La Alianza presentó ayer oficialmente el proyecto de ley que busca evitar el alargamiento en la cadena de pagos de los hiper o supermercados a sus proveedores. El objetivo es evitar que el comprador fije arbitrariamente las pautas contractuales y/o que modifique, unilateralmente, condiciones de compra, descuentos, plazos o devoluciones.
Las grandes cadenas de comercialización vienen siendo cuestionadas públicamente desde hace unos meses, cuando salieron a la luz supuestas arbitrariedades en el manejo de descuentos impuestos a los proveedores y, en base a los cuales, los hipermercados realizaban promociones y ofertas.
En el proyecto de ley se establece que los compradores tendrán tres días para reclamar faltas o vicios en la calidad del bien recibido. Luego de la entrega de los bienes y, vencido ese plazo, el importe de la compraventa es “líquido y exigible” transcurridos los 10 días de la entrega.
A partir de ese momento el supermercado debe cancelar la compra dentro de los 30 días, en efectivo o mediante la emisión de un título cambiario endosable. La mora en el cumplimiento de las obligaciones será compensada con intereses calculados a la tasa de descuento que informe el Banco Central para los plazos dispuestos.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Supermercados -Juan Mirenna- se reunió con el ministro de Economía y anunció que el próximo viernes podría firmarse con los proveedores del sector, el Código de Prácticas Comerciales. Mirenna catalogó de “barbaridad” a la ley votada la semana pasada en la legislatura bonaerense que impone una veda de 180 días para la instalación de supermercados en el territorio provincial, y le solicitó a Ruckauf que imponga el veto.
La Alianza presentó ayer oficialmente el proyecto de ley que busca evitar el alargamiento en la cadena de pagos de los hiper o supermercados a sus proveedores. El objetivo es evitar que el comprador fije arbitrariamente las pautas contractuales y/o que modifique, unilateralmente, condiciones de compra, descuentos, plazos o devoluciones.
Las grandes cadenas de comercialización vienen siendo cuestionadas públicamente desde hace unos meses, cuando salieron a la luz supuestas arbitrariedades en el manejo de descuentos impuestos a los proveedores y, en base a los cuales, los hipermercados realizaban promociones y ofertas.
En el proyecto de ley se establece que los compradores tendrán tres días para reclamar faltas o vicios en la calidad del bien recibido. Luego de la entrega de los bienes y, vencido ese plazo, el importe de la compraventa es “líquido y exigible” transcurridos los 10 días de la entrega.
A partir de ese momento el supermercado debe cancelar la compra dentro de los 30 días, en efectivo o mediante la emisión de un título cambiario endosable. La mora en el cumplimiento de las obligaciones será compensada con intereses calculados a la tasa de descuento que informe el Banco Central para los plazos dispuestos.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Supermercados -Juan Mirenna- se reunió con el ministro de Economía y anunció que el próximo viernes podría firmarse con los proveedores del sector, el Código de Prácticas Comerciales. Mirenna catalogó de “barbaridad” a la ley votada la semana pasada en la legislatura bonaerense que impone una veda de 180 días para la instalación de supermercados en el territorio provincial, y le solicitó a Ruckauf que imponga el veto.
