El reclamo que no cesa

En la madrugada del 22 de agosto de 1972, durante la dictadura de Alejandro Lanusse, 19 presos políticos fueron ametrallados en las puertas de sus celdas de la Base Aeronaval Almirante Zar. La masacre de Trelew, en la que murieron 16 personas, fue el preludio del terrorismo de Estado, que alcanzaría su máxima expresión en los años que siguieron al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Entre estos dos hechos, la violencia al amparo del poder se manifestó a través de la organización parapolicial Triple A. La última dictadura militar sistematizó la muerte y obligó a la sociedad argentina a familiarizarse con una nueva y siniestra categoría, la del desaparecido.

Las madres, los padres, los hermanos, los maridos y las esposas de las víctimas recorrieron las comisarías, esperaron en las entradas de los regimientos, golpearon la puerta de los funcionarios eclesiásticos y se presentaron en los juzgados para radicar hábeas corpus. No tenían experiencia en este tipo de reclamos, pero pronto aprendieron a organizarse y crearon una fuerte red de agrupaciones de defensa de los derechos humanos que, hasta hoy, sigue peleando por obtener justicia. Entre todas ellas, una estaba destinada a convertirse en un emblema de la lucha contra la dictadura: la que todo el mundo conoció como Madres de Plaza de Mayo.

A las agrupaciones que ya existían ­la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Servicio Paz y Justicia­ se sumaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Estos organismos acompañaron a los grupos que reunían a las víctimas directas: las Madres, las Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y luego la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

Estas agrupaciones denunciaron en el extranjero los crímenes del gobierno militar y trataron de hacerse oír en el país. El 8 de marzo de 1977 publicaron la primera solicitada en la que se reclamaba por la aparición con vida de los desaparecidos y la libertad de los presos políticos. En septiembre de 1979, la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibió 5.580 denuncias, empezó a correr el velo del terror.

Ya durante el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, la creación de la Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas) y el juicio a las juntas, que se llevó a cabo en 1985, fueron dos conquistas de quienes habían denunciado el terrorismo de Estado. La Argentina fue el único país del Cono Sur que condenó a sus dictadores. Pero las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impidieron el juzgamiento de todos los culpables. Sin embargo, los organismos de derechos humanos siguieron trabajando y, sin abandonar su reclamo sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura militar, empezaron a denunciar también las violaciones a los derechos humanos que se cometían en democracia, como los casos de gatillo fácil y de violencia policial, la discriminación de las minorías y el incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales garantizados por la Constitución y los pactos internacionales.

En 1995, una nueva agrupación formada en su mayoría por adolescentes, hizo su aparición y conmovió a la opinión pública: eran los hijos de los desaparecidos, los Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Los jóvenes, por medio de los escraches, revolucionaron las formas de protestar: se trata de señalar las viviendas o los lugares de trabajo de los represores que están libres. El objetivo es desenmascararlos ante sus vecinos y lograr que el barrio los repudie.

Los 30.000 desaparecidos, sus tumbas vacías y sus crímenes sin juzgar nunca dejaron de interpelar a la sociedad argentina. Los arrepentidos Adolfo Scilingo y Víctor Ibáñez, y la autocrítica parcial del jefe del Ejército Martín Balza prepararon el terreno para la multitudinaria marcha por el 20º aniversario del golpe militar, que fue el origen del juicio por genocidio que lleva en España el juez Baltasar Garzón. Este proceso, a su vez, alimentó las causas existentes en Francia, en Italia, en Alemania y en otros países europeos pero, sobre todo, impulsó en el país los juicios por apropiación de menores durante la dictadura, un delito cuyos autores no resultaron eximidos de castigo por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El 8 de junio de 1998, el dictador Jorge Rafael Videla volvió a la prisión de la que lo había liberado, junto a los demás comandantes condenados en 1985, el indulto de Carlos Menem. El juez Roberto Marquevich lo consideró “autor mediato” del robo de cinco niños, hijos de desaparecidos. Poco después, Emilio Eduardo Massera y una decena de represores más siguieron el mismo camino.

“Soy el hombre mejor preparado para matar a un político o a un periodista”, dijo hace tres años a una revista el ex marino Alfredo Astiz. Sus declaraciones echaron leña al fuego del debate que acababa de abrirse en el Congreso, donde un grupo de diputados había promovido la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Finalmente, los legisladores sólo consiguieron su derogación, que no tuvo efectos retroactivos. Los organismos de derechos humanos, no obstante, siguen exigiendo que ambas normas sean consideradas nulas.