Sector fiscal

    Deterioro del superávit fiscal

    La expansión del gasto superó a la recaudación

    2007 no escapó a la habitual dinámica de años electorales.
    Hubo deterioro fiscal de más de 1% del PIB en términos de superávit
    primario del Gobierno nacional. Situación que no se refleja en las estadísticas
    oficiales por la inclusión indebida en los ingresos corrientes de las
    transferencias de los fondos de los trabajadores que aportaban a las AFJP.

    Las personas que decidieron traspasarse al sistema de reparto en el marco de
    la ley 26.222, transfirieron $8.036 millones. De esta forma, el superávit
    primario se ubica en 2,4% del PIB en 2007, siendo éste el valor más
    bajo desde 2003.
    Esta disminución del superávit se produjo a pesar de un crecimiento
    vigoroso de la recaudación impositiva en el marco de un fuerte crecimiento
    económico, una aceleración en la tasa de inflación y precios
    de commodities en niveles elevados. La expansión del gasto primario superó
    ampliamente la mejora en la recaudación, sustentado básicamente
    en la universalización de las prestaciones jubilatorias y el mantenimiento
    de precios de tarifas de servicios públicos congelados (energía,
    transporte).
    Este comportamiento fiscal enciende algunas señales de alarma de cara
    al futuro si bien el frente fiscal para 2008 ha ganado margen de maniobra con
    el impuestazo fiscal sobre los commodities implementado a fines de
    2007.
    Durante la administración Kirchner, el gasto público ha tenido
    un carácter pro-cíclico: si bien esto podía entenderse
    en los primeros años por los salarios públicos rezagados y la
    crítica situación social, no puede justificarse en el marco de
    una aceleración de la inflación y de políticas de subsidios
    que en muchos casos no benefician a las clases sociales más bajas ni
    ayudan a crear un marco favorable para la inversión. El gasto público
    hoy se ubica en niveles récord y, teniendo en cuenta la inflexibilidad
    a la baja del mismo, la situación fiscal hoy es vulnerable a shocks que
    escapan al control del Gobierno (por ejemplo, una caída en el precio
    de los commodities).

    Ingresos

    La inflación, tractor de la recaudación

    La recaudación tributaria nacional se ubicó en $199.782 millones,
    lo cual implica un importante crecimiento durante 2007 (33,2% a/a) sustentado
    en: actividad económica vigorosa, inflación en ascenso, aumento
    de la masa salarial (salarios y número de empleados), precios de commodities
    en niveles elevados, y reducción en el incumplimiento impositivo.

    En este sentido cabe resaltar la buena performance de los cinco impuestos que
    significan más de 85% de la recaudación tributaria nacional: IVA
    neto, ganancias, seguridad social, exportaciones e impuesto a las transacciones
    financieras (débitos y créditos en cuenta corriente).
    La recaudación por el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
    totalizó $60.757 millones, lo cual significa 30% del total de la recaudación
    del año, y un aporte de 31,4% de los recursos adicionales de 2007 de
    la mano de un consumo vigoroso y una inflación en ascenso. Si bien se
    observa una aceleración ininterrumpida en la tasa de crecimiento desde
    2006, si se deflacionan los valores nominales por nuestra inflación
    minorista estimada, la tasa de variación en 2007 se mantiene estable
    en valores cercanos a 15%. Este guarismo es coherente con un consumo creciendo
    a 9%, una reducción en la evasión impositiva y un traslado hacia
    productos de mayor calidad en la medida en que aumenta el ingreso per cápita.
    El segundo tributo en importancia de acuerdo a la participación sobre
    la recaudación total en 2007 fue el impuesto a las ganancias
    (21%), que totalizó $42.855 millones. Presentó una suba de 27,5%
    interanual, aportando 18,6% de los recursos adicionales totales, explicada por
    la mayor actividad económica y las subas de los salarios.
    Los recursos correspondientes a la seguridad social ($35.331
    millones, 18% del total) fueron los que exhibieron la mayor suba porcentual
    (49,7%) y los que aportaron 24% de los recursos adicionales en 2007. El incremento
    estuvo ligado al aumento de la masa salarial formal, al plan de regularización
    de deudas asociado a la universalización de la jubilación y a
    los traspasos del sistema previsional privado al público. El impacto
    de estos dos últimos conceptos se sintió de lleno en 2007, por
    lo cual debe esperarse una desaceleración en el crecimiento de este tributo
    a partir de 2008.
    Las retenciones a la exportación significaron 10,2%
    de la recaudación tributaria nacional de 2007, totalizando $20.450 millones.
    El crecimiento de 39% está relacionado con los mayores niveles de exportaciones,
    tanto por precios como por cantidades. Cabe resaltar, asimismo, que mediante
    la resolución del Ministerio de Economía 10/2007 se elevó
    a partir del 15 de enero la alícuota para los porotos de soja de 23,5%
    a 27,5% y para el aceite y los pellets de 20% a 24%, respectivamente.
    En noviembre, las alícuotas de las retenciones a la exportación
    de productos del sector agrícola y petrolero fueron elevados nuevamente,
    aunque el impacto de esta medida se sentirá plenamente en 2008.
    De esta manera, 2007 cerró con una presión impositiva récord,
    correspondiente a 25,2% del PIB, muy por encima del promedio observado durante
    el período 1993-2001 (16,8%). La diferencia se explica fundamentalmente
    por tributos antes inexistentes: derechos a la exportación (2,6% del
    PIB) y a las transacciones financieras (1,9%). En este sentido, es importante
    señalar el peligro de depender de impuestos altamente correlacionados
    con variables exógenas al control del Gobierno como son los precios internacionales
    de los productos agrícolas.

    El impuestazo mirando a 2008
    El noviembre de 2007 el Gobierno decidió elevar las retenciones a las
    exportaciones de los commodities agrícolas y petroleras que
    habían mostrado fuertes subas en sus precios, consiguiendo de esta manera:
    a) revertir el deterioro fiscal observado en 2007, brindando margen de maniobra
    al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante 2008 y b) aplacar
    las presiones inflacionarias.
    En el caso de los commodities agrícolas, el Gobierno dispuso
    un incremento de entre 5/10 puntos porcentuales en las retenciones a la exportación.
    Estos bienes habían experimentado fuertes subas en 2007: trigo (+61%
    desde diciembre de 2006), soja (+60% desde diciembre de 2006) y maíz
    (+7,2% desde diciembre de 2006), generando presiones sobre los precios de otros
    bienes de los cuales son insumos básicos (pan, pastas, etc). Suponiendo
    un mantenimiento de los precios actuales y teniendo en cuentas las proyecciones
    de las cantidades exportadas elaboradas por el USDA, el Gobierno va a obtener
    recursos adicionales por esta vía por US$2.200 millones.
    En el caso del sector petrolero se fijó un precio máximo de US$42
    por barril de petróleo crudo, lo cual supone un incremento de la presión
    impositiva en este producto de 45% a 55% a los actuales niveles de precio. El
    mecanismo de precios máximos también se trasladó a los
    carburantes (US$78 para las naftas) y en este caso la presión impositiva
    pasó de 5% a 45% a los actuales precios. Por este concepto, el Gobierno
    va a conseguir recursos adicionales en 2008 por US$800 millones.

    Gastos

    Lo previsional incidió en el gasto de 2007

    El gasto público primario nacional (excluyendo las transferencias automáticas
    a las provincias por coparticipación federal) se ubicó en 2007
    en niveles récord (17,4% del PIB) al crecer a una tasa (43,5% a/a) que
    duplica el crecimiento del PIB nominal (21,2%). La tasa de crecimiento del gasto
    se acelera desde 2004 y supera la variación de la recaudación
    desde 2005.

    El rubro de mayor aporte al incremento del gasto primario nacional fueron las
    prestaciones de la seguridad social que totalizaron $47.121
    millones, explicando 42% de la variación total. Esta fuerte suba se enmarca
    en una serie de medidas que tomó el Gobierno para “universalizar”
    las jubilaciones.
    Con el objetivo de poner fin a la tendencia decreciente en la tasa de cobertura
    del sistema jubilatorio que alcanzó un mínimo histórico
    en 2004 (63,5%), se aprobó en enero de 2005 la ley 25.994. Esta ley,
    con vigencia hasta abril de 2007, efectivizó la inclusión previsional
    a aquellos que no cumplían con todos los requisitos previamente exigidos
    mediante dos mecanismos:
    Prestación Anticipada por Desempleo (PAD). Permitió
    el acceso a los individuos desempleados que cumplieran con los 30 años
    de aportes formales, aunque por su edad (55 años las mujeres y 60 años
    los hombres) pudieran encontrar dificultades para conseguir un nuevo empleo.

    Moratoria previsional. Permitió a las personas que cumplían
    el requisito de edad jubilatoria durante 2004, pero que no alcanzaban los años
    de aportes requeridos, acceder al beneficio previsional.
    En ambos casos se exigía la inscripción a los beneficiarios en
    un plan de regularización de deudas, mediante los cuales los adherentes
    deberían abonar el pasivo resultante en un cronograma de hasta 60 cuotas
    mensuales.
    Sumado a esto, el decreto 1454 de noviembre de 2005 modificó el Régimen
    de Regularización de Deudas para trabajadores autónomos, posibilitando
    la incorporación a los beneficios previsionales en el caso de que regularizaran
    su deuda.
    Por estos cambios en la legislación se incorporaron al sistema previsional
    público aproximadamente 1.200.000 personas, que cuentan con cerca de
    50% de los aportes totales requeridos por la norma legal para jubilarse. De
    esta forma, la tasa de cobertura supera actualmente 80%.
    Desde el punto de vista del impacto fiscal, el haber medio de las prestaciones
    asciende a $537 mensuales, que luego del descuento medio por el plan de regularización
    de deudas ($208), implica un ingreso neto de $329 mensuales. El incremento en
    el gasto primario en este concepto asciende a 0,7% del PIB en 2007 y puede alcanzar
    1% en 2008.
    El segundo rubro que exhibe una mayor variación en términos normales
    fueron las transferencias al sector privado, que totalizaron
    $28.011 millones y explican 25% de la variación total. La decisión
    del Gobierno de postergar aumentos de tarifas en las empresas de servicios públicos
    (electricidad, gas, transporte) obligó a que se les otorgasen mayores
    subsidios para poder proveer estos servicios de manera “razonable”.
    En este sentido merecen destacarse los incrementos estimados respecto a 2006
    en las transferencias en los siguientes conceptos:
    • Asistencia financiera a la Compañía Administradora del
    Mercado Eléctrico Mayorista S.A. (CAMMESA), con destino al abastecimiento
    de las centrales térmicas eléctricas (+$4.350 millones).
    • Transferencia al Fondo Fiduciario para el Sistema de Infraestructura
    del Transporte para compensar los incrementos de los costos de transporte público
    automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano (+$1.350 millones).
    • Asistencia a las concesionarias del transporte ferroviario (+$1.050
    millones).
    • Transferencia al Ente Binacional Yacyreta (+$600 millones).
    • Asistencia a la Empresa Energía Argentina S.A. para la importación
    de gas de Bolivia (+$450 millones).
    Por su parte, las remuneraciones totalizaron $18.805 millones,
    lo cual implica un incremento de más de 30% anual. Esta suba se explica
    por el efecto conjunto de mayores salarios y un plantel de empleados públicos
    más numeroso. En relación a las remuneraciones, el decreto 757/2007
    dispuso aumentos en junio y agosto de 2007, por lo cual los salarios públicos
    crecieron en promedio 24%.
    Las inversiones públicas en 2007 sumaron $19.895 millones,
    aportando 11% del gasto primario adicional. Se destacan los incrementos en:
    obras viales (+$2.300 millones) y aportes a CAMMESA (+$500 millones).







    La reforma del sistema previsional

    Mediante la ley 26.222 el Gobierno habilitó a los trabajadores
    que aportan al sistema de seguridad social, desde el 12 de abril de
    2007 y hasta el 31 de diciembre de 2007, a realizar el traspaso del
    sistema de capitalización individual (AFJP) al sistema de reparto
    público. Anteriormente, un trabajador que aportaba a una AFJP
    no podía cambiarse al Régimen Público de Reparto.
    Por otro lado, la ley determina que una vez cada cinco años se
    reabrirá la posibilidad de realizar un traspaso de un sistema
    al otro.

    Impacto fiscal de corto plazo
    Aproximadamente 700.000 trabajadores optaron voluntariamente por retornar
    al sistema de reparto. A este número debe agregarse el traspaso
    de los trabajadores que están en regímenes especiales
    (maestros, jueces, etc.) que suman 250.000 y los traspasos automáticos
    de los afiliados que se encuentran a 10 años de jubilarse y que
    poseían cuentas de capitalización individual menores a
    $20.000, los cuales totalizan 1,2 millones de afiliados.
    En resumen, se efectuaron 2.150.000 traspasos, por lo cual un stock
    de $8.000 millones pasó de las AFJP a las arcas públicas.
    Allí, se contabilizó erróneamente como un ingreso
    corriente y por ende infló el superávit primario en 1%
    del PIB.
    En el corto plazo, el impacto sobre las cuentas públicas es positivo.
    Si suponemos que 43% de los nuevos afiliados aportan regularmente y
    teniendo en cuenta que a partir de enero de 2008 se reestablecerían
    los aportes de los trabajadores de 7 a 11%, el Gobierno obtendría
    recursos corrientes adicionales por $2.900 millones en 2008.

    Impacto fiscal de largo plazo
    Resulta más complejo medir el impacto fiscal de largo plazo de
    la medida y por ende la sustentabilidad de la misma teniendo en cuenta
    que depende de una serie de variables difíciles de pronosticar:
    a) esperanza de vida de los nuevos afiliados, b) evolución de
    los salarios y consecuentemente de los aportes de los afiliados, c)
    nuevos ajustes en las jubilaciones estatales, d) cantidad de traspasos
    que se efectúen en 2012, 2017 y demás años habilitados,
    etc.
    En la Argentina se están observando dos tendencias demográficas
    (ver gráfico) que hacen a la sustentabilidad del sistema de reparto:
    • La esperanza de vida es cada vez mayor.
    • La tasa de natalidad es cada vez menor.
    De este modo, un número cada vez menor de trabajadores tendrán
    que financiar montos crecientes de jubilaciones. Esto pone en duda la
    capacidad del Estado para hacer frente a lo que promete en la ley 26.222.

    Las mismas características demográficas están presentes
    en varios países europeos y el financiamiento de sus sistemas
    previsionales está complicando seriamente a las cuentas públicas.
    Sin embargo, la sostenibilidad del sistema de reparto se encuentra ausente
    del debate público en la Argentina cuando debería ocupar
    un rol central. El impacto de esta medida se sentirá de lleno
    en el largo plazo, pero en un año electoral lo que suceda dentro
    de 20 años pasa a un segundo plano.

    Otro golpe a las AFJP
    A través de una resolución conjunta del BCRA, la Superintendencia
    de AFJP y CNV, se redujo a 2% del fondo administrado lo que las AFJP
    pueden tener en países del Mercosur. Esas inversiones, no consideradas
    dentro del límite de 10% para colocaciones en el exterior, representaban
    casi 11% de los $91.500 millones que pertenecen a los 10,9 millones
    de afiliados al sistema. El comunicado establece que al 1° de mayo
    de 2008 podrá quedar en otros países de la región
    sólo 6% del fondo; al 1° de septiembre de ese año,
    4%, y al 1° de enero de 2009, sólo 2%.

    Deuda

    La Argentina sigue sin integrarse al mundo

    En los últimos años hubo abundante liquidez en los mercados financieros,
    gracias a “bajas” tasas de interés. Con impacto positivo
    sobre las economías emergentes ya que, dada la estabilidad económica
    global (con países en desarrollo implementando políticas estabilizadoras)
    y una volatilidad en descenso, los inversores decidieron ir en busca de mayores
    retornos.

    Por Julián Manzolido (*)

    Durante el primer semestre de 2007, la tendencia de los mercados financieros
    mundiales era claramente alcista, impulsados no sólo por el fuerte incremento
    que venía mostrando el precio de los commodities, sino también
    por los sólidos fundamentals económicos mundiales (crecimiento
    robusto con leves, pero contenidas, presiones inflacionarias).
    En este contexto, los principales bancos centrales del mundo continuaron “endureciendo”
    sus políticas monetarias, no sólo para corregir los ajustes anteriores
    (hacia finales de la década del 90 el mundo registró una fuerte
    desaceleración, lo que motivó una fuerte disminución de
    las tasas de referencias), sino también para contener la suba de precios
    impulsada por la cotización de los commodities (en especial
    de aquellos relacionados con la energía y los alimentos). La FED
    Target Rate
    (tasa de interés que fija como referencia la Reserva
    Federal de EE.UU.) aumentó desde diciembre-04 hasta julio-07 unos 300
    bps, pasando de una meta oficial de 2,25% anual hasta una tasa de referencia
    de 5,25% (una política similar fue implementada por el Banco Central
    Europeo –BCE–, llevando su tasa de referencia desde su menor nivel
    histórico de 2,0% hasta 4,0% a lo largo del mismo período mencionado).

    Sin embargo, el segundo semestre mostró un comportamiento claramente
    distinto. El desplome del sector inmobiliario en EE.UU., que impactó
    fuertemente sobre el sistema financiero estadounidense, repercutió sobre
    el resto de los mercados financieros mundiales. La mala valuación de
    los títulos de deuda ligados al sector de hipotecas, como así
    también los temores respecto de una posible “estanflación”
    (período de inflación y bajo nivel de actividad) en la mayor economía
    mundial, generaron un fuerte incremento de la aversión al riesgo. Esto
    motivó que los inversores tiendan a refugiarse en activos menos riesgosos,
    lo que impactó sobre los mercados emergentes, que sufrieron una marcada
    salida de capitales.

    Primer semestre vs. segundo semestre
    Aun cuando la coyuntura del segundo semestre del año impactó en
    términos absolutos sobre la mayoría de las economías emergentes,
    en términos relativos la Argentina fue uno de los países más
    “castigados” por los inversores.
    Se pueden utilizar dos formas de ver este punto, una mediante el análisis
    del riesgo país (EMBI+) y la otra por la evolución de los Credit
    Default Swaps
    (CDS). En cuanto a estos últimos, el spread
    de los CDS es lo que se paga por adquirir un “seguro contra default
    de un emisor soberano. El mecanismo es similar a los seguros de automóviles:
    cuanto mayor es la probabilidad de un país de registrar un default
    (mayor probabilidad a chocar por parte de un conductor) mayor será la
    prima de riesgo que se deberá pagar (mayor pago de seguro del automóvil).
    Así, un país que nunca declaró un default de su
    deuda ni se espera que lo haga en el corto plazo (una persona que nunca ha tenido
    un siniestro y se espera que no registre ningún choque en los próximos
    meses), deberá pagar un menor precio por el CDS (equivalente a una prima
    menor cobrada por la compañía de seguros).
    En efecto, hasta mayo-07 la diferencia de spread (tanto medido por el riesgo
    país EMBI+ como por los CDS) entre la Argentina y Brasil se mantenía
    sin grandes cambios, y alcanzó la mínima diferencia hacia finales
    de enero-07. En esa fecha, el EMBI+_AR se ubicó en su menor nivel histórico
    (tan sólo +185 bps), situándose levemente por debajo del EMBI+_Brasil
    (+186 bps). Sin embargo, cuando los mercados financieros comenzaron a generar
    “ruidos”, la performance entre la Argentina y Brasil fue
    bien diferente, y se alcanzó en agosto-07 el mayor diferencial de riesgo
    entre ambos países (llevando la diferencia de los CDS a un máximo
    de 405 bps). El EMBI+_Argentina se disparó hasta los +517 bps, mientras
    que el EMBI+_Brasil se ubicó en los +229 bps (dando un diferencial de
    +288 bps). Luego de dicha fecha, los riesgos relativos se mantuvieron en valores
    considerablemente por encima de los registrados en los primeros días
    del pasado año.
    En lo que respecta al mercado primario de deuda soberana, a lo largo de 2007
    el país emitió deuda en dólares por un total nominal de
    US$ 5.603 millones (unos US$ 5.167 millones de valor efectivo), siendo el plazo
    de vida promedio del orden de los 10 años. Del total de emisión,
    unos US$ 2.000 millones fueron emisiones privadas compradas por el Gobierno
    de Venezuela, mientras que US$ 542 millones fueron “comprados” por
    la Anses. El resto (US$ 3.061 millones) fueron colocaciones “puramente”
    de mercado abierto.
    El favorable escenario internacional registrado hasta mediados de 2007 permitió
    que el Gobierno de Néstor Kirchner pudiera emitir deuda en dólares
    a tasas considerablemente bajas, si se tiene en cuenta que el país aún
    hoy se encuentra bajo una situación de default (debido a la
    falta de resolución de la cuestión de los hold outs).
    Aunque como consecuencia de los juicios iniciados al país por la cesación
    de pagos, sólo se pudo emitir deuda bajo legislación local (entre
    otras restricciones), lo cual genera una mayor prima de emisión (por
    mayor riesgo implícito).
    Durante el primer semestre de 2007 (la última emisión del semestre
    fue el 10/05/07), el spread promedio que se pagó por lanzar
    deuda al mercado primario fue de +380 puntos básicos por encima de los
    bonos del tesoro estadounidense, con un rendimiento promedio de +8,5%, mientras
    que el plazo promedio de vida de estos títulos públicos fue de
    8,54 años. Hasta mediados de mayo-07 (fecha de la última colocación
    del semestre) el spread promedio del EMBI+_Argentina (1) (elaborado
    por JP Morgan) se ubicó en los +220 bps. El spread de los CDS
    a cinco años se mantuvo en línea con el EMBI+_Argentina, registrando
    en dicho período un spread promedio de +201 bps.
    Sin embargo, la economía mundial comenzó a cambiar su rumbo considerablemente
    a lo largo del segundo semestre de 2007, con una fuerte corrección a
    mediados de julio-07. El escenario de los últimos meses de 2007 complicó
    en términos de financiamiento al Tesoro, que en este contexto tuvo que
    salir en busca de fondos para cubrir sus obligaciones.
    La primera colocación del semestre se llevó a cabo el 06/08/07,
    realizándose una emisión privada a Venezuela del BODEN 2015. Por
    ese título emitido (US$ 605 millones) el Estado pagó un spread
    de 608 bps, considerablemente superior al pagado por el mismo activo meses atrás
    (el 13/02/07 se emitió el mismo título con un spread de tan sólo
    320 bps). Algo similar ocurrió con la colocación de mercado del
    BONAR X. Desde la emisión de mayo-07 hasta la colocación de noviembre-07,
    el spread pagado por el mismo título se incrementó 251
    bps, pasando de 378 bps a unos 629 bps. De esta manera, el cambio en la coyuntura
    externa generó que a lo largo del segundo semestre de 2007 la tasa de
    endeudamiento se incremente +66,8% para un mismo plazo de vida promedio.
    En conclusión, la exposición argentina a los shocks financieros
    externos continúa siendo superior a la de la mayoría de las economías
    emergentes, pese a que en los últimos años se han registrado superávits
    gemelos (cuenta corriente y fiscal) y una fuerte acumulación de reservas
    internacionales. Aun así, el país debería solucionar en
    el corto plazo los conflictos con los inversores que no ingresaron al canje
    de deuda y con los organismos internacionales para lograr una mayor integración
    financiera y reducir considerablemente el costo de endeudamiento.

    1- Para la medición del EMBI+_Argentina sólo se tienen en cuenta
    las emisiones de deuda que se encuentran bajo legislación de Nueva York
    (siendo los únicos bonos que cumplen este concepto el PAR USD y DISCOUNT
    USD).

    (*) Julián Manzolido se desempeña como economista en Perspectiv@s
    Económicas.







    El peso oculto del cupón atado
    al PIB

    Este instrumento fue emitido en el marco de la reestructuración
    de la deuda externa, incluida en la oferta final del Gobierno luego
    de que la primera propuesta (“Propuesta de Dubai”, septiembre
    de 2003) suscitara fuertes rechazos por parte de la comunidad inversora
    al proponer una quita nominal de 75%.
    El cupón habilita al tenedor a recibir pagos anuales, con base
    en el crecimiento del PIB entre 2005 y 2034. Los pagos asociados a cada
    año de referencia se realizan el 15 de diciembre del año
    posterior, es decir que el primer pago potencial sería el 15
    de diciembre de 2006 y el último pago potencial sería
    el 15 de diciembre de 2035.
    Por su parte, el monto de los pagos es proporcional al excedente entre
    el nivel del PIB real observado y el PIB real del Caso Base preestablecido
    en el prospecto de emisión, expresado en pesos corrientes.
    La particularidad del instrumento radica en la condicionalidad de los
    pagos, siendo las tres condiciones que “gatillan” el pago:
    1. PIB real observado por encima del PIB del Caso Base.
    2. La tasa de crecimiento real observada exceda la tasa de crecimiento
    del Caso Base del PIB.
    3. Los pagos acumulados no excedan el tope preestablecido ($0,48 por
    $1 emitido).

    Estimación de los pagos futuros
    El cupón en pesos pagó $0,065 por cada 100 láminas
    en 2006 (correspondiente al crecimiento de 2005) y $0,134 por cada 100
    láminas en 2007 (correspondiente al pago de 2006). Si sumamos
    los pagos por los cupones en pesos y en otras monedas extranjeras, el
    costo total para el Gobierno fue de US$ 395 millones y de US$ 813 millones,
    en 2006 y 2007 respectivamente.
    Por su carácter contingente, los montos a pagar por este concepto
    no se incluyen en las planillas oficiales del Ministerio de Economía
    correspondientes a los vencimientos de capital de los próximos
    años. Sin embargo, el peso creciente del cupón en los
    vencimientos totales del Gobierno exige una estimación de los
    pagos futuros para conocer las reales necesidades de fondos.
    La estimación de los pagos requiere una estimación del
    comportamiento del PIB y de la inflación para el período
    2008-2035. Debe tenerse en cuenta que el actual nivel del PIB se encuentra
    casi 17% por encima del valor establecido por el Caso Base, por lo cual
    la condición a) ha perdido relevancia y sólo es necesario
    que el crecimiento del PIB anual supere 3,3%. Utilizando simulaciones
    de Monte Carlo con supuestos conservadores (crecimiento cercano al promedio
    histórico desde 2009) obtuvimos comportamientos del PIB a partir
    de los cuales se puede estimar los pagos esperados del instrumento.
    El costo total para el Gobierno en 2008 asciende a casi US$1.400 millones,
    siendo éste un valor casi definitivo teniendo en cuenta que se
    basa en el crecimiento ya conocido de 2007. A partir de 2009, hay mayor
    incertidumbre respecto al comportamiento del PIB y por ende a la evolución
    de los pagos por el cupón, no obstante de acuerdo a la simulación
    de Monte Carlo llegamos a los siguientes valores esperados (cuadro adjunto).

    Resultado primario y financiero

    Aun en año electoral, el superávit es sólido

    La dinámica de ingresos y gastos del sector público generó
    un superávit primario (antes del cómputo por pago de intereses)
    de 2,4% del PIB en 2007 (el menor valor de los últimos cuatro años).
    Si a esta variable le sustraemos el pago por intereses, el superávit
    financiero se ubica entorno a 0,7% del PIB, por lo cual se puede pagar parte
    de los vencimientos de capital.

    De esta manera, el Gobierno mantiene uno de los pilares del modelo económico,
    elemento que lo diferencia de lo sucedido durante la Convertibilidad, aunque
    ha deteriorado la solidez de los guarismos de años anteriores.
    El paquete fiscal de fines de 2007 le da aire al Gobierno de cara a 2008, año
    en el cual el contexto internacional será menos benigno en términos
    de liquidez en los mercados. Sin embargo, aumenta la vulnerabilidad del resultado
    fiscal con variaciones en los precios internacionales de los commodities.
    Resulta difícil realizar un análisis del comportamiento fiscal
    consolidado de las provincias y la nación dada la falta de información
    pública de las provincias disponible en el Ministerio de Economía
    (el último dato publicado en la página web corresponde
    al cuarto trimestre de 2006). Sin embargo, si suponemos un incremento de ingresos
    y gastos en las provincias similar al de la nación en 2007, éstas
    estarían presentando un déficit primario aproximado de $3.900
    millones (-0,5% del PIB) y un déficit financiero de 0,8% del PIB. De
    confirmarse estas estimaciones, el sector público consolidado estaría
    presentando un resultado financiero cercano a 0.