Abogados innovadores

Los grandes estudios jurídicos nacionales siguen la corriente globalizadora e invierten en soluciones legales innovadoras integrales. El futuro son los contratos mineros y petroleros, pero hoy la litigiosidad por el intervencionismo estatal suma horas de una facturación tres veces menor que la internacional.

Por Rubén Chorny

Por Rubén Chorny

El estudio jurídico que más factura en el mundo es español, se llama Garrigues y recauda unos US$ 500 millones anuales. El número uno de la Argentina es Marval, O’Farrell & Mairal y, si fuera posible contarle las costillas, resignaría al menos un cero.
Pero es un enigma. Los abogados locales guardan celosamente sus cuentas de la curiosidad pública.
Aunque participen en colosales transacciones financieras, como fideicomisos, préstamos sindicados, reestructuraciones de deudas y otras sofisticaciones propias de la City, los principales bufetes (cuyo origen en general eran asociaciones familiares) aún no se asumieron como cualquiera de las compañías comerciales, industriales o de servicios que tratan como clientas.
Pero recién ahora, cuando se había empezado a tocar el tema de si deberían cotizar en bolsa y participar activamente en el mercado de capitales para financiarse, se dio vuelta la taba.
Ya sin grandes reestructuraciones de deuda, ni compras o fusiones de empresas, con inversiones extranjeras restringidas y sin contratos de muchos ceros a la vista, los temas de fuero comercial corporativo y del laboral mantienen encendida cierta llamita tradicional de complejidad leguleya.
Del sondeo efectuado por Mercado entre los principales, surge que la caja se habría mantenido igual o, en el mejor de los casos, 10% arriba del año pasado.
Los garbanzos del día se salvaron, según la impresión generalizada, con los litigios y las crecientes consultas que despiertan cada vez más medidas regulatorias en materia de comercio exterior, cambiaria e impositiva, que interesan tanto el derecho administrativo cuanto el fiscal.

Javier Petrantonio

Nuevas áreas
Puertas adentro, los más inquietos se interiorizan de la problemática que rodea a la explotación de los recursos naturales, en especial, la minería, donde una base de US$ 4.500 millones en exportaciones, sobre todo de oro y cobre, y 18 iniciativas concretas esperan por contratos que equilibren las demandas privadas de propiedad, los daños ambientales y todos los rubros que danzan con la fortuna.
El estudio líder, Marval, O’Farrell & Mairal, se zambulló en el potencial geológico e invierte en capacitar profesionales, organizar seminarios para empresas y funcionarios para prepararse en lo que estiman será una avalancha de proyectos de infraestructura energética.
No hace mucho, una tarde, abrieron los separadores de las cuatro salas de conferencias contiguas e hicieron un solo recinto de más de 30 metros de largo para celebrar ahí una suerte de gran asamblea sectorial, con el secretario de Minería, empresarios, fondos de inversión, ecologistas, abogados, etc.
Tercero en tamaño y acreditación de parte de sus colegas, el estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) tiene su fuerte en petróleo y gas, y también en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, resolución de disputas y banking.
“Si bien se le ponen fichas al campo energético, se necesita incentivos en cuanto a precios y marco regulatorio para aumentar la producción de hidrocarburos buscando recuperar el tan ansiado autoabastecimiento o minerales”, afirma Jorge Pérez Alati, expectante en cuanto a cómo se definan las competencias con los Estados provinciales en los cuales se encuentran los yacimientos.
A pesar de ello, advierte que “ciertamente la expropiación de YPF, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, ha puesto nuevamente a la Argentina como un país que no respeta ciertas normas básicas de comportamiento. Esto independientemente de la opinión que nos pueda haber merecido el affaire Eskenazi y Repsol”.
Uno de los socios más calificados de Marval, Santiago Carregal, señala la importancia estratégica que le confirieron al derecho minero, petróleo y gas, así como a los recursos naturales que implican lo relacionado con la defensa del medio ambiente.
Pero de inmediato enumera las áreas que más demandan los clientes: “Propiedad intelectual, derecho laboral, litigios, contencioso, derecho bancario y financiero, sociedades, fusiones y adquisiciones, defensa de la competencia, derecho a las comunicaciones”.
Y en la parte de derecho contencioso identifica a “diversos grupos que trabajan en sectores de litigio, con abogados dedicados a atender a la industria tabacalera, lo relacionado con la propiedad intelectual, litigios complejos, en determinadas cobranzas prendarias para distintos bancos”.

Jorge Pérez Alati

Momentos críticos
Sin embargo, la época más electrizante que vivió el estudio fue en 2001, cuando afuera campeaba la pesadilla del corralito y la devaluación. Cecilia Mairal, hija del último socio de Marval en añadirle su apellido a la marca fundacional, evoca, “cuando teníamos abogados en muchísimos bancos y más de 15.000 amparos trabajando con tres turnos de abogados, cubríamos la noche, con toda la tecnología, la organización, y así defendimos a los bancos durante tres o cuatro años hasta que al reducirse la problemática a un número determinado, le dimos la tecnología a los bancos para que pudieran seguir con estudios más chicos y con sus propios departamentos de legales”.
Una década larga después de la explosión de la convertibilidad, la conflictividad se ensañó con las cajas de dólares: “Importación y exportación, en los próximos meses seguirán estando marcados por las restricciones impuestas por los diferentes organismos del Estado”, indica Javier Petrantonio, socio administrador de M. & M. Bomchil.
“Es esperable que se mantengan las dificultades derivadas de la tramitación de las licencias no automáticas y las declaraciones juradas anticipadas de importación tanto de mercaderías (DJAI) como de servicios (DJAS), sumadas a las múltiples restricciones en materia cambiaria dispuestas por el BCRA que afectan directamente el pago de las importaciones y exportaciones”, vaticina.
No deja de prevenir que “la profundización de estas medidas afecta y afectará la actividad normal de las empresas, no solo en relación con operaciones comerciales futuras, sino poniendo en riesgo los compromisos ya asumidos, pudiendo derivar en incumplimientos contractuales y las consecuentes responsabilidades para el importador”.

Replanteo estratégico
Pietrantonio admite que, si bien no hubo disminución de empleo, sí se replanteó el negocio. En el caso de la firma, que acredita lauros principalmente en el rubro electricidad y en resolución de disputas, su titular, Máximo Bomchil, acaba de asumir una responsabilidad empresarial suprema, al aceptar la presidencia de Aeropuertos Argentinos 2000.
“Los estudios han sabido adaptarse al nuevo escenario que presenta la economía actual, en el sentido de que han crecido las consultas en las áreas más vinculadas a las cuestiones regulatorias y a las restricciones en el comercio exterior, lo mismo que en materia de impuestos. Los litigios se han incrementado en el último tiempo”, señala Petrantonio.
Pérez Alati se ufana de ser “posiblemente el único estudio de este tipo en la Argentina que no ha sufrido cambios en la estructura de socios, sino todo lo contrario, un sostenido crecimiento desde su fundación, hace 20 años”.
El titular de la sigla de cinco apellidos y dos compuestos (Pabgam) indica que, sin embargo, han tenido que adaptarse “en los últimos años, al considerable incremento de la práctica vinculada a temas litigiosos, que en buena parte puede explicarse por los numerosos cambios normativos ocurridos en nuestro país a partir de la crisis económica de finales de 2001, los que han impactado en numerosas relaciones contractuales. Lo mismo se registró una mayor litigiosidad en acciones colectivas, también conocidas como acciones “de clase”, promovidas por asociaciones de consumidores”.

Conflictos y arbitrajes
Especifica el socio de Bomchil, en cambio, que “los tipos de litigios que ocupan la mayor parte del trabajo actualmente son complejos, de índole comercial (juicios, conflictos societarios) y arbitrajes internacionales”. Y que “dependiendo del accionar de los fiscos (nacional, provincial), el dictado de normas impositivas y su ejecución derivaran en algunos casos en procedimientos administrativos o judiciales”.
Enumera Pérez Alati en tal sentido que, “al observarse un rol más activo por parte del Estado en diversas áreas de la economía, aparecen cuestiones relativas a defensa del consumidor, lealtad comercial, defensa de la competencia, sumarios en materia cambiaria y cuestiones relacionadas con distintos marcos regulatorios”.
Pero el caballito de batalla que esgrime Pabgam es “el departamento de Impuestos, probablemente el más grande de los estudios jurídicos del país, del que una buena parte de sus miembros se encuentra actualmente abocado a la defensa de clientes en litigios o procesos fiscales a escala federal, provincial y municipal frente a políticas impositivas más activas (tanto en la creación de nuevos impuestos como también en su rol de ente recaudador, donde muchas veces hemos notado un accionar ilegítimo). Esto justifica los actuales niveles elevados de litigios de carácter fiscal”.
Marketing, management, RR.HH., soporte tecnológico, atención al cliente, RR.PP., Comunicación, todos nuevos cartelitos en puertas que identifican divisiones antes ignotas en el tradicional estudio jurídico, para cuya decoración bastaban y sobraban los tomos de colecciones ordenados en suntuosas bibliotecas en despachos y salas. Era eso o los biblioratos que sobresalían de los clásicos muebles de oficina, donde habitaban los empleados administrativos.
Actualmente van en camino de organizarse como compañías proveedoras de servicios, que “agregan valor a la transformación de las empresas, ya sea a través de nuevas soluciones o aplicaciones de las leyes, o a través de la ejecución y de una entrega excepcional”, según define Financial Times a los innovadores de su ranking.

Entre la crisis y el crecimiento

Marval: del recurso
intelectual al natural

El día a día del estudio número uno del país en cantidad de abogados, prestigio local y reconocimiento internacional lo forman los litigios que origina la mayor injerencia estatal en la economía, pero su apuesta fuerte se orienta a las inversiones que avizoran en minería y petróleo.

Cecilia Mairal, Santiago Carregal y Gustavo Giay
Foto: Gabriel Reig

La imponente escultura de un pavo real hecha en madera, clavos y alambre por el artista salteño Mariano Cornejo colma la sala de recepción del estudio jurídico número uno de la Argentina, Marval, O’Farrell & Mairal.
Múltiples cucardas se despliegan en armonía con el metálico plumaje, entre ellas, que 370 socios y asociados senior de 90 bufetes colegas y 58 directores de legales de empresas de primer nivel lo vengan eligiendo como líder nacional en la materia.
O consecutivas entregas del Premio Chambers a la Excelencia en América latina que organiza la revista legal británica Chambers and Partners.
O que PLC Which Lawyer le reconozca supremacía en áreas de práctica de las leyes consideradas fundamentales, como Mercado de Capitales, Propiedad Intelectual y Sociedades/ Fusiones y Adquisiciones, lo mismo que en Impuestos e Insolvencia y Reestructuraciones.
Pero en el día a día, Marval, O’Farrell & Mairal tiene que justificar una estructura de 304 abogados, entre 54 socios y 250 empleados, que triplica la dimensión de su inmediato seguidor local y la sitúan como una compañía representativa del universo empresarial, digna de integrar los rankings anuales de facturación, junto con la mayor parte de su cartera de clientes, las industriales, comerciales y de servicios.
Así como la esfinge del pavo real plantado en la entrada por el socio Juan Cambiasso le confiere esta moderna impronta abarcativa, desde el propio genoma, las patentes y marcas grabaron su tradición.
La actual coyuntura no parece ser la más dinámica para las raíces, por la sencilla razón de que “las marcas y las patentes están directamente relacionadas con la inversión, lo mismo que las fusiones, adquisiciones de empresas, préstamos y proyectos de inversión”, explica el socio a cargo del consejo de administración, Santiago Carregal.
Más bien, si hoy hubiera que extraer un ranking de sectores que atiende el estudio según la facturación, “nos encontraríamos con que a la cabeza están los temas contenciosos, regulatorios y laborales, seguidos por propiedad industrial y sociedades”, informa.

–¿Sigue la curva de facturación del estudio algún indicador en particular de la economía general, como PIB, PIB industrial o inversión bruta fija? ¿O acompaña las épocas de crisis?
–En general, la facturación acompaña al crecimiento del PBI del país –señala Carregal–, pero no siempre. Por ejemplo, en las crisis, crece el trabajo porque aumenta la litigiosidad, las reestructuraciones de deudas y juicios de cobranzas. Ocurrió en 2001 y 2002, cuando se acumularon 10 puntos de caída el PIB, mientras la facturación de los estudios de abogados aumentaron 8/10% en el mismo lapso, pero porque surgían las complejidades provocadas por el default, el corralito, colapso financiero, los amparos, la pesificación, despidos, cierres de plantas.

–¿Y qué pasó cuando arrancó el proceso de crecimiento?
–La recuperación económica iniciada en 2003, con tasas de crecimiento de la economía de 7/8%, no derramó proporcionalmente en la labor del estudio. Fue una etapa más neutra porque aparecieron nuevos recursos en sectores de la economía que propiciaron desde reestructuraciones de pasivos a préstamos sindicados y el trabajo se desplazó a inversiones, fusiones, adquisiciones, derecho ambiental. De 2006 a 2010 el estudio creció, en facturación y número de abogados, a una tasa por debajo del crecimiento de la economía.
De todos modos, es una constante que cuando al cliente le va bien genera mucha actividad legal. En las crisis aparecen desafíos de toda índole.
Hoy Marval, O’Farrell & Mairal invierte en tomar posición en áreas de despegue de multimillonarios contratos, como minería y petróleo, y en aquellas que las regulaciones y controles en importaciones y comercio exterior dispuestas por el Gobierno afectaron a las empresas clientas en derecho impositivo, laboral y administrativo.