las subas autorizadas
por el Gobierno. En pos de aminorar el impacto de dicho aumentos, se distinguieron
de los planes existentes pagos adicionales por servicios que tradicionalmente
estaban incluidos en el mismo paquete de prestaciones.
Por el lado de los alimentos, en el grupo de las verduras se descartaron mediciones
recabadas de acuerdo con la metodología vigente así como también
se pasó a tratar a algunos productos como estacionales1 cuando no correspondía
hacerlo.
A partir de febrero, se procedió a reinterpretar o ignorar principios
metodológicos del IPC vigentes hasta 2006. Éstas son algunas de
las medidas tomadas:
1) Se pasó a exigir a los encuestadores el relevamiento de precios fijados
por la Secretaría de Comercio.
2) Para los bienes y servicios no incluidos en los acuerdos se excluyeron del
cálculo del índice los aumentos superiores a 10% mensual. Esto
es, a la hora de computar incrementos se tomó como límite superior
una variación de 10% mensual, no quedando asentadas subas mayores. No
obstante, este procedimiento no se replicó a la baja, inscribiéndose
sin límites todas las caídas de precios.
3) Se dejó de relevar el producto más vendido considerándose
a partir de este mes el más barato de la categoría.
4) Se efectivizó el “cambio metodológico” en cuanto
a las frutas y verduras, pasando a considerar como estacionales aquéllas
que presentasen incrementos superiores a un determinado porcentaje. En estos
casos, fueron imputados los precios aplicando a los precios del mes inmediato
anterior la suba del grupo al que pertenecen.
5) A su vez, se forzó la metodología en el tratamiento dado a
los cambios de calidad o a la aparición o desaparición de bienes
y servicios estacionales.
A estas alteraciones que atentan contra la rigurosidad metodológica,
se le sumó la instrucción a los encuestadores de que pregunten
a los comerciantes por qué no respetaban los acuerdos y el hecho de que
algunos comerciantes comenzaron a preferir responder sólo por los productos
con precios acordados, afirmando no comercializar o estar fuera de stock de
los que tuviesen precios libres.
No obstante las fuertes presiones, los encuestadores continuaron con sus actividades
de relevamiento y el personal interno siguió ingresando estos datos.
Aun así, el personal nuevo incorporado hacia el mes de mayo los “arregló”,
modificó o directamente ignoró las bases.
A mediados de año (junio) el conflicto alcanzó su pico de tensión
cuando se realizaron denuncias de que un elevado número de formularios
fueron destruidos, eliminando todo rastro de la manipulación del índice,
y con ello toda posibilidad de reconstruir las bases.
En este mismo mes, dentro de la dirección del IPC se desactivó
un subprograma que tenía por objeto monitorear semanalmente una serie
de precios básicos y que se relevaban, analizaban y procesaban separadamente
de aquellos que intervenían en la estimación mensual del IPC.
Para los meses de julio y agosto se trabajó con base en la estimación
de una distribución de cambios relativos en los precios eliminando aquellos
que superasen dos desvíos hacia la derecha (aumento). Nuevamente, este
recorte no se reprodujo a la baja, siendo la totalidad de las desviaciones a
la izquierda (disminución) tenidas en cuenta.
Como corolario, cabe disipar el rumor de que el IPC se estimaba en base a la
variación del mismo mes del año anterior, a la cual se le resta
0,1 punto porcentual. Esa interpretación fue uno de los intentos de encontrar
cierta sistematización a la operación por parte de las consultoras.
Sin embargo, no se cumplió en los últimos meses.
De esta forma, se sepultó la confianza en el índice quedando la
estimación de la inflación en un marco de incertidumbre. Su consecuencia
más grave reside en la incidencia que esta variable tiene en la estimación
de otros indicadores como lo son las canastas básicas alimentaria (CBA)
y total (CBT), la estimación de ingresos en términos reales y,
en última instancia, en la EPH en cuanto a la determinación de
las tasas de pobreza e indigencia. Desde el punto de vista financiero, la alteración
de la estimación de la inflación tiene su impacto negativo en
los rendimientos de los bonos en pesos ajustados por CER.
Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional)
La manipulación del IPC alteró directamente la medición
de la inflación nacional ya que su variación es un dato en la
elaboración del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC
Nacional).
En efecto, el IPC Nacional es calculado con base en los índices de las
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán,
Catamarca, San Luis y Ciudad de Buenos Aires. Su estimación es similar
a la del IPC aunque la canasta de productos varía en cada provincia para
adecuarse a los patrones de consumo. El beneficio de este índice es que
permite establecer comparaciones de la evolución de la inflación
en las distintas provincias, promocionando que cada una cuente con un índice
de precios de elaboración propia.
Cuando se comenzó con la intervención del IPC de Gran Buenos Aires
(GBA), los directores de los institutos provinciales fueron convocados para
dar a conocer los cambios introducidos. Desde ese momento, el IPC Nacional pasó
a ser “arreglado” de forma similar al IPC aunque en menor magnitud.
Aun así, este índice se mantuvo como un indicador más confiable
que el IPC de GBA gracias a que las provincias de Mendoza y San Luis defendieron
su independencia, no permitiendo que sus datos fueran manipulados. De esta forma,
los índices de ambas provincias pasaron a ser considerados como la brújula
de la evolución de los precios. Puntualmente, el índice de Mendoza,
que presenta mayor robustez por la cantidad de productos relevados, variedades,
precios e informantes.
Con el correr de los meses, la evolución de los índices en estas
provincias presentó una creciente divergencia con respecto a las variaciones
observadas en el IPC de GBA, destacándose el alto grado de intervención
que sufría la estadística. Fue por ese motivo que a partir de
la publicación del índice de agosto se dejó de incorporar
la inflación estimada por el Departamento Provincial de Estadística
de Mendoza, para computarse una medición de elaboración propia
del Indec, divergente de la anterior. A pesar de las fuertes protestas y denuncias
de las autoridades estadísticas provinciales, en los meses subsiguientes
se mantuvo la metodología adoptada en agosto.
Las perspectivas respecto del futuro de la medición de la inflación
nacional no son optimistas: los rumores hablan de una posible eliminación
de las estimaciones provinciales de las variaciones de precios para este año
que recién comienza.
Encuesta permanente de Hogares (EPH)
Otro importante foco de conflicto lo constituyó la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH), programa de producción nacional que resume los principales
indicadores sociales, tanto sociodemográficos (caracterización
de los hogares y personas por sexo, edad, tamaño del hogar, jefatura
del hogar por sexo y edad, etc.) como socioeconómicos (pobreza, indigencia,
población económicamente activa, tasa de desocupación,
caracterización de la población ocupada, entre otros). En esta
oportunidad fueron varios los hechos que confluyeron a contrarrestar la calidad
de sus mediciones.
En primer lugar, cabe señalar que este indicador se basa en las estimaciones
del IPC de GBA, las cuales son incorporadas en las valorizaciones mensuales
de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que luego son extendidas a la
elaboración de la Canasta Básica Total (CBT). De allí que,
de subestimarse los aumentos en los precios de los alimentos, la resultante
CBA será menor, situando a la línea de indigencia por debajo de
su verdadero valor. De igual forma, las alteraciones en la medición del
IPC afectan la conformación de la línea de pobreza, determinada
por la CBT2. Así, la caracterización de la población en
estos términos queda alterada, concluyéndose en menores tasas
de indigencia y de pobreza que las reales.
Por otro lado, a partir del 4 de julio, cuando el equipo técnico de la
EPH presentó un memo oponiéndose al cálculo de la pobreza
e indigencia utilizando un IPC alterado, las autoridades de la entidad conformaron
un equipo paralelo que elabora los informes de prensa. En la mayoría
de los casos se trata de personas que no cuentan con las credenciales académicas
o técnicas específicas en lo que respecta a la encuesta y que
trabajan de forma independiente a los especialistas anteriormente responsables
de la EPH. Desde este momento, los antiguos responsables no reciben información
para procesar, la cual es dirigida exclusivamente a los miembros del nuevo equipo.
Además, en la estimación de las tasas del mercado laboral al tercer
trimestre se recalcularon los resultados para los aglomerados de Gran Buenos
Aires, Gran La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata –que tienen
una participación importante en la muestra– por insuficiencia de
datos. En el primer caso (Gran Buenos Aires), la falta de información
se debió al paro realizado por el equipo de EPH del Indec. Luego de las
medidas de fuerza, los encuestadores retomaron sus actividades a fines de agosto,
relevando sólo durante una semana de agosto y la totalidad del mes de
septiembre. El hecho de que no se relevara durante todo el trimestre afectó
la continuidad de la encuesta –que dejó de ser puntual a fines
de 2003– alterando la confiabilidad estadística de las estimaciones
obtenidas.
En relación a los otros aglomerados no relevados en el tercer trimestre
(Gran La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata), las causas fueron de orden
administrativo. En efecto, se debió a la demora en la realización
de los convenios institucionales entre la dirección del Indec y la Dirección
Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires.
A su vez, en la publicación de la EPH al tercer trimestre no se mantuvo
el criterio que tradicionalmente se utilizaba de no extender resultados frente
a una insuficiencia de datos. Por el contrario, el Instituto presentó
una estimación de las tasas de pobreza e indigencia para los aglomerados
no relevados aunque no se hizo pública la metodología utilizada.
Cabe recordar que esta encuesta también releva información sobre
población económicamente activa, tasa de ocupación y desocupación.
En estos casos, si bien las mediciones de estas variables no se basan en el
IPC, la insuficiencia de datos para los aglomerados indicados también
incidió en la estimación de dichas variables socioeconómicas.
Y, como señaláramos, la extensión de los resultados a estos
aglomerados se realizó bajo una metodología ajena al dominio público.
Estadística de Servicios Públicos
En este caso se introdujeron de forma consecutiva dos modificaciones metodológicas.
En los meses de mayor crisis energética, se reemplazó en primer
lugar la serie de producción de gas por la de consumo de gas y luego
la de generación eléctrica por la de demanda.
Respecto de este cambio, hay quienes argumentan que beneficiaría al índice
ya que el indicador busca reflejar la performance económica
desde el lado de la demanda. Por otro lado, también se ha sostenido que
el cambio no debería modificar conceptualmente la serie porque, en el
caso de estos dos servicios, su producción/generación es consumida
en su totalidad –no hay almacenamiento– por lo que es lo mismo recabar
cuánto se produce que cuánto se demanda.
Estos argumentos omiten considerar que la implementación de una nueva
metodología debe realizarse de forma homogénea y pública,
permitiendo una coexistencia en el tiempo entre los índices con una y
otra metodología a los efectos de permitir un correcto empalme en la
serie. A su vez, en el caso del gas es importante no olvidar que parte de la
demanda local es satisfecha con importaciones.
Por otro lado, a estas modificaciones se sumó un cambio de año
base que pasó de ser 1997 a ser 2004. Aunque todavía no se ha
empalmado hacia atrás la serie con nueva base, luego de las fuertes críticas
recibidas, el instituto procedió a publicar en el reciente informe de
prensa ambas series (base 1997 y base 2004) lo que permitirá continuar
realizando comparaciones de mayor plazo hasta que se realice el empalme.
Mucho se ha dicho del efecto de la intervención del IPC sobre la estimación
de las Cuentas Nacionales a valores reales. No obstante, a la hora de estimar
la evolución real del Producto Bruto Interno (PBI) se hace uso de series
de volúmenes físicos en la mayoría de los rubros. Más
aún, el IPC no es utilizado como deflactor en primer lugar porque no
refleja la canasta de bienes del consumo público y privado y de la inversión.
Consecuencias
En el presente panorama de desconfianza en torno a la estadística pública,
cualquier evolución divergente a la esperada por el mercado es tomada
como motivo de sospecha. El ejemplo más claro viene por el lado de los
informes que presentan series de precios implícitos como las Encuestas
de Supermercados y de Centros de Compras, o los que se refieren a evolución
de precios de algún sector específico, como son los casos del
Índice de Costos de la Construcción (ICC) y del Índice
de Precios Interiores Mayoristas (IPIM).
En cuanto al IPIM, a partir del mes de abril se comenzó a observar un
comportamiento similar en las estadísticas de inflación minorista
y mayorista. Si bien no existen denuncias concretas, son muy fuertes las sospechas
de que se ha realizado una “armonización” de los resultados
del IPIM con los del IPC.
Otros indicadores recientemente puestos bajo la lupa son el Estimador Mensual
de la Industria (EMI) y el Estimador Mensual de la Actividad Económica
(EMAE). Aunque en el caso del segundo se ha comentado que habría alteraciones
de las series reales, no se han presentado acusaciones más precisas sobre
maniobras de alteración de datos.
No obstante, la primera consecuencia de suma gravedad que habría que
tener en cuenta radica en la pérdida de los faros de la performance
socioeconómica del país. Para tomar un ejemplo de conocimiento
público, el recorte de la estadística de inflación sobreestima
en este caso los ingresos reales. Frente a la ignorancia del verdadero poder
adquisitivo, los convenios salariales pierden parámetros objetivos de
negociación lo cual dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos.
En definitiva, si no se puede analizar y evaluar correctamente la situación
socioeconómica, lejos se encuentra el Estado de poder diseñar
políticas efectivas o incluso de poder constatar el impacto de su implementación.
Al renunciar a conocer la realidad, el Gobierno está renunciando de igual
forma a la posibilidad de poder modificarla para bien de la comunidad argentina.
En última instancia, existe un daño aún mayor: el deterioro
institucional de la estadística pública. El impacto negativo que
recién señaláramos no sólo se sentirá en
el presente año, sino que podrá extenderse a años venideros
en la medida en que no se revierta la presente intervención o que no
se publiquen nuevas metodologías que sean convalidadas técnicamente
y aceptadas como fehacientes por la sociedad.
Perspectivas
El pronóstico de una pronta recuperación de la rigurosidad metodológica
del Indec parece nublarse cuando se comprende que los motivos que impulsaron
la presente alteración son de índole político. En efecto,
la interpretación más difundida de la presente situación
es que el Gobierno al observar el deterioro de la efectividad de sus políticas
dirigidas a atacar los flagelos de la inflación y el desempleo, prefirió
retocar la estadística de manera que respondiesen a reflejar los logros.
Siendo éste el contexto, la única esperanza de que se revierta
la situación del Indec exige que el Gobierno esté dispuesto a
pagar un costo político –sincerar la verdadera realidad socioeconómica
del país– distinto al que ya ha estado pagando en concepto de pérdida
de confianza. Sin embargo, hasta la fecha, con las recientes declaraciones de
los nuevos mandatarios no parecería encontrarse dentro de su agenda próxima
la normalización de la estadística nacional.
1- Los bienes y servicios estacionales son aquellos cuya oferta se retrae con
motivos de cambios climáticos o de estación.
2- Cabe resaltar que para la obtención de la CBT se debe multiplicar
a la CBA por el denominado “coeficiente de Orshanki” que es la relación
entre gasto total y gasto en alimentos registrada en un grupo de hogares que
apenas alcanza los requerimientos alimentarios. Al intervenirse la medición
del IPC, la evolución de los precios relativos no guardaría relación
con la realidad incidiendo directamente en la estimación de la CBT.