Por Miguel Braun y Antonio Cicioni
Miguel Braun
Antonio Cicioni
Fotos: Gabriel Reig
Para encontrar la respuesta es necesario enfocar el análisis en los condicionantes estructurales de la economía. Aquí centraremos la atención en uno de ellos, como es la asignación del gasto público en general, y las perspectivas de la solvencia fiscal en particular. Previamente, haremos un breve repaso del momento que vive el país al concluir 2006, que termina con un crecimiento del PIB en torno a 8,6%, dejando un promisorio piso de 7% para 2007.
Cualquiera sea la variable económica que se mire, difícilmente los datos puedan ser más auspiciosos que los que se observan a fines de 2006. El consumo privado finalizará el año con una suba cercana a 8%, mientras que el gasto público en salarios lo hará con una expansión, neta de inflación, cercana a 5%. La masa salarial privada crece también por la creación de puestos de trabajo, estimándose en 400.000 los nuevos empleos generados en el último año. Se va evidenciando en este sentido una dinámica distinta a la de los años 90, cuando la elasticidad empleo/producto era mucho menor, lo que llevó entonces a que en años incluso de crecimiento aumentase el desempleo. Así es que, si bien hay signos de desaceleración con respecto al período 2003/2005, la tasa de desempleo está muy cerca de caer por debajo de 10%.
El sistema financiero, al igual que muchas compañías de consumo masivo que están explorando o volviendo desarrollar el negocio de la financiación, le está dando un impulso adicional al crecimiento de la demanda. Los créditos para el consumo están aumentando a tasas superiores a 50%, lo que se refleja en los récords de venta en automóviles, electrodomésticos y propiedades, entre otros. Este fenómeno se constata especialmente en la clase media que fue más castigada durante la crisis, que tiene una alta propensión al consumo, en parte por las bajas tasas y la desconfianza en el ahorro remanente del corralito, pero sobre todo por los deseos de consumo que permanecieron insatisfechos durante el largo período de escasez.
Crece la inversión
Por su parte, la inversión agregada ya está por encima del récord de 1998, y se proyecta una suba de al menos un punto adicional para 2007. La inversión se acercará así a 23% del producto, es decir que estará aún dos puntos por debajo de la tasa que se suele considerar necesaria para sostener un crecimiento de 5% anual por largo tiempo. Pero abundan los datos promisorios, como aquellos que parecen indicar que el sector Pyme de la economía está viviendo un muy fuerte proceso de inversión, así como de generación de nuevas empresas. De hecho, al ritmo actual de 12% anual de creación de nuevas compañías, se están duplicando los registros de fines de la década pasada. Otro dato auspicioso es el crecimiento, durante el primer semestre de 2006, de las importaciones de maquinarias, insumos y materias primas, que ascendieron a 59% del total, mientras que los bienes de consumo representaron sólo 12%. El contraste con la década pasada es notable: en 1998, las compras de bienes de capital equivalían a 15% de nuestras compras al exterior, mientras que los bienes de consumo final llegaban a 58%.
El sector externo de la economía también muestra señales alentadoras. En octubre se logró un aumento récord (25%) en las tasas de crecimiento de exportaciones e importaciones para el año, impulsadas por un fuerte crecimiento en los niveles de venta (21%) y en menor medida por alzas en los precios (4%). Estas cifras reflejan cabalmente la tendencia que, en promedio, se viene dando en los últimos cuatro años.
El saldo positivo en los diez primeros meses de 2006 llega así a US$ 10 mil millones, y todo indica que durante 2007 se superarán los US$ 50 mil millones en ventas al exterior.
Pero el mediano plazo puede dar aún más buenas noticias: la experiencia internacional muestra que después de una devaluación importante las exportaciones crecen aceleradamente, pero con una cierta demora resultante del replanteo de los precios relativos. Las empresas argentinas de hecho están aún reacomodándose al feroz cambio de condiciones, y también, en general en una fase todavía temprana del proceso de internacionalización. Esto resulta en una elevada concentración en unas pocas firmas multinacionales de una buena parte de nuestras ventas al exterior. Pero la acelerada incorporación de Pyme al comercio exterior (6.000 Pyme se sumaron en los últimos tres años al núcleo estable de otras tantas Pyme exportadoras, logrando un crecimiento conjunto de las ventas de 57% en ese período) es una clara señal de las posibilidades a futuro.
De hecho, las condiciones del mercado internacional resultan cada vez más auspiciosas para los productores locales. En este sentido, puede afirmarse que la recuperación de la economía local se corresponde con un proceso generalizado de crecimiento a escala mundial, que viene evolucionando desde 2003 a tasas reales superiores a 4%. Es sabido que la incorporación de centenares de millones de asiáticos al consumo mundial está sosteniendo en niveles altos los precios de muchas de las commodities que exporta el país, lo cual además tiene un impacto fiscal relevante. Pero limitar la causalidad del crecimiento de los últimos cinco años de la Argentina al contexto internacional favorable resulta, a esta altura, una reducción de la realidad que no toma en cuenta la capacidad de reacción de las fuerzas productivas argentinas ante la profunda modificación del marco de incentivos que trajo la devaluación del peso, así como el cambio estructural que ha significado para toda la economía el sólido equilibrio de las cuentas del sector público argentino post-crisis.
Solvencia fiscal
Es en efecto en la solvencia fiscal intertemporal que se sostienen principalmente, aunque en interrelación dinámica con el tipo de cambio real, varios de los pilares del modelo económico que ha adoptado la Argentina. Por ejemplo, el balance superavitario del Estado ha permitido que la cancelación de deuda con el FMI –por nada menos que 4,5% del PBI– no desequilibre el sistema financiero local. También puede observarse en el superávit o, si se prefiere, en la ausencia del Estado como tomador dominante de créditos, las raíces del camino descendente que viene teniendo el costo de la financiación para el sector privado.
Por otra parte, no debe subestimarse el margen de maniobra política que ha obtenido el Estado al disponer de fondos abundantes para resolver la multitud de tensiones políticas que dejaron los años de decadencia, facilitando la compleja transición. Por ultimo, puede afirmarse que es en la buena salud de las cuentas públicas, más que en ningún otro factor, que residen las altas expectativas que la economía local está logrando generar, lo que a su vez ofrece la base estructural del ciclo virtuoso de consumo, inversión y ahorro en el que parece estar entrando el país.
No es por supuesto correcto reducir el análisis a un fundamentalismo fiscal, dada la evidencia de que el desarrollo de las naciones es un fenómeno sumamente complejo y multicausal. Pero dada la relevancia de la cuestión, y del impacto que tiene la asignación de los recursos públicos en el resto de la economía, nos centraremos a continuación en un análisis del Presupuesto 2007 de la Administración Nacional, para luego focalizar la atención en el estado de las finanzas provinciales. La Argentina necesita consolidar el camino de crecimiento para lograr el objetivo común de convertirse en una nación más justa y más próspera, y la solidez de las finanzas públicas será uno de los elementos indispensables para lograr ese ansiado objetivo.
Tendencias del gasto
El Presupuesto 2007 prevé un crecimiento de la economía de 4%, al igual que en los tres años previos. Para que tal pronóstico sea correcto, y dado el arrastre del fuerte crecimiento que se registra a fines de 2006, durante la segunda mitad de 2007 debería producirse una recesión. Como es sabido, la subestimación del crecimiento permite al Poder Ejecutivo disponer libremente de los recursos excedentes a lo presupuestado, estimándose que al menos $8 mil millones entrarán en esta categoría durante 2007 (en 2006 los recursos excedentes sumaron alrededor de $12 mil millones). Cabe recordar que durante el año pasado, y previo a la presentación del proyecto de ley ante el Congreso Nacional, se modificaron importantes normas que hacen al manejo del gasto público y se institucionalizó la capacidad del Poder Ejecutivo para reasignar partidas. El Presupuesto 2007 estima también una inflación de 7,7%, valor inferior al que probablemente se registre. Esta subestimación adicional también tendrá algún impacto en los recursos excedentes, por los mayores ingresos que se lograrán, principalmente a través del IVA.
Como resultado de las variables macroeconómicas mencionadas, se espera que el PBI argentino llegue, hacia fines de 2007, a $700 mil millones. A su vez, la recaudación tributaria del Sector Público Nacional, estimada en algo menos de $170 mil millones, equivaldrá a una presión impositiva de 24,4 puntos del producto, es decir 0,8% superior a la observada en 2006. Si se analizan los registros de los últimos años, puede percibirse una clara tendencia a la suba de la presión tributaria: mientras que el promedio para los años 2002/2007 es de 22,8% del PBI, el promedio de la década de los 80 fue de 15,8%, y el de la década de los 90 de 17,5%. Claro que en esos tiempos, los argentinos recurríamos para cubrir el faltante al impuesto inflacionario y al hiperendeudamiento público, con las consecuencias conocidas.
El Presupuesto estima que de esos $170 mil millones, 128.500 millones serán ingresos específicos de la Administración Nacional (AN). Los principales aumentos previstos corresponden, tal como viene sucediendo en los últimos años, a las contribuciones por la seguridad social (que significan 20% del total de lo ingresos de la AN, y que se espera que se incrementen en 16% en términos reales), así como al promedio de los ingresos tributarios (que se espera crecerán 6%, también en términos reales, y que equivalen a 74% de los ingresos de la AN). Los impuestos creados durante la crisis –el impuesto a los créditos y débitos, y las retenciones a las exportaciones– significan hoy una porción considerable de los ingresos tributarios, ya que en conjunto suman 28% del total (casi $24 mil millones).
En cuanto al gasto de la AN, también la tendencia es creciente, previéndose un aumento de $15,5 mil millones de pesos, para llegar a un total de $121 mil millones, lo que significa un crecimiento real de 7,2%. Esto es, 17,5% del PBI (0,8% superior a 2006), una cifra apenas arriba del promedio de los años 90 (17%), pero tres puntos inferior al promedio de los 80 (aunque en esa década no se habían transferido a las provincias las escuelas remanentes en la órbita federal, entre otros factores). Más significativo aún es que en 2007 se alcanzará finalmente, en pesos reales, el gasto público para la AN para el ejercicio 2001. Sin embargo, y como veremos, el peso de los intereses de la deuda pública implica una diferencia fundamental con la realidad de ese año.
Seguridad social
De los 121 mil millones de pesos que se prevén entonces que ejecutará la AN durante 2007, la partida más cuantiosa es aquella que corresponde a la seguridad social, con 38% del total. Siguen las transferencias a privados (27%), las inversiones de capital (12%), los salarios públicos (11%), y el pago de los intereses de la deuda (11%). Pero más útil para comprender las tendencias estructurales, es analizar los gastos con relación al PBI. En este sentido, las inversiones de capital son el ítem más destacado, ya que luego de permanecer durante los años de la convertibilidad en un promedio de 1%, con un piso de 0,7% en 2002, comienzan a partir de ese año a elevarse aceleradamente hasta superar 2% del PBI durante 2006. Aunque para 2007 no se prevé para ellas un incremento significativo en el Presupuesto, la experiencia reciente indica que el gobierno tiende a utilizar los excedentes presupuestarios principalmente con este fin.
Las transferencias a privados también presentan una evolución llamativa desde 2002, cuando logran un pico de 3% del PBI (explicado fundamentalmente por las erogaciones en planes asistenciales a jefes y jefas de hogar desocupados), para entrar entonces en una trayectoria descendente. Transferencias de distinta índole, pero que tendrán un destacado crecimiento este año, son aquellas destinadas al sector energético (llegarán a $5.700 millones, con un incremento real de 15,5%).
En cuanto al principal componente del gasto, las jubilaciones, se produjo con ellas y desde la crisis, uno de los fenómenos más significativos en lo referido al gasto público y su impacto en la economía del país. Mientras que en los años 90 la seguridad social representaba 6% del producto en promedio, la profunda licuación de los haberes que significó la devaluación llevó a un mínimo de 4,7% del PBI durante 2005.
El actual gobierno ha implementado siete aumentos a las jubilaciones mínimas –que a partir del primero de enero serán de $530– con lo cual la recuperación real de quienes menos cobraban al momento de la devaluación (aproximadamente un millón de personas) equivaldrá a 44% –cifra que cambia de signo hasta llegar a –39% para los 170.000 jubilados que cobraban más de $1000 en diciembre de 2001. Como resultado, la seguridad social es el componente que más crece en 2007 en términos reales (15,8%), en línea con el incremento de las contribuciones, y convirtiéndose en el único ítem con un crecimiento significativo como porción total del gasto, a costa de prácticamente todos los demás sectores. Aún así, según el Presupuesto 2007, las jubilaciones no alcanzarán los valores de la década pasada, ya que equivaldrán a 5,8% del producto.
Educación, ciencia y técnica
Otros sectores que está teniendo un crecimiento significativo en las finanzas federales son el educativo y el de ciencia y técnica. Este último representa de hecho el sector con el mayor aumento en términos reales (16%) previsto en el Presupuesto, superando así y por poco $2 mil millones de pesos. A su vez, el sector educativo alcanzará este año un total de $10.800 millones (crecimiento real de 8,8%), es decir 1,55% del PBI –frente a un mínimo de 0,96% en 2002. Si se considera que la Ley de Financiamiento Educativo, aprobada por el Congreso en diciembre de 2005, prevé una inversión estatal de 6 puntos del producto para 2010, de los cuales dos puntos deben ser aportados por el gobierno nacional (y el resto por las provincias), es esperable que en los próximos tres años la inversión federal destinada a este sector crezca aún en otro medio punto del producto.
Quedan fuera del Presupuesto Nacional, y por lo tanto de la supervisión directa del Congreso, 15% del total del gasto del sector público nacional, que durante 2007 significarán $22 mil millones, con un incremento real de 17% en promedio. De este total, $6 mil millones corresponden a empresas públicas, que se prevé tendrán un relativamente pequeño déficit de $433 millones; otro tanto a los crecientes y criticados (por la escasa transparencia y alta discrecionalidad) fondos fiduciarios; y $10 mil millones a otros entes y fondos, como por ejemplo la AFIP, los entes binacionales y el Fondo Nacional del Tabaco. Estas empresas, fondos y entes tienen sus propios mecanismos de ingresos, pero reciben también transferencias directas del Tesoro Nacional.
De esta manera, el resultado primario previsto para la Administración Nacional durante 2007 será por quinto año consecutivo superavitario, por un total de $21.045 millones, es decir 3% del PBI. Más importante aún, también se prevé, por quinto año consecutivo, un superávit financiero (es decir posterior al pago de $13.900 millones de intereses de la deuda), de $7.170 millones, que equivale a 1% del PBI. En términos del producto los valores permanecen constantes en relación con 2006, pero son algo inferior al ahorro promedio del período 2003/ 2005 (3,82% de superávit primario). El Presupuesto Nacional, a su vez, prevé superávits de 3,17 y 3,33 puntos del producto para 2008 y 2009 respectivamente.
Dicho esto, el análisis del flujo financiero previsto para 2007 en el Presupuesto genera algunos interrogantes, dado que el Fondo Anticíclico, que debería reflejar aproximadamente el ahorro logrado en el período, se estima que crezca en sólo $109 millones. Más aún: el artículo 28 del Presupuesto prevé la suspensión de la integración del fondo, lo que, sumadas las exenciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal establecidas en el artículo 20, encienden algunas luces amarillas sobre la conciencia y el comportamiento a futuro de la dirigencia nacional con respecto a lo que ha sido el punto más débil de las políticas económicas argentinas recientes.
No se olviden del default
En lo referido a la solvencia fiscal, la Argentina es por supuesto un país muy poco confiable. Cabe recordar que en las tres décadas previas a 1991, nuestro país no logró un sólo año de superávit primario, teniendo de hecho sólo seis registros anuales con un déficit menor a dos puntos del PBI, previo al pago de los intereses de la deuda. Pero, una vez introducida la camisa de fuerza de la convertibilidad, el cambio de expectativas, la estabilidad de los precios y el fuerte ingreso de recursos por las privatizaciones impactó con fuerza en las finanzas públicas. De hecho, en los más de diez años de la paridad uno a uno, el Estado nacional logró cuatro años de superávit fiscal primario, y un promedio para la década de 0,29%. Sin embargo, no logró un sólo ejercicio con superávit financiero. Visto en una perspectiva histórica, se percibe sin embargo una clara mejora en la solvencia del Estado: de un déficit financiero promedio de 7,83% del PBI en los años 80, se pasó a uno de 2,34% en los 90. De todos modos, esa mejora no fue suficiente. A pocos meses del onceavo aniversario de la convertibilidad, el país cayó en el default soberano más grande de la historia reciente.
Para comprender la dinámica de nuestra economía post-crisis, es importante recordar que el default argentino marcó un hito en las quiebras estatales recientes. El canje cerrado a principios de 2005 fue claramente el más ventajoso entre los casos de las últimas décadas. US$ 81 mil millones de dólares de deuda pública sufrieron una quita de 55%, transformándose en promedio en deuda a 22 años, disminuyendo los intereses efectivos, y pesificándose un tercio de los pasivos. Ningún otro país logró condiciones similares. Rusia en 1998, y Ecuador en 1999, por ejemplo, obtuvieron podas de 35 y 32% respectivamente. Los mayores alargamientos de plazos de los anteriores cinco default, incluyendo los nombrados, habían sido de sólo cinco años. Ningún país hasta entonces había logrado disminuir las tasas de interés –incluso en algunos casos debieron subirlas– mientras que la Argentina ni siquiera reconoció los 20 mil millones de intereses devengados en los 38 meses de mora.
Lo cierto es que el post-canje dejó al sector público nacional con una deuda (sin incluir a los holdouts) aún alta en términos del PBI (62%), pero con un cronograma de vencimientos anuales muy favorable, de alrededor de 1,9% del PBI, lo que nos ubica mucho mejor que, por ejemplo, Brasil (8%), Turquía (9,5%) o Grecia (6%). Este dato es fundamental para comprender la dinámica de nuestra economía, y contrasta con el último año de la convertibilidad, cuando la Argentina debió pagar 4% de su PBI en intereses de la deuda pública. Incluso, y a pesar de su crecimiento en pesos con respecto a 2006, los intereses bajarán como porcentaje del gasto público durante 2007 en casi medio punto porcentual (de 12 a 11,6%); recursos que obviamente podrán destinarse a fines más productivos.
Por otra parte, el gobierno ha anunciado, aunque sin formalizarlo aún, que durante 2007 pagará capital adeudado por US$ 3 mil millones. Esta medida fortalecerá la credibilidad de la política de desendeudamiento, pero vale la pena insistir en que resta aún formalizar y hacer más transparente el Fondo Anticíclico creado a fines de 2005. Lograr institucionalizarlo y fortalecerlo a través de un apoyo interpartidario en el Congreso Nacional, sería quizás el más poderoso promotor de expectativas favorables adicionales en cuanto a la sustentabilidad del cambio estructural en el equilibrio intertemporal de nuestro sector público.
Provincias: más aire pero menos poder
Aun si el sector público nacional muestra una situación de sorprendente fortaleza, cabe analizar el estado de las finanzas provinciales que han tenido un importante rol en la crisis de expectativas que terminó en el default y la devaluación.
Los resultados de los sectores públicos provinciales presentan profundos cambios con relación a los años previos a la crisis, aunque no con la magnitud que se observa en el nivel federal. De hecho, la mayor parte de las provincias cierra el año 2006 cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal en cuanto a no incurrir en déficits. Sin embargo, se estima que al menos seis gobiernos no lo lograrán, y es la Provincia de Buenos Aires el caso más notable por su incidencia general en la economía.
El gobierno nacional prevé en el Presupuesto 2007 un superávit primario conjunto para las provincias de 0,38% del PBI, muy por debajo de 1,4% alcanzado en 2004, y también inferior a los valores de 2005 (superávit primario de 0,68% y financiero de 0,32%). 2006 significa en este sentido el fin del ciclo de superávits importantes, y se estima de hecho un monto final agregado de apenas $500 millones. El 2007 encontrará entonces vulnerable, por primera vez desde 2002, al consolidado provincial. Sin embargo, dentro de este panorama general se identifican varias particularidades.
Entre 2003 y 2004 el ritmo de crecimiento de los ingresos provinciales superó largamente el ritmo de las recomposiciones salariales y del crecimiento de la obra pública. Pero ya en 2005 y 2006 las presiones salariales impactaron en el resultado financiero, y lograron de hecho en 2006 superar en promedio en 5% el poder adquisitivo de los salarios provinciales anteriores a la devaluación. Esta es una de las diferencias más notorias entre las cuentas públicas provinciales y las nacionales: la estructura de gastos de las provincias corresponden en promedio 50% a salarios, mientras que en el gobierno nacional ese componente es sólo de 11%. Por otra parte, durante 2006 se agregó para las provincias, como se mencionó anteriormente, el imperativo de dar cumplimiento a la ley de financiamiento educativo. También ha sido notable el nivel del crecimiento de la obra pública con financiamiento propio: este año se llegará a un máximo histórico promedio de 15% del gasto total de las provincias.
Un aspecto crítico de las finanzas provinciales son, por supuesto, los vencimientos de las deudas. Existe un complejo cronograma de pago de intereses y de capital para el período 2007-2011, que se podrá cumplir sólo en coordinación con el principal acreedor de las provincias, el gobierno nacional.
Parecería existir tanto las condiciones generales como la voluntad política para acentuar la tendencia existente a la reducción progresiva del peso de la deuda. Ya la primera reprogramación post-crisis de las deudas provinciales, acordada con el gobierno nacional entre 2002 y 2003, transformó la mayor parte de los pasivos a moneda local (sólo 26% de la deuda es hoy en dólares), y significó una reducción de la tasa de interés y una extensión de los plazos de amortización. Esto fue hecho sobre el compromiso de no generar nuevos endeudamientos.
El resultado final de ese complejo proceso fue una reducción neta del endeudamiento provincial, en dólares, de 15%, pasando de casi US$ 30 mil millones en 2001 a US$ 25.600 millones en 2005, lo que equivale a 15% del PBI (frente a 22% del PBI en 2002). Más importante aún, y al igual que para el Estado nacional, ha disminuido el peso de los servicios de la deuda, que representaban 21% de los ingresos totales de las provincias en 2001, pero sólo insumieron 11% en 2005. Esto se refleja también en la relación entre los ingresos totales y el stock total de deuda, que pasó de 213% en 2002 a 110% en 2005.
Un esquema insuficiente
Es decir, la devaluación y la pesificación de la deuda han reducido el peso de las obligaciones con relación al PBI y a los ingresos totales provinciales. Este proceso se explica porque los ingresos aumentan al ritmo de la inflación, de la disminución de la evasión, y del crecimiento de la economía, mientras que la deuda provincial creció con el tope impuesto por el costo de vida (excepto en 2002, cuando la deuda se incrementó en 129% producto de la devaluación y de la pesificación); a la vez que, en general, no se han producido nuevos endeudamientos, sino que sólo son reprogramaciones.
Sin embargo, este esquema es aún insuficiente para muchas provincias. El problema se debe a que cerca de 70% del stock de deuda se encuentra indexado al CER. El gobierno nacional eliminó la aplicación del CER en las deudas sujetas a los “programas de financiamiento ordenado” y los “programas de asistencia financiera a provincias” de los años 2005 y 2006, mientras que en el Presupuesto 2007 se prevé la misma medida para con las deudas originadas por los “programas de financiamiento ordenado 2002-2004”. Al incorporar en el Presupuesto 2007 esta cláusula, el gobierno nacional abre la puerta a un perdón que durante 2007 implicará una reducción de los servicios por $1.250 millones, casi la mitad de los originalmente concertados. Dos tercios de esa suma corresponden a la provincia de Buenos Aires, y los beneficios se sentirán especialmente en aquellas provincias que emitieron cuasimonedas durante la crisis.
Sin embargo, la mayor parte de la deuda que las provincias mantienen con el gobierno nacional se halla todavía ajustada por el CER (por un total cercano a $31.800 millones) y no estaría incluida en esta refinanciación. Es decir que no puede aún hablarse de una reestructuración general de las deudas provinciales, sino de una atención de las situaciones más críticas. Evidentemente será preciso avanzar hacia el tratamiento directo de los vencimientos de capital, de manera de crear las condiciones para terminar con las situaciones de deuda permanente y creciente por la indexación automática. Pero no está claro que el gobierno nacional, beneficiado directo de la necesidad de tantos gobernadores de venir periódicamente a Buenos Aires para negociar mejores términos, quiera avanzar en el corto plazo hacia una conveniente solución estructural.
Como breve conclusión de lo expuesto, puede afirmarse que durante 2007 se consolidará el fortalecimiento de las cuentas públicas, continuando el proceso de desendeudamiento tanto a escala federal como en las provincias. Se logrará también mantener los notables registros de superávit financieros, aunque varias provincias importantes aún están lejos de estabilizar de manera estructural sus balances. A su vez, la presión tributaria y el gasto público mostrarán señales expansivas, privilegiándose al igual que en los últimos dos años la recomposición de salarios y jubilaciones, así como el gasto en educación, ciencia y técnica y las transferencias al sector privado e inversiones de capital.
Son por supuesto muchos los temas adicionales que deberían analizarse para responder a la pregunta inicial formulada, pero, al menos en lo referido a las finanzas públicas, estamos claramente frente a una variedad de señales y tendencias positivas, que de consolidarse estructuralmente traerán enormes beneficios al país. Sin embargo, sabemos que la recuperación de la Argentina recién comienza, y que el progreso real, es decir la consolidación del cambio de comportamientos, deberá especialmente demostrarse en los años de “vacas flacas”. Así como la crisis de 2002 probó que, a pesar de los desastres macroeconómicos, el sistema democrático logró establecer sólidas raíces en nuestra sociedad, cuando lleguen tiempos de restricción fiscal será momento de demostrar si hemos realmente aprendido las lecciones del pasado. Nos llevó varias décadas desandar el camino del desarrollo, y seguramente nos llevará otras tantas lograr alcanzar los niveles esperados de prosperidad y de justicia social. M
(*) Miguel Braun y Antonio Cicioni son directores de Cippec.
