ESTRATEGIA | Empresas
Por Florencia Álvarez
Jorge Palmés
La compañía se dedica a la exploración, extracción, producción y exportación de oro y plata cuya concesión abarca 514 km² ubicados a 150 km de Puerto San Julián.
Está conformada por dos accionistas, AngloGold Ashanti, (92,5%), y Fomicruz S.E., Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, (7,5%). “Esta situación hace que al Estado provincial le corresponda 6,6% del valor bruto de cada venta y 7,5% de las utilidades”, señala el gerente general de Cerro Vanguardia, Jorge Palmés, quién también se desempeña como vicepresidente & Country Manager de AngloGold Ashanti Argentina.
En el inicio de sus operaciones, en 1998, la minera empleaba a 250 personas y hoy alcanza a 1.200, a quienes se suman 400 contratistas. 92% de la fuerza laboral reside en la provincia de Santa Cruz y de ese porcentaje 50% en Puerto San Julián, una localidad que según indican desde la empresa, duplicó su población desde el inicio de las operaciones de la mina.
“Desde que comenzamos a operar, hemos realizado una inversión superior a US$ 500 millones. En 2009, se tomó la decisión de iniciar las operaciones en minería subterránea, y se destinaron más de $80 millones al proyecto”, indica Palmés.
En relación a la reinversión de las utilidades, el gerente de la minera explica que han invertido $342 millones en 2011. “Entre las principales inversiones se destacan 132 millones para la construcción de la operación de lixiviación en pila y 32 millones en el desarrollo de la operación subterránea. En el mismo sentido, se han asignado $37 millones a la exploración, lo que nos ha permitido adicionar reservas de 420.000 onzas de oro. En busca de la mejora continua, se asignaron $10 millones a la implementación de optimización de procesos, $8 millones para ampliar la infraestructura del manejo de aguas y $3 millones para el comienzo de las tareas de expansión del dique de colas”, detalla.
Para cuando finalice 2012, las inversiones habrán sido de $302 millones. Las principales en concepto de desarrollo de la mina subterránea (52 millones) y renovación y ampliación de flota de equipos mineros (50 millones) y exploración (72 millones) más precisamente para el desarrollo de 80.000 metros de perforaciones, envío de 55.000 muestras a laboratorio, desarrollo de 80 km de estudios geofísicos y la incorporación de cuatro geólogos al área.
Una actividad sustentable
“Dada la necesidad de incentivar la minería en el país, el sistema tributario argentino creó un régimen especial de promoción para todas aquellas empresas que desarrollaran la actividad minera”, indica el ejecutivo.
Entre varios otros puntos, esta ley indica que los emprendimientos mineros gozarán de una estabilidad fiscal por el término de 30 años, contados a partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad. Este beneficio implica que los emprendimientos mineros inscriptos en el régimen no podrán sufrir aumentos en su carga tributaria considerada independientemente en cada jurisdicción (nacional, provincial y municipal) y se liberan de nuevos tributos que pudieran crearse o modificaciones negativas a las leyes que rigen los tributos existentes a la fecha de la obtención del beneficio.
En relación a los efectos contaminantes provocados por la megaminería a cielo abierto, el gerente asegura que la actividad no perjudica el medio ambiente, ya que las sustancias gaseosas que se generan como producto de la explotación (dióxido de azufre, anhídrido carbónico, etc.) se diluyen en millones de metros cúbicos de aire disminuyendo a tal punto su concentración que resultan inofensivas; mientras que los residuos sólidos, y las soluciones o efluentes líquidos que se acumulan en los diques de colas se mantienen aislados, o se recirculan de tal modo que no se transfieren al medio ambiente que rodea a los yacimientos. “Por lo tanto, no afecta a la biodiversidad y es una actividad perfectamente sustentable. La minería es una actividad lícita en la Argentina y los métodos que utiliza no son distintos de los que se emplean en el resto del mundo”, finaliza.