Ilustración: Agustín Gomila
En materia de fraude el promedio internacional que se maneja en los foros de
consultores especializados va hasta 10% de la facturación de una compañía.
Y son innumerables los ejemplos de delitos internos dentro de las empresas,
aunque en la estadística general, sobre todo de la Argentina, no sean
mayoría los que llegan a la justicia o siquiera a la denuncia policial.
“Los trapos los lavamos adentro”, es una de las frases más
comunes que campean en el interior de las organizaciones.
Es que un empleado, sea o no jerárquico, que tiene intención dolosa
genera un delito cuando la perpetra y no es fácil reconocer (y sobre
todo dar acceso externo) la existencia de delincuentes en la plantilla de personal.
Sin embargo, el delito de sustracción de mercaderías o información
confidencial, el desvío de fondos financieros hacia cuentas propias o
de terceros, la complicidad con proveedores en perjuicio de la empresa o la
connivencia entre ejecutivos para hacer la vista gorda a los controles cruzados
no parecen ser excepciones en el mundo de los negocios.
Existe una percepción opuesta entre el equipo del servicio de riesgos
en los negocios de Ernst & Young y los resultados de la encuesta que realizaron
junto con Mercado en su segunda edición, ya que la primera fue el año
pasado.
Reconocimiento minoritario
El resultado dice que 19% de los consultados reconoce haber sido alguna vez
víctima de fraude en su empresa. Del resto, 28 de cada 100 no saben y
54% directamente lo niega, lo cual puede significar que tampoco lo sepa. O sea
que 82% permanece en una nebulosa.
Prácticamente se mantuvieron los porcentajes respecto de la primera muestra,
aunque se amplió la cantidad de respuestas espontáneas.
Walter Larriva, director ejecutivo de Ernst & Young, destaca otra particularidad:
la diferencia entre la forma en que las compañías se enteran de
alguna deslealtad dolosa de su personal, de acuerdo con las respuestas recibidas,
respecto de los procedimientos que dicen aplicar para ello.
En este último caso, declararon inclinarse por las auditorías
externas e internas, que representaron una efectividad de 5%, contra 80% asignado
en la práctica a la casualidad o a informes internos (las vulgarmente
llamadas alcahueterías), que también aportan su cuota de azar.
O sea que en 2 de cada 10 empresas admiten haber sufrido algún tipo de
fraude. Y, de esta ya exigua proporción, 8 de cada 10 afirman haberlo
descubierto por casualidad.
Walter Larriva
Foto: Diego Fasce
Antes y después de Skanska
Aunque nadie se atreva a invocarlo, el fantasma de Skanska gira sobre la totalidad
del universo empresarial del país. ¿La casa matriz sueca, con
sus estrictos controles y auditorías cruzadas internacionales, podía
no saber que sus ejecutivos en la Argentina estaban comprometiéndola
en prácticas corruptas con otras firmas y el Estado para adjudicarse
licitaciones? Y retrocediendo un poco el reloj, ¿la central de IBM en
Estados Unidos tampoco estaba enterada del contrato con Banco Nación
y la introducción del famoso “muletto” realizada por la guardia
local para consumar el negociado? La historia está tan llena de máculas
de ese tipo (Swiftgate, al principio de la convertibilidad), como las cárceles
argentinas vacías de culpables.
Larriva, con 16 años a cuestas en la división Delitos Económicos
de la Policía Federal antes de ingresar en E&Y, se detiene en un
detalle importante de la encuesta, y de su propio conocimiento empírico
en la consultora, para tratar de entender la dicotomía: no es común
que esos delitos terminen en las estadísticas policiales o judiciales,
y menos aún en prisión, porque los perjudicados suelen arreglar
en forma privada una desvinculación con los funcionarios “desleales”,
sin haber llegado siquiera a la comisaría. ¿Por qué…?
Hay en la Argentina un diálogo tácito entre partes que se podría
traducir con un juego de palabras que ni siquiera se necesita recordar entre
partes: “vos sabés que yo sé”.
¿Cuáles son los fraudes más comunes que pasan las barreras
de los auditores y en 80% se descubren por casualidad, según surge de
la encuesta?
A diferencia de la encuesta anterior, esta vez surge en primer lugar el arreglo
interno con proveedores externos en las compras que decide la empresa, con 34%
(cuadro 5).
Segundo en importancia quedó el robo de activos (que en la jerga popular
se conoce como “meter la mano en la lata”), que representa 31% de
los casos identificados. Puede ser desde una computadora hasta dinero de la
caja.
La sustracción o manipulación de la información confidencial
de la compañía es el tercero, con 23%, y el cuarto, que ya requiere
de sofisticados conocimientos de computación y acceso a las cuentas de
la firma, es el que trata de transferencias de estados financieros. De ahí
que sólo sea mencionado por 8% de las exiguas víctimas que reconocen
haber sido objeto de fraude.
Las coimas son apenas un apéndice de la compulsa, con 4%.
La globalización
En E&Y interpretan que la competencia globalizada ha degenerado en la extensión
de esas prácticas dolosas.
Los auditores que controlan los procesos administrativos, según la consultora
especializada, no tienen sus radares orientados a descubrir prácticas
non sanctas, porque el riesgo no es su foco de atención.
En cambio, los profesionales que se dedican a prevenir delitos se orientan a
conseguir información a través de chequeos del personal, de arriba
hacia abajo, de la facilidad para detectar debilidades de éstos en las
entrevistas que realizan porque su formación proviene de la represión
de los delitos. Tienen que saber de administración, de leyes, de criminalística,
de informática aplicada a la investigación y, sobre todo, conocer
la lógica del potencial delincuente.
El auditor llega a una empresa, y verifica el verdadero estado patrimonial de
los agentes en relación con sus ingresos declarados. Sigue las facturas
correlativas en montos que llaman la atención originados en una sola
empresa. Cruza información sobre los que originan y controlan esos gastos,
quién firma, etc., antes de ordenar las pistas para iniciar la investigación.
Por supuesto se nutre también, antes o durante, de las informaciones
oficiosas y las que recogen de las entrevistas.
A partir de entonces, puede presumirse lo que denominan la comisión de
delito y ponerse en la búsqueda. La habilidad en ese terreno pasa a ser
una condición esencial para el investigador.
Las empresas que admiten la existencia de fraude, conforme se desprende de la
encuesta, depositan en las auditorías que se hacen de los balances el
hallazgo de una irregularidad (cuadro 6), que luego ordenan averiguar dentro
de los procesos. Esta sería la forma de lectura del dato que sugieren
los intérpretes de la encuesta: mientras las auditorías contables
regulares pueden detectar un porcentaje mínimo de fraude ya consumado,
los especialistas están en condiciones de prevenir y reprimir, a la vez,
todos los que involucran bienes, dinero, información o daño a
la información y colusiones internas que permanecen ocultos y latentes.
Pero hoy la realidad en las firmas que descubrieron fraudes es que obraron la
causalidad o los chismes.
Patrullero electrónico
No son muchas hasta el presente las firmas que contratan al “patrullero
electrónico” para verificar si hay delitos.
Entre el bajo porcentaje que reconoce en la encuesta haber sido víctima
de fraude, los sectores que llevan la delantera son, como no podía ser
de otro modo, intermediarios de dinero, como bancos, financieras y aseguradoras
(cuadro 4).
El renglón vinculado a la computación y las consultorías
es el que surge segundo entre los más vulnerables que destacan los que
reconocen haber sido robados.
Luego vienen las industrias, fundamentalmente por los arreglos espurios entre
empleados y terceros. La consecuencia se advierte en la sobrefacturación
de las compras.
Otro delito repetido en las empresas es la usurpación de identidad, el
soborno y el robo de datos confidenciales. El fraude que se aplica en el estado
financiero requiere de un manejo tecnológico que no es para cualquiera,
como tampoco lo es su detección. Sólo es posible con la colusión
entre los responsables de ventas y finanzas del interior de una organización
en las reestructuraciones de deudas, una práctica bastante común
después de la pesificación asimétrica que siguió
a la devaluación de 2002.
Por lo visto, el monto declarado en los fraudes ha ido in crescendo
con el tiempo, aunque disminuye la cantidad de casos involucrados en las denuncias.
Hasta US$ 10.000, en el último año, se concentró 48% de
los fraudes declarados, contra 60% de 2005 y 65% de 2006. Hasta US$ 50.000,
en cambio, se declararon más que en los años precedentes, lo mismo
que en valores que llegan a US$ 100.000. Y en los que superan el medio millón,
en 2006 se registró 14% contra 5 y 6% de los años anteriores (cuadro
7).
En 71% de los casos, no creen que el fraude supere 10% de la facturación.
En los corrillos profesionales se habla de un promedio de 6% de las ventas que
se evapora en prácticas desleales que pasan la frontera del delito (cuadro
8).
Puertas adentro
El problema principal está puertas adentro de la organización,
ya que 61% de los que perpetran el fraude son empleados y 19% surge de un arreglo
entre éstos y terceros externos. Sumando todos los de afuera, no llegan
a 20% (cuadro 9).
Contra lo que podría suponerse, tampoco la antigüedad del personal
calificado funciona como antídoto para la deshonestidad. Los nuevos no
aparecen como demasiado involucrados por la sencilla razón de su ignorancia
en sutilezas del funcionamiento administrativo por donde se facilitan las filtraciones
(cuadro 10).
Los especialistas dicen contar con programas de fidelización para “ponerle
la camiseta” a los empleados.
Es abrumadora la mayoría de casos declarados que no llegan a ninguna
instancia procesal, ni siquiera a denuncias. De las comprobadas, se llega a
un arreglo de desvinculación con 11% de los autores, mientras que 17%
va a tribunales, aunque rara vez rematan en sentencia (cuadro 11).
Se combinan dos razones para que se opte por eludir la justicia: una es la falta
de confianza en sus fallos en tiempo y forma, y la otra, el temor a que el inculpado
declare inconveniencias para la empresa.
Es una circunstancia bastante común en el fuero laboral, ya que las patronales
suelen estar en infracción con los aportes provisionales y el empleado
lo sabe.
Llama la atención de los consultores que trabajaron con la encuesta la
baja utilización de la informática para las investigaciones de
fraudes reconocidos en las respuestas. Precisamente porque su modus operandi
es aplicar un soft que permite cargar datos y cruzarlos con redes
que manejan dentro de su sistema para la prevención de los delitos (cuadro
12).
En la Argentina, por ejemplo, el delito pasa por la apropiación directa
de patrimonios pertenecientes a la compañía, pero en Estados Unidos
hasta incluyen dentro de la escala el gasto de llamadas particulares que realiza
un agente aprovechando la clave que le proporcionan.
En una época no muy lejana, esas contraseñas solían traficarse
por parte de terceros para llamadas desde teléfonos públicos que
eran cargados a la cuenta corporativa.
El patrullero electrónico que mencionan en E&Y recorre la denominada
ruta del dinero en busca de irregularidades. Una vez que detecta pistas pone
en funcionamiento la pesquisa personal y establece mecanismos de defensa para
evitar que continúen las filtraciones mientras investiga.
Es más que elocuente el reconocimiento que hacen relativamente pocos
empresarios que admitieron fraude sobre la posibilidad de que se repita: 89
a 11 que sí (cuadro 13).
“Hay un efecto contagio que torna general una acción delictiva
particular que queda impune”, interpreta un auditor que sonríe
con suficiencia cuando le cuentan el caso de la editorial en la que desde el
gerente para abajo todos se llevaban algo para su casa.
Auditores inquietantes
La presencia de un auditor es siempre inquietante para los que se sienten amos
y señores del manejo de los negocios. Sobre todo cuando se sabe que es
contratado para buscar ilícitos. Incomoda el seguimiento patrimonial
que aplica sobre el dinero y los mobiliarios de las personas y la empresa (cuadro
14).
Entre la quinta parte de los encuestados (la que reconoce existencia de fraude)
predomina la que no aplica políticas de concientización (cuadro
15). ¿En qué consistiría? En el desarrollo de un plan antifraude
se contempla la educación del personal, el diagnóstico de los
riesgos de fraude para cada organización, la categorización y
la estrategia preventiva. Recién al final viene la investigación.
Los encuestados se muestran ignorantes de los planes de respuesta al fraude
y respecto de la implantación de un código de administración
corporativa (una suerte de fuero penal endógeno), aunque sí creen
en los códigos de conducta y en aplicar políticas antifraude (cuadro
16).
Tampoco en su gran mayoría están informados acerca de las disposiciones
de Sarbanes Oxley (cuadro 17). A propósito, es la ley que fue aprobada
en 2002 por el Congreso de EE.UU., tras los escándalos corporativos que
empezaron con Enron un año antes, que reforma el gobierno corporativo
para aumentar la confianza de los inversionistas en los mercados de capitales.
Establece penas criminales para CEO que den certificaciones trimestrales y anuales
falsas.
La asociación entre prevención del fraude y rentabilidad constituye
un valor entendido por más de la mitad de los que respondieron entre
los que estiman que mucho, y 40% entre los que opinaron que poco (cuadro 18).
En el cuadro 19 aparece con claridad el enfoque que le dan los encuestados a
la paleta de acciones tendientes a combatir o prevenir los fraudes. Comparten
el primer término el mayor control interno y el sentido de pertenencia
que pueda inculcarse a los trabajadores. Luego viene la adecuada segregación
de funciones casi junto con mejores salarios. Y sólo 8% se inclina por
una estructura permanente antifraude.
Pese a esta posición contemporizadora, en el cuadro 20 manifiestan creer
que existe una alta probabilidad de riesgo de fraude en el mercado en que opera
la organización, que supera la negativa y el desconocimiento juntos.
La diferencia entre lo que proponen las agencias especializadas en combatir
los fraudes y lo que la mayor parte de los empresarios que admitieron su existencia
declaran estar dispuestos a hacer se resume a la caracterización de la
confianza. Su idea es trabajar sobre la fidelización del empleado para
confiar en él, antes de traer auditores de riesgo que busquen delitos
y delincuentes entre la planta de personal.
Para un dueño, el que firma todas las órdenes de pago tendría
que ser un elemento altamente confiable, mientras que para el “patrullero
electrónico” sería un candidato potencial a descubrirle
algún fraude. M
| Ficha técnica Las respuestas a la encuesta realizada (313 en total) abarcan en 22% |
