Por Javier Rodríguez Petersen
Daniel Perrotta
Foto: Gabriel Reig
Aunque tiene apenas unos 165.000 habitantes, Basilea es la tercera ciudad más poblada de Suiza, sólo superada por Zúrich y Ginebra. Está ubicada en el noroeste del país, en la frontera con Francia y Alemania, y tiene varios atractivos, entre ellos el Rhin y una treintena de museos. También es, desde 1974, sede del Comité de Basilea, que aglutina a los bancos centrales y organismos reguladores financieros de los países industrializados y que se reúne cada tres meses en la sede del Banco de Convenios Internacionales.
Hace casi 19 años (se cumplen en julio), el Comité de Basilea dio a conocer la versión final de un documento que establecía las pautas de consenso que debían implementar los países miembros para evaluar los requerimientos mínimos de capital de las entidades bancarias. Ese texto, denominado documento de Basilea y hoy conocido como Basilea 1, incluía una serie de reglas dirigidas a medir los riesgos crediticios y calcular, en función de éstos, el capital que debía tener cada banco.
Dada la importancia del Comité –y ante el hecho de que los países miembros reúnen a la mayor parte de los principales bancos del planeta–, el documento se convirtió en un punto de referencia para el resto de las naciones. A la Argentina, esos estándares llegaron en la década del 90, después de las dos hiperinflaciones, con exigencias superiores a las del documento original. Casualidad o anticipación, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo dijo que en el país sobraban la mitad de los bancos y, poco después, con la crisis del Tequila, la cantidad de entidades se redujo de unas 200 a alrededor de un centenar.
En su origen, el Documento de Basilea se centró exclusivamente en el riesgo crediticio. En 1996 la normativa tuvo su primera enmienda, con la que se empezaron a computar los riesgos de mercado, el análisis de los títulos públicos y financieros en poder de cada entidad. Hasta entonces, los demás riesgos entraban en el rubro de “otros” como no cuantificables. Pero la evolución del sistema financiero dejó rápidamente obsoleto al primer acuerdo que, varias crisis financieras internacionales mediante, debió ser nuevamente revisado.
Así, el Comité introdujo en 1999 el concepto de riesgo operacional, más tarde se ocupó de la medición del mismo y entre 2005 y este año definió un nuevo acuerdo que amplía y modifica a Basilea 1. Como antes, el nuevo documento, coloquialmente conocido como Basilea 2, comenzó a aplicarse primero en los países miembros y está siendo incorporado de manera paulatina en los demás. En la Argentina, el Banco Central ya empezó a andar la “hoja de ruta” que diseñó para que el sistema esté vigente en 2010. Y eso implicará una serie de cambios sustantivos en el trabajo de las entidades financieras y, también, en las tareas de supervisión de la entidad monetaria.
Pilares
Daniel Perrotta es uno de los expertos en el sistema financiero que se han dedicado a analizar cómo se implementará y qué repercusiones puede tener Basilea 2 en la Argentina. El nuevo documento, explica, se sustenta en tres pilares: “El primero es el de los requerimientos de capital, el segundo está vinculado con la revisión de la supervisión (de los procesos internos de control de cada banco por parte del Central) y el tercero se refiere a la disciplina del mercado y es el que más interrogantes plantea por la transparencia a la que obliga a las entidades”.
El proyecto de norma que ya hizo circular el Banco Central define como riesgo operacional el “riesgo de pérdidas resultantes de la falta de adecuación o fallas en los procesos internos, las personas o los sistemas o eventos externos”. El texto incluye también el “riesgo legal”, pero excluye explícitamente el estratégico y reputacional, vinculado con la pérdida de valor que pueda sufrir la marca de un banco con, por ejemplo, algún escándalo de sus directores. Aunque este riesgo parece muy difícil de medir, Perrotta señala que el Comité ya lo ha mencionado y que no hay que descartar que en algún momento desarrolle alguna fórmula que permita incorporarlo a la normativa.
En su borrador, el Central incluye entre los riesgos operativos los de fraude interno y externo; los vinculados con las relaciones laborales (indemnizaciones imprevistas, multas por violaciones a las reglamentaciones); los derivados de las prácticas con clientes, productos y negocios (abusos de confianza, ventas no autorizadas); los daños a los activos físicos por acción humana o natural; las interrupciones y fallas tecnológicas, y los relacionados con la ejecución de los procesos (errores en la introducción de datos, fallas en la administración de garantías y documentación incompleta, entre otros).
Un punto para nada menor de la futura regulación es que los directores tendrán alta responsabilidad en la gestión del riesgo. En palabras de Perrota, “ser director significará cargar con un enorme peso”. El texto establece que no sólo deberán “aprobar el marco” sino, también, evaluar los procedimientos, verificar su cumplimiento y asegurar una auditoría interna eficaz. Se señala expresamente que “el gerente general será el responsable final por la puesta en práctica y el funcionamiento del marco aprobado por el Directorio”. Y también, que deberá haber una persona o estructura responsable del riesgo operacional que “no podrá estar a cargo de la auditoría interna”.
Capital
Basilea 2 no aumenta en forma directa los requerimientos mínimos de capital para los bancos. Lo que hace es modificar las fórmulas para calcularlo e incluir los riesgos operacionales. Es decir que, cuando entre en vigencia, las entidades deberán medir tanto sus riesgos crediticios como los derivados de sus operaciones para conocer los requerimientos de capital.
Para hacerlo, hay tres métodos distintos. El más general se denomina método del indicador básico y multiplica por 0,15 el ingreso anual promedio de los tres últimos años. Aunque es el más sencillo, a la larga termina siendo el que mayor requerimiento de capital exige. Además, también se insta a los bancos a adoptar los distintos requerimientos de la normativa como “buenas prácticas”.
El segundo es llamado método estándar y tiene en cuenta la distinta exposición al riesgo operativo que puede tener cada entidad según las líneas de negocio que trabaja y el peso de cada una en el conjunto de la operación. En este caso, se multiplica el ingreso bruto de cada una de las líneas por un “factor supervisor” determinado y se suman los distintos resultados.
El tercero incorpora “métodos de medición avanzados (AMA)”. En éste, los bancos pueden desarrollar y aplicar sus propios métodos dentro de un conjunto de normas y criterios limitados que deben ser supervisados por los técnicos del Central de una manera similar a lo que ocurre hoy con los métodos más complejos para medir el riesgo crediticio.
Según un trabajo de Perrotta, en los países que ya adoptaron o están avanzados en la implementación de Basilea 2, los requerimientos mínimos de capital aumentaron entre 5,5% y 8,9%, en Europa; y entre 4% y 13,5%, en los demás países. El informe señala que en un sistema de poco capital, como el colombiano, los requerimientos por la medición de riesgos operativos se incrementan en hasta 50%. Pero sostiene que el caso argentino seguramente se parecerá más al chileno, en donde el menor requerimiento de capital por la modificación de la medición del riesgo crediticio da una suma cero con la suma del riesgo operativo.
Supervisión
En particular en Europa, las entidades que aplicaron métodos de medición avanzados tuvieron como resultado un requerimiento de capital adicional al actual, menor que el de las que usaron los métodos básico y estándar.
Perrotta reconoce que, evidentemente, desarrollar sistemas de gestión del riesgo implica realizar una serie de inversiones. Pero destaca que no se trata sólo de lograr un menor requerimiento de capital cuando comience a regir en el país el nuevo acuerdo de Basilea. Desarrollar métodos para medir los riesgos, conocerlos y enfrentarlos redunda también en menores costos y mayor eficiencia.
Al mismo tiempo tendrá que cambiar el trabajo de los supervisores del Banco Central, que deberán pasar de evaluar el riesgo a revisar las metodologías internas de cada entidad, y asumir un rol de asesor/ consultor más que de policía. El analista asegura que estas modificaciones no requerirán de un mayor número de supervisores de la entidad monetaria, aunque sí de un trabajo de capacitación y, probablemente, la incorporación de algunos técnicos con competencias nuevas. El banco, añade, ya está trabajando en ello.
El tercer pilar del nuevo documento pretende mejorar la cantidad y calidad de la información que los bancos dan a conocer al mercado sobre su perfil de riesgos, sus modelos de asignación de capital y sus métodos de evaluación. Todo en nombre de una mayor transparencia para depositantes e inversores. En principio, es previsible que haya alguna resistencia por parte de las entidades para cumplir con este punto, que implica revelar al mercado las propias debilidades.
Sin embargo, Perrotta se muestra convencido de que la propia normativa de Basilea 2 va a hacer que esto funcione. Por un lado, porque los grandes bancos extranjeros van a transferir sus sistemas de gestión del riesgo a las sucursales locales y a presionar para que se apliquen en la Argentina, “traccionando” al resto de las entidades. Pero por otro, aun las entidades más reacias no podrán negarse a tener un nivel de transparencia que ya está empezando a ser común en el resto del mundo. Sólo es cuestión de tiempo. Todavía tienen casi tres años para prepararse.
Mapeos de riesgos y planes de acción
Que Basilea 2 será el marco normativo de las entidades bancarias en un futuro cercano está actualmente fuera de duda. El Banco Central dio varias señales al respecto. Tanto, que ya difundió el primer proyecto de norma para la gestión del riesgo y “una hoja de ruta” que contiene los pasos previstos hasta 2010. En el mismo marco se inscriben un relevamiento sobre la gestión del riesgo en los principales bancos locales realizado en octubre y el establecimiento de un conjunto de requisitos mínimos de gestión de los riesgos tecnológicos e informáticos.
Daniel Perrotta está convencido de que aunque es posible que en algunos países los bancos implementen las recomendaciones de Basilea 2 por iniciativa propia para seguir las “mejores prácticas” –que suelen convertirse en norma y que deberían reportar ahorros al minimizar riesgos–, en las naciones en vías de desarrollo es fundamental el impulso (y la presión) del Central.
El analista conoce bien los bancos nacionales. Antes de dedicarse a la consultoría y focalizarse en Basilea 2, trabajó en los bancos Olavarría, Hipotecario y de Córdoba. Según su análisis de la plaza local, hoy las entidades más adelantadas en la medición y gestión de riesgos operativos son las privadas de capital extranjero, junto con algunos grandes bancos públicos locales. “Los bancos regionales, los más chicos y, particularmente, las sucursales de los extranjeros con pocas oficinas en el país son los que están más complicados”, añade.
En los casos en los que está trabajando su consultora, comenta, lo que más les están pidiendo son “mapeos de riesgos, para saber donde están parados”. A estos, elaborados con “una metodología propia para la medición”, les suele seguir una “consultoría de procesos” e, idealmente, una serie de “planes de acción para mitigar los riesgos”.
Perrotta señala que una de las cosas que están cobrando importancia es “cómo sistematizar y almacenar bases internas, qué le pasó a cada banco, y bases externas, que terminan siendo una especie de Veraz de eventos de riesgo”. El nuevo documento de Basilea establece que para que el sistema de mediciones avanzadas sea válido debe tener detrás una base de por lo menos cuatro años. Por eso, destaca, es tan importante empezar ya con el registro.
“Hoy parece increíble que en algún momento los bancos hayan trabajado sin un sistema de análisis del riesgo crediticio; con el tiempo –concluye– va a pasar lo mismo con el riesgo operativo”. M