Que es condición necesaria para el desarrollo económico, entendida como la mejora sostenida de los indicadores sociales (pobreza, indigencia, necesidades básicas insatisfechas, distribución del ingreso, entre otros)
Esa incapacidad del esquema de política económica se fue haciendo cada vez más evidente desde el momento mismo que dejamos de recuperarnos para comenzar a crecer (2006-2007) Al tiempo que, dada la negativa a realizar los ajustes de fondo necesarios, la sucesión de parches terminó deformándolo hasta el punto de terminar asfixiando a la economía real que tan exitosamente había logrado recuperar en sus inicios.
La alta y sostenida inflación y el incremento desmedido de la presión fiscal no sólo erosionaron el tipo de cambio real, también minaron la capacidad de generación de empleo del sector privado. Efecto que fue amplificado, por un lado, por el incremento de la sindicalización y la conflictividad laboral que fueron impulsando las cada vez más prolongadas y frecuentes discusiones paritarias y, por el otro, por el endurecimiento de la legislación y la jurisprudencia laboral.
La utilización del Estado Nacional como agencia de empleo sólo contribuyó a amortiguar el mal desempeño del empleo en el corto plazo, pero a la larga lo profundizó. Pues, alimentó el déficit fiscal y con el mismo también lo hizo el nivel de emisión monetaria necesario para financiarlo. Asimismo, como resultado del efecto distorsivo de la inflación y la negativa a adecuar la estructura impositiva a la misma, la presión tributaria continuó incrementándose de forma silenciosa.
Los planes sociales lograron asegurar un nivel de ingreso mínimo, pero no avanzaron en la inclusión social de sus beneficiarios. Es decir, se quedaron en la dimensión asistencial.
En particular, su proliferación y generalización, sumada a la posibilidad de sumar más de un beneficio y la falta o la insuficiencia de exigencias respecto de la capacitación, búsqueda activa y/o trabajo propiamente dicho como requisito para sostenerlo, no sólo impidieron que fomentaran la inserción laboral de los sectores más vulnerables. Además, permitieron que actuaran en sentido exactamente opuesto. Reduciendo los incentivos de los beneficiarios al incrementar significativamente su salario de reserva en el contexto de un mercado laboral con oportunidades cada vez más escasas para la mano de obra de menor calificación.
Respecto de la proliferación de planes sociales vale la resaltar, por un lado, la falta de información transparente, homogénea y consolidada sobre ellos y sus beneficiarios y, por el otro, que el estudio realizado por el economista Hiding Ohlsson en 2014 (“Las fallas de las políticas asistenciales para reducir la pobreza: un análisis de los planes sociales en Argentina y en la Provincia de Buenos Aires 2013/2014” – Fundación Libertad y Progreso) determinó que en ese año existieron, por lo menos, 60 programas asistenciales con más de 16 millones de beneficiarios. La mayoría de los cuales fueron administrados por el ANSES.
La combinación de salarios de reservas artificialmente altos vía planes sociales y las crecientes dificultades para conseguir un empleo (desaliento), se tradujeron en una perceptible caída de la tasa de actividad. O, lo que es lo mismo, un incremento de la de inactividad.
Incremento de la clase pasiva
Nuevamente, el incremento de la población económicamente pasiva en relación la activa, necesariamente implicó un mayor nivel de presión sobre la economía real, reforzando el proceso de asfixia.
Al final, el producto se estancó y la productividad media del trabajo comenzó a retroceder. Al tiempo, que salario real dejó de crecer, primero, y a perder contra la inflación, después. El nivel de ocupación desaceleró significativamente y se volvió cada vez más dependiente del empleo público y del cuentapropismo (nueva desregulación laboral de hecho). La informalidad laboral dejó de reducirse y se estancó en niveles histórica e internacionalmente elevados (1/3 del empleo asalariado total)
En ese contexto, la combinación de alta inflación y el bajo dinamismo de la ocupación se convirtieron en un coctel indigerible para los niveles de pobreza e indigencia. En particular, las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina indican que la porción de la población por debajo de la línea de pobreza (pobreza de ingreso) tocó un mínimo en el año 2011, para incrementarse en forma sostenida a partir de ese momento. En particular, la tasa en cuestión pasó de 24,7% en 2011 a 28,7 en 2014 y las estimaciones preliminares la ubican en torno a 30% para 2015.
En tanto, la tasa de indigencia continuó reduciéndose hasta 2013, alcanzando un mínimo de 5,4% de la población total durante ese año, para incrementarse cerca de un punto porcentual en 2014 (6,4%) y probablemente medio más en 2015. Esos datos reforzaron los análisis que señalan que los planes sociales fueron mucho más eficientes desde el punto de vista de la indigencia que desde la pobreza.
Como la serpiente que se muerde la cola, el modelo de crecimiento de matriz diversificada con inclusión social no sólo no promovió el crecimiento, ni la diversificación del aparato productivo. Además, terminó atentando contra el mismo proceso de inclusión social que decía promover.
Esa dimensión social de la herencia que recibe el nuevo gobierno es tal vez la que resulte más condicionante de cara al corto plazo. Pues los altos y persistentes niveles de pobreza e indigencia, aún en el contexto de un nivel de asistencia social vía planes sociales record a nivel histórico y regional y un alto nivel de empleo público, se dan de lleno con las necesidades de consolidación fiscal y monetaria.
Al tiempo que es imperioso oxigenar la economía real para resucitar la demanda de empleo del sector privado, emprender reformas que permitan recuperar la productividad laboral y avanzar en obras de infraestructura que propendan una distribución más equitativa de las oportunidades.
Con lo cual, la opción por un esquema de ajuste gradual surge casi como una imposición de una realidad social crítica.
Empleo
Sustituir ocupación pública por privada
El nivel local de empleo mostró un bajo nivel de dinamismo durante los últimos cuatro años, incluso, desde el punto de vista de las discutidas estadísticas oficiales y a pesar de estar muy apalancado por la fuerte creación de empleo público y el alto dinamismo del cuentapropismo y demás formas de autoempleo.
Algunas de las cuales han sido señaladas como nuevas formas de “enmascarar” los nuevamente crecientes niveles de informalidad laboral.
Esa situación fue resultado del efecto combinado del bajo dinamismo del producto, del proceso de encarecimiento de la mano de obra, del endurecimiento de la legislación y jurisprudencia laboral, del alto nivel de conflictividad laboral y de las sostenidas y generalizadas expectativas de volatilidad macroeconómica.
En última instancia, la demanda de empleo o mano de obra es una demanda derivada del proceso de crecimiento de la producción. Pero, no solo del crecimiento de corto plazo, sino también de las expectativas de crecimiento de mediano-largo plazo.
Cuanto mayor es el costo real de la mano de obra, más rígido es el mercado laboral, y mayor es el nivel de conflictividad, entre otros factores importantes, menor es la elasticidad producto-empleo y mayor es el peso en la determinación de la última de las expectativas económicas de mediano-largo plazo.
En ese sentido, vale la pena subrayar que el incremento del cuentapropismo y la persistentemente alta tasa de informalidad son dos indicadores convincentes respecto de lo rígida y onerosa que resulta para el empleador la legislación y jurisprudencia laboral local y también de lo pernicioso que resultaron los altos niveles de conflictividad laboral.
Los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC indican que el nivel de ocupación de los 32 principales aglomerados urbanos de nuestro país promedió un alza de 1,7% durante los primeros tres trimestres de 2015. Sí utilizamos ese valor para proyectar el dato anual, podemos concluir que el nivel de ocupación urbana acumuló un alza de 4,3% en los últimos cuatro años. Es decir, una tasa de crecimiento promedio anual de sólo 1,1%.
En ese sentido, los datos de esta encuesta indican que el empleo asalariado, promedió durante los primeros nueve meses de 2015 un ritmo de crecimiento interanual similar a la ocupación total (+1,7%), pero que acumuló un avance perceptiblemente menor durante los últimos cuatro años (+3,5% acumulado y +0,9% anual) Razón por la cual, la denominada “tasa de salarización (asalariados/ocupados)” se redujo durante el período 2011-2015, alcanzando hacia el final del mismo un valor de 76,3%
Por lo tanto, el cuentapropismo y demás formas de ocupación no asalariada tuvieron un mayor dinamismo que el empleo asalariado. Al respecto, el nivel de ocupación asociado a las primeras acumuló un alza de 6,8% en los últimos cuatro años (1,7% promedio anual), casi duplicando el avance registrado durante el mismo período por el segundo.
Obsérvese que lo señalado implica que uno de cada cuatro ocupados es cuentapropista en la Argentina. Una proporción que el propio Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social reconoce como relativamente elevada, al señalar que la misma no supera a 10% de la población ocupada total en las economías desarrolladas.
La misma fuente también indica que el nivel de empleo asalariado promedió un alza de 2,4% durante los primeros nueve meses de 2015. Si utilizamos esos datos para proyectar 2015, podemos concluir que en los últimos cuatro años acumuló un alza de 5,6% (+1,4% promedio anual).
Asimismo, los datos de la EPH sugieren que el empleo asalariado informal se estancó en 2015 y acumuló un retroceso de solo –0,4% en los últimos cuatro años. Razón por la cual, el nivel de incidencia del empleo informal se ubicó en torno a 33% en 2015, registrando una reducción de sólo 1% respecto de 2011. Aun a pesar de los esfuerzos de control y las moratorias lanzadas durante ese periodo.
Buena parte de los estudios especializados han señalado que el fuerte crecimiento del cuentapropismo sería el factor clave detrás del estancamiento del empleo informal. Con lo cual, lejos de haberse registrado reducción en los niveles de informalidad laboral, se habría producido un incremento. Aunque, “camuflado” En ese sentido, vale la pena resaltar que durante 2015 uno de cada dos ocupados fue cuentapropista o asalariado informal.
El peso del sector público
Volviendo al empleo formal: como señalamos inicialmente, y de acuerdo a los propios datos oficiales, el alza registrada fue muy apalancada por el empleo público. En particular, si tomamos los datos de los puestos de trabajo declarados ante el sistema previsional, el nivel de empleo formal en el sector público acumuló un alza de 9,2% en el período 2011-2015, casi triplicando el incremento acumulado durante el mismo período por la cantidad de puestos de trabajo declarados por el sector privado durante el mismo período (+3,6%)
El bajo dinamismo acumulado por la ocupación total en los últimos cuatro años, derivó en una tasa de ocupación (ocupación vs población total) en franco retroceso. En particular, la población ocupada pasó de representar 43% de la población total en 2011, a sólo 41,9% en 2015.
Durante ese mismo período (2011-2015), y siempre de acuerdo a las cifras oficiales, la tasa de actividad de la economía argentina se redujo bruscamente. O, lo que es lo mismo, se incrementó la participación de la población económicamente pasiva: aquella que no trabaja, ni busca trabajo. En particular, la población económicamente activa pasó de representar 46,3% de la población total relevada por la EPH en 2011, a solo a 44,9% en 2015. Es decir, una reducción de 1,4 puntos porcentuales, alcanzándose el menor registro desde que existe la metodología continua.
Peor aún: en el caso de muchos aglomerados del interior del país, la sostenida reducción de la tasa de actividad reportada por las estadísticas oficiales, ha tenido como resultado que prácticamente no exista desempleo y que la tasa de ocupación se ubique en mínimos históricos.
En ese sentido vale la pena recordar lo señalado respecto del efecto desaliento asociado a un mercado laboral con menos oportunidades para la mano de obra de baja calificación y la proliferación de planes sociales.
Desde el punto de vista del desempleo, justamente, el bajo dinamismo de la ocupación total fue más que compensado por el aún más bajo de la población económicamente activa. Pues, básicamente, no se considera desempleado a quien no busca trabajo. Aún a pesar de lo cual, y siempre de acuerdo a las cifras oficiales, el número de personas desocupadas acumuló un retroceso de 1,5% entre 2011 y 2015, dejando la tasa de desempleo abierto correspondiente a 2015 en torno a 6,8% (desempleo vs población total) El nivel más bajo desde que se realiza la EPH continua y 0,4 puntos porcentuales menos que en 2011.
Llegados a este punto, vale la pena hacerse la siguiente pregunta para tener una idea de cuál es la situación real del mercado laboral luego de cuatro años de estancamiento económico, alta y sostenida incertidumbre, ausencia de reformas laborales tendientes a incrementar la flexibilidad y reducir los costos de contratación no laborales y alta conflictividad.
¿Cuál hubiera sido la tasa de desempleo 2015 si el empleo público hubiera crecido en línea con el privado y no se hubiera reducido la tasa de actividad? La respuesta es 9,9%. Por lo tanto se podría concluir que el efecto de la asistencia social sin exigencia laboral y el funcionamiento del Estado como una agencia de empleo, redujeron la tasa de desempleo en 3 puntos porcentuales.
Dadas las necesidades de consolidación fiscal, está claro que el desafío del actual gobierno pasa por reactivar la demanda privada de empleo, de forma que permita al mismo tiempo, por un lado, sustituir creación de empleo público por creación de empleo privado y, por el otro, reformar los planes sociales para que los mismo no sólo cumplan un rol asistencialista, sino que además promuevan la inserción de sus beneficiarios en el mercado laboral. Requisito indispensable para garantizar su adecuada integración social.
Es un tremendo desafío para los próximos años. Uno que no puede ser resuelto sólo en base a un mayor dinamismo del producto, sino que requerirá de reformas estructurales tendientes a incrementar los niveles de flexibilidad del mercado laboral, reducir la conflictividad y bajar los costos no salariales, entre otros.
Pues, básicamente, implica a lograr que la creación de empleo privado esté en condiciones de absorber más de 80% del crecimiento vegetativo de la población económicamente activa, más esos cuatro puntos adicionales. Mayor será el desafío, sí, además, no hay intención de lograr una reducción real de los altos y persistentes niveles de informalidad laboral.
Salarios
Sueldos, productividad y costos
El nivel de salario real se mantuvo prácticamente estancado durante 2015 y acumuló un perceptible retroceso durante los últimos cuatro años, afectando negativamente el desempeño del consumo privado, especialmente la demanda de bienes durables y semidurables y de servicios no esenciales.
En tanto, el ajuste cambiario asociado a la salida del cepo (diciembre de 2015), supuso un perceptible ajuste del nivel de salarios local medido en dólares. La persistencia de ese ajuste en dólares y el nivel de ajuste final del salario real dependerán de la porción del ajuste cambiario que termine siendo trasladado a precios y de las paritarias 2016.
En particular, de acuerdo al índice elaborado por el INDEC, el nivel de salarios local acumuló un alza nominal levemente inferior a 30% respecto de diciembre de 2014, promediando un ritmo de incremento de 28,6% nominal anual a lo largo de 2015. En consecuencia, el alza acumulada desde diciembre de 2011 sería de 169,1% y la que surge de contrastar los promedios anuales correspondientes de 173%.
Si deflactamos por IPC propio, obtenemos una variación real prácticamente nula en el caso de la comparación contra diciembre de 2014 y sólo 1% superior respecto del nivel promedio del año pasado. En tanto, la variación real acumulada desde diciembre de 2011 sería de –5,8% y la que surge de contrastar los correspondientes promedios anuales de –1,5%.
Medidos en dólares corriente y utilizando los tipos de cambio de cierre de cada año para no minimizar el impacto del ajuste cambiario de diciembre de 2015, el nivel de salarios local acumuló un retroceso de 15,7% en el último año y de 11,1% desde diciembre de 2011. En tanto, hasta noviembre de 2015 el nivel de salarios local medido en dólares acumulaba un alza de 12,3% respecto de diciembre y de 18,4% desde diciembre de 2011.
El costo salarial real medio de una economía no sólo depende del nivel de salario real o del mismo medido en dólares (si se quieren hacer comparaciones con otros países), sino de la relación del último con la productividad media del trabajo.
Si tomamos en cuenta que, por un lado, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares el nivel de ocupación 2015 se ubicó 1,7% por encima de 2014 y superó en un 4,3% al de 2011, y por el otro, que el PBI creció 1,4% en 2015 y acumuló un alza de solo 1% en los últimos cuatro años, la conclusión es que el producto medio local se mantuvo prácticamente estancado en 2015 (–0,3% anual) y se contrajo cerca de 3,2% en los últimos cuatro años.
Costo laboral medio
En consecuencia, podemos estimar que el costo laboral medio (por unidad de producto) medido a pesos constantes de 1993 (se utiliza índice de precios implícitos del PBI) alcanzó a promediar en 2015 el nivel más alto desde 1993, superando en 8,6% al guarismo comparable de 2014 y acumulando un incremento de casi 20% desde 2011. En tanto, si calculamos el costo laboral medio en dólares corrientes, el promedio 2015 implica un nuevo máximo post 2004, al resultar 14,4% superior al registro comprable de 2014 y acumular un alza de 26,8% en los últimos cuatro años
Por último, si en vez de utilizar el salario y el tipo de cambio nominal promedio anual, utilizamos los de cierre de 2015, como una forma de estimar el impacto del ajuste cambiario registrado al cierre del año pasado, obtenemos un nivel de costo laboral medio en dólares un 10% inferior al promedio 2014 y prácticamente igual al registrado en 2011.
Por lo tanto, si bien la devaluación que acompañó a la salida del cepo implicó una importante reducción del costo laboral medio medido en dólares, la persistencia de la misma estará determinada por el nivel de traslado de esa corrección cambiaria a precios y de ahí a las paritarias 2016.
En particular, vale la pena observar que con un incremento promedio de los salarios nominales de 21,3% en 2016 y una productividad media del trabajo estancada (requiere que producto y ocupación crezcan de la mano), el costo salarial medido en dólares retornaría nuevamente a máximos históricos. Planteando nuevamente la necesidad de una corrección cambiaria adicional, de la cual habría que ver cuánto se traslada a precios. Además, la economía argentina no es la única que está depreciando su moneda respecto del dólar. Ese movimiento es generalizado a escala global y regional.
Con lo cual, queda claro que el incremento sostenido de la productividad laboral es la única forma de lograr, al mismo tiempo, una reducción de los costos laborales medios en pesos y en dólares (competitividad y rentabilidad sector transable) y un aumento igualmente genuino y sostenible del poder adquisitivo del salario real. Reactivando en paralelo la producción y consumo y, consecuentemente, generando las condiciones para la convergencia a un sendero de crecimiento económico con inflación. Productividad que no ha estado en el foco del esquema de política económica durante los últimos doce años.
Esto es fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Pues para poder incrementar en forma sostenida la productividad de la mano de obra, hay que incrementar la dotación de capital fijo, capital educativo e infraestructura por trabajador, por un lado; y flexibilizar las condiciones de asignación espacial y temporal del mismo. Todo lo cual lleva tiempo y requiere de importantes reformas. 
