En realidad, el detenido encabeza el grupo Myenatep, que controla 61% del paquete
Yukos. Lo arrestaron el martes 2 y continúa detenido. Se lo acusa de haberse
apropiado de activos estatales durante una privatización que data de 1994.
Sus abogados sostienen que no es un terrorista ni un peligro público, por
lo cual debiera hallarse libre bajo fianza hasta el juicio.
La actitud del tribunal frustra las esperanzas de accionistas e inversores, en
cuanto a desactivar el enfrentamiento entre el gobierno y el gigante petrolero.
Nadie duda de que Vladyímir Putin anda detrás de todo esto, por
razones políticas. “Los jueces se hallan bajo extraordinarias presiones,
por parte de la procuración general del estado, para torcer las leyes.
Levdyédyev -dirigente de un partido opositor en la Dumá- es un rehén
y el objeto es extorsionar al sector privado”, afirman ejecutivos de Menatyep.
Observadores occidentales coinciden y no creen en la ecuanimidad de Putin. La
semana, éste calificó de “incorrecto” el uso de tácticas
duras en caso de delitos económicos, pero eso no mejoró la situación
del preso. “El conflicto entre Yukos y el Kremlin todavía no ha llegado
al desenlace lógico, ya que se trata de un intento de los servicios secretos
-de donde proviene el propio Putin- por recobrar su antiguo poder dentro del estado”,
afirma Kíril Rogov, analista político ruso. “Debe recordarse
-señala- que gente de Yukos es investigada en relación con dos asesinatos
y tres intentos de homicidio”.
En rigor, otro cargo contra el magnate petrolero es el de interferir en esas indagaciones
y fue radicado por el ministerio de Justicia, que controla otro ex KGB, Yuri Chaika.
Las acciones de Yukos continúan cayendo y arrastran a la bolsa moscovita,
mientras medios empresarios y financieros temen que esta clase de cosas tenga
impacto muy negativo en la recuperación económica rusa.
En realidad, el detenido encabeza el grupo Myenatep, que controla 61% del paquete
Yukos. Lo arrestaron el martes 2 y continúa detenido. Se lo acusa de haberse
apropiado de activos estatales durante una privatización que data de 1994.
Sus abogados sostienen que no es un terrorista ni un peligro público, por
lo cual debiera hallarse libre bajo fianza hasta el juicio.
La actitud del tribunal frustra las esperanzas de accionistas e inversores, en
cuanto a desactivar el enfrentamiento entre el gobierno y el gigante petrolero.
Nadie duda de que Vladyímir Putin anda detrás de todo esto, por
razones políticas. “Los jueces se hallan bajo extraordinarias presiones,
por parte de la procuración general del estado, para torcer las leyes.
Levdyédyev -dirigente de un partido opositor en la Dumá- es un rehén
y el objeto es extorsionar al sector privado”, afirman ejecutivos de Menatyep.
Observadores occidentales coinciden y no creen en la ecuanimidad de Putin. La
semana, éste calificó de “incorrecto” el uso de tácticas
duras en caso de delitos económicos, pero eso no mejoró la situación
del preso. “El conflicto entre Yukos y el Kremlin todavía no ha llegado
al desenlace lógico, ya que se trata de un intento de los servicios secretos
-de donde proviene el propio Putin- por recobrar su antiguo poder dentro del estado”,
afirma Kíril Rogov, analista político ruso. “Debe recordarse
-señala- que gente de Yukos es investigada en relación con dos asesinatos
y tres intentos de homicidio”.
En rigor, otro cargo contra el magnate petrolero es el de interferir en esas indagaciones
y fue radicado por el ministerio de Justicia, que controla otro ex KGB, Yuri Chaika.
Las acciones de Yukos continúan cayendo y arrastran a la bolsa moscovita,
mientras medios empresarios y financieros temen que esta clase de cosas tenga
impacto muy negativo en la recuperación económica rusa.