Un Nobel económico en apuros judiciales

Eludir impuestos suele hacerse a puertas cerradas. Pero el tribunal federal de New Haven (Connecticut) puso en evidencia un plan armado por Myron Scholes –Nobel económico 1997- para Long-Term Capital Management.

Hasta su derrumbe, LTCM era el mayor fondo mundial dedicado a especular con derivativos, o sea futuros y opciones. Scholes, uno de sus directores, trató de reciclar un “blindaje fiscal” que ya les había permitido a Rhône-Poulenc, Electronic Data Systems y otra media docena de grandes empresas eludir impuestos sobre parte de sus utilidades.

Scholes usó el mismo esquema para escamotear US$ 375 millones ganados por LTCM. El fondo colapsó (1998) en forma tan espectacular que la Reserva Federal de Nueva York organizó un rescate para impedir un pánico financiero. En ese momento, los activos virtuales en cartera eran veinte veces superiores a los de sustento.

Años después, una demanda radicada por el estado federal contra Scholes y LTCM demuestra cómo este genio matemático, ducho en impuestos, llegó a una situación por demás embarazosa. El juicio empezó recién en junio último y, quizás antes de terminar 2003, podría acarrearles a Scholes y sus amigos US$ 56 millones en impuestos, multas y punitorios.

Para Washington, es un caso piloto. A partir de él, el gobierno tratará de alentar mejor conducta tributaria en público y empresas en la picota ejemplos extremos. También se verá si es factible combinar unas pocas acciones penales con una mayoría de acciones civiles.

Como cualquier otro fondo de riesgo o cobertura, LTCM (Caimán) era un club no regulado, exclusivo para socios muy, muy ricos. John Meriwether lo creó en 1993 con un puñado de amigos. Entre ellos Scholes y quien dividiría aquel Nobel con él, Robert Merton.

Más que dinero, Scholes aportó un método para valuar opciones bursátiles que él mismo había inventado junto con Fisher Black. Éste habría compartido el Nobel, pero murió meses antes. Actualmente, el sistema Black-Scholes se emplea mucho en polémicas opciones accionarias destinadas a incentivar o premiar ejecutivos.

LTCM fue un éxito fulminante y juntó US$ 5.000 millones en valores, que luego sirvieron para apalancar negocios “de aire” por 95.000 millones. Los fundadores pusieron US$ 300 millones propios, pero cerraron la cartera a otros. Con dos excepciones, que hoy están en el centro del juicio por evasión tributaria.

Pese a su nombre, Long-Term Capital Management se dedicaba esencialmente a veloces arbitrajes entre acciones, bonos, futuros, opciones y exóticos derivados. A su vez, éstos se basaban en volátiles instrumentos derivativos generados por otro trío de matemáticos entre 1968 y 1973: Henry Markowitz, Merton Miller y William Sharpe (compartieron el Nobel económico de 1990, lo cual subraya el oportunismo de los académicos suecos).

LTCM obtuvo ganancias fenomenales: 28,1% en 1994, 58,8% en 1996, 57,5% en 1996. Pero Scholes advirtió el “riesgo tributario”. Por entonces las ganancias emergentes de especulaciones a corto plazo pagaban 39,6%, la máxima tasa del impuesto a réditos existentes (después, George W. Bush se encargaría de rebajar tan pesada carga).

En marzo de 1996, Scholes se dio cuenta de que su método podría diferir o hasta eliminar impuestos sobre los US$ 375 millones que LTCM ganaría ese año. Era un “blindaje tributario” originado en Babcock & Brown, una banca de inversión cuya asesora general, Jane Blaustein, noviaba con Scholes.

La maniobra se montó con acciones de EDS, Rhône y Qwest, cuyo valor potencial se aproximaba al monto aludido. Esos títulos serían asignados por B&B a tres inversores londinenses, que no pagaban impuestos en Estados Unidos, vía una cadena de transferencias similar a la empleada para lavar dinero.

Al cabo, los ingleses revendieron los papeles y, con ellos, deducciones potenciales por la mitad de aquellos US$ 375 millones, a inversores norteamericanos. Eso cerraba el círculo.

Todos fueron felices, salvo el Internal Revenue Service (IRS, la DGI estadounidense). Al auditar las declaraciones impositivas de LTCM, privó a los socios de deducciones por US$ 106 millones. Entonces, el fondo abonó parte de la deuda tributaria reconocida, que llegaba a US$ 40 millones. Pero luego presentó una demanda, en New Haven, exigiendo restitución de esos pagos.

Lo malo para Scholes & Co. es que, según la doctrina de “sustancia económica”, si una operación sólo sirve para tributar menos, el IRS puede desconocerla. De otro modo, abogados o contadores expertos podrían manipular cifras y sus clientes acabarían no pagando impuestos.

Semanas atrás, Scholes sostuvo que la compleja operación tenía por objeto real consolidar nexos con Babcock & Brown. Pero, concluida la maniobra tributaria, también terminó esa relación. Ante preguntas técnicas del fiscal, Schole trató de minimizar sus conocimientos impositivos. Pero le pusieron delante un libro suyo, “Taxes and business strategy” (US$ 130), usado como texto en algunas universidades…

Obviamente, LTCM debía obtener algún provecho del blindaje tributario, para lo cual Scholes hizo que los tres londinenses y B&B invirtieran en un fondo teóricamente cerrado. Pero ni los ingleses ni B&B querían poner dinero o asumir riesgos en caso de que LTCM se viniese abajo (cosa que luego ocurrió).

Entonces, Scholes arregló créditos por varios millones a 7% anual, tasa que –al revés de lo normal en el negocio financiero- muy inferior a los niveles del mercado. Acto seguido, aprovechó su pericia en la materia para armar varias opciones para que los inversores no perdiesen plata.

Una de ellas permitió a los londinenses colocar en LTCM acciones por US$ 2.500.000 y, contra ellas, tomar prestados cinco millones a esa tasa preferencial. Poco más de la mitad de monto se empleó de inmediato para amortizar los créditos ya otorgados… contra los mismo papeles.

A los catorce meses, los tres londinenses liquidaron esas acciones con 22% de ganancia neta. También abonaron al fondo US$ 900.000 en conceptos de cuota social, según testimonio del propio Scholes. Esta suma –explicó- era el rédito por haber organizado el complejo blindaje tributario. Pero el juez federal observó que LTCM había pagado ya US$ 500.000 al estudio jurídico Shearman & Sterling (Nueva York) por un escrito donde opinaba que parte de las deducciones sería admitida por los auditores del IRS. También de le abonados a King & Spalding (Washington) US$ 400.000 por un documento similar sobre otra parte del esquema.

Por tantos esfuerzos, Lawrence Noe –director de asuntos tributarios en LTCM- percibió una extra de US$ 75.000. En suma, aquel rédito por US$ 900.000 había costado 975.000.

Ahí sobrevino el golpe de gracia: Scholes debió reconocer que, por su parte, había recibido varios millones de premio por esa operación. Sólo que en cuotas partes (acciones) de LTCM, no en efectivo. Esto acabó de demoler sus argumentos en la sede judicial sobre sustancialidad económica del plan. Mientras tanto, Scholes y Merton habían sido obligados a pedir licencia en sus cátedras universitarias.

Hasta su derrumbe, LTCM era el mayor fondo mundial dedicado a especular con derivativos, o sea futuros y opciones. Scholes, uno de sus directores, trató de reciclar un “blindaje fiscal” que ya les había permitido a Rhône-Poulenc, Electronic Data Systems y otra media docena de grandes empresas eludir impuestos sobre parte de sus utilidades.

Scholes usó el mismo esquema para escamotear US$ 375 millones ganados por LTCM. El fondo colapsó (1998) en forma tan espectacular que la Reserva Federal de Nueva York organizó un rescate para impedir un pánico financiero. En ese momento, los activos virtuales en cartera eran veinte veces superiores a los de sustento.

Años después, una demanda radicada por el estado federal contra Scholes y LTCM demuestra cómo este genio matemático, ducho en impuestos, llegó a una situación por demás embarazosa. El juicio empezó recién en junio último y, quizás antes de terminar 2003, podría acarrearles a Scholes y sus amigos US$ 56 millones en impuestos, multas y punitorios.

Para Washington, es un caso piloto. A partir de él, el gobierno tratará de alentar mejor conducta tributaria en público y empresas en la picota ejemplos extremos. También se verá si es factible combinar unas pocas acciones penales con una mayoría de acciones civiles.

Como cualquier otro fondo de riesgo o cobertura, LTCM (Caimán) era un club no regulado, exclusivo para socios muy, muy ricos. John Meriwether lo creó en 1993 con un puñado de amigos. Entre ellos Scholes y quien dividiría aquel Nobel con él, Robert Merton.

Más que dinero, Scholes aportó un método para valuar opciones bursátiles que él mismo había inventado junto con Fisher Black. Éste habría compartido el Nobel, pero murió meses antes. Actualmente, el sistema Black-Scholes se emplea mucho en polémicas opciones accionarias destinadas a incentivar o premiar ejecutivos.

LTCM fue un éxito fulminante y juntó US$ 5.000 millones en valores, que luego sirvieron para apalancar negocios “de aire” por 95.000 millones. Los fundadores pusieron US$ 300 millones propios, pero cerraron la cartera a otros. Con dos excepciones, que hoy están en el centro del juicio por evasión tributaria.

Pese a su nombre, Long-Term Capital Management se dedicaba esencialmente a veloces arbitrajes entre acciones, bonos, futuros, opciones y exóticos derivados. A su vez, éstos se basaban en volátiles instrumentos derivativos generados por otro trío de matemáticos entre 1968 y 1973: Henry Markowitz, Merton Miller y William Sharpe (compartieron el Nobel económico de 1990, lo cual subraya el oportunismo de los académicos suecos).

LTCM obtuvo ganancias fenomenales: 28,1% en 1994, 58,8% en 1996, 57,5% en 1996. Pero Scholes advirtió el “riesgo tributario”. Por entonces las ganancias emergentes de especulaciones a corto plazo pagaban 39,6%, la máxima tasa del impuesto a réditos existentes (después, George W. Bush se encargaría de rebajar tan pesada carga).

En marzo de 1996, Scholes se dio cuenta de que su método podría diferir o hasta eliminar impuestos sobre los US$ 375 millones que LTCM ganaría ese año. Era un “blindaje tributario” originado en Babcock & Brown, una banca de inversión cuya asesora general, Jane Blaustein, noviaba con Scholes.

La maniobra se montó con acciones de EDS, Rhône y Qwest, cuyo valor potencial se aproximaba al monto aludido. Esos títulos serían asignados por B&B a tres inversores londinenses, que no pagaban impuestos en Estados Unidos, vía una cadena de transferencias similar a la empleada para lavar dinero.

Al cabo, los ingleses revendieron los papeles y, con ellos, deducciones potenciales por la mitad de aquellos US$ 375 millones, a inversores norteamericanos. Eso cerraba el círculo.

Todos fueron felices, salvo el Internal Revenue Service (IRS, la DGI estadounidense). Al auditar las declaraciones impositivas de LTCM, privó a los socios de deducciones por US$ 106 millones. Entonces, el fondo abonó parte de la deuda tributaria reconocida, que llegaba a US$ 40 millones. Pero luego presentó una demanda, en New Haven, exigiendo restitución de esos pagos.

Lo malo para Scholes & Co. es que, según la doctrina de “sustancia económica”, si una operación sólo sirve para tributar menos, el IRS puede desconocerla. De otro modo, abogados o contadores expertos podrían manipular cifras y sus clientes acabarían no pagando impuestos.

Semanas atrás, Scholes sostuvo que la compleja operación tenía por objeto real consolidar nexos con Babcock & Brown. Pero, concluida la maniobra tributaria, también terminó esa relación. Ante preguntas técnicas del fiscal, Schole trató de minimizar sus conocimientos impositivos. Pero le pusieron delante un libro suyo, “Taxes and business strategy” (US$ 130), usado como texto en algunas universidades…

Obviamente, LTCM debía obtener algún provecho del blindaje tributario, para lo cual Scholes hizo que los tres londinenses y B&B invirtieran en un fondo teóricamente cerrado. Pero ni los ingleses ni B&B querían poner dinero o asumir riesgos en caso de que LTCM se viniese abajo (cosa que luego ocurrió).

Entonces, Scholes arregló créditos por varios millones a 7% anual, tasa que –al revés de lo normal en el negocio financiero- muy inferior a los niveles del mercado. Acto seguido, aprovechó su pericia en la materia para armar varias opciones para que los inversores no perdiesen plata.

Una de ellas permitió a los londinenses colocar en LTCM acciones por US$ 2.500.000 y, contra ellas, tomar prestados cinco millones a esa tasa preferencial. Poco más de la mitad de monto se empleó de inmediato para amortizar los créditos ya otorgados… contra los mismo papeles.

A los catorce meses, los tres londinenses liquidaron esas acciones con 22% de ganancia neta. También abonaron al fondo US$ 900.000 en conceptos de cuota social, según testimonio del propio Scholes. Esta suma –explicó- era el rédito por haber organizado el complejo blindaje tributario. Pero el juez federal observó que LTCM había pagado ya US$ 500.000 al estudio jurídico Shearman & Sterling (Nueva York) por un escrito donde opinaba que parte de las deducciones sería admitida por los auditores del IRS. También de le abonados a King & Spalding (Washington) US$ 400.000 por un documento similar sobre otra parte del esquema.

Por tantos esfuerzos, Lawrence Noe –director de asuntos tributarios en LTCM- percibió una extra de US$ 75.000. En suma, aquel rédito por US$ 900.000 había costado 975.000.

Ahí sobrevino el golpe de gracia: Scholes debió reconocer que, por su parte, había recibido varios millones de premio por esa operación. Sólo que en cuotas partes (acciones) de LTCM, no en efectivo. Esto acabó de demoler sus argumentos en la sede judicial sobre sustancialidad económica del plan. Mientras tanto, Scholes y Merton habían sido obligados a pedir licencia en sus cátedras universitarias.

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