A través de una nota firmada por el jefe de la fuerza, el teniente general Martín Balza, el Ejército le respondió a la jueza Cristina Garzón de Lascano que no identificará ante la Justicia a los agentes secretos que participaron del espionaje interno, prohibido por la legislación de seguridad y defensa nacional, porque “el disquete con esa información ha desaparecido”. Por tercera vez, la magistrada había intimado al Ejército para que diera a conocer las identidades reales de los agentes secretos S17, A44 y Mara, autores de informes sobre la actividad de políticos y periodistas que fueron interceptados por escuchas telefónicas cuando eran transmitidos a la Central de Inteligencia del Cuerpo de Ejército III. En una primera ocasión, Balza le había dicho a Garzón que esos agentes no figuraban en los listados del Ejército como agentes civiles de inteligencia. Al insistir la magistrada, el jefe militar contestó por escrito que tales identidades no constan en los registros de la fuerza, y que luego de consultas efectuadas el jefe nacional de Inteligencia II del Estado Mayor, Jorge Miná, había desaparecido el disquete con los nombres. Precisamente Miná es uno de los imputados por supuesta violación de las leyes de Seguridad y Defensa Nacional.
(Clarín, La Nación)
A través de una nota firmada por el jefe de la fuerza, el teniente general Martín Balza, el Ejército le respondió a la jueza Cristina Garzón de Lascano que no identificará ante la Justicia a los agentes secretos que participaron del espionaje interno, prohibido por la legislación de seguridad y defensa nacional, porque “el disquete con esa información ha desaparecido”. Por tercera vez, la magistrada había intimado al Ejército para que diera a conocer las identidades reales de los agentes secretos S17, A44 y Mara, autores de informes sobre la actividad de políticos y periodistas que fueron interceptados por escuchas telefónicas cuando eran transmitidos a la Central de Inteligencia del Cuerpo de Ejército III. En una primera ocasión, Balza le había dicho a Garzón que esos agentes no figuraban en los listados del Ejército como agentes civiles de inteligencia. Al insistir la magistrada, el jefe militar contestó por escrito que tales identidades no constan en los registros de la fuerza, y que luego de consultas efectuadas el jefe nacional de Inteligencia II del Estado Mayor, Jorge Miná, había desaparecido el disquete con los nombres. Precisamente Miná es uno de los imputados por supuesta violación de las leyes de Seguridad y Defensa Nacional.
(Clarín, La Nación)