Los US$ 300.000 millones en subsidios que los países ricos pagan anualmente
a sus agricultores superan ampliamente los US$ 50.000 millones de ayuda a los
países en desarrollo. Una ayuda que, además, baja los precios
que reciben los agricultores pobres por sus productos y les quita mercados nacionales
e internacionales.
Los ministros de la OMC reconocieron esta realidad cuando prometieron que en
la Ronda Doha harían todo lo posible por lograr la ansiada reforma del
comercio agrícola. Una reforma que incluyera mejoras en el acceso a los
mercados, reducción de la ayuda estatal a los agricultores y reducción
de todo tipo de subsidio a las exportaciones, factores que tanto distorsionan
el comercio internacional de productos agrícolas.
Sin embargo, las profundas divisiones y diferencias de interés entre
los países que esos mismos ministros representan, les impidieron ponerse
de acuerdo sobre qué quiere decir todo eso en la práctica.
El mandato de la negociación comprometía a todos los miembros
de la OMC a mejorar sustancialmente el acceso a los mercados, reducir todas
las formas de subvenciones a la exportación y comprimir sustancialmente
las ayudas internas que causan distorsiones al comercio. Por primera vez, el
sistema comercial multilateral se había planteado como objetivo explícito
la eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas.
Stuart Harbinson, presidente de la sesión especial del comité
de agricultura de la OMC, puso sobre la mesa de negociaciones propuestas para
reducir entre 40% y 60% los subsidios de exportación y recortar 60% la
ayuda agrícola en un lapso de nueve años. El cálculo era
que, de esa forma, aumentaría US$ 100.000 millones el ingreso global
anual. La quinta parte de esa cifra iría a los países en vías
de desarrollo, aunque los mayores beneficios serían para las naciones
ricas que también se benefician con precios más bajos en los alimentos
y con ahorros impositivos.
Pero las propuestas tuvieron un destino trágico: aparentemente “insuficientes”
para Estados Unidos y los 17 países que integran el grupo Cairns de exportadores
agrícolas, y “demasiado ambiciosas” para la Unión Europea,
Japón y otros países con altas barreras comerciales a las importaciones
agrícolas, quienes opinaron además que mostraban una “tendencia
demasiado a favor de los intereses exportadores”.
Por su parte, los países en desarrollo también llegaron divididos
a la mesa de negociaciones. Brasil y Malasia, por ejemplo, son miembros del
grupo Cairns, que quiere que el comercio agrícola sea tratado de la misma
manera que el comercio de productos industriales. Otros, encabezados por India,
dicen que las naciones pobres deberían tener autorización para
proteger a sus agricultores mientras los países ricos continúen
utilizando prácticas comerciales injustas. Un tercer grupo, formado en
su mayoría por pequeñas naciones pobres en África, Caribe
y el Pacífico que gozan de acceso preferencial al mercado europeo, votan
junto con Bruselas pues temen perder ante los mercados agrícolas de América
latina y Asia.
En esta notoria falta de consenso, se confirmaron los temores de que no se alcanzará
un acuerdo en cuanto a modificar la política arancelaria y reducir o
eliminar los subsidios en un plazo razonable.
Estados Unidos era un país clave para el éxito de las conversaciones.
Por el lado de la Unión Europea, su margen de maniobra y su credibilidad
como socio negociador, dependía del resultado del feroz debate interno
sobre la reforma de la política agraria común (PAC). En su actual
aspecto, la PAC subsidia a los agricultores europeos por un valor aproximado
de 42.000 millones de euros al año. M