Efectos internos de la mayor intervención estatal en la economía

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Estados Unidos empieza a gastar grandes sumas para sacar del pozo a la economía real. Las oportunidades para el sector privado son amplias, pero más lo son los cambios necesarios para aprovecharlas, señala un extenso estudio de la firma consultora McKinsey.

<p>Mientras tanto, Washington ha de armonizar una serie de metas dispares entre sí, naturales a los propios estímulos. La ARRA, por ejemplo, se inclina por la creación de empleos o la disponibilidad inmediata de vacantes existentes. En energía y combustibles, ello –afirma McKinsey- favorecería firmas establecidas en desmedro de las que propongan abrir fuentes renovables, afectando un objetivo de largo plazo: transformar las bases energéticas del país. La ley, por otro lado, se apoya mucho en co-inversiones estado-empresas algo problemático dada la creciente renuencia de industriales y banqueros a comprometerse con el gobierno. Excepto cuando se trata de rescates a costa del contribuyente en Detroit o Wall Street.</p><p><strong>Cerrar brechas </strong></p><p>En materia de fuentes energéticas renovables, que excluyen en general combustibles fósiles, los estímulos de ARRA llegan en un momento oportuno. La crisis sistémica occidental creó iliquidez, disminuyó la demanda sectorial y bajó los precios de la electricidad y las naftas en Estados Unidos. Por ende, salvo los vaivenes petroleros, muchas inversiones llegan a 2009 con escaso atractivo.<br /><br />Por tanto, los estímulos debieran cerrar la brecha de rentabilidad, aunque queda por verse si el gobierno federal logra cumplir las metas laborales. Esto requiere que haya gastado bien la mayor parte de aquellos US$ 97.000 millones a fin de 2010. Ello, a juicio de McKinsey, requerirá una fuerte agilización de procesos burocráticos y prácticas operativas: asignar partidas rápidamente y a los mejores proyectos será difícil. Complejidades técnicas, problemas de ubicación y papeleo necesario para grandes emprendimientos se combinarán con trabas decisorias en los niveles federal, estadual y municipal.<br /><br />La ley de estímulos entraña fuertes apuestas estratégicas. Así, orientan cuantiosos fondos a energías renovables o vehículos de pasajeros eléctricos o híbridos. Estos aspectos presuponen consecuencias no buscadas ni deseables. De esa manera, un fuerte énfasis en energía solar o eólica será a expensas del carbón –un villano en esta película- y de fuentes renovables como el etanol. Por lo mismo, fuertes inversiones para crear una gran industria de pilas y baterías significan menos dinero para tecnologías como hidrógeno y, nuevamente, biocombustibles.</p><p> </p>

<p><strong>Tres cifras</strong></p>
<p>Sea si los estímulos aciertan o no en sus apuestas o cumplen sus metas, sin duda sus efectos en patrones inversores y mercados serán decisivos. Tres cifras –apunta McKinsey- pintan un cuadro de las fuerzas que desatará ARRA: 300.000 nuevos empleos anuales, US$ 100.000 millones en co-inversiones (sectores público y privado) y 20 como multiplicador del gasto en energías eficientes.<br />
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Muchos proyectos aprobados por inversores y desarrolladores antes de la recesión iniciada en diciembre de 2007 serán recipientes naturales de los estímulos. Pero a éstos les costará acelerar las curvas de difusión de nuevas tecnologías, porque esos proyectos “maduros” estarán agregando capacidad instalada y recreando empleos. La potencial distorsión se evidencia en helioenergía: las empresas grandes estarán en mejores condiciones de gestionar préstamos y avales, pues aportarán capacidad y mano de obra. <br />
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Washington parece admitir ese potencial “sesgo de madurez”, pues los estímulos también presuponen sustanciales aumentos de fondo para investigación y desarrollo. Por ejemplo, hay US$ 400 millones para proyectos energéticos avanzados (otra sigla absurda, ARPA-E). Además, casi US$ 800 millones se destinan a establecer centros de IyD a lo ancho del país.<br />
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Casi todas las iniciativas financieras federales requieren co-inversión, o sea aportes del sector privado. De ese modo, un programa pro garantía de préstamos para innovación tecnológica dispone de US$ 6.000 millones para cofinanciar créditos por el décuplo de ese monto, dedicados a proyectos de energías renovables. En forma separada, los beneficiarios de avales para fabricación de grillas inteligentes y baterías deben financiar de por sí sumas iguales a las otorgadas por el estado. <br />
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Este sistema alienta propuestas responsables, pero puede demorar la erogación de fondos. Por otra parte, no queda claro –a menos para McKinsey- hasta qué punto firmas e inversores privados querrán asociase con el gobierno demócrata. Por lo demás, el sector energético viene reclamando hace años por la inconsistencia y las incertidumbres típicas de las políticas federales en materia de desgravaciones impositivas (particularmente en energía eólica). Pero esto trasuntaba el enorme poder del “lobby” petrolero bajo George W.Bush y Richard Cheney.</p>
<p><strong>Reparto</strong></p>
<p>Casi un tercio de los US$ 97.000 millones se destinan a proyectos eficientes en materia energética. Washington espera que esa masa contribuya a superar asimetrías claves en los mercados; entre ellas déficit de información, incentivos mal alineados y mala relación capital-renta, que desalientan tanto al sector privado como al público.<br />
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Los rubros principales incluyen US$ 4.500 millones en reciclamiento de instalaciones federales o 5.000 millones para programas encarados por el departamento de energía y combustibles. En ambos, los montos son veinte veces los de 2008.<br />
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Autoridades, empresas y el público en general deben ser realistas sobre las probabilidades de cualquier programa a corto plazo –por mejor concebido que sea- para transformar sectores tan enormes y complejos como los de la ley federal de recuperación e inversiones. Pese a ello, el sector energético privado no puede subestimar los efectos de US$ 97.000 millones a gastarse en menos de año y medio. Más allá de tensiones inherentes a semejante paquete, la curva de mejora tecnológica se acelerará, emprendedores innovadores irán surgiendo y aparecerán ulteriores programas sistémicos.<br />
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Por supuesto, loa estímulos serán apenas un comienzo. Leyes adicionales en lo atinente a energía limpia y cambio climático se combinarán con los presupuestos 2009/10 y 2010/11 para transformar las economías de los sectores involucrados. Al respecto, la misión del sector privado será desarrollar planes cuidadosos y consistentes para operar con el sector público. Dos cosas obvias serán establecer o mejorar esfuerzos regulatorios y cubrir –comercialmente hablando- lugares claves en todo Estados Unidos. Si bien las grandes multinacionales petroleras o eléctricas se mueven en ambientes regulados y acostumbran tratar con gobiernos de todo el planeta, su universo es novedoso para muchas tecnológicas y emprendedoras. Sus elencos de conducción deben decidir cómo tratar con niveles multinacionales, federales, estaduales y municipales.</p>
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<p>Se trata, naturalmente, de la ley federal pro recuperaci&oacute;n e inversiones (ARRA en la sigla ingresa) y su equivalente en combustibles y energ&iacute;a, ARRA-energy. Sencillamente, es la mayor intervenci&oacute;n estatal en la econom&iacute;a desde el New Deal de F.D. Roosevelt. Los costos totales alcanzan a 5,4% del producto bruto interno (US$ 12 billones a marzo) y al conjunto de erogaciones federales salvo las militares y las de programas sociales. M&aacute;s de 70% del monto &ndash;que orilla US$ 97.000 millones- se habr&aacute; gastado al terminar el a&ntilde;o fiscal 2010/11. <br />
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Sin dudas, semejante paquete implica riesgos administrativos, inclusive fraudes, pues los fondos afluir&aacute;n a estados y municipios. Pero tambi&eacute;n plantea nexos muy diferentes a los actuales entre los sectores p&uacute;blico y privado. El sector energ&iacute;a y combustibles ejemplifica aspectos relacionados con tres metas de Barack Obama: crear millones de empleos ecol&oacute;gicamente sanos en el decenio 2010-9, eliminar 80% -respecto de 1990- en emisiones tipo invernadero de ahora a cuarenta a&ntilde;os y reducir a dos millones de barriles diarios la importaci&oacute;n de crudos.</p>
<p><strong>Para empezar&hellip;<br />
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El presupuesto ARRA es apenas un primer paso. Dos proyectos de ley espec&iacute;ficos en etapa parlamentaria hacen a energ&iacute;a y clima e incorporan medidas de largo plazo sobre canje de bonos verdes (m&aacute;rgenes de emisi&oacute;n entre pa&iacute;ses o &aacute;reas contaminantes y sus contrapartidas limpias). Por de pronto, ya el presupuesto 2009/10 definir&aacute; desde octubre marcos regulatorios. <br />
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En el campo tecnol&oacute;gico, las erogaciones llegar&aacute;n a casi todos los segmentos o subsectores. Desde seguridad aeroportuaria o software para medir desempe&ntilde;o estudiantil hasta integrar sistemas de reparticiones federales o tender redes rurales de fibra &oacute;ptica. Analistas de McKinsey estiman que se destinar&aacute;n unos US$ 60.000 millones a tecnolog&iacute;as de punta y telecomunicaciones. Abarcando rubros indirectos, la factura llega a US$ 200.000 millones, m&aacute;s de dos veces lo requerido para energ&iacute;a y combustibles.<br />
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<p>En tanto se perfilan nuevas realidades, el sector privado deberá replantearse estrategias, tácticas y estructuras organizativas. Algunos, claro, se mostrarán escépticos respecto de operar en conjunto con el sector público. Otros, por el contrario, no dejarán pasar las oportunidades ligadas a los estímulos de ARRA, especialmente en lo energético. Este grupo, obviamente, deberá desarrollar un factor prioritario, la capacidad de prosperar en el futuro entorno.<br /><br />Por ejemplo, la atención médica ofrece ejemplo de estrategias para productos, precios y canales. El gobierno, por cierto, insumirá US$ 40.000 millones en subsidiar el empleo de registros electrónicos. Por ende, los vendedores de tecnologías podrán cubrir un nuevo mercado: consultorios pequeños y medianos, a veces de cinco o menos profesionales. <br /><br />El estado, entonces, promoverá registros electrónicos o computerizados y los elevará del presente 5% a 90% de médicos hacia 2019. Los vendedores -inclusive en línea- de hardware, software o servicios informáticos deberán replantear estrategias de comercialización hasta hoy centradas en grandes clientes. Muchos habrán de aprender no sólo a ofrecer insumos flexibles (tanto sistemas de software como servicios), sino también a reorientar canales para llegar a un mercado de 400.000 consultorios en continua fragmentación.</p><p> </p>

<p><strong>Para seguir…</strong></p><p>La creciente presencia del gobierno –insiste McKinsey- obligará al sector privado a ensayar nuevas estructuras organizativas o a soldar áreas hoy autónomas. Ya hay empresas que ensayan esquemas con el fin de reunir equipos multifuncionales para identificar, captar o priorizar oportunidades generadas por los estímulos federales. <br /><br />Estos equipos combinan vendedores y gerentes con experiencia en sectores públicos de todo nivel, política de producto, etc. Al principio, se centran en análisis de estímulos línea por línea para luego definir estrategias o tácticas con vistas a penetrar mercados. Una tecnológica, por ejemplo, descubrió oportunidades por mil millones tras adoptar un plan organizativo que pivotea en una mayor colaboración con grandes contratistas estatales vinculados a energía.<br /><br />Las compañías precisan formalizar esos arreglos creándose grupos expertos en relaciones con el sector público. En el proceso, desarrollarán estrategias transparentes y supervisarán su ejecución. En síntesis, el terreno estatal en sus tres niveles se expandirá velozmente y exigirá al sector privado responder con igual ímpetu. Las empresas que se mueven deliberada y rápidamente podrán gestionar riesgos y explotar oportunidades.</p><p><strong>Energía y combustibles</strong></p><p>Siempre habrá tensiones entre objetivos gubernamentales presentes y futuros. Una masa de nuevas inversiones por US$ 97.000 millones sólo en proyectos energéticos tendrá notables efectos positivos y negativos. Sin dudas, ritmo y escala del compromiso con tecnologías más eficientes dislocarán durante años estrategias existentes y participación en diversos mercados. Con el estado asumiendo el papel de banquero y cliente primario, los ejecutivos privados deberán resolver si repensar o cambiar de plano modelos de inversión y marketing.<br /><br /> </p>

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