Daniel Montamat

En este primer año de YPF expropiada, el autoabastecimiento energético paradojalmente dio otro paso atrás: con economía estancada y todo se cuadruplicó el déficit y se importa un tercio más que el año pasado, cuando se crecía a 7%. El ex secretario de Energía es terminante: debe cambiarse la política energética, con un programa de largo plazo, de 20 años.

Por Claudio Iglesias

Por Claudio Iglesias

Ocho ex secretarios de Energía propusieron al seminario “Apuntes para revertir la decadencia”, realizado en el auditorio de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), una nueva política de Estado que abarque por lo menos 25 años sin ser modificada por ningún gobierno.
El cantito cordobés de Daniel Montamat se hizo notar en los comentarios de cierre de las jornadas, junto con los de sus colegas Emilio Apud y Jorge Lapeña. La advertencia fue más allá de los números: “El problema energético ya está siendo un obstáculo para el crecimiento”, sintetizó.
Más acá de las cifras, las malas noticias de un año de economía “amesetada”, signado por la expectativa que abrió la expropiación de YPF y la decisión política de ser gerenciada por un profesional de prestigio internacional como Miguel Galuccio, empezaron a llover en agosto.
En ocho meses de 2012, la balanza comercial energética acusó un déficit de US$ 1.650 millones, cuatro veces más que en el mismo lapso de 2011. Por importaciones se llevaban pagados US$ 4.400 millones, 35% más que el año pasado.
Entrevistado por Mercado, Montamat expuso el diagnóstico energético y los interrogantes que abre.

–¿Por qué afirma que el déficit energético se ha convertido en un problema para el crecimiento de la economía?
–Porque la pérdida del autoabastecimiento, de la que se ha estado hablando tanto este año, se ve agravada porque la economía argentina se ha hecho fuertemente dependiente de la energía importada, ya no solo para crecer sino también para operar. Pero, además, la oferta de petróleo y derivados (gas) en la Argentina sigue con tendencia declinante.
Todo hace repensar lo que se estuvo tratando de hacer esgrimiendo el interés nacional declarado por la ley de expropiación de YPF, de recuperar el autoabastecimiento energético.

Daniel Montamat

–Explique un poco esa conclusión, que suena un poco apocalíptica…
–En 2011 se creció 7% y el déficit de balanza comercial energética había sido de US$ 3.000 millones, mientras en este año estancado va a ser inclusive superior, entre los 4.000 a 4.500 millones. Por eso, si en 2013 se pretende que la economía crezca en el orden de 3 ó 4% del que se está hablando, el déficit saltará a US$ 9.000 ó 10.000 millones, en función de que está cada vez más comprometida la producción doméstica, que viene declinando.

–Pero si se puede importar, ¿dónde ve el condicionamiento al resto de la economía?
–Por esa demanda de divisas para importación de energía, la Argentina cambia dólares de soja por dólares de energía. Como estrategia de desarrollo no sirve. Y además, si se van tantos dólares por la balanza energética negativa, en el esquema en que viene operando la economía por política del Gobierno, lo más probable es que no se levante ninguna de las restricciones al resto de la importación, lo cual termina frenando el crecimiento económico.

Interés nacional
–Sin embargo, el petróleo y el gas fueron declarados de interés nacional cuando se expropió YPF y la meta anunciada es el autoabastecimiento, ¿qué faltaría hacer al respecto?
–Si no cambia la política energética va a haber problemas en el resto de los sectores para incrementar la inversión. Estamos ante el dilema de que YPF también tiene inconvenientes para conseguir financiamiento y socios estratégicos, cuando tenemos mucho potencial para desarrollar. Por una mala política energética, ni YPF ni el resto de las empresas están produciendo la energía que la Argentina necesita.

–¿Cuál sería el balance de este medio año largo de gestión estatal en YPF?
–Había un plan de mediano plazo con algunos objetivos productivos razonables y en el corto plazo proponían aplicarse lo que se llama rejuvenecimiento de yacimientos en producción, que era recuperar más reservas, y después se dedicaría al desarrollo de las reservas de gas no convencional de Vaca Muerta. Y también había comprometido objetivos de mayor exportación.
Pero la contracara de todo este programa de volúmenes y de incrementos productivos es que requiere conseguir US$ 7.500 millones por año, para lo cual se necesita financiamiento internacional o socios estratégicos. No consiguieron ni lo uno ni lo otro, porque aquellos le dicen sí pero pretenden condiciones que no dependen de YPF, sino de la política económica y energética. Y cuando la compañía afirma que va a aplicar recursos propios, es quimérico. Porque YPF tiene como cash flow las reservas de utilidades que antes iban al exterior, que serían unos US$ 1.000 a 1.500 millones por año… Faltarían casi 6.000 millones. Supongamos que comprometiera el fondo de amortización… Pero YPF está saliendo al mercado doméstico y parte del financiamiento se lo tiene que dar Anses, y por no tener salida al exterior entonces compite con el financiamiento de otros sectores privados, Pyme, etc.

–Dejando entonces de lado objetivos de producción, áreas, contratos, etc. ¿tampoco las cuentas le cierran a YPF?
–Va a terminar el año inclusive con algunos problemas de caja, por esta falta de acceso al financiamiento internacional.

Los seis meses de Galuccio
–¿Tan mal le está yendo a la gestión profesional?
–En todo caso, el fracaso sería de la gestión de la política energética, en la que está enmarcada YPF. Cuando el Gobierno decidió expropiar a Repsol en los términos en que lo hizo, junto con otros especialistas advertimos que no había un plan estratégico, porque en ese caso hubiera habido un cambio y, de este modo, no se condenaría, a la empresa a un fracaso.
Algunos nos ilusionamos un poco cuando se puso un management técnico y cuando se decidió que no saliera de la Bolsa de Valores en el exterior. Pero cuando la política no solo no cambió sino que profundizó sus valores en el decreto reglamentario de la expropiación, ahí empezamos a decir que, además de por la política energética, YPF estaría condicionada por la falta de autonomía de gestión. Y ahí sí me puse pesimista.

–¿Tiene algo que ver el modo en que se expropió YPF con el impasse actual?
–Y sí, muchas empresas internacionales están esperando también, para asociarse con YPF, que el Gobierno argentino se siente a negociar de alguna manera los problemas que existen con España por la expropiación y los términos en que se hizo. El precedente que se estableció ha sido mundial, para mal. No tiene media biblioteca jurídica a favor en ninguna parte una expropiación sin indemnización previa.
Esto genera dudas entre los potenciales socios de YPF por reclamos que pudieran venir de la Repsol en jurisdicción internacional. Ya presentó la demanda en EE.UU. y notas a las empresas que contratan con YPF advirtiéndoles que hay derechos en conflicto, que tienen sus pretensiones sobre Vaca Muerta, etc.

–¿Usted le exige cambios dramáticos en la política energética a un Gobierno que fue electo hace un año con 54% de los votos y tiene mandato por tres años más. Dentro de esa lógica, ¿qué cree que  sería factible que accedieran a modificar?
–Pronóstico reservado: hay mucha discrecionalidad e intervención arbitraria en materia energética, pero hay que reconocer que el tema le sopla la nuca a la economía en general y demanda cada vez más divisas al frente externo comprometiendo el crecimiento. Al Gobierno le pesaría una recomposición de tarifas, ya que acostumbró a muchos consumidores a un precio de la energía que no recupera los costos.
Pero la política económica empieza a hacer agua y esta alarma roja, si no asume ciertos cambios, impactará en las cuentas públicas, porque los subsidios energéticos hoy se están financiando con papel pintado. Esto es inflación, que también está molestando a la sociedad, y empieza a preocuparle al Gobierno.

–¿Cuáles serían concretamente los cambios que recomienda en la política energética?
–Un programa energético de largo plazo, de 20 años, que dé certidumbres en las reglas. Terminar de solucionar el tema contractual del transporte de distribución eléctrica y de gas, que están fundidos, y después dar señales de precios, una recomposición gradual con una tarifa social.
No podemos estar pagándole el gas a Bolivia a US$ 11,30 el millón de BTU, importándolo por barco a US$ 18 el millón de BTU, y simultáneamente remunerándolo en promedio en nuestras cuencas a US$ 2,80. Modificar el precio del gas es hacerlo también con la energía eléctrica, todo lo cual trae costos políticos.

–Suponiendo que se consensuara una política de Estado para la energía, ¿se revertiría inmediatamente la actual tendencia negativa?
–Hemos consumido en estos años el stock de reservas de petróleo y gas y reponerlo lleva muchísimo tiempo. Y cuando muchos tratan de alimentarse sobre las posibilidades de Vaca Muerta, les digo: haciendo muy bien las cosas, estaríamos a seis o siete años vista de resultados que devuelvan la confianza y empiecen a cambiar el panorama de manera significativa.
Pero planteo como duda: aun cuando hiciesen bien las cosas con una nueva política energética, con una YPF con autonomía de gestión, gerenciándose como Petrobras en sus mejores tiempos o Ecopetrol, u ojalá tuviéramos el modelo de Statoil, de Noruega, ¿estaría dispuesto el Gobierno a asumir el costo político de recomponer los precios?
En el largo plazo, con otra política energética, con otra YPF a tono, con capacidad de financiamiento, la Argentina tiene no solo energía para autoabastecerse, sino para exportar saldos.
Y si se desarrollase el potencial no solo de Vaca Muerta, sino de los Molles y otros por conocer de recursos no convencionales, no nos alcanzará el mercado doméstico y tendremos saldo para colocar de nuevo en el mercado regional.