| Un ensayo preparado por Diana Farrell para la consultora McKinsey alza una voz de advertencia a gobiernos, académicos y economistas. En casi todos los países existen empresas que operan parcial o totalmente fuera de la ley: declaran menos empleados de los que tienen, evaden impuestos, ignoran reglamentaciones sobre calidad o seguridad y a veces ni siquiera se registran como entidades legales. El problema es especialmente grave en los países en desarrollo pero también existe en algunas naciones desarrolladas. Tomando como base un informe del Banco Mundial –que calcula hasta 40% del PBI generado por ese tipo de actividad en países de bajos ingresos, y cerca de 17% del PBI en países ricos–, Farell observa que los gobiernos no están reaccionando con la debida preocupación. Por lo general, dice, lo interpretan como un problema social y no alcanzan a comprender el daño que provoca en la productividad y el crecimiento económico. Suponen que la economía informal crea empleos para los trabajadores no calificados y alivia las tensiones del empleo urbano. Hay académicos en todo el mundo que afirman, convencidos, que la economía informal va a ir desapareciendo a medida que los sectores formales de manufactura y servicios crezcan y creen empleo. También hay muchos expertos en desarrollo que honestamente creen que van a ser las mismas empresas informales las que voluntariamente deseen blanquearse cuando consigan crédito o cualquier tipo de ayuda. Varias investigaciones realizadas por el McKinsey Global Institute (MGI), demuestran que todo eso es falso. Lejos de achicarse, la economía informal va creciendo. En los últimos diez años aumentó en Brasil, India, Polonia, Portugal, Rusia y Turquía. Los estudios de MGI descubrieron que aunque evaden impuestos y demás obligaciones legales, las empresas informales siguen trabajando con baja productividad y en pequeña escala. Así, se distorsiona la competencia porque jugadores ineficientes impiden que otros más productivos aumenten su participación en el mercado. A largo plazo, por lo tanto, el impacto sobre el crecimiento económico y la creación de empleo es negativo. La informalidad –el operar industrial o empresario en una zona gris– es uno de los temas económicos menos entendido. Las empresas informales, por lo general, no pagan IVA, ingresos brutos ni salario mínimo; no hacen aportes jubilatorios ni ofrecen cobertura médica a sus empleados; tampoco respetan niveles de calidad ni derechos de propiedad intelectual. Factores que inciden Tres factores contribuyen a la actividad semiclandestina. El más evidente es la incapacidad de los gobiernos para hacer cumplir a rajatabla las obligaciones que impone la ley nacional. Otro factor es el costo de operar formalmente: burocracia, impuestos muy pesados, alto costo para mejorar la calidad del producto y para cumplir con las reglamentaciones que hacen a la seguridad de los obreros. Complicaciones todas que llevan a muchos empresarios a operar en gris. El tercer elemento, son las normas sociales imperantes. En varios países en desarrollo la presión social para acatar la ley es muy leve. Muchas veces, la gente considera que evadir impuestos y reglamentaciones es una forma legítima de que las empresas chicas y medianas puedan contrarrestar las ventajas de los grandes jugadores. La informalidad ahoga el crecimiento económico y la productividad de dos maneras. Primero, los fuertes incentivos que atan a las empresas a la economía gris las mantienen improductivas y produciendo a escala pequeña. Segundo, con las ventajas que logran en sus costos al ignorar impuestos y leyes, bajan sus precios de venta y quitan mayor tajada de mercado a jugadores formales más competitivos. Académicos, economistas especializados en desarrollo y funcionarios de gobierno suelen afirmar que la informalidad se reducirá con el tiempo. Sin embargo, las investigaciones realizadas por el MGI indican que las empresas informales se entrampan en una dinámica de autoalimentación y las condena a la pequeña escala y al trabajo ineficiente con baja productividad. Los informes revelan que en muchas partes del mundo operan a la mitad del nivel de productividad de las empresas formales en el mismo sector, y a una fracción de la productividad de las mejores. Una vez que una empresa decide operar informalmente, queda limitada su capacidad para reinvertir y financiar crecimiento. Es más, operar informalmente crea poderosos desincentivos para el crecimiento, porque crecer puede atraer la atención de los organismos oficiales. Eso es lo último que desean sus dueños. Así, suponer que al crecer van a integrarse a la economía formal es –razona Farell– una ilusión. Por el contrario, desechan oportunidades de modernizarse y se quedan atrapadas en operaciones de baja productividad. De manera que los jugadores informales bajan el promedio general de productividad del país y también su nivel de vida. La informalidad sofoca el crecimiento económico al impedir que compañías formales mayores y más productivas aumenten su participación en el mercado. Los ahorros de costos que obtienen al no pagar impuestos ni respetar disposiciones suelen ser superiores a 10% del costo total. Eso les permite bajar precios de venta al público y captar más mercado en desmedro de sus competidores. Las empresas formales quedan, así, en desventaja. Además, la actividad informal desacelera el crecimiento económico porque reduce notablemente la recaudación impositiva de los gobiernos, que se ven obligados a aumentar los impuestos que aplican a las empresas formales. A mayor cantidad de impuestos pagados, menores son las ganancias después de impuestos que los jugadores en regla pueden invertir en métodos y tecnologías para mejorar productividad. Y así se genera un círculo vicioso: más impuestos instan a las empresas a operar informalmente, lo cual eleva la carga impositiva que se aplica a las empresas formales. Pero las consecuencias adversas de la informalidad no son sólo económicas, también son sociales. Muchos países en desarrollo, según su madurez económica, tienen buenos planes de seguridad social y estatutos laborales para sus trabajadores. Pero como esos beneficios se aplican sólo a los pocos que trabajan en el sector visible, los vulnerables trabajadores del sector informal ganan menos, no tienen jubilación, cobertura sanitaria ni protección contra accidentes. Los consumidores tienen menos opciones: o compran productos y servicios de alta calidad a precio muy alto, o compran por poca plata los productos de calidad dudosa que producen las empresas informales, a veces desconociendo los peligros y riesgos que entrañan. Faltan, en muchos países en desarrollo, productos intermedios, de buena calidad a precios competitivos. La misión |