El mercado cambiario siguió en calma. El dólar, el gran indicador
de 2002, giró en torno a los $ 3,60, casi el mismo valor que en junio.
Varios analistas afirmaban que el tipo de cambio real estaba muy alto –mucho
más que en la crisis de la deuda de los años ’80–
y que, controladas las fuentes de emisión monetaria, no había
peligro de una disparada. Otros adjudicaban la calma del dólar a un juego
especulativo: el de la divisa contra la tasa de interés. Había
economistas convencidos de que la recesión sería larga y de que
la flotación cambiaria había debilitado demasiado al peso. Planteaban
la posibilidad de que el Banco Central vendiese dólares para validar
al peso y aumentar las posibilidades de consumo. Decían que sería
el comienzo de una reactivación robusta. En cambio, otros recomendaban
avanzar por una ruta segura, con las exportaciones a la cabeza del crecimiento.
Pero para que éstas crecieran debía haber financiamiento en dólares,
que se podría lograr si los bancos captaban depósitos en esa divisa
o si los organismos internacionales abrían líneas de crédito
para ese fin. Había que esperar el momento en que los ahorristas volvieran
a confiar en las instituciones financieras, ya que la Argentina estaba lejos
de obtener préstamos.
Más allá del juego cambiario, el país entraba en el último
cuatrimestre del peor año de su historia económica desde 1914.
Se estimaba que la actividad productiva podía caer 14% en 2002. En septiembre
la inflación fue de sólo 1,3%, adjudicada al dólar estable
y a la recesión. En tanto, en el año, los precios acumulaban un
alza de 39,7%.
El desempleo superó 20% y aumentó el porcentaje de población
que vivía debajo de la línea de la pobreza. El Gobierno podía
argumentar que había sorteado la hiperinflación y que mantenía
una relativa calma en las calles.
También se afirmaba que la economía había dejado de caer
y que los sectores que producían bienes y servicios transables internacionalmente
pasaban por un buen momento, debido a su alta rentabilidad. La recaudación
tributaria se incrementó fuertemente desde mayo (unos $ 4.800 millones
mensuales contra $ 3.000 millones de febrero y marzo), las reservas internacionales
no caían desde junio y también aumentaron los depósitos
a plazo fijo.
Las reservas y el abismo
La política comenzaba a dar coletazos. El Gobierno tenía dificultades
para alcanzar consensos para gobernar la transición y definir el juicio
a la Corte Suprema que había declarado inconstitucional el descuento
salarial de 13% (fallo que abrió dudas en el frente fiscal). Eran factores
que ponían en peligro el frágil equilibrio monetario y cambiario.
A su vez, en el FMI estimaban que habría ayuda si los candidatos explicitan
su apoyo a un programa monetario, fiscal e institucional potable para el organismo.
Por eso, en el Gobierno se confiaba en la candidatura de Carlos Reutemann, que
aglutinaría los votos de un amplio arco de votantes moderados y despejaría
las dudas sobre el rumbo de la futura presidencia en los mercados y en el empresariado.
Para lograr un acercamiento con Anne Krueger y sus técnicos, Lavagna
tomó dos medidas que solicitaba el FMI. Los ahorristas con depósitos
de hasta
$ 9.600 ($ 7.000 más la indexación del CER), podían recuperar
el dinero en efectivo y los bancos estaban facultados para mejorar la propuesta
a sus clientes, con un límite en $ 10.000.
En septiembre se estimaba que si se llegaba al punto de redolarizar los depósitos
y mantener pesificados los préstamos, el Estado debía asumir un
costo de unos US$ 30.000 millones para que no se produjera una quiebra generalizada
de bancos. Ése era uno de los motivos por los cuales el Gobierno quería
cerrar el juicio a la Corte en el Congreso.
El 9 de septiembre se debieron pagar US$ 2.781 millones al FMI, pero hubo una
refinanciación automática. No obstante, reinaba la inquietud,
porque hasta fin de año había vencimientos por US$ 2.122 millones
con el BID y el Banco Mundial que no podían prorrogarse sin caer en el
abismo. El acuerdo con el FMI seguía lejano y comenzó el debate
sobre la posibilidad de pagar a los organismos con reservas. La Argentina debía
abonar hasta abril de 2003 unos US$ 9.684 millones, algo más que las
reservas que tenía en septiembre. M