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Hasta mediados
de 2004, reinaba en el sector agropecuario una situación de euforia,
alentada por las cotizaciones excepcionales de la soja y el potencial
exportador de la mayoría de los productos de origen rural.
Bastó que los precios de los granos se desplomaran para que la
tónica de los negocios rurales diera un giro de 180 grados y la
relación de las principales entidades del campo con el Gobierno
adquiriera un tinte de fuerte confrontación.
Si bien la recuperación de las cotizaciones agrícolas registrada
en la primera quincena de marzo distendió un poco la situación,
todo indica que los cortocircuitos volverán a escena ni bien las
pizarras amaguen una tendencia declinante.
Precios
en el tobogán
Para entender la nueva realidad del agro basta repasar algunos números.
La soja, abanderada del boom agrícola en los últimos años,
cayó del nivel récord de $ 768 por tonelada en mayo de 2004
a un piso de $ 420 en febrero pasado.
Similar trayecto recorrió el maíz, arrastrado por una cosecha
récord de 300 millones de toneladas en Estados Unidos. Actualmente,
los precios internacionales del cereal están 30% por debajo del
promedio de los últimos 20 años. También el trigo,
que a comienzos de 2004 cotizaba a $ 401 la tonelada, descendió
a casi la mitad al iniciarse la última cosecha.
Traducido a números de rentabilidad, una hectárea de soja
de 35 quintales dejaba el año pasado un margen bruto de $ 700 por
hectárea, con una ganancia sobre el capital invertido superior
a 50%. Hoy, la oleaginosa sigue arrojando números positivos con
esos rindes, pero del orden de $150 por hectárea, equivalentes
a 15% del capital invertido.
Según cálculos de la Asociación Argentina de Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), en campos
alquilados se necesita una producción de 31 quintales por hectárea
para alcanzar el rinde de indiferencia, es decir, el nivel necesario para
que ni se gane ni se pierda dinero. Vale aclarar que la media nacional
se ubica en rendimientos de 26 quintales por hectárea.
Más cruda es la situación en otros cultivos, donde los números
en rojo se presentan como denominador común. En el caso del maíz,
AACREA estimó que, con los precios de febrero, en campos alquilados
el cereal arrojará pérdidas operativas aún obteniendo
los rindes más elevados que hoy se pueden conseguir, al tiempo
que en campos propios se requieren volúmenes superiores a 88 quintales
por hectárea para cubrir los costos de producción.
Desde MaizAr, entidad que nuclea a representantes de toda la cadena productiva
del maíz, calcularon que con los precios de febrero un agricultor
que consiguiera un rendimiento excepcional de 90 quintales cerraría
la campaña con una pérdida de US$ 20 por hectárea.
Como el rinde medio del maíz en el país se ubica en 70 quintales,
el resultado negativo en el margen bruto se estiraría a US$ 81
por hectárea.
En el caso del trigo, los números son más modestos, debido
a que requiere menos costos de producción y generalmente se utiliza
en campos alquilados para complementar la siembra de soja. De todas maneras,
la mayoría de las estimaciones varían entre modestas ganancias
de $ 50 por hectárea hasta pérdidas de similar magnitud.
El propio secretario de Agricultura de la Nación, Miguel Campos,
aceptó que la soja es el único cultivo que salva la ropa,
más allá de las retenciones. Para aliviar la situación
del maíz, el sorgo y el trigo se pensó en reducir el impuesto
y trasladarlo a las carnes bovinas, que actualmente pagan 5%.
Retenciones
en la picota
Lo curioso del caso es que todo este cambio de escenario se da en momentos
en que, tranqueras adentro, los chacareros argentinos se aprestan a levantar
una cosecha récord cercana a los 80 millones de toneladas, muy
por encima de la zafra de 68 millones de toneladas obtenida en el ciclo
2003-04. Silos llenos, bolsillos vacíos, parece ser el cuadro de
situación de un sector.
En ese contexto, los cañones del campo apuntan fundamentalmente
a los derechos de exportación que pesan sobre los principales productos
del agro. En el caso de la soja, las denominadas retenciones se quedan
con 23,5% de las divisas generadas por las colocaciones externas de porotos
y 20% de los envíos de harina. La carne tributa 5% por esta vía.
Las entidades agropecuarias siempre rechazaron las retenciones por considerar
que constituyen un elemento distorsivo que atenta contra la producción
y el crecimiento exportador. Claro que mientras los precios agrícolas
fueron atractivos, entre 2002 y la mitad de 2004, el campo refunfuñó
pero no puso el grito en el cielo.
El panorama se modificó a partir del desplome de las cotizaciones
y hoy ya no se habla tanto del impacto distorsivo que supone el tributo
a largo plazo, sino de la situación de rentabilidad negativa que
atraviesan cultivos como el trigo, el maíz y el sorgo, mientras
el Estado se lleva una tajada significativa por la vía de las retenciones.
Se estima que de toda la estructura impositiva que pesa sobre una hectárea
de soja, 58% corresponde a las retenciones. Para el maíz la carga
se eleva a 64%.
Desde la óptica de Economía, el tema tiene, antes que nada,
un costado netamente fiscal. Durante el año pasado, los derechos
de exportación reportaron ingresos por $10.271 millones, cifra
equivalente a 10,4% del total de los recursos tributarios conseguidos
por el Estado, según datos de la Dirección Nacional de Investigaciones
y Análisis Fiscal del Ministerio de Economía. De ese monto,
al menos $ 7.000 millones corresponden a exportaciones de cereales, oleaginosas
y subproductos.
En el momento de mayor crisis tras el desplome de la Convertibilidad,
con los recursos de las retenciones se pudo poner en marcha el plan Jefes
y Jefas de Familias, que implica para las arcas oficiales un desembolso
de $ 3.500 millones anuales.
Si bien la situación ha cambiado mucho desde entonces, al asomar
la cabeza del default, el gobierno nacional no quiere (y parece que tampoco
puede) renunciar al oxígeno financiero que le brindan los derechos
de exportación. Los ingresos por esta vía representaron
el equivalente a 60% del superávit fiscal de $ 17.000 millones
obtenido en 2004.
Durante el ejercicio pasado, las exportaciones argentinas alcanzaron la
cifra récord de US$ 34.000 millones. De ese total, 53% correspondió
a productos primarios y manufacturas de origen agropecuario.
Por si faltaran razones fiscales para eliminar las retenciones, los derechos
de exportación también contribuyen a amortiguar el impacto
de las cotizaciones internacionales en los precios internos de los alimentos.
El tema es particularmente crítico a partir del recalentamiento
de algunos precios en la economía local.
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Faltan
vacas
En el mercado de la carne se auguran meses movidos. La sequía de
2003 provocó una fuerte mortandad de animales, situación
que se potenció a partir del alto nivel de faena registrado en
2004 (más de 14 millones de cabezas, la cifra más alta de
los últimos 15 años). El incremento del consumo interno
se combina con las buenas perspectivas en el comercio internacional que
se plantean para este año.
Las exportaciones, dirigidas a más de 70 mercados (30 de ellos
recuperados en 2004), llegaron a un volumen superior a las 500.000 toneladas
y reportaron divisas por US$1.000 millones durante el año pasado,
convirtiéndose en el mejor registro de los últimos 15 años.
Además, el sector tiene a su favor el nuevo estatus sanitario de
país libre de aftosa con vacunación. Es la puerta de entrada
a los mercados donde se paga más por la carne vacuna.
Como la oferta de hacienda bajaría 5% con respecto a 2004 y hay
expectativas de que las exportaciones en 2005 trepen a 600.000-700.000
toneladas, quedaría menos carne para satisfacer ambos frentes.
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