Mercosur, uno de los principales productores de granos y oleaginosas del mundo,
tiene especial preocupación por la ley agraria firmada por el presidente
George W. Bush el año pasado. Estados Unidos argumenta que la ley se
atiene a las estipulaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
y prevé subsidios inferiores a los que otorga al Plan Agrario Común
(PAC) de la Unión Europea (UE).
Antes de la promulgación de la ley agraria, los países del Mercosur
habían accedido a contemplar la posibilidad de un acuerdo continental
de libre comercio con Estados Unidos (Alca). Después de la ley, cambió
el humor, y la víctima inmediata fue el futuro del Alca.
Otra preocupación para los países integrantes del Mercosur es
que la UE responda a la ley agraria estadounidense aumentando la ya importante
protección que otorga a sus agricultores.
Brasil inmediatamente pidió a la OMC que dispusiera que los subsidios
estadounidenses son contrarios a las reglas de la organización. Incluso
la Argentina, que está tratando de evitar una oposición frontal
a Estados Unidos porque necesita la aprobación de ese país para
cualquier paquete financiero multilateral, manifestó su disposición
a denunciar a Estados Unidos ante la OMC por la ley que considera “abusiva”.
La Argentina y Brasil calculan que al aumentar los subsidios a la agricultura,
Estados Unidos va a ocasionarles un importante recorte en sus exportaciones
agrícolas. La Argentina estima que podría perder hasta US$ 1.500
millones al año, y Brasil, US$ 2.400 millones.
Cacerolazos, manifestaciones y ventas frustradas
En la ciudad colonial de Arequipa la gente salió masivamente a la calle
a vocear su indignación. Había activistas y gremialistas, pero
también comerciantes, madres, abuelas y familias enteras.
La protesta se realizaba concretamente para impedir que una empresa belga comprara
los dos generadores eléctricos estatales que alimentan la región.
La manifestación fue tan contundente que el presidente Alejandro Toledo
tuvo que suspender la venta y modificar su gabinete.
En todas partes de América latina la gente sale a manifestarse contra
el experimento de capitalismo de libre mercado que reinó durante toda
la década pasada. La gente está indignada con las reformas que
achicaron el Estado y abrieron los mercados a la competencia externa que, ahora
lo ven, enriquecieron a funcionarios corruptos y a multinacionales indiferentes
que no les hicieron la vida mejor. Las protestas, frustraron ventas de empresas
estatales, pusieron nerviosos a potenciales compradores e hicieron dar marcha
atrás a gobiernos ya debilitados por la recesión.
Hoy, las reformas de mercado pregonadas por economistas formados en Estados
Unidos luego del colapso del comunismo, se topan con su primer gran desafío:
movimientos de protesta en toda la región latinoamericana.
Durante algún tiempo, las políticas de libre mercado parecieron
funcionar bien; de hecho, todavía hay muchos economistas y políticos
que insisten en que todavía funcionan. Desde su perspectiva, las reformas
aumentaron la competencia y generaron crecimiento. Controlaron la inflación,
reemplazaron la burocracia estatal con eficientes empresas privadas que creaban
trabajo. Con esa fórmula, Chile llegó a tener la economía
más sólida de América latina y México quintuplicó
sus exportaciones en 12 años.
Pero la amplia prosperidad prometida sigue siendo un sueño para muchos
latinoamericanos. Hoy se ve que esas mismas reformas provocaron desempleo y
despidos en empresas públicas y privadas y también serios procesos
de recesión que paralizaron las economías.
Del total de la población de Latinoamérica, 44% sigue viviendo
en la pobreza, y el número de desempleados se ha más que duplicado
en una década. Hay gigantescos ejércitos de personas que trabajan
en la inmensa economía informal de la región y el crecimiento
económico ha sido prácticamente nulo durante los últimos
cinco años. M