De lejos, el caso más serio –o mejor documentado– es el norteamericano.
Steven Kandarian, director de la Pension Benefit Guarantee Corporation (PBGC,
la corporación de garantía sobre jubilaciones) reveló al
Senado que su déficit se ha doblado en 2002 a causa del desinfle bursátil
y también de pagos por US$ 11.300 millones, monto sin precedentes. Además,
las obligaciones ascienden a US$ 35.000 millones, contra activos que sólo
suman US$ 25.000 millones.
“Este déficit puede expandirse a mayor ritmo”, advirtió
el funcionario. El objeto de la PBCG, creada en 1974, es actuar como “red
de salvamento” para fondos jubilatorios de compañías que
entren en concurso, quiebren, se achiquen o sean liquidadas y no tengan prestamistas
de última instancia. Hacia marzo, solventaba beneficios por US$ 1.500
millones, aunque –por ley– no cubra 100% de los planes originales.
Aun así, Kandarian ha recomendado cambiar algunas reglas, porque la mera
existencia del seguro induce a empresarios y gremialistas a diferir aportes
cuando hay problemas. Esto transfiere los costos a empresas responsables y a
sus empleados, que luego optan por abandonar el sistema (acentuando su desfinanciamiento).
Durante 2002, más de 270 firmas admitieron ante la PBCG que estaban incumpliendo
por montos superiores a los US$ 50 millones. En esto, aunque con números
diferentes, coincide la situación allende el Atlántico.
El caso británico
Como en Estados Unidos, en Gran Bretaña los fondos jubilatorios han sido
castigados por tres años de declinación bursátil y de tasas.
A diferencia de Estados Unidos, no existe allá un sistema de garantía
para planes cuyos aportes dependan de firmas en convocatoria, quiebra u otras
crisis.
Según Morgan Stanley (MS), en febrero los planes de compañías
incluidas en el índice Financial Times 100 mostraban un déficit
de US$ 132.600 millones respecto de sus obligaciones con los aportantes. Al
igual que en Estados Unidos, parte del problema reside en que éstos viven
más, mientras cede la rentabilidad de sus colocaciones en acciones y
bonos.
Desde el año 2000, las acciones en las cuales han invertido los fondos
perdieron gran parte de su valor bursátil. Tanto Stanley como otros analistas
estiman que, en 2002, el sistema británico ha perdido unos US$ 160.000
millones “en el peor escenario posible –señala Watson Wyatt
(WW), firma de actuarios–, porque también el rendimiento de los
bonos se ha contraído junto con los tipos de interés”.
Ello ha generado aquella enorme brecha entre valor de activos y obligaciones,
calculada por MS. En algunos casos –vg. Rolls-Royce– el déficit
(US$ 1.790 millones) casi iguala la capitalización de la firma en el
mercado (1.985 millones). Para el personal, el peligro es notorio: si una compañía
se viene abajo cuando hay déficit en el fondo jubilatorio, sus aportes
carecen de amparo legal.
Como en Estados Unidos, los empleados conscientes del problema abandonan los
planes en riesgo (algo que no pueden hacer en sistemas como el argentino o el
uruguayo), lo cual agrava la situación de los fondos. A principios de
abril, los informes de MS y WW tuvieron efecto en Londres: la autoridad que
regula pensiones suspendió normas que remuneran la transferencia de aportantes
entre un fondo y otro.
¿Quién tiene la culpa?
En el contexto anglosajón, las culpas de la crisis se distribuyen con
amplitud entre actuarios –un tipo especial de auditores– negligentes,
compañías que no aportaron puntualmente en años de auge,
contadores que aplican pautas más duras para evaluar fondos y un gobierno
descuidado (al cual en la Unión se añaden 50 estados).
Por ahora, los índices apuntan en los cuatro sentidos, pero no hay consenso
sobre quién debe pagar el pato. Los sindicatos quieren que la patronal
aumente aportes para saldar el déficit. Las empresas quieren que el personal
comparta la carga o se reduzcan las pensiones futuras porque, cuando una firma
promete abonar una jubilación actualizada según futuros salarios,
toma riesgos. Primero, porque se compromete a dar aumentos durante varios años
a personal pasivo (las empresas creen natural que sus inversiones sean rentables
a futuro, pero no el salario de su capital humano).
Segundo, la jubilación debe abonarse hasta la muerte del beneficiario
y éste tiende a vivir cada vez más. En 1950, analistas y actuarios
le daban casi 14 años de sobrevida a quien se jubilaba con 65. En los
’90, ese lapso llegaba hasta 18,6 y, según estimaciones de la Comisión
Europea, hoy roza los 20 años.
En tercer lugar, el Estado ha ido “perturbando” a los fondos con todo
tipo de deberes legales; por ejemplo, pensiones para viudas, hijos menores o
incapaces, al morir el jubilado. También existe la obligación
de elevar el haber mínimo por inflación.
Por último, el rendimiento decreciente de los títulos públicos
ha dificultado el pago de jubilaciones. En el caso británico, si un fondo
privado –vinculado a una compañía– debe asegurar al
retirado £ 20.000 anuales, necesita colocarse en bonos según su
rinde. Cuando éste era 10%, hacían falta £ 200.000 en papeles.
Pero hoy ese margen es de sólo 4% y, por ende, exige £ 500.000
para cubrir esa misma jubilación. Claro, ello presupone que el fondo
no es una cartera diversificada ni ha acumulado recursos en tiempos mejores.
Estos problemas existen en los regímenes jubilatorios de Estados Unidos,
Canadá y Gran Bretaña desde hace 20, pero el auge bursátil
de 1982-2000 los disimulaba, aun en sus lapsos menos brillantes. Entretanto,
las empresas retenían aportes en beneficio propio, hábito común
en economías desarrolladas y periféricas que, ahora, tras años
de depresión bursátil señalan como una fuente de los problemas
financieros que afrontan los fondos.
Hoy, la forma más común de reducir costos es cerrar el fondo o
congelar la jubilación de nuevos aportantes. A cambio, se les ofrecen
planes donde tanto empleadores como empleados aportan a un fondo y las futuras
jubilaciones dependen de cómo rinda la cartera de inversiones.
Una bomba de tiempo
En el resto de la Unión Europea, la organización Financial Services
Round Table (FSRT), encabezada por el sueco Per Gyllenhammar, habla ya de “una
bomba de tiempo continental. A menos que los gobiernos actúen veloz y
drásticamente, la situación de 377 millones de personas se deteriorará
hasta niveles socialmente críticos”.
Pero “no existe ingeniería financiera capaz de revertir el aumento
vegetativo de la población ni sus expectativas de vida”, subrayan
analistas en París y Francfort. El problema no se limita a los mayores
de 65 años, pues “tanto las jubilaciones como otros servicios dependen
de gente en edad laboral. Cuanto más retirados haya –sostiene Gyllenhammar–,
mayor será la proporción de ingresos por persona en actividad
necesaria para mantener a quienes ya no trabajan”. Por supuesto, el experto
piensa en contribuciones estatales, no privadas.
Mientras tanto, los hábitos inversores anglosajones y el carácter
privado de sus planes jubilatorios reflejan un defecto de ambas economías:
el bajo nivel de ahorro interno. Así, el auge accionario de los años
’90 sólo infló cotizaciones, sin crear activos tangibles
capaces de alimentar la economía física de ahora a 2040. Pero,
en la Unión Europea, “cae la confianza en el sector privado, sube
la volatilidad en los mercados de riesgo y no hay cómo asegurar remuneraciones
aceptables a los futuros jubilados”, afirma la FSRT.
Enron, WorlCom, Adelphia, Equitable Life, Swiss Re, Munich Re y una larga serie
de escándalos y quebrantos voluminosos han golpeado los fondos de pensión
privados y han diezmado el valor de los aportes efectuados por la gente. Por
tanto, varios millones de personas en el “primer mundo” no saben hoy
cuánto cobrarán cuando se jubilen. M
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