Hace un mes, el gobierno bonaerense declaró la emergencia en la industria frigorífica de la Provincia, afectada por la aparición de la fiebre aftosa. La medida fue considerada tardía por los productores, que le reprocharon al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Haroldo Lebed, una demora de más de dos meses desde que se cerrara el mercado internacional de carnes. Así las cosas, la administración de Carlos Ruckauf dispuso que la emergencia es una medida de excepción que durará hasta que cesen las restricciones comerciales que padecen los frigoríficos.
El decreto creó, además, una comisión de crisis que evaluará caso por caso la forma en que la Dirección Provincial de Rentas eximirá a las empresas afectadas de los impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos.
Pero, en rigor, la aftosa fue la gota que colmó el vaso de las penurias de los productores del campo que sufren una sucesión de inundaciones y sequías que les impiden hacer frente a sus compromisos fiscales, entre otros.
En enero, un huracán se llevó gran parte de la producción hortícola del Gran La Plata y Berazategui. Lebed declaró el estado de desastre para los productores afectados y se les postergaron los vencimientos que tenían con el Banco Provincia de Buenos Aires, además de eximirlos de los impuestos provinciales.
Unos días antes, otro decreto de Ruckauf había otorgado la exención del pago de los tributos provinciales a los productores agropecuarios, comerciales e industriales de 21 distritos del noroeste bonaerense afectados por las inundaciones. Según las estimaciones oficiales, esa medida le restará a la recaudación fiscal de la Provincia cerca de US$ 50 millones.
Lo cierto es que en mayo se sumaron a la lista de distritos en emergencia unos diez municipios del sur y sudoeste de la Provincia, con lo que el Estado bonaerense prorrogó hasta agosto la emergencia en más de 30 distritos afectados por las inundaciones.
Al cierre de esta edición, el gobernador Ruckauf había instruido
a sus ministros de Agricultura y Economía para que se posponga el vencimiento
de la ley de refinanciación de pasivos que los productores del campo
tienen con el Banco Provincia. Hasta el 15 de junio sólo se habían
incorporado a la refinanciación US$ 180 millones, sobre un total de US$
300 millones que el sector agropecuario le adeuda al Bapro.
Como explicó el ministro Lebed: “La mayoría de los productores no puede hacer frente a 4,71% de su deuda, el monto que les permite acceder a la compra del bono para la refinanciación de sus pasivos bancarios”.
De esta forma, los productores tendrán tiempo hasta fines de año para refinanciar sus deudas.
Sin tren y sin camión
Armando Casalins, asesor de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, recibió recientemente fotografías satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales que examinan el estado de las inundaciones en la Provincia.
En ellas se advierte claramente que el agua ocupa un importante espacio de la geografía bonaerense pero, en opinión del especialista, la situación se vería más aliviada si los caminos internos estuvieran en condiciones de extraer la producción. “Lo que ocurre es que, aunque el efecto de las inundaciones es importante, falta infraestructura vial, ya que a muchos caminos se les pasan máquinas que los hunden, y se transforman en canales”, dice.
Casalins respalda su argumento con los últimos informes sobre las inundaciones en los partidos de Lincoln, Pehuajó, 9 de Julio y Carlos Casares, donde el suelo inundado representa alrededor de 25% del total. “Si hubiera buenos caminos, la producción de unos cuantos campos podría movilizarse sin problemas”, afirma.
Además, el especialista se queja de que la movilización de la producción se realice casi exclusivamente con camiones, cuando la Provincia contaba con una red de ferrocarriles que, de funcionar, abarataría fuertemente los costos de flete, un factor decisivo, puesto que cerca de 15% del valor FOB de las semillas se explica por el costo del transporte.
Más allá de las inundaciones, Casalins opina que la suerte del campo bonaerense no es distinta de la que corren otros sectores de la economía argentina. El acceso al crédito es una de sus principales falencias, además de la concentración y la integración vertical del sector.
Casalins recuerda que en 1991 había en la provincia de Buenos Aires 1.250 acopiadores y hoy, con una producción mayor, sólo quedan 850. También dice que no quedan productores pequeños y que, entre los medianos, la mayoría le alquila sus campos a los pools de siembra.
Las dificultades de acceso al crédito condujeron a la formación de organizaciones sin antecedentes, en las que los productores se asocian a los acopiadores o a los comerciantes del sector para llevar adelante una campaña. Mientras unos ponen las máquinas y la tierra, los otros aportan semillas y químicos.
La potencia del girasol
Por otra parte, los productores de semillas observan con atención los pasos que el gobierno provincial está dando para la construcción de una planta de biodiesel, un nuevo combustible que se elabora a partir del girasol y que se espera tenga el mismo éxito que la alconafta en Brasil. El gobierno ya encargó un estudio para orientar la compra de los elementos técnicos que permitirán producir biodiesel y enviará a la Legislatura un proyecto de desgravación de una parte importante de los impuestos vinculados con este proyecto. Además, el gobernador Ruckauf argumenta que es necesario que el gobierno nacional otorgue desgravaciones impositivas al menos por 20 años, porque no hay proyecto que pueda terminar si está atado a la coyuntura de la cotización del barril del petróleo o al precio de las oleaginosas.
Para la puesta en marcha del proyecto, el gobernador firmó un convenio de asistencia técnica y económica para el desarrollo del biodiesel entre la Provincia y el Consorcio Intermunicipal de Desarrollo Regional (Cidere). El organismo, integrado por los municipios de Tres Arroyos, San Cayetano, González Chávez y Benito Juárez, gerenciará la planta junto con representantes de los productores y de la Provincia.
De esa manera, la administración Ruckauf decidió impulsar el proyecto de Mauro Knudsen, un productor de Tres Arroyos, que pensó en instalar una fábrica de combustible de origen vegetal, ecológico y renovable, para abastecer a los cuatro municipios con biodiesel sobre la base de aceite de girasol.
La planta requiere una inversión de US$ 9 millones y se estima que producirá el equivalente a todo el gasoil que demandan los cuatro partidos, contando el consumo agropecuario y municipal, pero sin tener en cuenta el consumo de los particulares que, en principio, no podrán acceder al biodiesel.
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