Una superintendencia múltiple y otra propuesta al Fondo
Por un lado, se proyecta una superintendencia financiera múltiple, bancaria y no bancaria. Por el otro, se le propondrá al Fondo Monetario Internacional modificar parámetros para la estimación del gasto público.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, anticipó que el presidente Néstor Kirchner firmará un decreto ómnibus o, si así lo recomienda la asesoría jurídica, un proyecto de ley. Cualquiera de ambos instrumentos creará una superintendencia o ente múltiple, para unificar e intensificar contralores sobre bancos, financieras, seguros, administradoras de jubilación privada y demás agentes del sistema.
En realidad, esa normativa institucionalizará las reformas dispuestas desde la crisis sistémica de 2001/2. Pero, por otra parte, significará que Argentina se suma a una tendencia global iniciada en economías centrales: unificar la regulación de entidades financieras y otros actores. A su vez, esto se integra a reformas de pautas contables internacionales.
Mientras tanto, acaban de anunciarse medidas concretas, orientadas a estimular inversiones en el sector privado. El paquete abarca fomento a la compra de bienes de capital y equipos, restitución del IVA o, alternativamente, amortización acelerada en casos de inversión, menor alícuota en el impuesto al cheque (desde mayo) y apoyo a la renovación de maquinaria y equipos. En el lado duro, se elevarán los aportes patronales para mejorar la recaudación.
Casi al mismo tiempo, dos altos funcionarios argentinos irán a Washington la semana entrante, para plantearle al FMI una propuesta contable: descontar del gasto corriente parte de la inversión pública. Esto se origina en un acuerdo subscripto con Brasil, en marzo, que alude a erogaciones en materia social e infraestructura. Naturalmente, los analistas de mercado ya dan la iniciativa como inviable.
En el frente político, se trata de una propuesta luego apoyada por otros nueve países latinoamericanos, vía la reciente “carta de Lima”. A su vez, la dupla Anne Krueger-Teresa Ter Minassian venía elaborando un esquema distinto: separar del gasto corriente sólo la inversión de empresas públicas con fines comerciales o relativos a emprendimientos mixtos. En la jerga de moda, “proyectos público-privados”. Algunos observadores suponen que la reforma financiera –superintendencia inclusive- podría acercar posiciones.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, anticipó que el presidente Néstor Kirchner firmará un decreto ómnibus o, si así lo recomienda la asesoría jurídica, un proyecto de ley. Cualquiera de ambos instrumentos creará una superintendencia o ente múltiple, para unificar e intensificar contralores sobre bancos, financieras, seguros, administradoras de jubilación privada y demás agentes del sistema.
En realidad, esa normativa institucionalizará las reformas dispuestas desde la crisis sistémica de 2001/2. Pero, por otra parte, significará que Argentina se suma a una tendencia global iniciada en economías centrales: unificar la regulación de entidades financieras y otros actores. A su vez, esto se integra a reformas de pautas contables internacionales.
Mientras tanto, acaban de anunciarse medidas concretas, orientadas a estimular inversiones en el sector privado. El paquete abarca fomento a la compra de bienes de capital y equipos, restitución del IVA o, alternativamente, amortización acelerada en casos de inversión, menor alícuota en el impuesto al cheque (desde mayo) y apoyo a la renovación de maquinaria y equipos. En el lado duro, se elevarán los aportes patronales para mejorar la recaudación.
Casi al mismo tiempo, dos altos funcionarios argentinos irán a Washington la semana entrante, para plantearle al FMI una propuesta contable: descontar del gasto corriente parte de la inversión pública. Esto se origina en un acuerdo subscripto con Brasil, en marzo, que alude a erogaciones en materia social e infraestructura. Naturalmente, los analistas de mercado ya dan la iniciativa como inviable.
En el frente político, se trata de una propuesta luego apoyada por otros nueve países latinoamericanos, vía la reciente “carta de Lima”. A su vez, la dupla Anne Krueger-Teresa Ter Minassian venía elaborando un esquema distinto: separar del gasto corriente sólo la inversión de empresas públicas con fines comerciales o relativos a emprendimientos mixtos. En la jerga de moda, “proyectos público-privados”. Algunos observadores suponen que la reforma financiera –superintendencia inclusive- podría acercar posiciones.
