El puzzle de la UE

El viernes 13 de diciembre, finalmente, los jefes de Gobierno de la Unión
Europea –es decir, los 15– definieron el cronograma para la incorporación
de 10 países al grupo a partir de mayo de 2004. Pero recién dentro
de varios meses se sabrá si Turquía entabla negociaciones formales
para ingresar en 2007 y qué ocurrirá con Chipre, aceptada como
república de habla griega, aunque 40% de la isla siga bajo control turco.
En los papeles, la cumbre le dio luz verde a Polonia, Hungría, República
Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Chipre.
Para los gobiernos favorables a Ankara –Alemania, Gran Bretaña,
Italia y España–, empieza ahora una dura tarea: persuadir a quienes
resisten. En esencia, Grecia y los miembros nórdicos. En el caso de Atenas,
la cuestión se remite a que los 2/5 septentrionales, desde 1974 en manos
otomanas. Naturalmente, los países donde hay importantes minorías
turcas se inclinan en favor de Turquía. Al frente figuran Alemania, cuya
población de habla otomana pasa de 2,1 millones (ocho veces el número
de turcos en Chipre), y Holanda (320.000). En rigor, Berlín habla ya
de 2005 como año del ingreso turco.

Juego de estadísticas

Las estadísticas regionales no se detienen en minorías étnicas,
numerosas, antiguas y problemáticas en todo el continente. Por ejemplo,
la superficie de la UE aumentará (de 3,19 a 3,93 millones de kilómetros
cuadrados (23,2%), bastante más que el producto bruto regional: apenas
4,2%, o sea de 8.524 a 8.879 billones de euros. Estados Unidos representa 10,62
billones y Japón 5,16 billones. En lo atinente a población, irá
de 378 a 452 millones (+19,6%), pero más de la mitad del incremento le
corresponderá a Polonia (39 millones). Por consiguiente, el catolicismo
romano predominará por lo menos hasta el ingreso de Turquía (70
millones, mayormente musulmanes) y los países balcánicos de rito
católico bizantino (en especial, los 40 millones de rumanos).
El Parlamento Europeo deberá elevar de 250 a 450 los intérpretes,
porque hablará 22 idiomas oficiales: castellano, francés, italiano,
flamenco, holandés, alemán, inglés, irlandés, danés,
sueco, portugués, griego, finlandés, estonio, letón, lituano,
polaco, magyar (húngaro), eslovaco, checo, esloveno y maltés.
No se incluyen lenguas locales dentro de países como España, Gran
Bretaña, Francia o Italia.
Una presunta entrada de Turquía (en 2005 o en 2007) tendrá efectos
colaterales conflictivos. En primera instancia, será imposible soslayar
el espacio balcánico entre Hungría-Eslovenia y Grecia-Turquía.
Vale decir, Croacia –nadie la menciona–, Bosnia-Herzegovina (contiene
una minoría musulmana), la Federación Yugoslava (Serbia-Montenegro),
Moldavia, Rumania, Bulgaria y Albania (mayoría musulmana). Al margen
de todo lo anterior, subsiste un tema no resuelto: si tres de los actuales 15
aún no aceptan el euro, ¿será éste obligatorio o
factible para los nuevos integrantes de la Unión?

La economía no ayuda

Por ahora, el problema clave son las modestas perspectivas económicas.
La Comisión Europea no espera este año más de 1% de expansión
en el producto bruto regional (PBR) y no descarta un piso de 0,8%. La proyección
anterior era 1,4%, ya muy lejos del porcentaje necesario para salir de la recesión
(2,5%) y, mucho más, del prescripto (3%) en el Tratado de Maastricht.
Edward George, presidente saliente del Banco de Inglaterra y portavoz del Grupo
de los 10 –las potencias financieras–, augura “expansión
constante, aunque a ritmo muy lento. Pero recesión lisa y llana no habrá”.
Otros no son tan optimistas y tienen presente 2002: un segundo trimestre muy
malo (0,3%), un tercero cuya estimación cede de 0,6-0,9% a 0,3-0,6% y
un cuarto que podría quedarse en 0,4-0,5%.
La cuestión de fondo, que pocos abordan, es revisar –o no–
el tratado que creó el euro (1992, vigente desde 1994 vía el pacto
de estabilidad fiscal, en circulación física desde 2002) y el
pacto fiscal de 1994. Existen dos líneas. Una privilegia la estabilidad
monetaria y su motor es el Banco Central Europeo (BCE). La otra prioriza el
crecimiento.
La desaceleración económica da ímpetu a los críticos
de Maastricht y el tipo de disciplina fiscal impuesta en la eurozona. Antes,
los objetores se centraban en los supuestos efectos negativos del pacto fiscal
en el corto plazo, afirmando que limitaban la libertad de un gobierno para estimular
la economía vía mayor gasto y déficit en épocas
de recesión. Ahora, descubren un inconveniente de largo plazo: el tratado
impide financiar proyectos de inversión pública.
Por su parte, los ortodoxos tienen razón en un plano: la laxitud fiscal
de posguerra, en varios países, hipertrofió tanto el déficit
como el endeudamiento público. Pero hoy Alemania –que no padece
esos excesos desde hace años– está por volver al déficit
debido a la falta de estímulos al crecimiento, el empleo y la demanda.
También influye la mala situación en banca y seguros, que alcanza
a Suiza. En este punto, hasta el BCE reconoce los efectos adversos de la escasa
inversión, la pérdida de confianza en los mercados financieros
y riesgos conexos.
En verdad, Maastricht y el pacto fiscal marcaron un vuelco en política
económica, pues los firmantes se comprometían al equilibrio fiscal
en mediano plazo –si no al superávit– y crearon el BCE para
mantener la estabilidad de tasas y precios. Curiosamente, el emblema de ese
pacto –el euro– llegó a ser moneda única y excluyente
el año pasado y todavía se sienten efectos inflacionarios de su
introducción (suaves, pero perceptibles).

Los que llegan

Otro detalle sugestivo es que durante los últimos siete años
del siglo XX no hicieron falta moneda común ni BCE para lograr una apreciable
reducción en los déficit y un crecimiento firme. Por ello, algunas
reformas en el tratado no atentarían contra su trasfondo tanto como la
irrupción de varias economías “subdesarrolladas”,
deficitarias, mal administradas o agobiadas por corrupción sistémica.
En cuanto a ulteriores incorporaciones, Romano Prodi, prestigioso presidente
de la Comisión Europea y no justamente un monetarista a ultranza, sugirió
límites condicionados por la economía, no a la geopolítica:
“Rusia es demasiado grande para nosotros y nosotros somos demasiado grandes
para ella”. Eso involucra a Ucrania y a Bielorrusia, un satélite
de Moscú.
En forma indirecta, algunos altos funcionarios sugieren que una parte de la
ex URSS (justamente, Rumania, Bulgaria, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia) no es
compatible con la UE. También temen que Turquía y la ex Yugoslavia
planteen graves problemas políticos.
Sea como fuere, la nueva expansión de la UE es la más ambiciosa
desde 1957. Ese año, se creó la Comunidad Europea del Carbón
y el Acero o “los Seis”, que integran Alemania, Francia, Italia
y el Benelux (Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo). En 1973,
Dinamarca, Gran Bretaña e Irlanda se sumaron a lo que fue la Comunidad
Económica Europea. Para eso las dos primeras se separaron de un “invento”
inglés de 1967: la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC:
Gran Bretaña, los escandinavos con Islandia pero sin Finlandia y Austria).
En 1980, y más por razones geopolíticas que económicas,
entró Grecia. En 1986, ya desembarazadas de sus dictaduras, siguieron
España y Portugal. Otro hecho político, la reunificación
alemana, provocó la incorporación de Finlandia, Suecia y Austria
en 1995. Esto generó la Unión Europea y liquidó la AELC,
pero dejó tres economías avanzadas fuera de cuadro: Noruega, Islandia
y Suiza (que sólo integra el Banco de Ajustes Internacionales, Basilea),
más simples refugios financieros o tributarios como Andorra, Guernsey,
San Marino, Mónaco y Liechtenstein.
“Los objetivos aprobados en Copenhague y su cronograma resultante representan
un cambio distinto a cualquier otro”, decía Günter Verheugen,
comisionado a cargo del proceso. Pero “la expansión hacia este
y sudeste plantea riesgos de dilución o licuación similares a
los que corre la Organización del Tratado de Atlántico Norte”.
Durante todo diciembre, el clima en la “interna” de la Comisión
Europea era incierto. Algunos funcionarios, encabezados por Fritz Bolkenstein
–responsable del mercado regional– sostenían que varios de
los nuevos miembros no estarían listos para afrontar las presiones de
la competencia, una vez dentro de la UE.

Inquietudes, cronograma y dudas

Las inquietudes polacas sobre subsidios agrícolas, o las checas y eslovacas
en torno de siderurgia y automotores son ejemplos típicos. Frente a estos
problemas, Bolskeinstein sugería “cláusulas de salvaguardia”
por hasta siete años contra inestabilidad, crisis locales o “traumas
en los mercados de materias primas, manufacturas y trabajo”. Menos radical,
Verheugen se atenía a las cláusulas incluidas en el documento
de Copenhague, que prevén dos años de transición.
Otras cuestiones que deberán afrontarse en 2003 se refieren a corrupción,
delitos económicos y contables, sistemas judiciales débiles y
las 80.000 páginas de legislación positiva que todo nuevo socio
deberá ir poniendo en vigencia luego de mayo de 2004.
Tal como surge del documento emitido el 13 de diciembre, los nuevos miembros
suscribirán el tratado de admisión el 16 de abril próximo.
Entre esa fecha y noviembre, cada país someterá el tratado a referendo
o plebiscito, luego cada Parlamento y cada Ejecutivo adoptarán las decisiones
emergentes.
Si no median imprevistos, el 1º de mayo de 2004 se efectuará la
entrada formal y la Unión Europea pasará a tener 25 socios (24
y 3/5, si se recuerda que Chipre no ingresa completo). En junio de 2004, habrá
elecciones para el Parlamento Europeo en los socios recién incorporados.
El 1º de noviembre comenzará a funcionar la nueva Comisión
Europea (el Poder Ejecutivo regional) y, al mes siguiente, el Consejo –o
sea, los 25 jefes de Gobierno– empezará a conversar acerca del
ingreso de Turquía, Bulgaria, Rumania y quizá Moldavia con vista
a 2007. No obstante, los alemanes presionarán para que se anticipen esas
tratativas. Además –como sostienen Londres, Roma y París–,
urge resolver cuatro situaciones anómalas: Islandia, Noruega, Suiza y
Croacia.
Tres de esos nombres remiten nuevamente al “otro” problema de integración:
Eurolandia; o sea, los 12 adherentes a la moneda común. “Expandir
el euro será caro y puede exigir no menos de cinco años. Pero
no podrá eludirse –reflexionaba Ernst Welteke, presidente del poderoso
Bundesbank alemán–, aunque el proceso requiera definir tres incógnitas:
la futura situación de quienes están ya en la UE pero no en Eurolandia
(Gran Bretaña, Grecia, Suecia), las economías avanzadas que no
están en la UE –Suiza, Islandia– y qué nuevos miembros
podrían adoptar el euro, cuándo y cómo”. M