DOSSIER |
Ilustración: Matías San Juan
Por Sandra Elena
Hay jueces que son apartados de sus causas por investigar; otros, considerados demasiado independientes, son perseguidos mediante denuncias; y algunos jueces amigos son salvados del enjuiciamiento por mal desempeño. Todos estos hechos provocan el descrédito del Poder Judicial.
La Argentina padece una falta de independencia judicial crónica que se agrava en momentos de mayor concentración del poder. El sistema político argentino reproduce un Poder Judicial poco independiente. Cuanto mayor es la fortaleza de los Gobiernos, menor ha sido la independencia judicial en nuestro país. Una causa de ello puede ser el miedo a las crisis y el desgobierno: existe una mayor valoración social de un poder político dominante y fuerte que del estado de derecho, de la libertad y de la justicia.
También es cierto que la Justicia profundizó su rol de actor político en los últimos tiempos. Actualmente, no solo dirime disputas entre dos particulares o entre un particular y el Estado. Hay cada vez mayor activismo judicial en el diseño de las políticas públicas.
La Corte Suprema se ha ocupado de casos con alto contenido político en los últimos meses; a su ya reconocida labor en el control de la política sobre el Riachuelo, se sumaron algunos casos relevantes con impacto directo en la protección de derechos de la población. La Corte ha sido activa en la protección del medio ambiente: recientemente, revocó las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la Ley de Protección de los Glaciares. Los amparos que generaron la suspensión de la ley habían sido presentados por empresas mineras para continuar con sus actividades. Hoy, la ley está plenamente vigente, lo que constituye un avance en la preservación de los recursos naturales, en particular, de aquellos afectados por la explotación minera.
Otra decisión que busca proteger derechos, en este caso de los jubilados, es la resolución enviada a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la que solicita información detallada sobre la ejecución presupuestaria, la cantidad de juicios perdidos, el monto y las partidas asignadas a su pago. Aquí se evidencia la voluntad de la Corte de monitorear el cumplimiento de sus decisiones pasadas, así como asegurar que se cuente con los fondos para afrontar futuras obligaciones.
Esta resolución es también muy importante desde el derecho al acceso a la información. Con ella, la Justicia suple la falta de normas: la Argentina no tiene todavía una ley nacional de acceso a la información pública. De hecho, la información que pidió la Corte debería estar disponible en la página web de la ANSES, para quien quiera consultarla.
Sandra Elena
Pasividad en el fuero federal
El liderazgo de la Corte Suprema contrasta con la pasividad de las investigaciones por corrupción o tráfico de influencias en el fuero federal. Si bien existen algunos jueces con criterio propio que han avanzado en ciertas causas, la falta de resultados concretos es evidente. Así, no hay más de cinco condenas por delitos de corrupción de altos funcionarios públicos en la historia reciente. La brecha entre la percepción de la corrupción y la eficacia de la Justicia para su persecución es grande. No puede culparse de esto únicamente a los jueces: los códigos Penal y Procesal Penal no prevén figuras adecuadas y modernas para luchar contra la corrupción.
Por otra parte, el sistema legal y judicial vigente permite la manipulación política de jueces que deciden investigar. Tanto dentro de los canales formales, mediante la figura de la recusación, como a través de presiones informales, el poder político ha logrado frenar o retrasar investigaciones judiciales. La salida del Procurador General de la Nación, el primer intento –fallido– de reemplazarlo, y el alejamiento del juez y el fiscal que investigaban en una causa que implica al vicepresidente de la Nación no han ayudado a fortalecer la imagen del Poder Judicial ni a generar confianza en él.
Estos casos con alto contenido mediático suelen opacar la labor de los jueces que día a día cumplen con su labor. Muchos de los casi 800 jueces que componen el Poder Judicial Federal son personas idóneas que llevan adelante sus tareas en condiciones no siempre favorables. Los tribunales están sobrecargados y es raro observar juzgados que cuenten con herramientas tecnológicas y de gestión que faciliten los procesos.
Según las estadísticas de la Corte Suprema, al finalizar 2010 (últimos datos disponibles) se encontraban en trámite 2.461.525 causas en los juzgados federales de las tres instancias, incluida la justicia ordinaria de Capital Federal. Estas causas quedaron pendientes al finalizar el año y se sumaron a las que ingresaron durante 2011, lo que alimentó la congestión judicial.
La tasa de descongestión de los tribunales, es decir la cantidad de casos resueltos sobre la cantidad de casos ingresados más los pendientes del año anterior, debería ser muy superior para lograr una mayor eficiencia judicial. La gran cantidad de causas sumada a niveles medios o bajos de productividad dan como resultado grandes demoras en la resolución de los conflictos. Si bien no existen estadísticas oficiales con respecto a la duración de los juicios, algunas estimaciones hechas por abogados litigantes llegan a calcular un promedio mayor a los cinco años para las causas tramitadas en algunos fueros.
Estas demoras, la centralización de los juzgados, el lenguaje técnico y la necesidad de asistencia letrada constituyen barreras de acceso a justicia. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como su par europea reconocieron el derecho a acceder a un tribunal imparcial que brinde una decisión justa en un tiempo razonable como un derecho humano. La falta de acceso a justicia supone, además de la violación de estándares de derechos humanos, la aparición de canales informales para solucionar controversias, la irrupción de respuestas violentas y un mayor descreimiento en las instituciones judiciales. El acceso amplio e irrestricto a justicia continúa siendo una deuda pendiente que afecta a la población en general. En este contexto, las poblaciones vulnerables son las más perjudicadas.
Como respuesta a esta dificultad de acceso a justicia, desde hace tiempo CIPPEC propone crear centros de acceso a derecho o casas de justicia. No es una idea novedosa, pero sí una deuda pendiente. Particularmente en localidades en que los tribunales o centros de mediación y orientación quedan geográficamente alejados, las autoridades judiciales y ejecutivas, nacional, provinciales y municipales debieran promover la aparición de canales institucionales de resolución de conflictos, como centros de orientación y denuncia, juzgados descentralizados, centros de asesoramiento legal y mediación, y arbitraje vecinal. Esto no solo serviría para ampliar el acceso a justicia, sino también para descomprimir los tribunales. Entre un tercio y la mitad de las causas derivadas a mediación se solucionan en esa instancia, y lo mismo ocurre con un asesoramiento legal eficiente y dado a tiempo, que evita la escalada del conflicto.
Designaciones pendientes
El nombramiento de nuevos jueces es también crucial para solucionar el déficit mencionado. De los 968 cargos en la justicia federal, aproximadamente 200 están vacantes. Esta situación genera que algunos jueces estén a cargo de su propio juzgado y de otro vacante, y que existan jueces subrogantes que no han sido nombrados con los requisitos exigidos por la Constitución Nacional y las leyes. La legalidad de las decisiones de los jueces subrogantes es seriamente cuestionable. Al mismo tiempo, estos magistrados son vulnerables a la manipulación política, puesto que por lo general se encuentran concursando por cargos que luego requieren el nombramiento del Poder Ejecutivo.
Los retrasos en la designación de jueces se deben tanto al Poder Ejecutivo como a la ineficiencia del Consejo de la Magistratura. El primero tiene a su disposición ternas para el nombramiento de más de 75 jueces, en algunos casos desde hace un año, y en otros desde hace dos. Por su parte, el Consejo de la Magistratura no está muy activo. Solamente realizó cinco concursos en los últimos 18 meses.
El sistema para seleccionar los magistrados debe cambiar. Hoy se presta a la manipulación y genera suspicacias en cuanto a su imparcialidad. En primer término, el proceso de selección de los jurados debería reformarse. Las personas que sirvan como jurado no deberían ser abogados litigantes que en un futuro se presenten frente a aquellos que ellos mismos seleccionaron para dirimir un caso. La calidad de jurado no es compatible con la de abogado litigante. Por el contrario, los miembros del jurado deberían ser personas que no tuvieran ningún tipo de conflicto de interés actual o futuro para decidir libremente.
Por otro lado, el sistema de examen y la posterior entrevista deberían asegurar mayor objetividad. La apertura y transparencia total de las entrevistas disminuye la discrecionalidad que pudiera presentarse. También atenta contra la independencia de la justicia el sistema de disciplina de magistrados. Los tiempos de los procesos iniciados a jueces denunciados son muchas veces manejados políticamente según intereses que poco tienen que ver con la búsqueda de justicia, sino con el contenido de sus decisiones judiciales.
Otro tema muy poco discutido pero que tiene un papel central en el fortalecimiento de la independencia e imparcialidad de los jueces es el rol de los abogados. Los abogados, los colegios públicos de abogados y las asociaciones de abogados debieran ser los guardianes de la integridad de la profesión y de la función judicial. Es deseable un rol más activo de estas instituciones en la protección de los jueces frente a intentos de manipulación o interferencia del poder político. Ellos debieran actuar como garantes de la independencia de la justicia. También tienen un rol fundamental a la hora de prevenir la corrupción. Los abogados, en particular de los estudios jurídicos importantes que suelen defender a los grandes intereses económicos, deberían ser parte de un gran compromiso de integridad. Están en una posición única frente a los clientes para asesorarlos sobre comportamientos éticos y negarse a participar en actividades que impliquen conductas corruptas. Una de las formas de que esto se lleve a la práctica masivamente es reformular las currículas de la carrera de Derecho: asuntos de contenido ético como la relación con los clientes, el conflicto de intereses, la relación entre abogados y jueces son materias centrales de estudio en otros países que tienen sistemas judiciales más imparciales. Lamentablemente, estos debates son minoritarios en la Argentina.
Las organizaciones de la sociedad civil son también actores fundamentales en la promoción de la independencia y transparencia judicial. Existen organizaciones que monitorean los concursos de jueces, otras que se presentan en las audiencias públicas luego de haber investigado a los postulantes a jueces, otras que trabajan directamente con las instituciones de justicia y promueven valores de eficiencia y transparencia, y otras que promocionan la ampliación progresiva de los derechos humanos, civiles y políticos. Todas estas organizaciones han contribuido ampliamente a lograr una mayor apertura de algunos procedimientos judiciales de cara a las personas. A través de múltiples acciones de incidencia, de su participación en redes y de actividades de monitoreo y evaluación se han constituido en actores centrales del sistema de justicia.
El activismo de estas organizaciones requiere de una política abierta de acceso a la información judicial. Tanto para las actividades de monitoreo e incidencia como para las de análisis y diseño de políticas públicas, el acceso a datos confiables, pertinentes, desagregados y públicos es vital. La Corte Suprema ha entendido la importancia de hacer pública la información que produce. Hace unos meses, lanzó un programa de gobierno abierto a través del cual publica datos sobre el sistema de justicia. Es necesario acompañar a la Corte en este proceso, y desde la sociedad civil proponer recomendaciones para incrementar la cantidad de datos disponibles, mejorar su calidad y lograr su publicación de acuerdo a los estándares internacionales de datos abiertos.
Valores tales como la independencia e imparcialidad de la justicia deben yacer en el corazón de las personas; mientras que esto no suceda no habrá sistema legal ni diseño institucional que pueda evitar la interferencia del poder político. Por eso, la educación de los jóvenes en la promoción de ciudadanía es el camino más sólido para lograrlo.
(*) Sandra Elena es directora del Programa de Justicia de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
