La salida de una crisis tan prolongada requiere el impulso inicial del sector público que, a pesar de que es uno de los más afectados por la propia crisis, tiene la obligación de marcar el camino hacia el desarrollo. ¿Cómo? A través de una fuerte inversión en obras públicas que den comienzo a un período de reactivación, de recuperación de la confianza y de previsibilidad, indispensables para que se sume la inversión del sector privado y para que tal reactivación sea sustentable en el tiempo.
Más allá de la similitud con la política keinesiana, creo conveniente recordar que las obras públicas tienen la virtud de utilizar gran cantidad de mano de obra de diferentes tipos y grados de capacitación, además de un importante número de empresas de todos los tamaños y especialidades, ubicadas en todo el territorio nacional. Ellas generan un gran efecto multiplicador durante los procesos constructivos y, sobre todo, proveen a los habitantes de la infraestructura indispensable para tener una economía competitiva y para su arraigamiento en toda nuestra geografía.
Afortunadamente, el actual gobierno ha adoptado esta formidable herramienta de la construcción como una de sus políticas prioritarias para generar desarrollo y reactivación, creando un ministerio específico y proponiendo mayores partidas en el presupuesto 2004, el cual, al cierre de esta edición, se encontraba en análisis en el Congreso Nacional. Pero debo advertir que la puesta a punto de los equipos profesionales y técnicos en el Estado debe producirse de manera veloz, a efectos de poder implementar dichas políticas, tantas otras veces también anunciadas y no ejecutadas.
Hay que gastar mejor los recursos del Estado, genuinos y obtenidos por los pocos préstamos disponibles porque, aunque sean escasos, en el país tenemos la mala costumbre de subutilizarlos, rompiendo la continuidad de la inversión pública, fundamental para alcanzar el crecimiento. Mientras en los últimos años la Argentina no llegó a invertir 1,5% de su Producto Bruto Interno (PBI) en obras públicas, en otros países destinaban entre 4% y 6% de su PBI a este objetivo.
Las prioridades de obras y la coordinación con las distintas jurisdicciones nacional, provinciales y municipales para optimizar el uso de los recursos económicos, físicos y humanos, deberán surgir de la determinación de los mapas agrícola-ganadero, industrial, turístico y social del país. De la eficacia de estas políticas y de su implementación, dependerá el ensamblado armónico de la acción pública con la privada, que está ansiosa por aportar al desarrollo del país con reglas claras y estables.